Para garantizar una eurozona estable hay que europeizar más el sector bancario.

 

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Un fallo de diseño de la unión bancaria del que no se dieron cuenta sus detractores críticos cuando se puso en marcha, y que solo se hizo visible tras la crisis financiera de 2008, era la inestabilidad de una unión monetaria fiscalmente descentralizada y apoyada en un banco central de mandato limitado. Resulta que esa estructura generaba en la eurozona unas tensiones que no existían en Estados Unidos. La más desestabilizadora de todas esas tensiones fue la aparición de bucles malditos en los que unos bancos frágiles y unos Estados soberanos fiscalmente débiles se perjudicaban mutuamente. Para reducir la vulnerabilidad de los Estados miembros ante esas espirales era necesario que la eurozona instituyera una unión bancaria. Sin embargo, el problema es que el BCE, al haber conseguido reducir la rentabilidad de los bonos soberanos en países como España e Italia, parece haber disminuido las prisas de los líderes europeos por construir esa unión bancaria.

Construir una unión bancaria no iba a ser nunca una tarea fácil, entre otras cosas porque despierta las mismas sensibilidades políticas que los eurobonos (una idea que los dirigentes de la UE abandonaron por adelantarse demasiado a su tiempo). El plan original de unión bancaria que describió Herman van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, en junio de 2012, preveía cuatro pilares: una autoridad común para supervisar los bancos de toda la eurozona; una autoridad resolutiva única para reestructurar o cerrar los bancos insolventes; un instrumento fiscal conjunto para recapitalizar los bancos; y un programa de protección de depósitos financiado de manera conjunta por los miembros de la eurozona. Es decir, aquel plan tenía muy claro que había que europeizar las funciones fundamentales en torno al sector bancario para poder colocar la eurozona en una situación más estable.

Sería burdo negar que ha habido ciertos avances desde las primeras propuestas de Van Rompuy. Por ejemplo, se ha progresado bastante en el establecimiento de una autoridad bancaria supervisora común para la eurozona, el “Mecanismo Único de Supervisión” (MUS), en jerga comunitaria. Los debates mantenidos a finales de 2012 sobre qué bancos debía supervisar el BCE ya han llegado a ciertas conclusiones. El BCE asumirá la responsabilidad cotidiana de supervisar los 150 mayores bancos de la eurozona, y la “responsabilidad definitiva” de los otros seis mil y pico bancos de pequeño y mediano tamaño. La supervisión diaria de estos últimos la seguirán ejerciendo las autoridades nacionales. Tras la aprobación del Parlamento Europeo el 13 de septiembre de 2013, el MUS debería empezar a funcionar en 2014.

Ahora bien, los avances en los otros pilares no han sido tan impresionantes. Todavía no se ha incluido en el orden del día la puesta en marcha de un programa común de protección de depósitos para la eurozona, ni parece que se vaya a hacer a corto plazo. También queda mucho para el instrumento fiscal conjunto del sistema bancario. Es cierto que los líderes europeos han acordado que se permita al fondo de rescate de la eurozona, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), recapitalizar los bancos de forma directa. Pero se ha establecido un tope para los fondos asignados a ese propósito, 60.000 millones de euros; una suma ridícula, dada la probable dimensión de las pérdidas bancarias que aún no se conocen. Además, por cada euro que utilice el MEE para recapitalizar un banco, tendrá que depositar dos como aval para mantener su calificación crediticia. Como eso reducirá la capacidad total de préstamo del MEE, será un elemento de disuasión que no facilitará acudir al MEE para la recapitalización.

Por último, la propuesta de la Comisión de crear un Mecanismo Único de Resolución (MUR) ha chocado con una fuerte oposición desde que se puso sobre la mesa. Varios países han rechazado la base legal de la propuesta -un artículo sobre el mercado único que evitaría la necesidad de modificar el tratado- y se han opuesto (seguramente con razón) a entregar la responsabilidad de cerrar los bancos a la Comisión Europea. Alemania, por ejemplo, defiende un sistema menos definido, situado fuera de Bruselas, que se centre solo en los aproximadamente 150 bancos más grandes y que, al principio, se apoye en la cooperación entre las autoridades nacionales (no los decretos de un órgano supranacional). Dado que el trabajo de la UE va a interrumpirse en 2014, por las elecciones al Parlamento y el final del mandato de la Comisión, es posible que el acuerdo sobre el MUR, si no se logra antes de que acabe 2013, se retrase hasta 2015.

La unión bancaria está aún a medio construir, y seguramente es prematuro opinar sobre su forma definitiva. No obstante, da la impresión de que la eurozona avanza hacia una estructura en la que la supervisión bancaria esté europeizada en parte pero los diversos instrumentos fiscales para respaldar el sistema bancario sigan siendo sobre todo nacionales. En otras palabras, la eurozona seguirá siendo una unión monetaria compartida por 17 sistemas bancarios nacionales, y no una unión monetaria con un sistema bancario común. ¿Tiene sentido llamar unión bancaria a esa estructura descentralizada? La respuesta es no. Si el propósito de una unión bancaria es desbaratar las interacciones letales entre unos bancos frágiles y unos sistemas soberanos débiles, no está claro que una estructura tan descentralizada como la que parece estar creándose vaya a lograrlo.

La eurozona parte ya de una situación de desventaja respecto a Estados Unidos, porque no posee un instrumento común de deuda que sirva de activo libre de riesgos a los bancos de toda la unión monetaria. Como consecuencia, los bancos de la eurozona dependen todavía demasiado de la deuda soberana del Estado en el que tienen sus operaciones, y el precio de esa deuda es todavía enormemente variable entre unos países y otros dentro de la unión monetaria. La nueva unión bancaria no podrá hacer gran cosa para remediar ese fallo. Los Estados miembros que sufran crisis bancarias seguirán siendo susceptibles a las crisis de deuda soberana. La ausencia de un programa común de protección de depósitos hará que los Estados sean más vulnerables a los pánicos bancarios. Y, si la tarea de resolver los bancos no sistémicos queda en manos de los gobiernos nacionales, al BCE le resultará difícil forzar (o facilitar) el cierre de instituciones insolventes.

En resumen, la eurozona está construyendo una estructura que federaliza parcialmente la supervisión bancaria, pero deja las demás funciones sobre todo en manos de los Estados que forman parte. Tal vez la nueva estructura sea la que mejor refleje las realidades políticas en la zona euro, pero no parece especialmente estable. Habrá que progresar más si queremos que la eurozona se convierta en una unión monetaria estable con un sistema bancario único.

 

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