¿Tiene importancia para un país que unos empleados
civiles sustituyan al personal militar en diversas funciones cruciales de seguridad
nacional… en una zona de guerra? La respuesta está en la larga tradición
de contratar soldados a lo largo de la historia de la humanidad y en el papel
cambiante de las empresas de seguridad. Mientras los gobiernos discuten cómo
exigirles responsabilidades, los policías de alquiler están
volviéndose indispensables para ejércitos nacionales, compañías
privadas y ONG de todo el mundo.
"Las empresas de seguridad privada
son mercenarias"
No. El término "mercenario"
califica una amplia variedad de actividades militares, muchas de ellas de escaso
parecido con las de las empresas actuales de seguridad. La actividad mercenaria
que se asocia con entidades como la Compañía Británica
de las Indias Orientales surgió cuando los Estados-nación empezaron
a aprobar la creación de empresas para establecer colonias y dedicarse
al comercio de larga distancia. Las unidades mercenarias que lucharon en la
revolución norteamericana eran, en realidad, un préstamo del Estado
alemán de Hesse al Ejército británico. Los mercenarios
que causaron estragos en el continente africano durante la década de
los 60 eran individuos o pequeños grupos ex militares que actuaban en
la sombra.
Los civiles que logran este tipo de contratos en la actualidad se parecen más
a los empresarios militares de finales de la Edad Media. Hasta el auge del Estado-nación,
casi todos los soldados eran gente contratada. A partir del siglo xii y hasta
la paz de Westfalia, en 1648, los contratistas militares solían emplear
a soldados formados en las estructuras feudales y les enviaban a quien estuviera
dispuesto a pagar, fueran ciudades-Estado italianas o el Vaticano. Aquellas
empresas militares llevaban a cabo tareas políticas como librar guerras,
mantener el orden y recaudar impuestos. Algunos historiadores vinculan el ascenso
de las tropas contratadas a finales de la Edad Media con la incapacidad del
sistema feudal de hacer frente a las necesidades, cada vez más complejas,
de una sociedad en pleno proceso de modernización. Hoy existen razones
similares: las presiones del mercado, la tecnología y el cambio social
de un mundo globalizado crean múltiples demandas que a los ejércitos
nacionales les resulta difícil resolver.
En la actualidad, las empresas privadas de seguridad son compañías
que se encargan del apoyo logístico, labores de formación, seguridad,
información, análisis de riesgos y mucho más. Operan en
un mercado abierto, trabajan en varios contratos al mismo tiempo y presumen
de su profesionalidad. Sus proyectos los llevan a cabo no empleados permanentes,
sino personas sacadas de bases de datos sobre personal ex militar y antiguos
miembros de las fuerzas del orden. Pueden aparecer en varias bases de datos,
pasar fácilmente de un contrato (y una compañía) al siguiente
y trabajar por su cuenta cuando no están a las órdenes de nadie.
Aunque muchos son gente respetable, algunos recuerdan de forma inquietante a
los mercenarios de los años 60.
"La Administración Bush ha incrementado el uso
de contratistas militares"
Falso. EE UU incrementó el
uso de contratos militares externos durante los años 90 debido a la reducción
del número de tropas tras el final de la guerra fría y el estallido
de numerosos conflictos étnicos y regionales. Durante la primera guerra
del Golfo, en 1991, EE UU empleó un especialista civil por cada 50 militares
en activo. Los conflictos étnicos en Bosnia Herze-govina, a mediados
de la década, y el de Kosovo, en 1999, hicieron que la proporción
aumentara a 1 de cada 10, más o menos igual que en la guerra de Irak.
Ahora bien, desde que George W. Bush anunció el fin de las "grandes
operaciones de combate" en Irak, en mayo de 2003, los empleados de empresas
de seguridad han inundado el país. La inestabilidad de la situación
exige el máximo de las fuerzas de la coalición y, debido a la
ausencia de un mandato de la ONU (al menos hasta la resolución 1.486)
no se pudo contar con otros recursos, por lo que las empresas privadas están
cada vez más próximas a los combates a medida que se prolonga
la rebelión iraquí. El interés de la prensa por los empleados
civiles allí presentes, como los estadounidenses acusados de torturas
y abusos en la cárcel de Abu Ghraib, ha hecho que el público sea
más consciente de la existencia de ese tipo de contratos.
"Los empleados civiles no participan en combates ni en
acciones militares esenciales"
Falso. Aunque el secretario de Defensa
estadounidense, Donald Rumsfeld, dijo que el Pentágono iba a contratar
con empresas privadas todo tipo de tareas menos las fundamentalmente militares,
lo cierto es que las empresas contratadas por el ejército realizan muchas
de ellas. Los especialistas civiles poseen los conocimientos técnicos
necesarios para mantener unos sistemas de armamento cada vez más complejos.
