¿Cómo han respondido los gobiernos latinoamericanos y qué medidas han implantado en los centros penitenciarios ante la pandemia por coronavirus?
El hacinamiento carcelario en América Latina, que constituye una clara violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, genera hechos de violencia y pone en evidencia la incapacidad de las administraciones penitenciarias y los cuerpos de seguridad para la contención de motines, intentos de fuga y riñas entre bandos formados por los reclusos. A lo cual se agrega un factor muy preocupante: la deficiencia en los programas de reinserción social o restablecimiento de un proyecto de vida, lo cual aumenta el riesgo de reincidencia.
El Institute for Crime and Policy Research expuso que en 2019 algunos países de América Latina y el Caribe tenían las situaciones más críticas de hacinamiento carcelario, siendo los casos más extremos los de Haití, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Perú, cuyas prisiones superan en más de 200% su capacidad. No obstante, en general la región tiene niveles muy altos de hacinamiento, lo que impide tener espacios seguros y de bienestar para la población privada de libertad. En un informe de 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expuso que una de las principales causas del hacinamiento de los sistemas penitenciarios y carcelarios en la región es la baja eficacia de los sistemas de justicia y el poco uso de penas restaurativas para delitos menores, que suelen ser cometidos por personas que necesitan resolver las necesidades básicas de su núcleo familiar y encuentran una alternativa para hacerlo en el microtráfico y el hurto simple. Esto indica que la raíz de estos delitos está en condiciones estructurales de alta vulnerabilidad económica y social.
La COVID19 en las cárceles latinoamericanas y la poca confiabilidad de las cifras
Desde que en febrero de 2020 periódicos de la región como El Tiempo de Bogotá, El Universal de Guayaquil y O Globo de Río de Janeiro publicaron la existencia de los primeros casos de COVID19 en América Latina, específicamente en Brasil, el seguimiento a la propagación de la pandemia mostró que esta tardó menos de un mes en extenderse por toda la región, y aunque las respuestas de cada Estado para enfrentarla han sido diferentes, las estadísticas siguen mostrando un aumento significativo de los contagios.
En cuanto a las estadísticas de la COVID19 en la población carcelaria, a pesar de la urgencia de contar con datos confiables sobre contagios, esta ha sido una labor difícil para los gobiernos, ya que no ha sido posible activar mecanismos e instrumentos eficaces para hacer las pruebas. Esto incluso en el caso de la población en general o para el personal médico que trabaja directamente con personas contagiadas. De acuerdo con información de prensa, de múltiples medios como El Espectador, O Globo, CNN en Español, en el segundo semestre del 2020 se confirmó que: en Colombia se llegó a registrar hasta 3.744 casos confirmados y ocho muertes por coronavirus. La mayor cantidad de casos se concentran en las penitenciarías en la ciudad de Bogotá, pero lo casos se han expandido por 32 centros penitenciarios. Brasil, por su lado, confirmó más de 20.000 contagiados y 100 muertes, y el registro de la aplicación de 28.804 pruebas en internos. Chile tenía 746 casos de COVID19 y siete fallecidos. En México se registraron 2.898 confirmados en varias penitenciarías del país y 259 muertos. Sin embargo, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que esta cantidad no corresponde a la realidad e incluso han acusado al gobierno de ocultar los datos verdaderos. En Argentina se registraron 282 postivos y diez fallecidos. Ni Venezuela ni El Salvador han dado información que niegue o afirme la aplicación de pruebas para detectar si hay casos de COVID19 en centros penitenciarios. Lo cual se comprende como una violación muy grave de derechos, y hay gran preocupación por las situaciones que se pueden estar viviendo dentro de los centros penitenciarios.
La respuesta de los gobiernos latinoamericanos
Algunas autoridades han tomado medidas positivas y los avances en estas han tenido diferentes ritmos en la región. Por ejemplo, los gobiernos de Chile y Argentina y el sistema de justicia de Brasil han permitido el arresto domiciliario u otras alternativas al encarcelamiento para ciertas categorías de personas privadas de libertad, como aquellas que están a la espera de juicio por delitos no violentos o personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud a causa del virus.
