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COSTA DE MARFIL: ¿UN PAÍS CON TRES EJÉRCITOS?

4 julio 2011
Cristina Barrios

La comunidad internacional debe evitar que en Costa de Marfil se refuerce un régimen que dependa únicamente del presidente y priorizar la reconstrucción de un Estado fallido.

Índice de Estados fallidos 2011.

SIA KAMBOU/AFP/Getty Images

Si la comunidad internacional decide apoyar el desarrollo económico y la democracia en Costa de Marfil, es imprescindible que se contribuya a reforzar el Estado, más que al régimen del presidente Ouattara. El país ha pasado de funcionar como un territorio viable –aunque autoritario— con Houphouet Boigny (mandatario desde la independencia en 1960 hasta su muerte en 1993) a ser calificado como frágil y fallido en los Índices realizados por el Banco Mundial, Foreign Policy y Brookings. Casi dos décadas de multipartidismo frustrado, un golpe de estado, división territorial, confrontación armada, ideología xenófoba y manipulación de parte de Laurent Gbagbo han dejado al país listo para un nuevo régimen: el apoyo internacional para consolidar a Alassane Ouattara en el poder el pasado abril (después de que ganara las elecciones en noviembre) estuvo muy bien, aunque tardó demasiado. Sin embargo, aparte de un nuevo dirigente, Costa de Marfil necesita un Gobierno competente con instituciones fuertes, incluido un Ejército único que garantice seguridad y estabilidad.

Ouattara se ha comprometido a reformar el cuerpo militar creando las Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCM), y ya está barajando opciones de reorganización de mandos, formación, armamento y financiación con Francia, la Unión Europea, Estados Unidos y la Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI, por sus siglas en francés). Estos programas internacionales de Reforma del Sector de Seguridad podrían, sin embargo, desviarse para, en vez de reforzar el Estado, respaldar al régimen que recientemente se ha instalado en el poder. Las FRCM podrían convertirse en una tercera milicia, añadiéndose a las antiguas Fuerzas Armadas que defendieron a Laurent Gbagbo como fuerzas de seguridad nacional y a la facción rebelde conocida como Fuerzas Nuevas, dirigida por Guillaume Soro. Estos dos bandos se han enfrentado durante años en lo que algunos consideran una guerra civil, y al final las Fuerzas Nuevas apoyaron a Ouattara y lo ayudaron a conseguir el poder. A cambio, Soro no ha aceptado menos que ser presidente del Gobierno (primer ministro) y ministro de Defensa en la Costa de Marfil que ahora lidera Ouattara.

Esto se explica por dos razones, que plantean problemas en la mayoría de los Estados fallidos en África. Por una parte, el modelo estatal (copiado de Francia) es bicéfalo en el poder ejecutivo: hay un cargo de presidente y otro de primer ministro, lo que engendra una clara tensión política. Se quiere utilizar como espacio para construir alianzas y difuminar la autoridad, pero perpetúa la difícil gobernabilidad y el nepotismo. La alianza entre Ouattara y Soro es claramente de conveniencia; recordemos que éste último ya fue primer ministro de Gbagbo y su verdadera ambición es posicionarse para dirigir el país en las próximas elecciones. Los partidos políticos están poco dispuestos a jugar un papel de oposición, sobre todo porque la Asamblea (poder legislativo) no tiene mucho peso. Por otra parte, esta transición volvió a demostrar la fuerza de las armas como clave para que una facción se imponga sobre la otra en el Gobierno. Las armas -mucho más que las elecciones como voluntad del pueblo- ponen y quitan a los mandatarios, por eso es imprescindible que la Reforma del Sector de Seguridad logre desligar el futuro Ejército marfileño de una persona concreta y lo convierta en una institución estatal al servicio de la autoridad civil de turno. Es lo que sucede en las democracias.

La política y la cultura con frecuencia son más importantes que el grado de fracaso

La mayor parte de los militares tanto de Fuerzas Armadas como de Fuerzas Nuevas están fuera del control del presidente, y aunque ya no usen esos nombres siguen desplegados por todo el país. Ouattara y Soro están logrando reducir el caos en Abidjan, donde empiezan a verse grupos de soldados con camisetas FRCM, pero miles de hombres armados de las estructuras antiguas (ahora más o menos desmembradas) siguen abusando de la población en otras ciudades y regiones. Controlan las aduanas en los puntos fronterizos clave del país, organizan la policía y la administración en los lugares donde están implantados y se dedican a extorsionar a comerciantes y viajeros que circulan por las carreteras en numerosos checkpoints. Además, en los últimos meses de crisis se vaciaron las cárceles, se importaron mercenarios de Liberia y otros países y los dos bandos repartieron armas a grupos de jóvenes y población civil, favoreciendo un clima de delincuencia, tráfico y crimen que será difícil de rectificar. En Costa de Marfil se estima que se ha llegado al millón de desplazados –familias huyendo de los campos de batalla a zonas rurales y a regiones que parecían menos hostiles a su etnia— y medio millón de refugiados en países vecinos, lo que conlleva flujos de población y reestructuración económica impresionantes.

Para evitar que se construya un tercer bando armado, las FRCM deberán incluir a las antiguas Fuerzas Nuevas pero diluyendo la autoridad de Soro, así como convertir a muchos de las antiguas Fuerzas Armadas en el nuevo Ejército marfileño. El presidente ha logrado que algunos de los generales que defendieron a Gbagbo le presten juramento, pero éstos esperan algo a cambio. En concreto, Ouattara podría verse obligado a hacer concesiones de amnistía, pero la impunidad debilitaría su legitimidad y la reconstrucción del Estado de derecho. Muchos de los militares (de ambos bandos) que han luchado estos años han cometido graves violaciones de derechos humanos y ataques contra la población civil, y las miles de víctimas marfileñas esperan justicia para poder confiar de veras en la ley y el nuevo Ejército. Pero perseguir a los militares pondría en peligro la muy necesaria reconciliación y reforma e incluso podría afectar a los altos cargos –incluso a Gbagbo, Soro y el mismo Ouattara— si se estudia la responsabilidad de las cadenas de mando militar. La justicia de transición y la condena por violación de derechos humanos son elementos cruciales en esta etapa, pero las consecuencias para la construcción de instituciones marfileñas y la legitimidad del régimen son muy complejas.

En realidad, el principal reto lo constituye el desarme y la desmovilización de la mayoría de los miembros de todas las facciones, que deberían reintegrarse en escenarios económicos alternativos: dejar de servirse del kalashnikov y encontrar medios comunes de ganarse la vida. La ONUCI podría dedicarse a coordinar los esfuerzos internacionales en este sentido, pero esto sólo va a funcionar si la Reforma del Sector Seguridad se acompaña de un apoyo masivo a políticas de desarrollo e inversión. Y en vista de los vínculos humanos y económicos, y de la naturaleza transfronteriza de los conflictos en toda la región, la intervención internacional debe dirigirse a toda África Oriental, más allá de Costa de Marfil. Aunque Ouattara se ha ganado la confianza internacional y consta de un potencial imprescindible para el futuro de Costa de Marfil, la comunidad internacional debe evitar la tentación de reforzar un régimen que dependa de la persona que está a cargo, como tantas veces se ha visto en África, y priorizar la reconstrucción de un Estado fallido en esta región extremadamente inestable.