Depende: la pena de muerte ¿retroceso o un paso adelante en su abolición?

El cuerpo de un hombre es Yemen colgado tras haber sido ejecutado por las fuerzas de seguridad del país. El hombre había sido declarado culpable de violar y asesinar a una niña de cuatro años. (MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)

Lograr una moratoria universal está en la agenda internacional, pero existen algunos retrocesos que amenazan su completa abolición.

La controversia sobre la pena de muerte no es nueva, pero en los últimos años hay una tendencia a la abolición de esta pena capital. Como señaló en 2017 el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI.

Si hace un siglo era una práctica empleada en muchos países del mundo, en la actualidad 142 han dejado de aplicarla, lo que no significa que todos la hayan eliminado de sus legislaciones. En 2017 se produjeron 993 ejecuciones en 23 países, sin contar con las llevadas a cabo en China por la falta de información al respecto. El 84% de las ejecuciones tuvieron lugar en Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Aunque el número de condenados ha disminuido en los últimos años más de 21.000 personas esperan su ejecución.

Teorías a favor y en contra de esta pena se mantienen invariables a lo largo de los tiempos. Las principales posturas en contra señalan que es ineficaz en la prevención del crimen, que comporta una pena cruel, inhumana y degradante y que no permite la rectificación. Los argumentos principales a favor de la pena de muerte consideran que es un castigo adecuado para ciertos crímenes, que supone un menor coste que la cadena perpetua y que previene la criminalidad.

En estas líneas se trata de analizar la situación actual de esta pena capital en el mundo, así como si algunos crímenes contemporáneos como el terrorismo yihadista reflejan un repunte de los defensores de esta pena. El objetivo de lograr una moratoria universal está en la agenda internacional y son importantes los esfuerzos para alcanzarla. Sin embargo, algunos retrocesos amenazan su completa abolición.

«La aplicación de la pena de muerte es menor en los últimos años»

Sí, pero algunos siguen anclados en el pasado. Efectivamente, las ejecuciones han disminuido en los últimos años. Según Naciones Unidas más de 160 Estados miembros de la organización con diferentes sistemas legales, tradiciones, culturas y religiones han abolido o no han aplicado la pena de muerte. En 1945 únicamente ocho de los 51 Estados miembros de Naciones Unidas habían abolido la pena capital. Una cifra que contrasta con los más de dos tercios de países de la ONU en los que, actualmente, no se lleva a cabo. Así, en 106 países miembros se ha abolido para todos los delitos y 142 del total de 193 la han abolido en la legislación o en la práctica. En suma, en 2017 no hubo ejecuciones en 170 de los 193 miembros de la ONU (el 88 %).

Otro dato relevante es que las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de una moratoria en las ejecuciones han recabado cada vez más respaldo. Si la primera resolución de 2007, resolución 62/149, obtuvo 104 votos a favor, la sexta resolución y la más reciente del 19 de diciembre de 2016, resolución 71/187, fue aprobada por 117 Estados de los 193 de la organización. Aunque 40 países votaron en contra y otros modificaron sus posiciones respecto a resoluciones previas como Guinea Ecuatorial, Níger, Filipinas y Seychelles que pasaron de votar a favor a abstenerse, Burundi y Sudán del Sur pasaron de votar a favor a votar en contra o Maldivas que pasó también a votar en contra. Un hecho que refleja que es un debate que se mantiene activo en numerosos lugares.

En 1989 Amnistía Internacional, organización comprometida en la erradicación de esta práctica, señalaba que 70 Estados habían abolido la pena capital frente a 100 que la aplicaban. Las cifras se han ido reduciendo progresivamente hasta las más recientes recogidas en su informe anual de 2017, en el que constata 993 ejecuciones en 23 países. Sin embargo, el dato es más elevado pues desde 2009 no incluye las cifras de ejecuciones en China por restricciones en la información, a pesar de considerar que es el país que más ejecuciones lleva a cabo. Dichas cifras apuntan a una reducción del 4% respecto a 2016 y del 39% respecto a 2015, un año en el que hubo un despunte en el número de ejecuciones, alcanzando la cifra más elevada desde 1989. Es decir, en un escenario temporal de tres décadas la situación es completamente distinta pues el número de países abolicionistas supera ampliamente a los que se mantienen anclados en el pasado. Alguno de ellos sorprendentes como Japón que ejecutó hace poco más de un mes a miembros de la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema) condenados por el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995.

