El país asiático celebrará elecciones en marzo tras casi cinco años de dictadura militar, pero pocos ven la cita electoral como una vuelta al juego democrático.
El pasado 8 de febrero, la política tailandesa dio un giro propio de una de las enrevesadas telenovelas que triunfan durante el prime time de las principales cadenas del país. Las candidaturas para presentarse a primer ministro en las próximas elecciones previstas para el 24 de marzo estaban a punto de cerrar y las piezas parecían estar claramente dispuestas en el tablero de juego. Sin embargo, a primera hora de la mañana se confirmaba un rumor que llevaba dos días rumiándose y que la mayoría había considerado como demasiado atrevido: la princesa Ubolratana Mahidol, la hermana mayor del actual rey, se presentaba.
En las horas siguientes al anuncio, las elecciones que la junta militar había diseñado cuidadosamente durante los últimos cuatro años para asegurarse una victoria, parecían perdidas. La monarquía es una institución venerada en Tailandia, protegida por una dura ley de lesa majestad, y aunque oficialmente no puede involucrarse en política, el monarca siempre planea sobre los gobiernos del país. Ubolratana era así la primera persona de la familia real que se aliaba abiertamente con un partido político, algo que supuestamente podía hacer porque había perdido sus títulos honoríficos en los 70 para casarse con un estadounidense. Sin embargo, la princesa, que se presentaba por uno de los partidos relacionados con el multimillonario Thaksin Shinawatra, seguía conservando su popularidad real. Y con ella un gran tirón electoral que duró tan sólo unos días, hasta que la candidatura fue anulada por la Comisión Electoral.
Este movimiento casi desesperado de la oposición es sólo una muestra más del guión surrealista que rige hoy la política tailandesa tras casi tres lustros de crisis en los que se han visto dos golpes de Estado y decenas de multitudinarias protestas de las dos principales facciones en las calles, los camisas rojas y los camisas amarillas. En el centro de esa crisis ha estado la figura del controvertido Thaksin Shinawatra, quien se convirtió en primer ministro en 2001 y fue depuesto en un golpe de Estado en 2006, y que sigue siendo una de las figuras con mayor influencia en la política del país a pesar de estar en el exilio en Dubai. Y es también el mayor quebradero de cabeza de los militares, que en mayo de 2014 depusieron de nuevo un gobierno encabezado por el Pheu Thai, un partido patrocinado por Thaksin.
Desde entonces, la junta militar que aún gobierna el país ha estado diseñando un sistema que permitiera al país volver a un sistema democrático –al menos en apariencia– pero asegurándose de que no vuelva a caer en manos de los Shinawatra. Para ello la junta ha remodelado todo el sistema político y electoral, aprobando una nueva Constitución y toda una batería de leyes orgánicas que regulan cómo los gobiernos civiles serán elegidos en el futuro. “Estamos seguros de que todas las leyes que están aprobando tienen el objetivo de acabar con el Pheu Thai”, asegura Chusak Sirinil, asesor legal del partido. “Desde que llegaron al poder, la ambición de los militares ha sido reducir la influencia de Thaksin Shinawatra y de los antimonarquistas lo más posible. Esta es seguramente la verdadera razón por la que las elecciones han sido pospuestas en varias ocasiones”, aseguraba el banco francés Paribas en un análisis sobre las próximas elecciones.
Una política tumultuosa
La política tailandesa nunca se ha caracterizado por su estabilidad y, desde el inicio del periodo constitucional en los años 30, los asuntos de Estado estuvieron en manos de un complejo equilibro entre militares y monarquía, con gobiernos cortos y golpes de Estado frecuentes. En los 90, ese equilibrio se resquebrajó y los militares perdieron parte de su influencia política. Una nueva Constitución, la de 1997, abrió entonces la puerta a que otros grupos sociales pudieran tener cuotas de poder. Y entonces llegó Thaksin Shinawatra.
La llegada de Thaksin al poder en 2001 cambió por completo la dinámica de la política tailandesa. Tras décadas de políticas centradas en la capital, Bangkok, Thaksin supo ver que las zonas rurales estaban hambrientas de que alguien hablara de sus problemas y aprobó así una batería de medidas dirigidas a ellos, que sus detractores tildan de populistas y sus seguidores, de redistributivas, que iban desde ampliar la cobertura de la sanidad pública a créditos baratos para los pobres. Estas políticas fueron acompañadas de serias violaciones de derechos humanos, pero la fórmula funcionó y desde entonces cualquier partido relacionado con Thaksin ha ganado todas las elecciones que se han celebrado.
Casi tres lustros después de la caída de Thaksin, el millonario sigue movilizando masas. Así, según una encuesta realizada a principios de febrero por la Universidad de Khon Kaen, el 44,8% de los encuestados aseguraba que votaría al Pheu Thai, mientras que sólo el 7,4% se decantaba por el partido alineado con la junta militar, el Palang Pracharat Party.
