Derrocar al gobierno de Maduro a golpe de protesta callejera es una opción peligrosa para venezolanos y latinoamericanos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, da un discurso en la reunión con los ministros de exteriores de Unasur en el palacio presidencial de Miraflores, Caracas, 25 de marzo de 2014. AFP/Getty Images

Venezuela, con la mediación de países suramericanos, aceptó darse una nueva oportunidad –quizá  la última a juzgar por la reacción internacional– para evitar lo que podría desencadenar una crisis económica e institucional dolorosa y larga, con serias consecuencias globales.

No son solo los 40 muertos, las incesantes protestas violentas y la pérdida de legitimidad oficial para contenerlas, a lo que hay que añadir imperdonables violaciones de derechos humanos por parte de ambos lados.

La polarización política y social es tal que en este punto la mejor salida posible, por la que apuesta Sur América, el Gobierno y parte de la oposición, implica postergar la inestabilidad endémica hasta 2015.

Tras un encuentro mediado por Unasur, que agrupa a los países de Sur América, el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición acordaron empezar negociaciones para buscar una salida negociada a la crisis.

Sur América busca con urgencia espacio y tiempo para desactivar las protestas y cortarle las alas a la espiral de violencia, siempre y cuando sea respetando el Estado de Derecho.

Es la única y sin duda mejor opción. Eso implica que la oposición tendrá que esperar el plazo para intentar sacar a Maduro a través de un referéndum revocatorio o hasta las próximas elecciones de 2019.

Buscar la caída de Maduro a través de protestas callejeras es un riesgo sencillamente inasumible. Nadie sabe a qué conduciría exactamente, pero se sabe que involucraría una crisis sistemática que terminaría de destrozar la economía del país, desestabilizando al continente.

Además, Maduro puede ser depuesto, pero no el chavismo. El movimiento ha ganado todas las elecciones en los últimos 15 años y controla todas las instituciones. También se ha estado preparando para una contrarevolución desde la última intentona fallida contra Hugo Chávez en 2002.

Maduro además no tiene un régimen opresivo, aunque sea autoritario, y debe su poder al apoyo de al menos la mitad de los venezolanos. La oposición sería igualmente incapaz de gobernar si la mitad chavista se moviliza.

También dentro de cada lado hay fuerzas opuestas y cada vez más son los radicales de cada bando los que asumen más protagonismo. El riesgo es que las masas, chavistas y antichavistas, se activen.

Y mucho dependerá de Estados Unidos y Cuba, que maniobran desde hace meses para posicionarse ante una eventual salida de Maduro, un indicador de lo crítica que es la situación.

 

Las amenazas

La oposición más reaccionaria rechaza hablar con Maduro y seguirá apoyando las protestas callejeras para forzar un cambio de gobierno. También dentro del chavismo hay sectores más radicales presionando para que se restablezca el orden a la fuerza.

El riesgo de un golpe de Estado justificado en la necesidad de restablecer orden es alto. El precedente es la propia Venezuela. Desestabilizar el país es la finalidad de parte de oposición liderada por Leopoldo López desde la cárcel.

Pero López, como los demás que caracterizan las protestas callejeras como un levantamiento popular parecido a los de Ucrania y la Primavera Árabe, se equivocan al pensar que ellos asumirían el poder en caso de que Maduro salga.

No necesariamente sería un golpe que simpatice con la oposición. Puede ser un autogolpe de Maduro, como último recurso, y el chavismo más radical puede decidir que su supervivencia exija un golpe para imponer a otro líder.

El país, a pesar de su petróleo, es una economía al borde del colapso. La crisis actual ha empeorado el panorama y retrasado el impulso reformista del nuevo –y más pragmático– equipo económico del gobierno Maduro.

Además un golpe negaría a la oposición la legitimidad de una victoria electoral que necesita para gobernar, si no en el referéndum de 2015, en las elecciones de 2019.

La reciente intentona golpista que denunció Maduro, presuntamente liderada por generales de la Fuerza Área, pero que la oposición desdeña como un montaje, es preocupante.  Es imposible anticipar cómo reaccionarían las Fuerzas Armadas en caso de que las protestas se vuelvan masivas o a quién deben su lealtad.