A menudo, las empresas privadas suministran servicios fundamentales en las misiones
de mantenimiento de la paz y construcción del gobierno, desde proporcionar
miembros civiles para la policía hasta entrenar a las fuerzas militares
y policiales de nueva creación. La guerra contra el terrorismo
hace que tengan más importancia las tareas de información, de
las que las empresas privadas están muy dispuestas a encargarse; incluidos,
como hemos visto, los interrogatorios en prisiones. Como demuestra el conflicto
de Irak, muchas tareas militares que, en teoría, no son fundamentales,
sí lo son durante una guerra. La traducción simultánea
puede parecer una actividad rutinaria, pero a dos de los cuatro civiles involucrados
en el Informe Taguba sobre Abu Ghraib les contrataron como intérpretes
o traductores.
"Los empleados de empresas contratadas por el ejército
son más baratos que los soldados"
Hay que demostrarlo. Numerosos estudios
sobre la privatización y el recurso a empresas externas indican que deben
darse dos condiciones para que los servicios del sector privado sean más
rentables que los oficiales: un mercado competitivo y la flexibilidad del contratista
privado a la hora de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, los gobiernos
suelen restringir la competencia para mantener la fiabilidad y la continuidad.
Por ejemplo, la empresa de servicios militares Kellog, Brown & Root (filial
de Halliburton) obtuvo un contrato no sometido a puja para reconstruir los campos
de petróleo iraquíes en 2003 porque el Pentágono decidió
que era la única empresa con las dimensiones y los requisitos de seguridad
necesarios para el trabajo. Además, muchas veces, los gobiernos imponen
unas condiciones que reducen la flexibilidad de las empresas privadas.
Lo más significativo es que la rentabilidad no es una de las tres razones
para contratar con empresas privadas que menciona un informe elaborado por la
oficina de investigación del Gobierno de EE UU, la Oficina General de
Cuentas (GAO), en 2003 sobre los contratos militares. Las razones son: contar
con conocimientos técnicos especializados, no verse restringidos por
los límites a la presencia autorizada de soldados en ciertas regiones
y garantizar que unos recursos que son escasos estén disponibles para
otras tareas.
Las informaciones sobre la guerra de Irak hablan sobre los altos sueldos de
los civiles contratados –alrededor de 20.000 dólares mensuales,
el triple o más de lo que ganan los soldados en activo–, pero esas
cifras no explican si, pese a todo, dichos civiles resultan rentables. Algunos
analistas afirman que las empresas privadas son más baratas porque permiten
que el ejército no tenga que gastar en reclutar, formar y desplegar personal.
Sin embargo, la mayoría de los civiles contratados han sido reclutados
y formados por un gobierno. Los militares estadounidenses han expresado su preocupación
por la posibilidad de que el atractivo de las empresas privadas disminuya la
capacidad del ejército de conservar a su personal; una inquietud que
comparten todos los mandos militares desde Gran Bretaña hasta Chile.
"Los contratados no responden ante nadie"
Una exageración. Muchos gobiernos
regulan las empresas privadas de seguridad en menor o mayor medida. En EE UU,
por ejemplo, todos los contratos oficiales con empresas privadas de seguridad
deben atenerse a las Normas Federales de Adquisición y otras reglas del
Departamento de Defensa. El hecho de que a un civil se le pueda despedir hace
que, por lo menos, sea mínimamente responsable de sus actos. Por ejemplo,
el ex dictador de Sierra Leona Valentine Strasser despidió a la empresa
Gurkhas Security Guards (GSG), con sede en Gran Bretaña, por haberse
negado a proporcionar servicios de seguridad para las instalaciones de entrenamiento
del ejército en 1995.
Ahora bien, la responsabilidad privada es distinta de la responsabilidad en
organizaciones militares que funcionan bien. Las fuerzas militares sólo
dependen de sus gobiernos, que pueden emplear varios métodos para pedir
cuentas a un grupo o un individuo, como retener fondos. Los civiles tienen que
responder ante una serie de empresas, y son susceptibles, sobre todo, a los
incentivos de mercado. Por ejemplo, cuando un civil decide si acepta una oferta,
tiene en cuenta de qué forma puede afectar esa oferta a sus otros clientes,
si va a aumentar su prestigio en el mercado y, en definitiva, sus ingresos.
Los directivos de GSG tenían miedo de que ayudar a la formación
de los soldados de Sierra Leona diera a la empresa una fama de mercenarios que
amenazaría futuros contratos. Dado que trabajaban para clientes como
el Gobierno británico, esa preocupación era razonable.