Un hombre condenado a pena de muerte es trasladado en Washington mientras una manifestación contra la pena de muerte tiene lugar en la ciudad. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

«Los países de Occidente han abolido la pena de muerte»

No, la batalla no está ganada aún. Sin duda es una respuesta negativa si entendemos por Occidente los países que definió Samuel Huntington en su libro El choque de civilizaciones (1996). Para el célebre politólogo Occidente estaría formado por Europa, América del Norte y Oceanía. Aunque Europa es la región del mundo más abolicionista y en Oceanía solo se aplicó en Papúa Nueva Guinea, la presencia de Estados Unidos en el octavo lugar del mundo en número de ejecuciones no da margen para contestar de forma menos categórica.

No obstante, si dividimos el planeta siguiendo la dicotomía planteada por Naciones Unidas con la Alianza de Civilizaciones la pena de muerte se aplicaría más en el mundo árabe y musulmán que en Occidente. En esa comparación el mundo árabe y musulmán sacaría un margen considerable lo que no significa que en Occidente se haya ganado la batalla a la pena capital.

Amnistía Internacional realiza un análisis exhaustivo de la pena de muerte en las diferentes regiones del mundo. Oriente Medio y Norte de África detentan el mayor número de ejecuciones, situándose a la cabeza Irán, Arabia Saudí e Irak. Asia y Oceanía se colocan en segundo lugar con 93 ejecuciones en 9 países, sin contar con China. Únicamente, Estados Unidos llevó a cabo ejecuciones en América en 2017, un total de 23. El apoyo público a la pena de muerte alcanzó en el país el mínimo histórico de cuatro décadas en 2016. Una tendencia que ha variado en los últimos años al aumentar ligeramente el número de estadounidenses a favor, un 54% para condenados por asesinato, como refleja una reciente encuesta del Pew Research Center.

África Subsahariana avanza a buen ritmo en la abolición de la pena capital, habiéndose realizado ejecuciones en Somalia y Sudán del Sur. A excepción de Bielorrusia en Europa no se aplica la pena de muerte, siendo la región más activa en lograr la abolición. No en vano para formar parte de la Unión Europea debe haberse derogado esta pena en la legislación nacional y haberse ratificado los instrumentos internacionales. Por tanto, Turquía perdería todas las opciones de ingreso en la Unión Europea si restableciera la pena de muerte como manifestó el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tras el referéndum constitucional de 16 de abril de 2017.

Un periodista en Somalia antes de ser ejecutado por las fuerzas de seguridad. El hombre había sido vinculado con Al Qaeda. (MOHAMED ABDIWAHAB/AFP/Getty Images)

«La pena de muerte es un instrumento eficaz para luchar contra el terrorismo»

Por ahora, eso no está probado. No existe un solo informe que avale que la pena de muerte es eficaz para luchar contra el terrorismo, así como contra cualquier otro delito. Aunque no hay cifras exactas de los delitos por los que se impone la pena de muerte, Naciones Unidas señala que se aplica por crímenes que no se incluyen entre “los más graves delitos” recogidos en el artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre ellos los más comunes son los delitos relacionados con las drogas, pero según Amnistía Internacional en 2017 también se llevaron a cabo ejecuciones por delitos económicos, sexuales o “religiosos”. Tampoco existen cifras de ejecuciones por terrorismo, aunque según la organización se han realizado en varios países, principalmente en Oriente Medio.

Diversas instituciones han analizado la relación entre la pena de muerte y la criminalidad. Naciones Unidas recoge en sus resoluciones una frase relevante: “tomando en consideración que no hay pruebas concluyentes del valor de la pena de muerte como elemento disuasorio”. Para el secretario general de Naciones Unidas “para frenar la delincuencia, el objetivo debería ser reformar el sistema de justicia a fin de garantizar que se cumpla el derecho internacional de los derechos humanos y sea más eficaz y humano”. Es, por tanto, sintomático que no haya ninguna evidencia científica que demuestre que la pena capital es disuasoria. Un dato que se corrobora al no aplicarse esta pena en los países más seguros del mundo o al constatr que en Estados Unidos y en los países que la imponen el índice de criminalidad no sea inferior respecto a los que no lo hacen.

Numerosos países mantienen la pena de muerte para actos terroristas y otros han ampliado recientemente el marco de aplicación para estas acciones (Bahréin, Bangladesh, Singapur, Nigeria o Siria, entre otros). En los últimos diez años quince países han llevado a cabo ejecuciones por delitos de terrorismo. La gravedad del delito es la justificación para que algunos lugares en base a la protección de la seguridad del Estado impongan esta pena. Es un motivo de preocupación para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que señala que algunos Estados tipifican el terrorismo de manera amplia y vaga aplicando esta pena, por ejemplo, por participación en protestas o críticas al gobierno, considerándose una grave vulneración de los derechos humanos.

