Un nómada en el mercado de Gao, Malí. Alexander Koerner/Getty Images

La zona del Sahel puede que sea la región más compleja del continente africano por los factores tangibles e intangibles que la definen.  Las condiciones climáticas del Sahel, un área eminentemente desértica y afectada gravemente por el cambio climático son la causa –junto con las tradiciones étnicas arraigadas– del nomadismo de muchas de sus poblaciones y de la inseguridad alimentaria de la región. Níger, Chad, Burkina Faso y Malí se encontraban entre los países con menor índice de desarrollo humano en 2016 y la ONU estima que 30 millones de personas en esta área no tendrán suficiente abastecimiento de comida este año y que 12 millones requerirán ayuda alimentaria.

A las condiciones climáticas deben sumarse las geográficas y políticas. Los países de la región mantienen débiles fronteras gracias en parte a la libre circulación de personas decretada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO-ECOWAS) en 2000, y existe un gran volumen de migración interregional por motivos laborales. Además, los conflictos en la zona han generado también migraciones internas. En diciembre de 2016 casi 5 millones de personas habían sido desplazadas de sus casas según Naciones Unidas. En cuanto a las condiciones políticas, la falta de estructuras de Estado en muchos países ha generado vacíos de poder en algunas regiones muy propicias para el asentamiento de grupos terroristas y otras bandas organizadas causantes de la desestabilización de la zona. La rebelión de los tuareg tras la caída de Gadafi en 2011, afectando principalmente a Malí, el avance yihadista en la zona con grupos como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y Movimiento para la Unidad de la Yihad en África Occidental (MUYAO), la presencia de Daesh a través de Boko Haram en el norte de Nigeria, las propias disputas étnicas de la zona y los golpes de Estado sufridos en algunos países en la última década son algunos de los elementos definitorios de la situación geopolítica del Sahel.

Al terrorismo deben sumarse otros asuntos de seguridad como el tráfico humano, de armas y de drogas. La costa atlántica del continente es el principal puerto de entrada de estupefacientes para África y Europa. A su vez, debido al comercio histórico de muchas de sus poblaciones, las etnias comercian con mercancías lícitas de un país a otro. Además, el Golfo de Guinea se ha convertido en un centro de secuestros mayor que el de Somalia y fuente de ingresos para grupos armados que se benefician de la porosidad de las fronteras de los países de la región trasladando a los rehenes de un lugar a otro.

Como aliciente a todos estos problemas, la ubicación geográfica del Sahel en el continente la hace más vulnerable. Es el principal canal de comunicación con Europa y por él pasa gran parte de la migración hacia el Viejo Continente, víctimas y no víctimas de tráfico humano. Y su cercanía al centro de África, especialmente con la República Democrática del Congo y República Centroafricana, y epicentros de grupos terroristas como el norte de Nigeria, agravan todavía más su influencia en el resto de África.

Con estas características, el binomio seguridad-desarrollo es inexorable en esta zona del continente. El desarrollo de los países está unido a la seguridad, al fortalecimiento del control de las fronteras y de los Estados de derecho, pilares sobre los que se asienta gran parte de los proyectos de cooperación de España y de la Unión Europea.

Niños jugando al fútbol en Níger. Daniel Berehulak/Getty Images

A pesar de que la situación actual pasa por la seguridad de la zona debido a los acontecimientos de los últimos años, el interés de España por la región del Sahel nace en 2005 con la apuesta por África en la política exterior del primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el Plan África en 2006. Evitar los flujos de inmigrantes ilegales llegados a las Islas Canarias y a la Península era el principal objetivo en materia de migración. España impulsó entonces planes para generar empleo en la región, implementó programas de migración regular para las temporadas de recolección en España e impulsó la cooperación bilateral con varios países del Sahel y la CEDEAO para la prevención de la migración irregular en programas de concienciación. Durante 2005 y 2006 Madrid lanzó una ofensiva diplomática sin precedentes abriendo embajadas y consejerías, e iniciando relaciones bilaterales con varios países de África occidental

Sin embargo, la crisis de Malí de 2012 y sus consecuencias en los países vecinos como Níger, Burkina Faso, Chad y Nigeria y República Centroafricana, así como la evolución de la misma, modificó la agenda de la cooperación española y europea. El ascenso de los grupos armados y terroristas de la zona y las posibles consecuencias que podía tener para el Viejo Continente obligaron a la UE a aumentar su presencia a través de los Estados miembro, convirtiendo al terrorismo en un asunto primordial de las relaciones con la región. A la crisis de Malí se sumó la crisis económica en España por la que se redujeron notablemente las partidas en cooperación al desarrollo. En 2012 el presupuesto descendió hasta los 1.294 millones de euros, un 65,4% menos respecto al año anterior y ha continuado menguando desde entonces. Según el Marco de Asociación País, en el caso de Níger la Ayuda Oficial al Desarrollo superó los 170 millones de euros entre 2008 y 2012, y disminuyó hasta los 20,1 millones entre 2014 y 2016; y respecto a Malí, la cooperación española entre 2008 y 2011 fue de 104 millones de euros y la presupuestada para 2016-2018 es de 21 millones. Sin embargo, a pesar de los recortes presupuestarios, la zona del Sahel, junto con América Latina, ha continuado siendo prioritaria para España; las dos regiones juntas obtienen el 75% de la ayuda oficial del desarrollo en el Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016.