Más inquietante es el uso de civiles para evitar la responsabilidad
del gobierno. Un ejemplo: en Estados Unidos, el Poder Ejecutivo contrata a civiles.
Aunque el Congreso estadounidense es el que aprueba el presupuesto militar,
su acceso a la información sobre contratos suele ser limitado. Y el presidente
puede aprovechar esa circunstancia para eludir las restricciones sobre lo que
se puede hacer oficialmente, con lo que, a fin de cuentas, disminuye la capacidad
del Congreso de vigilar la política exterior.
Además, los civiles contratados pueden contribuir a la política
exterior por poderes, al permitir que el gobierno (o una parte de él)
altere la situación sobre el terreno pero desde lejos, de forma que,
llegado el caso, puede alegar posible ignorancia. En 1994, Estados Unidos contrató
a la empresa Military Professional Resources International (MPRI) para que asesorara
al Gobierno croata. De esa manera, el presidente del país, Franjo Tudjman,
obtuvo las ventajas de la ayuda militar estadounidense a través de una
empresa privada. Londres también ha promovido contratos de este tipo
en países donde empresas británicas tienen intereses comerciales.
"Valoran más los beneficios que la paz"
No siempre. Aunque muchos detractores
aseguran que las empresas con contratos militares están interesadas,
por motivos económicos, en prolongar el conflicto en vez de acabar con
él, pocas veces se ha acusado a civiles contratados de agravar las situaciones
de forma intencionada. De hecho, muchos defensores de los derechos humanos creen
que esas empresas contribuyen a acelerar intervenciones que las potencias occidentales
pueden no atreverse a hacer, como ocurrió con el genocidio de 1994 en
Ruanda.
No obstante, a veces, las empresas civiles empeoran la situación a largo
plazo. En 1995, cuando la empresa británica de seguridad Executive Outcomes
(EO) ayudó al ejército de Sierra Leona a defender la capital de
los rebeldes, sus empleados vieron que no podían fiarse de que el ejército
pudiera recuperar las minas de diamantes del país. Unas minas que eran
fundamentales para que EO pudiera cobrar, y, además, las empresas de
extracción contrataban a filiales de la compañía. Como
se jugaba tanto en las minas, EO decidió recurrir a las milicias locales,
con lo que, sin darse cuenta, fortaleció el crecimiento de un ejército
paralelo. Las tensiones entre el ejército y las milicias desembocaron
en un golpe y las milicias impidieron que avanzaran negociaciones de paz posteriores.
Es decir, aunque EO contribuyó a la seguridad inmediata, sus actividades
no mejoraron las condiciones a largo plazo.
"Las empresas actúan al margen de la ley"
Con frecuencia. La condición
legal de los civiles contratados varía enormemente. A veces están
sujetos a las leyes del territorio en el que actúan y, en otras ocasiones,
a las de su país de origen, pero, a menudo, la distinción no está
clara. En marzo pasado, Zimbabue detuvo a 70 empleados de la empresa británica
de seguridad Logo Logistics, a los que acusó de conspirar para derrocar
al presidente Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial. Su situación
legal sigue en discusión.
La Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), el organismo dirigido
por EE UU que gobernó Irak hasta el 30 de junio, estipulaba que los civiles
a los que contrataba estaban sometidos a las leyes de su país de origen,
no a las iraquíes. La legislación creada por Estados Unidos para
ocuparse de este aspecto (la Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial,
del año 2000) deja sin especificar los detalles y encomienda al secretario
de Defensa estadounidense la tarea de iniciar los procesos pertinentes.
Más polémica resulta la situación de los civiles contratados
con arreglo al derecho internacional. En general, la actividad de las empresas
privadas de seguridad está sujeta al Convenio sobre Mercenarios de 1989
de la ONU, que rige solamente acciones mercenarias de gran significación,
como la destitución de un gobierno. Las leyes sobre derechos humanos
suelen ser vinculantes sólo para los Estados, por lo que la responsabilidad
formal de las empresas privadas es menor. Por ejemplo, cuando los miembros de
la empresa privada estadounidense DynCorp (contratada por Washington para formar
agentes de policía en los Balcanes) se vieron involucrados en redes de
tráfico sexual, ni los civiles ni la Administración estadounidense
pudieron ser objeto de una acción legal internacional.
Pero estos embrollos legales también pueden limitar los derechos de
esas personas. Preocupado desde hace tiempo por la situación de los civiles
contratados en el campo de batalla, el Ejército de Estados Unidos teme
que, ahora que dichos civiles están cada vez más cerca del uso
de la fuerza letal, tengan menos probabilidades de recibir un trato de prisioneros
de guerra si caen en manos de fuerzas enemigas.