Sin embargo, los militares se han asegurado de ponerles las cosas difíciles a la oposición aunque consigan una mayoría en los comicios. Así, la nueva Constitución promulgada en abril de 2017 fue presentada como el primer paso para reinstaurar un sistema de gobierno civil. Sin embargo, analistas y activistas advierten de que la realidad es diferente. “Con esta constitución han intentado crear algo que puedan predecir y algo que puedan controlar”, asegura Paul Chambers, un experto en política tailandesa en la Universidad de Naresuan. “Parece democracia, actúa como una democracia, pero no es democracia”, asegura el analista.
Un informe de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, publicado antes del referéndum por el que se aprobó la Constitución en 2016, también denunciaba la erosión de los principios democráticos que suponía la nueva Carta Magna. “Lejos de ser el paso clave para conseguir lo que el NCPO (las siglas oficiales de la junta militar tailandesa) [la Constitución] crea instituciones antidemocráticas, debilita el poder de los futuros gobiernos electos y probablemente dará alas a la inestabilidad política”, aseguraba el documento. La nueva Constitución instaura así un senado que es elegido de forma indirecta por la junta militar y establece un periodo de transición de cinco años por el que ese mismo senado tendrá un papel determinante a la hora de elegir el próximo gobierno. El nuevo marco legal permite además que sea elegido como primer ministro alguien que no se haya presentado como candidato a los comicios, siempre que tenga el apoyo de alguno de los partidos. Prayuth Chan-ocha, actual primer ministro y general que lideró el golpe de 2014, ha sido ya respaldado por el Palang Pracharat. “No hay nada que indique que las próximas elecciones puedan ser consideradas un ejercicio genuino de un voto democrático. Será un show”, asegura Sunai Pasuk, investigador en Tailandia para la organización Human Rights Watch. Según Sunai, el resultado de las urnas será indiferente debido al papel determinante del senado. “Puede que el Pheu Thai gane las elecciones pero el margen no será suficiente para competir con los senadores”, continúa el investigador.
Además, añade Sunai Pasuk, aunque la junta militar levantó el pasado mes de diciembre las prohibición de desarrollar actividades políticas que había instaurado tras el golpe, aún existen leyes que restringen la libertad de expresión y que minan el proceso democrático. Una de las más temidas es la ley de lesa majestad, que prevé penas de cárcel de hasta 15 años para cualquiera que “insulte, amenace o difame” a la familia real.
Sin embargo, una de las más utilizadas contra la oposición es la Ley de Crímenes Informáticos, que permite al gobierno denunciar a cualquiera que comparta información en Internet que sea considerada “falsa” o “distorsionada”. “Entre un 70% y un 80% de los casos son contenido online”, asegura Yingcheep Atchanont, Project Manager de iLaw, una organización de derechos humanos con un enfoque legal. Así, la ley ha sido utilizada contra algunas de las figuras clave de la oposición, incluyendo el también multimillonario y nueva estrella de la política del país, Thanathorn Juangroongruangkit, fundador del nuevo partido Future Forward. Thanathorn, que se presenta como candidato a primer ministro, tiene ahora un caso abierto por criticar a la junta militar en un vídeo online compartido por su partido.
La Constitución también prevé un nuevo sistema electoral proporcional que fragmentará el Parlamento, dificultando que ningún partido consiga una mayoría. “Cuando escribes sobre el sistema electoral tailandés, no sabes cómo llamarlo porque es realmente único”, asegura Khemthong Tonsakulrungruang, un académico de Derecho Constitucional en la Universidad de Bristol. “La esencia de estas elecciones será cómo hacer ingeniería para burlar el sistema. Todos se convierten en técnicos”, continúa.
Además, la junta militar ha aprobado un plan para los próximos 20 años que bloquea la mayor parte de las políticas económicas y sociales que deberán seguir los gobiernos electos durante las próximas décadas. No cumplir con el plan puede suponer la suspensión indefinida de la función pública o incluso la cárcel, por lo que los gobiernos en el futuro tendrán una capacidad limitada para decidir sus políticas. “Las elecciones son muy hostiles hacia el primer ministro. Si miras las reglas, van a hacer la vida del siguiente primer ministro un infierno”, asegura Khemthong.
Todas estas normas y restricciones han levantado las alarmas sobre el verdadero significado de los comicios y sobre si suponen un paso adelante para volver a un sistema democrático o si servirán de excusa para que los militares puedan seguir controlando el poder. “La legitimidad internacional es importante para Tailandia pero se necesita más que una simple apariencia de [celebrar] elecciones democráticas [para que la comunidad internacional acepte un gobierno]”, asegura Kingsley Abbott, consejero legal de la Comisión Internacional de Juristas.
Sin embargo, para algunos, la llamada a las urnas serán al menos simbólicas. “Las próximas elecciones serán muy importantes para los tailandeses”, asegura la activista a favor de la democracia Chonthicha Jangrew. “La gente tendrá que decidir: ¿quieres [seguir] viviendo bajo un régimen militar o quieres que Tailandia vuelve a ser una democracia?”
