Bajo los adornos modernos del régimen del presidente Ben Alí se encuentra otra dictadura represiva.

 

Cuando el ministro tunecino de Exteriores, Kamel Morjane, llegó recientemente a Washington, lo hizo sin duda como representante de un Estado árabe moderado, amigo de Occidente. Sin embargo, como delegado de Human Rights Watch, he podido presenciar otra cara de este régimen supuestamente moderno.

Mi organización hizo público el mes pasado un informe que detallaba el trato que da el Gobierno tunecino a los presos políticos, y varios de nosotros pensamos dar una rueda de prensa en Túnez para anunciarlo, con la esperanza de suscitar un diálogo que derivara en un cambio. Fue una estrategia que ya intentamos en 2004, cuando presentamos un informe sobre la situación de los detenidos por razones políticas, y en 2005, cuando publicamos un estudio sobre la libertad de Internet en la región. Ambos casos se desarrollaron sin incidentes. En esta ocasión, por el contrario, nos cerraron el camino a cada paso: todos los hoteles a los que llamamos nos dijeron que no tenían sitio para nosotros, y la habitación que por fin conseguimos sufrió una inundación misteriosa mientras estábamos cenando. El Gobierno prohibió a los periodistas que asistieran a nuestra rueda de prensa y se lo impidió físicamente a quienes intentaron entrar. Unos agentes de la seguridad del Estado nos siguieron a todas partes.












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Con el presidente tunecino, Zine el Abidine Ben Alí, que ocupa el cargo desde 1987 y fue reelegido en 2009 para un quinto mandato, se trata incluso al menor disidente como una amenaza grave. Los periodistas independientes, las organizaciones de derechos humanos y los sindicalistas -cualquiera que levante la voz sobre las acciones del Gobierno- ven cómo les vigilan y les castigan.

Túnez suele ocultar sus medidas represivas bajo un barniz de legalidad, con la esperanza de convencer a Occidente de que es relativamente liberal. Por ejemplo, el Ejecutivo asegura que no existen presos políticos en el país. Puede ser verdad, claro, según la interpretación estricta que hace el Estado de lo que constituye un delito político. De acuerdo con esa línea de razonamiento, durante los mandatos de Ben Alí se ha procesado a pocas o ninguna persona en virtud de las leyes que penalizan la actividad política y la opinión. El Gobierno prefiere procesar a sus opositores por falsos delitos comunes.

Taoufik Ben Brik, un periodista disidente que es uno de los blancos preferidos del régimen, es un buen ejemplo. En octubre de 2009, fue acusado de “violar la decencia pública”, “difamación”, “agresión” y “daños a la propiedad de otra persona”, supuestamente por atacar a una mujer. Él dice que la víctima era una agente de la seguridad del Estado y que fue ella la que le atacó a él cuando se dirigía a recoger a su hija del colegio. El Gobierno se inventó una situación que no ...