En las últimas semanas, los combates se han intensificado enormemente en Myanmar. Empezaron en el norte del estado de Shan, pero ya se están extendiendo al resto del país, y el Ejército está sufriendo una gran presión en el campo de batalla, una situación que tiene inquietantes consecuencias humanitarias.
El 27 de octubre, una alianza de grupos armados étnicos inició una ofensiva coordinada contra las fuerzas del régimen de Myanmar en el norte del estado de Shan, capturaron varias ciudades, cortaron importantes rutas comerciales terrestres hacia China y tomaron decenas de puestos avanzados del Ejército. En la ofensiva, bautizada como Operación 1027 por la fecha en la que comenzó, participaron varios miles de combatientes experimentados y bien equipados que asaltaron de forma simultánea diversos lugares. El ataque constituye el mayor desafío militar al que se enfrenta el Ejército desde que dio un golpe en febrero de 2021. Con la sensación de que el régimen se encuentra en su momento de mayor debilidad, en otras partes del país se han puesto en marcha otros grupos armados que amenazan con sobrepasar la capacidad de respuesta militar de la junta.
La Operación 1027 la emprendió la Alianza de los Tres Hermanos, formada por tres grupos armados étnicos que actúan en el norte del estado de Shan: el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA por sus siglas en inglés, un grupo de mayoría kokang), el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA, de mayoría ta’ang) y el Ejército Arakan (AA, de mayoría rakáin). También han participado en los ataques varios cuerpos resistentes surgidos tras el golpe de Estado, que han acercado los combates a la segunda ciudad del país, Mandalay, y tienden emboscadas a las tropas de refuerzo que el Ejército está enviando al estado de Shan. El 13 de noviembre, el AA comenzó una nueva ofensiva en el estado de Rakáin, en el oeste, lo que supuso la ruptura del alto el fuego informal que estaba vigente desde hacía un año.
La operación se ha desarrollado con rapidez y las fuerzas del régimen, en inferioridad numérica, han abandonado o entregado decenas de puestos militares y bases. Tras las primeras derrotas, la Junta ha tardado en reaccionar. Aunque el Ejército se apresuró a lanzar ataques aéreos y de artillería de largo alcance, hasta ahora no ha conseguido contrarrestar la Operación 1027, pero sí ha causado víctimas civiles y el desplazamiento, según la ONU, de aproximadamente 60.000 personas en Shan y 200.000 en todo el país, lo que eleva el número total de desplazados desde el golpe por encima de los dos millones.
En una reunión del gabinete celebrada el 2 de noviembre, el líder de la Junta, Min Aung Hlaing, prometió emprender un contraataque. Seis días más tarde, casi dos semanas después del asalto inicial, convocó la primera reunión no regular del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad desde el golpe, en la que el presidente designado por el régimen advirtió de que el país corría peligro de dividirse y Min Aung Hlaing se comprometió a “tomar las medidas necesarias para contrarrestar los actos de terror”. Desde ese día, el régimen ha impuesto la ley marcial en ocho municipios del norte del estado de Shan. Pero el Ejército tiene problemas para desplegar sus divisiones móviles de asalto por las emboscadas que tiende la oposición en las principales carreteras y la destrucción de varios puentes fundamentales. Tampoco puede depender mucho del transporte aéreo porque tiene una capacidad limitada en ese sentido.
¿Qué ha desencadenado estos nuevos combates?
La escalada comenzó en el estado de Shan, fronterizo con China, que hasta octubre había sufrido menos conflicto tras el golpe que muchas otras partes del país.
Los grupos que componen la Alianza de los Tres Hermanos se han convertido en serias amenazas para el Ejército durante la última década. El MNDAA y el TNLA llevan mucho tiempo tratando de asegurarse el control territorial en distintas partes del norte del estado y aprovecharon que los militares estaban preocupados por los combates en otros lugares para lanzar los ataques.
El objetivo del MNDAA es corregir lo que considera un error histórico y recuperar propiedades muy lucrativas. El grupo está formado en su mayoría por personas de etnia kokang —una minoría china han—, que hace tiempo controlaban un enclave de gran tamaño en la frontera china, la Zona Autónoma de Kokang, con su capital, Laukkaing, centro neurálgico del juego sin regular y otras actividades económicas ilegales. En 2009 desobedeció una orden del régimen militar de la época por la que todos los grupos armados que hubieran acordado un alto el fuego debían convertirse en unidades de la guardia fronteriza y ponerse bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Los militares decidieron utilizar el MNDAA para dar ejemplo, así que lo expulsaron de la Zona e instalaron en su lugar a guardias fronterizos de una facción rival de kokangs. El jefe de operaciones sobre el terreno fue el propio Min Aung Hlaing, que más tarde llegó a ser comandante en jefe del Ejército y en febrero de 2021 orquestó el golpe de Estado y asumió su cargo actual al frente de la junta. Desde su expulsión de Shan en 2009, el MNDAA ha llevado a cabo una insurgencia desde las colinas para recuperar el control de la Zona. En 2015 lo intentó y fracasó, con enfrentamientos que causaron graves bajas al Ejército y provocaron la huida de más de 30.000 refugiados a China.