Sin embargo, cuando los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) tomaron como rehenes a tres civiles contratados por Estados
Unidos en 2003 y les dieron tratamiento de prisioneros de guerra, el Gobierno
estadounidense insistió en seguir considerándoles oficialmente
como civiles secuestrados.
"Los gobiernos son los únicos que contratan empresas
privadas de seguridad"
No. Las empresas de seguridad trabajan
para gobiernos, empresas multinacionales y ONG. Las industrias del petróleo,
los diamantes y otras extracciones mineras recurren a ese tipo de empresas para
vigilar sus instalaciones (o entrenar a la población local para que las
vigilen), y tanto la ONU como las ONG utilizan guardias para sus convoyes. En
Irak, cualquier entidad extranjera necesita seguridad privada. Por tanto, la
presencia de civiles no dependía sólo del ejército y de
la Autoridad Provisional. La financiación privada de la seguridad (a
través de empresas, milicias o rebeldes) hace que sea más difícil
controlar el uso de la fuerza y produce complicados efectos secundarios. Los
errores se incrementan cuando los civiles contratados trabajan para gobiernos
y para intereses comerciales en el mismo territorio y con distintas normas de
conducta. También es un problema el hecho de que las empresas de seguridad
recurran a empleados locales para reducir costes y aprovechar sus conocimientos
del lugar. Docenas de empresas privadas de seguridad que trabajan en Irak han
contratado a iraquíes, a veces en asociación con nuevas empresas
de seguridad locales que, al parecer, dan trabajo a antiguos miembros de la
Guardia Republicana. Es una incógnita hasta qué punto las regulará
el nuevo Gobierno iraquí.
"La ONU debería contratar compañías
privadas para mantener la paz"
No. Quienes proponen que Naciones
Unidas contrate empresas privadas no pretenden sustituir las fuerzas de paz
de la ONU. Confían en hacerlas más flexibles y fáciles
de utilizar. Por ejemplo, en 2003, un grupo estadounidense denominado Asociación
para las Operaciones Internacionales de Paz propuso suministrar fuerzas privadas
a la República Democrática del Congo y coordinarlas con las fuerzas
locales. Era una idea desafortunada: sin un firme control oficial, las fuerzas
locales, entrenadas por los empleados de empresas privadas, podrían desestabilizar
la situación después de que dichos empleados abandonaran el país.
Tampoco es muy probable la contratación de empresas para que se ocupen
de las labores de mantenimiento de la paz. Tanto el Consejo de Seguridad como
la Asamblea General de la ONU se han mostrado reacios a esta medida, porque
a los gobiernos débiles les preocupa que se puedan utilizar esas fuerzas
privadas en su contra. Además, los ejércitos nacionales que participan
en labores de paz consideran a las empresas privadas como rivales. Las operaciones
de paz proporcionan a los ejércitos dinero y prestigio, y, en ocasiones,
son lo único que les mantiene con vida. Aun así, el informe sobre
las operaciones de paz de Naciones Unidas –el Informe Brahimi–,
de 2000, enumera varios métodos para que las fuerzas de la ONU colaboren
de manera más eficaz. Sin embargo, dice asimismo que los mayores obstáculos
para la eficacia de las operaciones de paz no se resolverían con la privatización.
"La contratación de empresas privadas debilita
el poder del Estado"
No siempre. Las empresas contratadas
pueden reforzar el poder de los Estados, por ejemplo, cuando un Estado debilitado
como Sierra Leona compra, en la práctica, un ejército. Los
contratistas también resultan muy útiles a países
poderosos como EE UU, que administra el caos de Irak con menos soldados de los
que muchos creían necesarios, contratando a más empleados civiles.
Los Estados que adoptan la seguridad privada tienen una herramienta flexible
para aplicar nuevas políticas exteriores, en parte porque las fuerzas
privadas disminuyen las restricciones políticas que suelen existir entre
las democracias. Los países que no recurren a este sector pierden poder
relativo. Sin embargo, a la hora de la verdad, las empresas privadas eliminan
el monopolio de la violencia por parte de los Estados. El hecho de que EE UU,
Gran Bretaña, Australia y la ONU contraten empresas privadas de seguridad
hace que a los gobiernos que se oponen a este tipo de contratos les resulte
más difícil contener a las empresas de seguridad de sus propios
países. Las guerras civiles de África han obligado a las empresas
mineras y a las ONG a contratar agentes de seguridad. Cuando esto ocurre, el
Estado tiene cada vez menos control sobre su territorio y los conflictos son
cada vez más difíciles de solucionar.
