Con niveles de violencia insólitos y en medio de un año electoral que, ingenuamente, se augura como un momento histórico de transformación política por unos, el 50º aniversario del movimiento estudiantil de 1968 es un recordatorio que la transición democrática que muchos soñaban aún se encuentra pendiente.
El año 1968 fue uno de movimientos sociales que cimbraron el orden político de los países en donde se gestaron. Aun en un periodo de crecimiento económico sostenido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, éstos se expresaron en forma de protesta social en distintos frentes, como la defensa de los derechos de la mujer o de los derechos laborales de la creciente masa de trabajadores urbanos. Los movimientos estudiantiles tuvieron un papel clave en esta ola de protesta que, entre otras cosas, buscaban mayor apertura para la participación política y las libertades individuales ante los gobiernos autoritarios.
En México, el crecimiento económico de la época estuvo acompañado de una emergente clase media que exigía mayores derechos políticos. Sin embargo, el milagro mexicano que se produjo en el campo económico no fue reproducido en el ámbito político. Al contrario, el régimen unipartidista bajo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se había consolidado en el poder gracias a las prácticas clientelares y corporativistas que moldearon el sistema político que sigue vigente.
El movimiento estudiantil del 68, que originalmente buscaba defender la autonomía universitaria y detener la represión del Estado contra los estudiantes, fue transformándose para incluir a más sectores de la sociedad mexicana, y exigir concretamente la defensa de los derechos ciudadanos y la apertura política. La masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, a solo 10 días del inicio de los primeros Juegos Olímpicos latinoamericanos que pretendían presumir al exterior un México de primer mundo, fue transcendental para la gradual adopción de esas demandas.
El Estado avasallador
La represión del movimiento estudiantil fue una de las reacciones del gobierno ante lo que percibía como una amenaza a su legitimidad y credibilidad. La otra reacción, y la clave de la perpetuidad del sistema político mexicano, especialmente a partir de la masacre de Tlatelolco, es la adaptación de su clase política con la intención de acomodar las demandas de los diferentes grupos que buscan acceso al poder. Mientras el gobierno chocaba con los elementos más radicales que surgieron en los 60 (parte de la llamada “guerra sucia”), hubo intentos por reformar ciertos aspectos del régimen priista para apaciguar estas demandas. Pero los movimientos sociales, aunque fundamentales como detonador del cambio, no obtuvieron un lugar en este ajedrez político.
Las reformas electorales post 68 fueron los primeros intentos de apertura política, o más bien acomodo, que formaron parte de esta estrategia de adaptación. La supresión violenta como herramienta principal para callar a la oposición dejó de ser una alternativa viable para el sistema político si quería sobrevivir. Las reformas electorales buscaban cerrar la brecha entre el oficialismo y las fuerzas opositoras, en su mayoría grupos que buscaban acceso al poder. Así, se crearon institutos electorales fuera del control directo del ejecutivo federal, se reguló el acceso a medios y se introdujo la representación proporcional para dar mayor representación a las minorías, entre otras medidas. Pero el PRI ha logrado afianzar candados para su continua influencia en los procesos y resultados de las elecciones.
Igualmente, la ausencia de procesos democráticos en el interior de los partidos ha llevado a que las bases populares de éstos no sean más que clientelas para el apoyo político-electoral. Si bien es común identificar la transición democrática en México a partir de la elección presidencial de 2000 que terminó con más de 70 años del monopolio priista –o bien, a partir de la elección intermedia de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta de la cámara baja–, la alternancia en el gobierno federal no modificó las reglas del sistema político basadas en negociaciones a puerta cerrada entre cúpulas partidistas y su nula rendición de cuentas. De esa forma, la estrategia de adaptación como pacto cupular ahora suma a todos los partidos políticos.
¿Y la sociedad civil?
Lo más notable de esta evolución electoral es la escasa influencia que tuvo y sigue teniendo la sociedad civil. Estas reformas, aunque fueron empujadas con presión ciudadana, fueron esencialmente producto de negociaciones entre las cúpulas del PRI y las de distintos grupos de oposición, en su mayoría formados en la escuela del priismo clientelar. No sorprende, entonces, que cada elección venga acompañada posteriormente de reformas para responder a los reclamos de las partes derrotadas, pero sin llevar a cambios sustanciales en el sistema político en sí. Aunque este reformismo electoral ha buscado la inclusión de otros partidos, así como mayor transparencia y equidad en los procesos, en la práctica las reglas de la partidocracia siguen más vivas que nunca.
Tampoco es de esperarse que otras reformas en distintos ámbitos como el fiscal, educativo o judicial sean trascendentales. Se puede constatar el papel clave de organizaciones de sociedad civil en la consumación de iniciativas de gran valor como la reforma al sistema penal de 2008 y la reforma educativa de 2013, entre otras. Sin embargo, estos logros son opacados por el historial en su legislación e implementación, precisamente porque éstas son tarea de las instituciones presididas por los partidos políticos. El ejemplo más claro hoy en día es el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual quedó difunto al buscar los partidos que el fiscal designado careciera de la autonomía requerida para ser realmente eficaz.
