Bajo los adornos modernos del régimen del presidente Ben Alí se encuentra otra dictadura represiva.

 

Cuando el ministro tunecino de Exteriores, Kamel Morjane, llegó recientemente a Washington, lo hizo sin duda como representante de un Estado árabe moderado, amigo de Occidente. Sin embargo, como delegado de Human Rights Watch, he podido presenciar otra cara de este régimen supuestamente moderno.

Mi organización hizo público el mes pasado un informe que detallaba el trato que da el Gobierno tunecino a los presos políticos, y varios de nosotros pensamos dar una rueda de prensa en Túnez para anunciarlo, con la esperanza de suscitar un diálogo que derivara en un cambio. Fue una estrategia que ya intentamos en 2004, cuando presentamos un informe sobre la situación de los detenidos por razones políticas, y en 2005, cuando publicamos un estudio sobre la libertad de Internet en la región. Ambos casos se desarrollaron sin incidentes. En esta ocasión, por el contrario, nos cerraron el camino a cada paso: todos los hoteles a los que llamamos nos dijeron que no tenían sitio para nosotros, y la habitación que por fin conseguimos sufrió una inundación misteriosa mientras estábamos cenando. El Gobierno prohibió a los periodistas que asistieran a nuestra rueda de prensa y se lo impidió físicamente a quienes intentaron entrar. Unos agentes de la seguridad del Estado nos siguieron a todas partes.

ABDELHAK SENNA/AFP/Getty Images

Con el presidente tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, que ocupa el cargo desde 1987 y fue reelegido en 2009 para un quinto mandato, se trata incluso al menor disidente como una amenaza grave. Los periodistas independientes, las organizaciones de derechos humanos y los sindicalistas -cualquiera que levante la voz sobre las acciones del Gobierno- ven cómo les vigilan y les castigan.

Túnez suele ocultar sus medidas represivas bajo un barniz de legalidad, con la esperanza de convencer a Occidente de que es relativamente liberal. Por ejemplo, el Ejecutivo asegura que no existen presos políticos en el país. Puede ser verdad, claro, según la interpretación estricta que hace el Estado de lo que constituye un delito político. De acuerdo con esa línea de razonamiento, durante los mandatos de Ben Alí se ha procesado a pocas o ninguna persona en virtud de las leyes que penalizan la actividad política y la opinión. El Gobierno prefiere procesar a sus opositores por falsos delitos comunes.

Taoufik Ben Brik, un periodista disidente que es uno de los blancos preferidos del régimen, es un buen ejemplo. En octubre de 2009, fue acusado de “violar la decencia pública”, “difamación”, “agresión” y “daños a la propiedad de otra persona”, supuestamente por atacar a una mujer. Él dice que la víctima era una agente de la seguridad del Estado y que fue ella la que le atacó a él cuando se dirigía a recoger a su hija del colegio. El Gobierno se inventó una situación que no sólo colocó a Ben Brik en la cárcel, sino que puso en tela de juicio su catadura moral.

Pude ver en persona esa misma atmósfera de intimidación en marzo, cuando fui a Túnez para examinar los trabajos de organización sindical en varias zonas del país. Durante mi visita, descubrí que los sindicalistas independientes estaban sufriendo la misma suerte que los periodistas y los activistas locales de derechos humanos. Como en el caso de la represión de los disidentes políticos, las actividades del Estado contra los sindicatos no suelen ser explícitas: según la ley de asociación de Túnez, que es muy liberal, quienes desean crear un sindicato o una ONG sólo tienen que informar al Gobierno de sus intenciones. Si el ministerio del Interior no presenta objeciones en el plazo de 90 días, la nueva organización se considera legal. ¿Cómo es posible que, a pesar de contar con un vigoroso movimiento a favor de las libertades, no haya más que dos organizaciones de derechos humanos y dos sindicatos reconocidos legalmente en todo el país?

Aquí es donde llegan las trampas y las manipulaciones. Para detener la legalización de un nuevo sindicato, el Gobierno no tiene más que afirmar que nunca recibió su solicitud. Por ese motivo, nunca da un recibo que puedan utilizar de prueba. Este truco les permite afirmar que todas las actividades del nuevo sindicato son ilegales.

Según muchos sindicalistas, el Ejecutivo se ha esforzado desde hace años para conservar la lealtad de los escalones superiores de la organización paraguas de ámbito nacional, la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT). Como el Gobierno impide que los sindicatos independientes adquieran carácter legal, en la práctica el régimen tiene el monopolio de la actividad sindical.

A cambio, la UGTT controla firmemente a sus miembros más independientes. En 2008, los profesores organizados en la UGTT encabezaron un masivo levantamiento contra la corrupción, con miles de manifestantes durante un periodo de seis meses. Los líderes del movimiento fueron expulsados. Sólo los readmitió después de grandes presiones locales e internacionales.

La fachada cuidadosamente diseñada de un Túnez “moderno, democrático y moderado” está resquebrajándose

El régimen también se ha mostrado más que dispuesto a ensuciarse las manos cuando ve su poder amenazado. El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNPT), el único independiente legalmente autorizado fuera de la UGTT desde su creación en 2007, despertó las iras de Ben Alí en 2009 cuando sus dirigentes anunciaron que iban a permanecer neutrales en las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese año. Las autoridades se vengaron con un elaborado plan para derrocar al presidente del sindicato y a su junta y sustituirlos por periodistas progubernamentales.

El Ejecutivo recurrió a una avalancha de sobornos, amenazas y chantajes para convencer a los periodistas del sindicato de firmar una carta que pedía la renuncia de la junta. Se amenazó a los propietarios de medios impresos con la retirada de los anuncios oficiales si sus empleados no obedecían. Éstos representan un 600% más de ingresos para los periódicos que la publicidad privada, y son una buena manera de mantener controlados a los responsables de la información.

Muchos periodistas que se negaron a apoyar el golpe acabaron despedidos. El SNPT celebró elecciones para escoger a su nueva dirección, unos comicios manchados por la corrupción; la mitad de los votantes no eran miembros del sindicato ni incluso periodistas. El Gobierno dice que no tuvo nada que ver con la política interna de la organización y que fue pura coincidencia que la nueva junta estuviera formada casi totalmente por periodistas leales a Ben Alí.

A pesar de los esfuerzos del Presidente para ocultar los métodos deshonestos que emplea su Gobierno para acallar y aplastar la disidencia, la fachada cuidadosamente diseñada de un Túnez “moderno, democrático y moderado” está resquebrajándose. En gran parte, gracias a los activistas de derechos humanos del país, sistemáticamente reprimidos y perseguidos pero incansables.

La Administración Obama tendría que presionar sobre estos problemas y muchos otros, y dejar claro que el desprecio de Túnez hacia las libertades de sus ciudadanos debe cambiar. El mundo occidental debe eso y más a los acosados defensores de los derechos humanos en este país, que necesitan toda la ayuda posible.

 

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