Actualmente la cooperación de la UE pasa por la ayuda humanitaria, el apoyo en materia de desarrollo y políticas de seguridad y defensa tras la aprobación del Plan de Acción Regional Sahel (RAP) en 2015. El RAP focaliza sus esfuerzos en la prevención de la radicalización, la creación de condiciones óptimas para la juventud (es la región del mundo con la población más joven), la migración y movilidad y la gestión de las fronteras para combatir el tráfico ilícito.

Respecto a la seguridad y defensa, la Unión Europea tiene tres proyectos principales, dos de carácter civil: EUCAP Sahel-Níger (lanzado en 2012) y EUCAP Sahel-Malí (implementado en 2015), cuyo objetivo es la formación de las fuerzas de seguridad de estos países para la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El tercer proyecto es EUTM (puesto en marcha en 2013), una misión de entrenamiento militar de Malí y de apoyo a la implementación de los acuerdos de paz firmados tras la crisis del país.

Por otro lado, la Unión Europea aprobó en 2015 el Fondo fiduciario de emergencia para África con el fin de hacer frente a la migración irregular, al que España no sólo ha contribuido con financiación, sino también con su experiencia en la gestión de la migración en esta región. El proyecto GAR-SI Sahel (Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel) –originalmente un programa bilateral entre España y Senegal y, posteriormente, asumido por la UE gracias a su éxito–, dotado con 41 millones de euros, está liderado por la Guardia Civil Española junto a la Gendarmería Francesa, Carabinieri de Italia y la Guarda Nacional Republicana de Portugal. GAR-SI tiene como objetivo mejorar el control del territorio y las fronteras en Senegal y en los países que componen el G-5 Sahel –organización supranacional compuesta por Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad en 2014 para promover el desarrollo y la seguridad de los países miembros–.

Junto con los proyectos de la UE, las relaciones bilaterales de España y la zona continúan vigentes en todos los ámbitos. El Ejecutivo de España y el Gobierno de Malí colaboran para la formación de especialistas malíenses en inteligencia y policía científica desde 2009. Y acaba de comenzar en Níger un proyecto para la formación continua de policías en investigaciones judiciales liderado por Madrid con el apoyo de Francia dentro del marco europeo de cooperación. Además, España sigue colaborando con CEDEAO en la sensibilización y la explicación de los peligros de la migración irregular como ha hecho desde 2005.

Más allá de la seguridad y la defensa, la cooperación española a través de la AECID en colaboración con la CEDEAO tiene una importante presencia en Mauritania, Malí y Níger en proyectos que incluyen sanidad, agricultura, género, energías renovables, infraestructuras o incluso apoyo a las políticas públicas a través del programa APIA. Proyectos para el refuerzo sanitario en la región de Kayes en Malí y en Níger; la mejora de la producción del anacardo en la región maliense de Sikasso y la optimización de los cultivos en Níger para evitar hambrunas por la sequía; o el mantenimiento de la foca monje en Mauritana a través del programa LifeWeb –implementado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) pero financiado y liderado por España en gran parte– son algunos ejemplos. En temas de género, España colabora con la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD) desde 2007 en un proyecto de empoderamiento de las mujeres a través de organizaciones e instituciones públicas regionales y nacionales en varios países del Sahel; y en Níger ha colaborado con la Casa de la Mujer de la región de Maradi.

Agricultor en Burkina Fasso. Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

De forma paralela, España participa en numerosos proyectos de acción humanitaria en la zona a través de los programas de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, FAO o UNICEF, Intermon Oxfam o el Banco Mundial y ha sido el coordinador de donantes de la CEDEAO desde 2009 a 2015 gracias a su sólida presencia en la región.

La presencia española no es uniforme en todos los países de la región: mientras la cooperación está centralizada en algunos Estados como Malí o Níger, en otros como en Burkina Faso o Chad mantiene los proyectos a través de organizaciones supranacionales como el G-5 Sahel o la CEDEAO. Sin embargo, la presencia se mantiene a través de ONG o proyectos liderados por comunidades autónomas en estos países u organizaciones religiosas.

Es evidente que el Sahel se ha convertido en una región estratégica en las relaciones exteriores de la Unión Europea en los últimos años por la seguridad y los riesgos que comporta para los países europeos y por la migración. La experiencia de España en la zona desde 2005 con la cooperación bilateral y su presencia diplomática han posicionado al país en una situación privilegiada como interlocutor y líder de algunos de los programas de organizaciones supranacionales como la UE o la CEDEAO. Como prueba, desde diciembre de 2015 el Representante Especial de la Unión Europea para la zona es el español Ángel Losada  y muchos de los proyectos que en su día España implementó como programas bilaterales fueron asumidos por la UE o la CEDEAO años más tarde.

Al conocimiento sobre el terreno se suma su no vinculación histórica con la zona y la no existencia de agendas paralelas, por lo que goza de una buena reputación, respeto y buenas relaciones con los países. Y aunque los fondos destinados a la cooperación hayan disminuido drásticamente por la crisis económica, esta zona sigue siendo prioritaria para la cooperación exterior de España. Sin embargo, la presencia empresarial española dista del protagonismo que goza la cooperación. Debido a la inseguridad y al hecho de no haber sido una zona tradicional de inversiones para el país, el Sahel no es prioritario en las inversiones de compañías españolas y su presencia es escasa. El potencial energético de Níger ha atraído la presencia empresarial para la explotación de uranio y algunas compañías españolas operan en Mauritania y Malí en sectores como la pesca, infraestructuras, hostelería o energía. Sin embargo, esta tendencia se podría invertir en los próximos años gracias al esfuerzo de algunos gobiernos de la zona por mejorar el ambiente de negocios y las misiones comerciales que vienen desarrollando algunos gobiernos autonómicos españoles en la región.

 

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