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¿Tiene importancia para un país que unos empleados
civiles sustituyan al personal militar en diversas funciones cruciales de seguridad
nacional… en una zona de guerra? La respuesta está en la larga tradición
de contratar soldados a lo largo de la historia de la humanidad y en el papel
cambiante de las empresas de seguridad. Mientras los gobiernos discuten cómo
exigirles responsabilidades, los policías de alquiler están
volviéndose indispensables para ejércitos nacionales, compañías
privadas y ONG de todo el mundo. Deborah Avant
"Las empresas de seguridad privada
son mercenarias"
No. El término "mercenario"
califica una amplia variedad de actividades militares, muchas de ellas de escaso
parecido con las de las empresas actuales de seguridad. La actividad mercenaria
que se asocia con entidades como la Compañía Británica
de las Indias Orientales surgió cuando los Estados-nación empezaron
a aprobar la creación de empresas para establecer colonias y dedicarse
al comercio de larga distancia. Las unidades mercenarias que lucharon en la
revolución norteamericana eran, en realidad, un préstamo del Estado
alemán de Hesse al Ejército británico. Los mercenarios
que causaron estragos en el continente africano durante la década de
los 60 eran individuos o pequeños grupos ex militares que actuaban en
la sombra.
Los civiles que logran este tipo de contratos en la actualidad se parecen más
a los empresarios militares de finales de la Edad Media. Hasta el auge del Estado-nación,
casi todos los soldados eran gente contratada. A partir del siglo xii y hasta
la paz de Westfalia, en 1648, los contratistas militares solían emplear
a soldados formados en las estructuras feudales y les enviaban a quien estuviera
dispuesto a pagar, fueran ciudades-Estado italianas o el Vaticano. Aquellas
empresas militares llevaban a cabo tareas políticas como librar guerras,
mantener el orden y recaudar impuestos. Algunos historiadores vinculan el ascenso
de las tropas contratadas a finales de la Edad Media con la incapacidad del
sistema feudal de hacer frente a las necesidades, cada vez más complejas,
de una sociedad en pleno proceso de modernización. Hoy existen razones
similares: las presiones del mercado, la tecnología y el cambio social
de un mundo globalizado crean múltiples demandas que a los ejércitos
nacionales les resulta difícil resolver.
En la actualidad, las empresas privadas de seguridad son compañías
que se encargan del apoyo logístico, labores de formación, seguridad,
información, análisis de riesgos y mucho más. Operan en
un mercado abierto, trabajan en varios contratos al mismo tiempo y presumen
de su profesionalidad. Sus proyectos los llevan a cabo no empleados permanentes,
sino personas sacadas de bases de datos sobre personal ex militar y antiguos
miembros de las fuerzas del orden. Pueden aparecer en varias bases de datos,
pasar fácilmente de un contrato (y una compañía) al siguiente
y trabajar por su cuenta cuando no están a las órdenes de nadie.
Aunque muchos son gente respetable, algunos recuerdan de forma inquietante a
los mercenarios de los años 60.
"La Administración Bush ha incrementado el uso
de contratistas militares"
Falso. EE UU incrementó el
uso de contratos militares externos durante los años 90 debido a la reducción
del número de tropas tras el final de la guerra fría y el estallido
de numerosos conflictos étnicos y regionales. Durante la primera guerra
del Golfo, en 1991, EE UU empleó un especialista civil por cada 50 militares
en activo. Los conflictos étnicos en Bosnia Herze-govina, a mediados
de la década, y el de Kosovo, en 1999, hicieron que la proporción
aumentara a 1 de cada 10, más o menos igual que en la guerra de Irak.
Ahora bien, desde que George W. Bush anunció el fin de las "grandes
operaciones de combate" en Irak, en mayo de 2003, los empleados de empresas
de seguridad han inundado el país. La inestabilidad de la situación
exige el máximo de las fuerzas de la coalición y, debido a la
ausencia de un mandato de la ONU (al menos hasta la resolución 1.486)
no se pudo contar con otros recursos, por lo que las empresas privadas están
cada vez más próximas a los combates a medida que se prolonga
la rebelión iraquí. El interés de la prensa por los empleados
civiles allí presentes, como los estadounidenses acusados de torturas
y abusos en la cárcel de Abu Ghraib, ha hecho que el público sea
más consciente de la existencia de ese tipo de contratos.
"Los empleados civiles no participan en combates ni en
acciones militares esenciales"
Falso. Aunque el secretario de Defensa
estadounidense, Donald Rumsfeld, dijo que el Pentágono iba a contratar
con empresas privadas todo tipo de tareas menos las fundamentalmente militares,
lo cierto es que las empresas contratadas por el ejército realizan muchas
de ellas. Los especialistas civiles poseen los conocimientos técnicos
necesarios para mantener unos sistemas de armamento cada vez más complejos.