En cuanto al TNLA, como documentaba minuciosamente un informe reciente de Crisis Group, el grupo aspira a consolidar el control de una patria autónoma de etnia ta’ang (palaung). También quiere conectar el territorio con la frontera china, por motivos estratégicos y económicos. Su zona de interés es contigua al distrito de Kokang que quiere recuperar el MNDAA. Es decir, los dos grupos tienen intereses coincidentes, lo que supone un incentivo para lanzar una operación conjunta.
En cambio, el AA no tiene ambiciones territoriales en el estado de Shan y el papel que desempeña en la campaña ha sido más bien auxiliar. Aun así, participar en la Alianza de los Tres Hermanos es importante para el grupo. Sus jefes dirigen las operaciones desde las tierras cercanas que controlan los rebeldes en la frontera china y, además, obtiene la mayoría de sus armas en la zona y tiene intereses económicos cruciales en ella.
En su comunicado inicial del 27 de octubre, la alianza declaró que, además de sus objetivos estratégicos en el norte de Shan, se comprometía a “erradicar la dictadura militar represiva, un deseo que comparte toda la población de Myanmar”. Sin embargo, expresar este objetivo puede tener un efecto más retórico que sustancial, puesto que los tres grupos armados étnicos se han mantenido en general al margen de las convulsiones vividas en el resto del país tras el golpe y se han dedicado a reafirmar sus objetivos territoriales. Con todo, la salva arrojada por la alianza contra la junta ha tenido consecuencias: ha provocado la participación de las fuerzas de resistencia creadas después del golpe en la operación y ha revivido las esperanzas del movimiento antirégimen en que una revolución armada pueda derrocar al régimen.
¿Hasta qué punto está verdaderamente amenazado el régimen?
Desde el punto de vista del régimen, la situación ha pasado rápidamente de ser un problema preocupante en una parte del país a ser una amenaza en varios frentes que constituye el mayor problema al que se ha enfrentado en el campo de batalla desde el golpe de febrero de 2021. Los ataques de la Alianza de los Tres Hermanos en el norte de Shan, por sí solos, ya han asestado un duro golpe al Ejército. Algunas unidades han perdido un volumen considerable de armamento cuando sus enemigos se han apoderado de carros de combate, vehículos blindados de transporte de tropas, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, un obús, camiones y ametralladoras pesadas antiaéreas. Los atacantes también se apoderaron de grandes cantidades de armas ligeras y munición. No está claro que las Fuerzas Armadas puedan dar auténtica respuesta a esta ofensiva. Si no puede organizar una contraofensiva, es posible que el régimen tenga que resignarse a perder el control de las zonas fronterizas estratégicas a medio plazo, una situación que no solo sería incómoda para la Junta, sino que también alteraría el equilibrio de poder en la zona.
La Alianza de los Tres Hermanos también ha capturado varios tramos de las dos carreteras que conectan Myanmar y China a través del norte de Shan, con la consiguiente interrupción del comercio transfronterizo. Si la obstrucción se prolonga, constituiría un serio revés para el régimen, pero no parece muy probable, porque los impuestos informales sobre este comercio son también una fuente clave de ingresos para el TNLA. Y el bloqueo durante un breve periodo no pondría realmente en peligro las finanzas del régimen ni la economía general del país.
Desde una perspectiva más amplia, aunque la situación en el norte de Shan no amenaza por sí sola la existencia del régimen, incluye una serie de derrotas y humillaciones que podrían resultar peligrosas. Los fracasos del Ejército están a la vista de todos, lo que está animando a otros grupos de la oposición al margen de la alianza a aprovechar este momento de debilidad para llevar a cabo sus propios ataques en otras partes del país. Ya los ha habido en varios lugares.