Los logros que se han gestado desde la sociedad civil en temas de transparencia, rendición de cuentas y autonomía de entidades como el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos están en jaque. Si el sistema político está cooptado por los partidos, es entendible que el “pacto de impunidad” existente difícilmente pueda ser transformado desde el interior del sistema político, no sin antes lograr cambios que rompan ese círculo vicioso que estimulan los partidos y bloquea la participación de la sociedad civil.
Desafortunadamente hay pocas señales de esfuerzos ciudadanos que impulsen agendas realmente reformistas. Las elecciones del 2018 son una muestra desoladora. Un ejemplo son las candidaturas independientes impulsadas para “mejorar la calidad democrática del país” al otorgar el derecho ciudadano a ser votado sin tener que estar afiliado a un partido político. Éstas resultaron en una desilusión, esencialmente, porque están viciadas de origen: la legislación bloquea efectivamente el acceso ciudadano a la boleta y permite que aspirantes que no cumplen con los requisitos o cometan fraude obtengan el registro.
Conforme a la estrategia de adaptación del sistema político mexicano, los partidos cedieron a acomodar la demanda de candidaturas independientes, no sin antes cargar la legislación con candados desmesurados que prácticamente bloquean el acceso de ciudadanos sin apoyo de clientelas.
El caso de dos de los cinco candidatos presidenciales, Jaime “El Bronco” Rodríguez y Margarita Zavala, retrata nítidamente esta simulación. Ambos se postularon como independientes después de militar por años en el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), respectivamente; contaron con el apoyo de facciones de sus antiguos partidos para recolectar firmas; y además se evidenciaron múltiples irregularidades como firmas falsas y dinero de origen desconocido. En contraste, la única candidata presidencial realmente ciudadana, María de Jesús “Marichuy” Patricio Martínez, fue electa internamente y democráticamente por el Congreso Nacional Indígena y fue la candidata con más firmas validadas del total recolectadas, aunque no alcanzó el umbral requerido. En otras palabras, jugó limpió y perdió.
Una ‘mafiocracia’
La llamada transición democrática se ha convertido en una plena partidocracia, más allá del sistema político que se construyó en el siglo pasado desde las trincheras del nacionalismo revolucionario y que encarnaba el PRI. Si algo se democratizó fue el sistema político mafioso que hoy existe.
La manifestación más explícita de este statu quo mafioso es la inseguridad rampante en sus múltiples aristas. La incidencia de delitos predatorios como el homicidio, robo y secuestro se ha amplificado en la última década, en gran parte por el continuo desequilibrio en los mercados de protección que surgieron a partir de la alternancia y la militarización de la seguridad pública.
Las mafias, que surgieron originalmente como fuentes de protección privada, funcionan en México como una red de protección del Estado a diferentes actores no estatales que dominan los mercados ilícitos. Esto va más allá del tráfico de drogas ilícitas; hay hasta 22 tipos de delitos que son parte de lo que ampliamente se denomina crimen organizado. La delincuencia organizada hay en todo el mundo, pero es en países con un Estado de Derecho ausente como México donde se manifiesta con violencia la competencia por esos mercados. La violencia, pues, no es una causa sino una consecuencia del statu quo mafioso.
Detrás de la violencia está lo que realmente mueve al sistema político mafioso: la corrupción. De estos mercados ilícitos salen enormes flujos de efectivo que necesitan ser reingresados al sistema financiero legal. Pero gracias a la corrupción e impunidad, en México no se investiga ni castiga de forma sistemática el lavado de dinero ni otros tipos de delitos patrimoniales.
Democracia de papel
No es difícil encontrar señales de descontento y desencanto con el actual sistema político. Las encuestas de victimización lo dejan claro: la principal razón por la que las víctimas no denuncian delitos es “por causas atribuibles a la autoridad”, al considerar que es una pérdida de tiempo denunciar y por desconfiar en las autoridades. Similarmente, la desconfianza en los partidos políticos es tal que, entre los países latinoamericanos, México es el país donde sus ciudadanos tienen menos credibilidad en sus representantes, solo arriba de Chile. El nivel de aprobación del Gobierno está también entre los peores (menos del 25%), mientras que solo 19% piensa que el país está progresando.
Esto no es solo un asunto de percepción. Dos botones de muestra para ilustrarlo son el uso político de instituciones de justicia, utilizadas para escudar a funcionarios denunciados por corrupción y en procesos electorales para atacar a candidatos de oposición, y la impunidad que ronda en 94% en general y hasta en 98% para delitos como la extorsión y el secuestro.
Queda entonces un largo camino para cumplir con lo que el movimiento estudiantil de 1968 soñaba. La alternancia electoral se forjó lentamente con presión ciudadana y logró la alternancia, pero la democracia es más que votar por el menos malo. Para cambiar el statu quo es necesario cambiar las reglas del juego, pero jugar al juego mientras se busca cambiarlo es un sinsentido. Aquí es donde entra una lección vital del 68: la democracia no se negocia, se demanda. No hacerlo es ser cómplice de una democracia de papel.