A menudo, las empresas privadas suministran servicios fundamentales en las misiones
de mantenimiento de la paz y construcción del gobierno, desde proporcionar
miembros civiles para la policía hasta entrenar a las fuerzas militares
y policiales de nueva creación. La guerra contra el terrorismo
hace que tengan más importancia las tareas de información, de
las que las empresas privadas están muy dispuestas a encargarse; incluidos,
como hemos visto, los interrogatorios en prisiones. Como demuestra el conflicto
de Irak, muchas tareas militares que, en teoría, no son fundamentales,
sí lo son durante una guerra. La traducción simultánea
puede parecer una actividad rutinaria, pero a dos de los cuatro civiles involucrados
en el Informe Taguba sobre Abu Ghraib les contrataron como intérpretes
o traductores.
"Los empleados de empresas contratadas por el ejército
son más baratos que los soldados"
Hay que demostrarlo. Numerosos estudios
sobre la privatización y el recurso a empresas externas indican que deben
darse dos condiciones para que los servicios del sector privado sean más
rentables que los oficiales: un mercado competitivo y la flexibilidad del contratista
privado a la hora de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, los gobiernos
suelen restringir la competencia para mantener la fiabilidad y la continuidad.
Por ejemplo, la empresa de servicios militares Kellog, Brown & Root (filial
de Halliburton) obtuvo un contrato no sometido a puja para reconstruir los campos
de petróleo iraquíes en 2003 porque el Pentágono decidió
que era la única empresa con las dimensiones y los requisitos de seguridad
necesarios para el trabajo. Además, muchas veces, los gobiernos imponen
unas condiciones que reducen la flexibilidad de las empresas privadas.
Lo más significativo es que la rentabilidad no es una de las tres razones
para contratar con empresas privadas que menciona un informe elaborado por la
oficina de investigación del Gobierno de EE UU, la Oficina General de
Cuentas (GAO), en 2003 sobre los contratos militares. Las razones son: contar
con conocimientos técnicos especializados, no verse restringidos por
los límites a la presencia autorizada de soldados en ciertas regiones
y garantizar que unos recursos que son escasos estén disponibles para
otras tareas.
Las informaciones sobre la guerra de Irak hablan sobre los altos sueldos de
los civiles contratados –alrededor de 20.000 dólares mensuales,
el triple o más de lo que ganan los soldados en activo–, pero esas
cifras no explican si, pese a todo, dichos civiles resultan rentables. Algunos
analistas afirman que las empresas privadas son más baratas porque permiten
que el ejército no tenga que gastar en reclutar, formar y desplegar personal.
Sin embargo, la mayoría de los civiles contratados han sido reclutados
y formados por un gobierno. Los militares estadounidenses han expresado su preocupación
por la posibilidad de que el atractivo de las empresas privadas disminuya la
capacidad del ejército de conservar a su personal; una inquietud que
comparten todos los mandos militares desde Gran Bretaña hasta Chile.
"Los contratados no responden ante nadie"
Una exageración. Muchos gobiernos
regulan las empresas privadas de seguridad en menor o mayor medida. En EE UU,
por ejemplo, todos los contratos oficiales con empresas privadas de seguridad
deben atenerse a las Normas Federales de Adquisición y otras reglas del
Departamento de Defensa. El hecho de que a un civil se le pueda despedir hace
que, por lo menos, sea mínimamente responsable de sus actos. Por ejemplo,
el ex dictador de Sierra Leona Valentine Strasser despidió a la empresa
Gurkhas Security Guards (GSG), con sede en Gran Bretaña, por haberse
negado a proporcionar servicios de seguridad para las instalaciones de entrenamiento
del ejército en 1995.
Ahora bien, la responsabilidad privada es distinta de la responsabilidad en
organizaciones militares que funcionan bien. Las fuerzas militares sólo
dependen de sus gobiernos, que pueden emplear varios métodos para pedir
cuentas a un grupo o un individuo, como retener fondos. Los civiles tienen que
responder ante una serie de empresas, y son susceptibles, sobre todo, a los
incentivos de mercado. Por ejemplo, cuando un civil decide si acepta una oferta,
tiene en cuenta de qué forma puede afectar esa oferta a sus otros clientes,
si va a aumentar su prestigio en el mercado y, en definitiva, sus ingresos.
Los directivos de GSG tenían miedo de que ayudar a la formación
de los soldados de Sierra Leona diera a la empresa una fama de mercenarios que
amenazaría futuros contratos. Dado que trabajaban para clientes como
el Gobierno británico, esa preocupación era razonable.