La especificidad del terrorismo yihadista y las motivaciones de los terroristas que lo practican no permite considerar que una condena a muerte pueda ser un elemento disuasorio para cometer atentados. Existen muestras suficientes de terroristas suicidas dispuestos a morir por sus ideas a los que una condena a muerte no les detendría. Es, por tanto, un argumento completamente inútil para este crimen. Al contrario de lo que apunta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no servirá más que para crear nuevos mártires para su causa. De forma similar la ejecución de miembros del Estado Islámico condenados, como los 12 ejecutados este verano en Irak, podría convertirse en un boomerang que contribuiría a aumentar el radicalismo y el extremismo.

«La pena de muerte es empleada por algunos gobiernos como un elemento de control del poder político»

Sí, en algunos casos. La falta de transparencia y de información en la aplicación de la pena de muerte, siendo en algunos países secreto de Estado, impide saber si se están respetando los derechos humanos. Es clave porque cuestiona el uso de la fuerza que hacen algunos países cruzando el limitado espacio en el que la pena de muerte es admitida por el derecho internacional. En concreto según el artículo 6. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos solo podrá imponerse en los países que aún no la hayan abolido por “los más graves delitos”, quedando restringida al homicidio intencional. Un artículo no exento de debate e interpretaciones.

El relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas considera que en el marco de la lucha contra el terrorismo algunos Estados pueden tener una reacción excesiva empleando la pena capital para conductas que no son, en ningún caso, consideradas delictivas. Ciertos países, generalmente dictaduras o gobiernos débiles y carentes de capacidad para atajar problemas políticos y sociales en el marco del respeto al ordenamiento internacional, pueden parapetarse en la excusa de la seguridad para cometer abusos. Una preocupación que unida a la opacidad y a la falta de garantías en los procedimientos judiciales puede conllevar graves vulneraciones del derecho internacional.

Más allá del ámbito antiterrorista, Amnistía Internacional manifiesta que la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria, incluyendo contra las minorías, siendo utilizada por algunos gobiernos como un medio de represión política. Todos los años constata casos de ejecuciones de disidentes u opositores políticos. Así, por ejemplo, en 2017 revela ejecuciones en Irán y Arabia Saudí.

El empleo de la pena de muerte como un instrumento de represión política ha quedado relegado a contados países, pero el que una sola persona sea ejecutada en 2018 por sus ideas políticas es un gran fracaso de la comunidad internacional.

«Es viable alcanzar a corto plazo una moratoria mundial contra la pena de muerte»

No con EE UU y China como defensores de esta práctica. Aunque los avances positivos son importantes hay países con posturas muy rígidas a favor de la pena de muerte, así como otros que están replanteando su restauración lo que a corto plazo no permite considerar que sea posible alcanzar una moratoria universal. La moratoria es un primer paso a la abolición por lo que avanzar en esta dirección es una prioridad de Naciones Unidas y otras organizaciones como la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM).

Naciones Unidas ha evolucionado desde la neutralidad inicial hasta el activo compromiso con la erradicación. Sin embargo, miembros permanentes del Consejo de Seguridad como Estados Unidos o China, claramente defensores de esta práctica, obstaculizan mayores avances para la completa abolición. Pocos países están a favor, pero el peso internacional de algunos de ellos no puede obviar que el consenso universal contra la pena de muerte es hoy por hoy una utopía. La casuística es variada y está lejos de la uniformidad.

Determinados países han dado un paso atrás como Bahréin, Jordania, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos que en 2017 reanudaron las ejecuciones tras años de moratoria. También en Estados Unidos aumentaron de cinco a ocho los estados que llevaron a cabo ejecuciones. El congreso de Filipinas aprobó un proyecto de ley para reintroducir la pena de muerte y en otros países como India, Singapur y Tailandia se ampliaron los delitos punibles con esta pena.

Un escenario oscuro que contrasta con los signos positivos como la tendencia hacia la abolición en numerosos países de África Subsahariana y la reducción significativa en otros como Pakistán. No en vano en 2017 dos países más, Guinea y Mongolia, se unieron a la lista de países abolicionistas para todos los delitos mientras que Guatemala lo hizo para los delitos comunes. Rusia, a pesar de las presiones de algunos líderes del país para restablecer la pena de muerte para los delitos de terrorismo, se ha mantenido firme en la suspensión de la moratoria. No menos significativo es que las resoluciones de Naciones Unidas para la moratoria son cada vez más contundentes.

La tendencia abolicionista está ganando espacio paso a paso lo que hace vislumbrar que, a largo plazo y tras un lento y tortuoso camino, pueda alcanzarse un mundo libre de una pena definida por Naciones Unidas como cruel e inhumana.