En el número 5 de FP edición española, Sebastian Mallaby
afirma que los proyectos del Banco Mundial –y los pobres a quienes quieren
ayudar– estarían mejor sin las ONGs, políticas de salvaguarda
y tribunales de inspección (…) y cita los proyectos del banco en Qinghai
y Bujagali (…). Como antiguo presidente del Tribunal Independiente del banco
al que se encargó investigar dichos proyectos, encuentro el enfoque
decepcionante.

(…) Las ONGs locales pueden dar voz a los más pobres y débiles
de los afectados por los proyectos financiados por el banco (…). Las ONGs
internacionales pueden reforzar a las locales (…). Qinghai es un buen ejemplo
(…). Mallaby dice que el presidente del Banco Mundial, Jim Wolfensohn, encargó al
tribunal la investigación en Qinghai, y esto es falso. El tribunal es
independiente y responde sólo ante la junta que lo creó. La petición
provino de la gente del lugar, y sus quejas llegaron al tribunal en Washington
a través de monjes tibetanos (…). Después, la junta pidió al
tribunal que realizara la investigación.

La acusación de Mallaby de que el tribunal no hizo las grandes preguntas
sobre la pobreza es también falsa. El tribunal se percató de
que su estancia en Qinghai le había permitido "ver con sus propios
ojos la urgente necesidad (…) de programas que mitiguen la pobreza" (…).
Las políticas de salvaguarda en asuntos como los traslados y los indígenas
tienen el objetivo de asegurar que todos los afectados por un proyecto no sufran
daños y que se les ofrezca ayuda en su lucha para salir de la pobreza.
Si abandonamos estas políticas, como sugiere Mallaby, no mejoraríamos
la calidad de vida de la gente ni reduciríamos costes. Mallaby cita
un estudio del banco de 2001 para afirmar que "las salvaguardas sociales
y medioambientales" inflan el coste global de los proyectos del banco
en 200 millones de dólares cada año. Incorrecto: dichas salvaguardas
representan sólo una pequeña fracción de esa cifra; además,
Mallaby omite los costes de no realizar estas políticas (…).

Por último, el autor sostiene que Bujagali fue víctima también
de una campaña internacional de ONGs. En realidad, lo fue de las sospechas
de corrupción y de la retirada de la compañía energética
que lo patrocinaba.

  • Jim MacNeill
    Ex presidente
    Tribunal de Inspección del
    Banco Mundial (Ottawa, Canadá)

En el número 5 de FP edición española, Sebastian Mallaby
afirma que los proyectos del Banco Mundial –y los pobres a quienes quieren
ayudar– estarían mejor sin las ONGs, políticas de salvaguarda
y tribunales de inspección (…) y cita los proyectos del banco en Qinghai
y Bujagali (…). Como antiguo presidente del Tribunal Independiente del banco
al que se encargó investigar dichos proyectos, encuentro el enfoque
decepcionante.

(…) Las ONGs locales pueden dar voz a los más pobres y débiles
de los afectados por los proyectos financiados por el banco (…). Las ONGs
internacionales pueden reforzar a las locales (…). Qinghai es un buen ejemplo
(…). Mallaby dice que el presidente del Banco Mundial, Jim Wolfensohn, encargó al
tribunal la investigación en Qinghai, y esto es falso. El tribunal es
independiente y responde sólo ante la junta que lo creó. La petición
provino de la gente del lugar, y sus quejas llegaron al tribunal en Washington
a través de monjes tibetanos (…). Después, la junta pidió al
tribunal que realizara la investigación.

La acusación de Mallaby de que el tribunal no hizo las grandes preguntas
sobre la pobreza es también falsa. El tribunal se percató de
que su estancia en Qinghai le había permitido "ver con sus propios
ojos la urgente necesidad (…) de programas que mitiguen la pobreza" (…).
Las políticas de salvaguarda en asuntos como los traslados y los indígenas
tienen el objetivo de asegurar que todos los afectados por un proyecto no sufran
daños y que se les ofrezca ayuda en su lucha para salir de la pobreza.
Si abandonamos estas políticas, como sugiere Mallaby, no mejoraríamos
la calidad de vida de la gente ni reduciríamos costes. Mallaby cita
un estudio del banco de 2001 para afirmar que "las salvaguardas sociales
y medioambientales" inflan el coste global de los proyectos del banco
en 200 millones de dólares cada año. Incorrecto: dichas salvaguardas
representan sólo una pequeña fracción de esa cifra; además,
Mallaby omite los costes de no realizar estas políticas (…).

Por último, el autor sostiene que Bujagali fue víctima también
de una campaña internacional de ONGs. En realidad, lo fue de las sospechas
de corrupción y de la retirada de la compañía energética
que lo patrocinaba.

  • Jim MacNeill
    Ex presidente
    Tribunal de Inspección del
    Banco Mundial (Ottawa, Canadá)