Más inquietante es el uso de civiles para evitar la responsabilidad
del gobierno. Un ejemplo: en Estados Unidos, el Poder Ejecutivo contrata a civiles.
Aunque el Congreso estadounidense es el que aprueba el presupuesto militar,
su acceso a la información sobre contratos suele ser limitado. Y el presidente
puede aprovechar esa circunstancia para eludir las restricciones sobre lo que
se puede hacer oficialmente, con lo que, a fin de cuentas, disminuye la capacidad
del Congreso de vigilar la política exterior.
Además, los civiles contratados pueden contribuir a la política
exterior por poderes, al permitir que el gobierno (o una parte de él)
altere la situación sobre el terreno pero desde lejos, de forma que,
llegado el caso, puede alegar posible ignorancia. En 1994, Estados Unidos contrató
a la empresa Military Professional Resources International (MPRI) para que asesorara
al Gobierno croata. De esa manera, el presidente del país, Franjo Tudjman,
obtuvo las ventajas de la ayuda militar estadounidense a través de una
empresa privada. Londres también ha promovido contratos de este tipo
en países donde empresas británicas tienen intereses comerciales.
"Valoran más los beneficios que la paz"
No siempre. Aunque muchos detractores
aseguran que las empresas con contratos militares están interesadas,
por motivos económicos, en prolongar el conflicto en vez de acabar con
él, pocas veces se ha acusado a civiles contratados de agravar las situaciones
de forma intencionada. De hecho, muchos defensores de los derechos humanos creen
que esas empresas contribuyen a acelerar intervenciones que las potencias occidentales
pueden no atreverse a hacer, como ocurrió con el genocidio de 1994 en
Ruanda.
No obstante, a veces, las empresas civiles empeoran la situación a largo
plazo. En 1995, cuando la empresa británica de seguridad Executive Outcomes
(EO) ayudó al ejército de Sierra Leona a defender la capital de
los rebeldes, sus empleados vieron que no podían fiarse de que el ejército
pudiera recuperar las minas de diamantes del país. Unas minas que eran
fundamentales para que EO pudiera cobrar, y, además, las empresas de
extracción contrataban a filiales de la compañía. Como
se jugaba tanto en las minas, EO decidió recurrir a las milicias locales,
con lo que, sin darse cuenta, fortaleció el crecimiento de un ejército
paralelo. Las tensiones entre el ejército y las milicias desembocaron
en un golpe y las milicias impidieron que avanzaran negociaciones de paz posteriores.
Es decir, aunque EO contribuyó a la seguridad inmediata, sus actividades
no mejoraron las condiciones a largo plazo.
"Las empresas actúan al margen de la ley"
Con frecuencia. La condición
legal de los civiles contratados varía enormemente. A veces están
sujetos a las leyes del territorio en el que actúan y, en otras ocasiones,
a las de su país de origen, pero, a menudo, la distinción no está
clara. En marzo pasado, Zimbabue detuvo a 70 empleados de la empresa británica
de seguridad Logo Logistics, a los que acusó de conspirar para derrocar
al presidente Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial. Su situación
legal sigue en discusión.
La Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), el organismo dirigido
por EE UU que gobernó Irak hasta el 30 de junio, estipulaba que los civiles
a los que contrataba estaban sometidos a las leyes de su país de origen,
no a las iraquíes. La legislación creada por Estados Unidos para
ocuparse de este aspecto (la Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial,
del año 2000) deja sin especificar los detalles y encomienda al secretario
de Defensa estadounidense la tarea de iniciar los procesos pertinentes.
Más polémica resulta la situación de los civiles contratados
con arreglo al derecho internacional. En general, la actividad de las empresas
privadas de seguridad está sujeta al Convenio sobre Mercenarios de 1989
de la ONU, que rige solamente acciones mercenarias de gran significación,
como la destitución de un gobierno. Las leyes sobre derechos humanos
suelen ser vinculantes sólo para los Estados, por lo que la responsabilidad
formal de las empresas privadas es menor. Por ejemplo, cuando los miembros de
la empresa privada estadounidense DynCorp (contratada por Washington para formar
agentes de policía en los Balcanes) se vieron involucrados en redes de
tráfico sexual, ni los civiles ni la Administración estadounidense
pudieron ser objeto de una acción legal internacional.
Pero estos embrollos legales también pueden limitar los derechos de
esas personas. Preocupado desde hace tiempo por la situación de los civiles
contratados en el campo de batalla, el Ejército de Estados Unidos teme
que, ahora que dichos civiles están cada vez más cerca del uso
de la fuerza letal, tengan menos probabilidades de recibir un trato de prisioneros
de guerra si caen en manos de fuerzas enemigas.
