Amenazas como el narcotráfico o los paraísos fiscales pueden convertirse en terrenos fértiles para la cooperación entre América Latina y la Unión Europea.
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AFP/Gettyimages |
La seguridad es por antonomasia uno de los temas claves de la política exterior de los países. Por ese motivo, tiene mucho sentido revisar la relación entre dos regiones que se identifican en sus valores y estructuras de gobierno (tema que no es menor) como son América Latina y Europa. Dos áreas que además comparten, aunque con distinta prioridad, buena parte de los puntos de su agenda de seguridad internacional.
Bien es cierto que América Latina no forma parte de las zonas geográficas que conforman el centro de atención de la Política Europea de Seguridad Común, aunque reconozca la necesidad de cooperación. A su vez, la región parece menos interesada en la relación multidimensional con Europa frente a una relación meramente comercial con Asia. A pesar de ello, las dos zonas siguen hablando de su “relación estratégica”.
Sin embargo, nunca se ha definido exactamente el carácter estratégico de la misma. Añadiendo, además, que la UE define también como estratégicas sus relaciones con otros países y regiones, y que su seguridad estratégica (en el sentido más literal) está ligada a la OTAN. Esto hace que el término “estratégico” parezca vacío de contenido.
La seguridad es uno de los aspectos que podría aportar contenido relevante. En primer lugar, por las coincidencias entre las agendas, pero también por el enfoque que da la UE a algunos problemas de seguridad internacional y que constituyen una buena base para construir una relación diferenciada y más estrecha.
El caso más evidente es la lucha contra las drogas. Europa ejerce el rol de poder blando en este tema, haciendo énfasis en el desarrollo y salud por encima de la represión militar. Pues bien, los gobiernos latinoamericanos unilateralmente y a través de la CELAC vienen pidiendo un cambio en la política antidroga, a todas luces fallida. Los programas europeos son un ejemplo de buenas prácticas, aunque de impacto muy limitado aún. Una coordinación de posturas, acompañada de mayor coherencia entre políticas nacionales y regionales, sería un espaldarazo al reclamo latinoamericano.
Pero, y esto es todavía más relevante, el narcotráfico no es un delito que no se produce de forma aislada, sino que las empresas criminales suelen estar vinculadas a más acciones ilegales: tráfico de armas y de personas, lavado de activos, extorsión, etcétera. En definitiva, delitos que para combatirlos precisan de una activa cooperación birregional en materia policial y fiscal, así como la necesidad de buscar posturas comunes.
Esto nos lleva al segundo punto en el reforzamiento de la alianza estratégica. La necesidad de actuar de forma conjunta en escenarios internacionales, por ejemplo, en el caso de la lucha contra el blanqueo de capitales. Las dos regiones urgen una solución al tema de los ...
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