Así, en respuesta a un pedido de la Defensoría Pública de Río de Janeiro, el 26 de marzo el Tribunal Superior de Justicia dictó la detención domiciliaria de los internos de 60 años o mayores a los que les correspondía ser transferidos a establecimientos semiabiertos según el tiempo que habían cumplido de su pena. Por otra parte, los gobernadores de los veintiséis estados brasileños garantizaron el arresto domiciliario a las personas que estuvieran bajo régimen semiabierto, a quienes estuvieran en prisión preventiva y a aquellos que se encuentraran dentro de la población con alto riesgo de contagio.
Sin embargo, se suspendieron las visitas y la entrega de alimentos o implementos de aseo, medidas criticadas por diversas partes ya que muchos reclusos dependían de la comida que les llevaran sus familiares y las prisiones no entregaban productos de aseo, por lo cual podía suponer un mayor riesgo de proliferación.
En Chile, se inició un proceso de descongestión por medio del otorgamiento de arresto domiciliario a internos de edad avanzada que no hubieran sido condenados por delitos graves, y se creó un comité de emergencia encargado de adoptar medidas preventivas contra la COVID19 en las cárceles. A su vez, se trasladaron más de doscientas personas privadas de la libertad a cárceles con menos nivel de ocupación y algunas fueron indultadas o pasaron a prisión domiciliaria. También se ha hecho seguimiento a los protocolos de bioseguridad en las prisiones del país.
En Argentina, el Servicio Penitenciario Federal empezó a elaborar en marzo una lista de reclusos expuestos a un mayor riesgo de salud. Y aún cuando las Cámaras de Casación agilizaron la liberación de casi mil novecientas personas privadas de la libertad a finales de abril, hubo un fuerte malestar por parte de la población argentina, pues aseguraban que no se hizo una diferenciación adecuada de los casos menos riesgosos que podían ser liberados.
El Gobierno colombiano dictó los lineamientos para la prevención de una proliferación de contagios tras la emergencia sanitaria que podría generar la pandemia en las cárceles del país, en un documento basado en las directrices del Ministerio de Salud que especificaba los criterios para identificar casos (síntomas, historial y procedencia de la persona), las recomendaciones para la prevención, los protocolos ante casos probables y las medidas ante confirmados. Además, dictó el decreto de excarcelación 524, con el fin de descongestionar los niveles de ocupación en los ciento treinta y ocho penales del país. Asimismo, diseñó un plan para hacer pruebas en los centros penitenciarios en donde hubiera contagios confirmados y en las penitenciarías que presentaran sospechas o casos probables de COVID19, el cual está a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que debe presentar un informe semanal de las pruebas realizadas en reclusos. Todo esto mientras se ponían en marcha los mecanismos de justicia para hacer cumplir el decreto de excarcelación.
Por otra parte, en países como El Salvador y Venezuela ha sido evidente la despreocupación por parte de los gobiernos para atender las necesidades y garantizar los derechos y la vida de las personas privadas de la libertad en medio de la crisis por coronavirus, teniendo en cuenta los niveles de hacinamiento y la falta de políticas integrales para atender a este sector poblacional tan estigmatizado. Esta coyuntura es peligrosa también porque puede desencadenar situaciones de violencia más fuertes dentro de los centros carcelarios, con graves consecuencias en materia de derechos humanos para las personas que se encuentran recluidas.
A pesar de las medidas que se han tomado hasta ahora en los países latinoamericanos, aún hay mucho descontento entre los familiares de personas privadas de la libertad, quienes aseguran que los procesos de excarcelación han sido muy lentos y las condiciones dentro de las penitenciarías hacen imposible cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad, lo cual ha llevado a que se hagan manifestaciones frente a los centros de reclusión. Asimismo, varios medios de comunicación han informado sobre las tensiones que se viven a diario en las cárceles latinoamericanas. Otro punto que preocupa, es la garantía de derechos para presos políticos, ya que ningún gobierno se ha pronunciado sobre estos casos.
Este artículo es una adaptación del informe de Hacinamiento carcelario y COVID-19 en América Latina publicado en FES.