Sin embargo, cuando los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) tomaron como rehenes a tres civiles contratados por Estados
Unidos en 2003 y les dieron tratamiento de prisioneros de guerra, el Gobierno
estadounidense insistió en seguir considerándoles oficialmente
como civiles secuestrados.
"Los gobiernos son los únicos que contratan empresas
privadas de seguridad"
No. Las empresas de seguridad trabajan
para gobiernos, empresas multinacionales y ONG. Las industrias del petróleo,
los diamantes y otras extracciones mineras recurren a ese tipo de empresas para
vigilar sus instalaciones (o entrenar a la población local para que las
vigilen), y tanto la ONU como las ONG utilizan guardias para sus convoyes. En
Irak, cualquier entidad extranjera necesita seguridad privada. Por tanto, la
presencia de civiles no dependía sólo del ejército y de
la Autoridad Provisional. La financiación privada de la seguridad (a
través de empresas, milicias o rebeldes) hace que sea más difícil
controlar el uso de la fuerza y produce complicados efectos secundarios. Los
errores se incrementan cuando los civiles contratados trabajan para gobiernos
y para intereses comerciales en el mismo territorio y con distintas normas de
conducta. También es un problema el hecho de que las empresas de seguridad
recurran a empleados locales para reducir costes y aprovechar sus conocimientos
del lugar. Docenas de empresas privadas de seguridad que trabajan en Irak han
contratado a iraquíes, a veces en asociación con nuevas empresas
de seguridad locales que, al parecer, dan trabajo a antiguos miembros de la
Guardia Republicana. Es una incógnita hasta qué punto las regulará
el nuevo Gobierno iraquí.
"La ONU debería contratar compañías
privadas para mantener la paz"
No. Quienes proponen que Naciones
Unidas contrate empresas privadas no pretenden sustituir las fuerzas de paz
de la ONU. Confían en hacerlas más flexibles y fáciles
de utilizar. Por ejemplo, en 2003, un grupo estadounidense denominado Asociación
para las Operaciones Internacionales de Paz propuso suministrar fuerzas privadas
a la República Democrática del Congo y coordinarlas con las fuerzas
locales. Era una idea desafortunada: sin un firme control oficial, las fuerzas
locales, entrenadas por los empleados de empresas privadas, podrían desestabilizar
la situación después de que dichos empleados abandonaran el país.
Tampoco es muy probable la contratación de empresas para que se ocupen
de las labores de mantenimiento de la paz. Tanto el Consejo de Seguridad como
la Asamblea General de la ONU se han mostrado reacios a esta medida, porque
a los gobiernos débiles les preocupa que se puedan utilizar esas fuerzas
privadas en su contra. Además, los ejércitos nacionales que participan
en labores de paz consideran a las empresas privadas como rivales. Las operaciones
de paz proporcionan a los ejércitos dinero y prestigio, y, en ocasiones,
son lo único que les mantiene con vida. Aun así, el informe sobre
las operaciones de paz de Naciones Unidas –el Informe Brahimi–,
de 2000, enumera varios métodos para que las fuerzas de la ONU colaboren
de manera más eficaz. Sin embargo, dice asimismo que los mayores obstáculos
para la eficacia de las operaciones de paz no se resolverían con la privatización.
"La contratación de empresas privadas debilita
el poder del Estado"
No siempre. Las empresas contratadas
pueden reforzar el poder de los Estados, por ejemplo, cuando un Estado debilitado
como Sierra Leona compra, en la práctica, un ejército. Los
contratistas también resultan muy útiles a países
poderosos como EE UU, que administra el caos de Irak con menos soldados de los
que muchos creían necesarios, contratando a más empleados civiles.
Los Estados que adoptan la seguridad privada tienen una herramienta flexible
para aplicar nuevas políticas exteriores, en parte porque las fuerzas
privadas disminuyen las restricciones políticas que suelen existir entre
las democracias. Los países que no recurren a este sector pierden poder
relativo. Sin embargo, a la hora de la verdad, las empresas privadas eliminan
el monopolio de la violencia por parte de los Estados. El hecho de que EE UU,
Gran Bretaña, Australia y la ONU contraten empresas privadas de seguridad
hace que a los gobiernos que se oponen a este tipo de contratos les resulte
más difícil contener a las empresas de seguridad de sus propios
países. Las guerras civiles de África han obligado a las empresas
mineras y a las ONG a contratar agentes de seguridad. Cuando esto ocurre, el
Estado tiene cada vez menos control sobre su territorio y los conflictos son
cada vez más difíciles de solucionar.
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Deborah Avant es profesora asociada
de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad George
Washington y autora de un próximo libro sobre seguridad privada y cambio
político.