En primer lugar, a principios de noviembre, pocos días después de que comenzara la Operación 1027, uno de los mayores grupos armados étnicos del país, la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), dirigió un asalto contra la ciudad noroccidental de Kawlin, en la región de Sagaing. La urbe, un importante centro administrativo, cayó tras varios días de combates. Como Kawlin se encuentra en las tierras bajas, lejos de las zonas montañosas pobladas por los kachin, donde suele operar la KIO, el ataque se llevó a cabo bajo el estandarte de una fuerza de defensa popular local aliada con el gobierno de unidad nacional de la oposición; la KIO lleva mucho tiempo suministrándole material y entrenamiento militar.
En segundo lugar, el 7 de noviembre, las fuerzas de resistencia del estado de Kayah emprendieron la que denominaron Operación 1107, en la que empezaron atacando objetivos militares de Myanmar en el sur del estado y después, el 11 de noviembre, la capital de Kayah, Loikaw. Aseguran haber derribado un avión de las fuerzas aéreas (el régimen afirma que la culpa fue de un fallo mecánico).
En tercer lugar, y aún más importante, el AA, miembro de la alianza, ha sacado partido de esta oportunidad. El 13 de noviembre, este ejército, que en los últimos años se ha convertido en uno de los grupos armados étnicos más poderosos del país, puso en marcha una serie de ataques en el estado de Rakáin que interrumpieron el periodo de tranquilidad logrado cuando aceptó un acuerdo de alto el fuego informal en noviembre de 2022. Las tensiones se habían reavivado en los últimos meses y las dos partes sabían que los combates podían reanudarse en cualquier momento. El régimen mantenía desplegadas unas fuerzas de dimensión considerable en el estado para esa contingencia. Pero, dado que la situación conflictiva está extendiéndose rápidamente a otros lugares, con nuevos focos de tensión, el régimen no puede permitirse el lujo de quedar empantanado en otro frente más. Tampoco le gustará la idea de reanudar los combates con el AA, al que le costó vencer incluso cuando otras partes de Myanmar estaban tranquilas, en 2019-2020.
¿Cómo ha reaccionado China a los combates en su frontera?
Pekín mantiene desde hace tiempo relaciones con los grupos armados étnicos que actúan a lo largo de su frontera con el estado de Shan, desde la época de la Revolución Cultural de los 60 y 70, cuando la mayoría de ellos formaban parte de una insurgencia comunista. Desde entonces, Pekín guarda estrechos vínculos con estos grupos, les permite incorporar sus enclaves a la economía china y su rápido crecimiento y les facilita directa e indirectamente armas para disuadir al ejército de Myanmar de atacar estas zonas. Esta postura se incluye en la estrategia de “gestión de fronteras” que inspira desde hace tiempo su relación con Myanmar, con el fin de mantener la estabilidad en toda la franja limítrofe. Aunque a China no le disgustaría una paz permanente, en general ha valorado que hay pocas probabilidades de lograrla y prefiere apoyar el statu quo casi pacífico, aunque reconoce que tiene que ayudar a gestionar los estallidos periódicos cuando se producen.
Dicho esto, esos estallidos pueden tener consecuencias que Pekín indudablemente desea evitar. Por ejemplo, China siempre ha sido sensible a la posibilidad de que las oleadas de refugiados o la guerra se extiendan a su territorio. Querrá evitar que se repita lo ocurrido en 2015, cuando los ataques del MNDAA contra la guardia fronteriza de Kokang provocaron la huida de decenas de miles de refugiados a su territorio.
Ahora bien, aunque Pekín ha pedido públicamente que cesen los combates, su reacción ha sido limitada y, en su mayor parte, parece estar pendiente de cómo se desarrollan los acontecimientos. Esta actitud se debe en parte a la esperanza de que la alianza ayude a frenar los centros de estafas por Internet de la zona de Kokang. Dirigidos por bandas criminales, éstos contratan o engañan a personas, muchas de ellas vulnerables, para que se dediquen a cometer fraudes y robos vía online. Retienen a miles de ciudadanos chinos contra su voluntad y los obligan a cometer estafas, en muchos casos contra ciudadanos chinos. Con la proliferación de este tipo de operaciones ilícitas en todo el sureste asiático en los últimos años, para Pekín se ha vuelto prioritario frenar estas actividades. Utiliza su influencia sobre grupos como el Ejército Unido del estado de Wa para cerrar los centros en los que se llevan a cabo las estafas en las zonas que controla. Pero los mayores problemas están en Kokang, que, como ya hemos visto, está controlada por una guardia fronteriza aliada con el ejército de Myanmar. Laukkaing y otras partes de la región se han convertido en centros cruciales para las estafas.
