A no ser que quieran quebrar y salir del euro, los chipriotas tendrán que encontrar a un tecnócrata que lidere su Gobierno.

 


















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La isla de Chipre, que cuenta con poco más de un millón de habitantes y representa el 0,2% del PIB comunitario, se ha convertido en el conejillo de indias de la eurozona. Un corralito en toda regla se ha impuesto disfrazado de gravamen a los depósitos bancarios. Todo dentro de la legalidad. El Tratado de la UE permite, en sus artículos 65 y 66, limitar el movimiento de capital o su salida de la Unión. La directiva que garantiza los ahorros hasta los 100.000 euros se aplica sólo en caso de que quiebren los bancos. Y de momento, en Nicosia no lo han hecho. Por lo tanto, la decisión unánime del Eurogrupo de gravar el 9,9% de los depósitos de más de 100.000 euros o del  6,75% para cantidades de entre 20.000 y 100.000 euros, permaneciendo intactos los ahorros hasta los 20.000 euros; sería legal. Se ha roto el tabú europeo de garantizar los depósitos mediante la vía impositiva. El único autorizado para imponer esa carga directa es el Gobierno chipriota. La Unión no tiene competencias en los impuestos directos. Ante las protestas en las calles de la isla, el Parlamento ha votado en contra del gravamen con la abstención del partido en el poder.

En la obra del rescate a Nicosia participan varios actores. El propio Gobierno chipriota que acaba de salir de las urnas. El conservador Nikos Anastasiades no lleva ni un mes y debe lidiar con el rescate. Su antecesor el comunista Dimitris Christofias no fue capaz de ponerlo ...