Por ahora parece que Maduro tiene más control sobre el chavismo que una oposición cada vez más fragmentada que se atomizará cuando no tengan un enemigo en común.

El futuro de Venezuela, por tanto, depende de que la diplomacia de Unasur de resultados y de que el Gobierno arregle la economía.

 

Sanciones de Estados Unidos

Washington ha intervenido con cautela, pero con un sesgo a favor de la oposición, inclusive la más radical. Ha amenazado con sanciones a Venezuela, aunque el mismo Secretario de Estado John Kerry dijo el mes pasado que están tomando en cuenta que “la economía ya está muy frágil”.

Maduro imploró directamente a través de una carta abierta publicada en el periódico New York Times que su Gobierno no fuera sancionado. Hay mucha presión desde el ala conservadora del Partido Republicano para apoyar a la oposición ahorcando económicamente al Gobierno chavista. Calculan que si cae Caracas, caerán los otros gobiernos de izquierda.

En esta coyuntura EE UU es determinante. La economía de Venezuela difícilmente soportaría la estampida de capital que provocaría incluso sanciones discretas como, por ejemplo, negar visas.

Claro que EE UU también es consciente que desestabilizar Venezuela, con un referéndum revocatorio y constitucional a tiro de piedra, le traería más problemas, no graves, pero sí molestos.

Toda la región se tambalearía en diferente medida, política y económicamente. Los más afectados serían los países alineados con Caracas como Cuba, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, así como la limítrofe Colombia. Los países del Caribe y Centro América que sobreviven gracias al petróleo subsidiado también sufrirían. En menor medida lo harían los socios en Mercosur. Por otro lado, una interrupción del suministro de crudo venezolano presionaría los precios al alza, y bajo ciertas circunstancias podría amenazar la recuperación económica global.

Por eso Sur América está exigiendo a Washington que no de alas a la oposición más radical con amenazas de sanciones, y que se mantenga al margen para aupar a la oposición moderada que exige lo mismo a Maduro, pero sin apoyar el levantamiento callejero.

Una referencia para considerar las consecuencias es la crisis que desembocó en el golpe de Estado en 2002. Involucró un paró total de producción y un desplome económico, sumado a enfrentamientos callejeros entre chavistas y antichavistas.

Maduro quiere margen para arreglar la economía, lo cual no es tan descabellado como aparenta. “Ahora sí va en serio”, tituló Bank of America-Merrill Lynch en una nota a sus clientes enfocada en las recientes reformas del Gobierno venezolano.

Y es que las reformas en el sector de petróleo, fiscales y de divisas, tras un año de recortes en 2013, traerán beneficios económicos tangibles “a bajo costo y dentro de un plazo razonable”, dice el banco. Muchos analistas coinciden.

Recuperarse para asegurar una victoria en 2015 es un reto titánico, especialmente porque se esperan alzas en los precios de combustible y de los bienes de primera necesidad. Pero es también la mejor opción para el Gobierno.

 

La esperanza

Maduro está ofreciendo concesiones reales y simbólicas, incluyendo retransmitir en vivo la posición de sus detractores en las nacientes negociaciones, después de un descarado abuso de poder para coartar la prensa.

Parte de la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática también aceptó el diálogo mediado por los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el Vaticano, que en su conjunto representan bien los intereses de la mayoría de venezolanos.

Cuba está trabajando duro para sostener a Maduro, también temerosa de otros sectores del chavismo que recelan su influencia. EE UU debería como mínimo dejar de amenazar con sanciones que dan alas a los sectores más radicales en ambos lados.

Los moderados saben que aunque Maduro tendría la oportunidad de demostrar que sus reformas funcionan y así consolidarse al derrotar un hipotético referéndum, el tiempo no juega a favor del mandatario.

Pero en definitiva, tanto para Maduro, como para la oposición, como para los venezolanos y los vecinos, la esperanza es que el Estado de Derecho se respete.

 

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