La Alianza de los Tres Hermanos es muy consciente de que Pekín tiene cada vez menos paciencia ante estas actividades delictivas y ha alegado su propia voluntad de luchar contra los estafadores para contener el peligro de una reacción china en respuesta a sus operaciones. Con el fin de dejar claras sus intenciones, la Alianza, al final de su declaración inicial sobre la Operación 1027, aseguró a China que “nuestro compromiso incluye” enérgicas medidas contra la industria de las estafas online.
Al menos de forma inmediata, el deseo de avanzar en la lucha contra las estafas parece haber prevalecido sobre las preocupaciones tradicionales de China en materia de seguridad fronteriza. Dada su frustración por lo poco que estaban haciendo el régimen de Myanmar y la guardia fronteriza de Kokang para acabar con los centros delictivos, Pekín estará satisfecho de ver a la guardia fronteriza sitiada y a los jefes de las redes de estafas huyendo de la zona. Es más, dada su larga relación con el MNDAA y la gran influencia que ejerce sobre el grupo, es muy posible que el gigante asiático le parezca ventajoso que el grupo tenga éxito.
No obstante, Pekín no está limitándose exclusivamente a observar. A medida que la situación en Laukkaing es cada vez más caótica —con la mayoría de las vías de escape bloqueadas por los combates y los alimentos empezando a escasear—, se dice que la policía y otras fuerzas chinas han entrado en la ciudad con permiso del régimen. Probablemente han ido a evacuar a miles de ciudadanos chinos atrapados y tal vez a detener a miembros de los sindicatos del crimen de Kokang a los que se ha acusado en China, en los últimos días, de dirigir centros de estafas y asesinar a ciudadanos chinos. Entre las presuntas víctimas, al parecer, hay un grupo cautivo en un centro de estafas que fue abatido a tiros por los guardias de seguridad el 20 de octubre mientras intentaban huir. Además de los chinos, en Laukkaing están atrapados cientos de ciudadanos de otros países, entre ellos tailandeses y vietnamitas.
¿Y ahora qué?
La rápida evolución de la situación y la posibilidad de que estallen combates en otros frentes hacen que sea difícil predecir los acontecimientos. Muchas cosas dependerán de que el Ejército sea o no capaz de recuperar la iniciativa en algunas partes del país o de disuadir a sus adversarios mediante incursiones aéreas. La evolución de la situación con el AA en el estado de Rakáin será muy importante, porque una guerra a gran escala allí haría que las Fuerzas Armadas del país tuviera que retirar tropas de otros lugares.
En estos momentos es muy probable que, por primera vez en décadas, el Ejército de Myanmar tenga que luchar contra unos enemigos numerosos, decididos y bien equipados de forma simultánea en diversos escenarios. Pero, aunque la tarea sea enormemente difícil, es de esperar que aguante. Es una fuerza bien entrenada y equipada, que ha luchado contra diversas insurgencias sin cesar desde la Segunda Guerra Mundial, a veces con todo mucho más en contra. No hay que infravalorar su capacidad de resistencia ni tampoco el empeño del régimen en seguir luchando cueste lo que cueste. Aunque las fuerzas opositoras muestran un entusiasmo comprensible tras los espectaculares primeros triunfos de la Operación 1027, la derrota militar y la capitulación del régimen parecen lejanas. Lo más probable es que éste redoble sus brutales esfuerzos para imponerse en el campo de batalla, con tácticas de tierra quemada y bombardeos indiscriminados. Como consecuencia, es posible que el país se instale en una nueva estabilidad, aún más violenta, que tendría un pesado coste, inevitablemente, para la población civil.
Otro aspecto del que habrá que estar pendientes será la reacción de China a medida que evolucione la situación en el norte del estado de Shan. Aunque, hasta ahora, Pekín ha dejado que los combates se desarrollaran casi sin su intervención, es posible que esa postura cambie. Si el MNDAA consigue tomar Laukkaing y derrotar a la guardia fronteriza, o si no lo consigue y el conflicto se prolonga, Pekín quizá decida intervenir ante el régimen y la Alianza de los Tres Hermanos para acabar con las hostilidades. Más en general, China se sentirá incómoda si parece que el movimiento de resistencia actual, que considera pro-occidental y hostil a sus intereses, está cobrando demasiada fuerza. En ese caso, quizá decida apuntalar el régimen.
