El gobierno chino puede acabar con unos disturbios, pero sus duras tácticas garantizan la prolongación de las tensiones étnicas.

 

Recientemente mil uigures chocaron con la policía en la ciudad de Urumqi, al oeste de China. Uno de los conflictos étnicos más sangrientos de los últimos años en el país.

La represión que llevó a cabo el Gobierno contra esta minoría musulmana de habla turca que lleva mucho tiempo oprimida por el poder de Pekín fue repugnante, brutal y breve.  De la noche a la mañana se impuso el toque de queda. Se desplegó a miles de agentes de policía. El presidente chino, Hu Jintao, dejó la cumbre del G-8 para dedicarse a apagar fuegos en casa. Sin embargo, no todos los aspectos de las políticas chinas en relación con ésta y otras comunidades se caracterizan por esa precisión.











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Si uno visita Xnjiang, la turbulenta provincia en la que viven aproximadamente ocho millones de uigures, se da cuenta de que existe una diferencia -a menudo, un abismo- entre las intenciones oficiales respecto a los problemas de las minorías y lo que sucede en la práctica. A veces, los errores del Gobierno parecen producto de la mala voluntad, y otras veces, de la ignorancia.  En ambos casos, los resultados son trágicos y absurdos.

En días malos, la tragedia es evidente: en los recientes disturbios han muerto 184 personas, uigures y chinos de la etnia han. Pero existe también cierta comedia negra, un continuo drama de malentendidos y errores de cálculo, cuando las autoridades han intentan controlar la práctica del islam y los políticos locales tratan, al mismo tiempo, de apaciguar y reprimir a los uigures.

Sobre el papel, ...