Por último, la Operación 1027 podría aumentar las tensiones y los conflictos interétnicos. El cambio en el equilibrio de poder en el norte del estado de Shan está alarmando a las comunidades y los grupos armados étnicos locales, que ven cómo sus rivales, incluidos los ta’ang y los kokang, están fortaleciéndose y ampliando su territorio a zonas de etnia shan. En los últimos meses ya ha habido enfrentamientos entre combatientes ta’ang y shan, incluso con combates letales el 7 de noviembre. Esos choques pueden fácilmente derivar en algo más grave.
¿Cómo deben reaccionar los actores externos?
China tiene mucha más influencia que ningún otro actor internacional en todo lo que pueda ocurrir en su frontera con Myanmar. Si decide intervenir, probablemente tendría suficiente peso para presionar tanto a la Alianza de los Tres Hermanos como al régimen militar con el fin de cesar los combates. Como hemos dicho, esa mediación podría producirse si el MNDAA consigue hacerse con el control de Laukkaing y el resto de la zona de Kokang o si el conflicto se prolonga y amenaza con iniciar un largo periodo de inestabilidad en su frontera. Pero unos acuerdos secretos que paralicen el conflicto sin abordar sus causas fundamentales no servirán más que para arrojar una cortina de humo sobre las aspiraciones étnicas frustradas y preparar el terreno para más inestabilidad y más enfrentamientos en el futuro.
Para ser justos con Pekín, es difícil concebir una solución global que lleve la paz a la región fronteriza. Como hemos visto, una de las razones por las que China ha preferido centrarse en soluciones a corto plazo es que la alternativa a este tipo de gestión de crisis —es decir, unas soluciones más integrales para toda la situación creada tras el golpe—es algo que ningún actor externo está en condiciones de imponer. Básicamente, el problema consiste en que hay un régimen ilegítimo y un Ejército brutal que no tienen ni la imaginación ni la voluntad necesarias para construir una solución pacífica a algo que es, en el fondo, una incapacidad histórica de construir un Estado.
Sin embargo, Pekín no puede ni debe limitarse a presionar por lograr una situación de tranquilidad provisional. Debe esforzarse más para transformar la economía política de la zona con estímulos y ayudas a las fuentes de ingresos legítimas en los enclaves controlados por grupos armados a lo largo de su frontera y, al mismo tiempo, presionar para que cesen las actividades ilícitas en general, no solo las que perjudican a China, como está haciendo con los centros de estafas.
Aparte del gigante asiático, otros países extranjeros tienen una influencia limitada sobre los diversos grupos involucrados en los combates, pero por lo menos pueden ofrecer ayuda humanitaria. Deben colaborar con las ONG internacionales y locales, según los casos, para garantizar la rápida distribución de la ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por la guerra. En particular, se necesita con urgencia dinero para las organizaciones que prestan auxilio a decenas de miles de civiles desplazados por los combates en el norte de Shan y otros lugares. Crisis Group ya ha hecho anteriormente diversas recomendaciones sobre cómo mantener la ayuda de manera más sostenida a medida que se prolongan los conflictos surgidos tras el golpe de Estado. Además, a medida que se extiendan los combates, probablemente seguirá aumentando el número de desplazados. Si hay un recrudecimiento constante del conflicto, como ahora parece probable, los países vecinos —en particular Tailandia e India— tendrán que prepararse para posibles olas de refugiados y garantizar que las personas que huyen del conflicto y la persecución gocen de seguridad y reciban un trato digno. Los donantes deben ayudar sin más tardar a estas poblaciones de refugiados y, en caso necesario, a las comunidades de acogida.
Por último, dada la magnitud de los combates, es más importante que nunca contar con informaciones veraces de lo que ocurre sobre el terreno. La persecución de periodistas por parte del régimen desde el golpe de Estado hace que muchas de las informaciones de las zonas de conflicto procedan directamente de los propios grupos armados de la oposición, lo que suscita dudas inevitables sobre su fiabilidad. El trabajo de los periodistas independientes es fundamental porque ofrece a los actores internacionales los argumentos necesarios para tomar una gran variedad de decisiones políticas: desde dónde es más necesaria la ayuda humanitaria hasta a qué compinches del régimen es más conveniente sancionar. Por eso es crucial suministrar a los medios de comunicación y a las organizaciones que siguen y analizan los combates los recursos que necesitan para verificar esas informaciones y proporcionar unas evaluaciones imparciales e independientes. Por desgracia, la financiación de los medios de comunicación independientes de Myanmar, incluidos los de los distintos grupos étnicos, no ha dejado de disminuir desde el golpe de Estado. Este último estallido de los combates nos recuerda la urgente necesidad de que los donantes aumenten su ayuda.
La versión original en inglés se publicó con anterioridad en Internacional Crisis Group. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
