
He aquí un repaso a los mecanismos de respuesta frente a las acciones represivas que se llevan a cabo en la esfera virtual.
¿Qué pasaría si, en un día de jornada electoral, todo un país se quedara sin acceso a Internet? No es una sorpresa. Esto –y más– ha ocurrido, y con bastante frecuencia.
En solo cinco meses, desde enero a mayo de 2021, se han registrado más de 50 apagones intencionados de Internet en 21 Estados. 24 de estos 50 afectaron a todo un país al completo, o al menos a la mayoría de regiones de él.
En la región de Yamú y Cachemira, territorio limítrofe de tensiones militares entre India y Pakistán, las autoridades produjeron la caída de Internet al menos en 16 ocasiones solo durante 2021. Pese a que los servicios de 4G volvieron a su normalidad en febrero, desde entonces el Gobierno continúa limitando el acceso a la conectividad móvil. Los argumentos son que representa una medida preventiva ante posibles operaciones militares, o para garantizar el orden público. No cabe olvidar que en esta región se produjo el apagón de Internet más largo de toda la historia, desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020. Otros casos son el de Birmania, en donde desde el golpe militar que tuvo lugar en febrero de 2021, la Junta está dando de forma selectiva acceso a la fibra óptica y al cable fijo de Internet a ciertas instituciones, empresas e individuos, y continúa bloqueando el acceso a servicios móvil en ciertas regiones del país.
Represión digital a geometría variable

Ahora bien, no hay una única forma de hacerlo. Tantos otros escenarios adquieren el significado de represión digital: además de los apagones intencionados de Internet (en días de protesta o jornadas electorales), están el control estatal de la información que circula de manera online, la creación de leyes que criminalizan a activistas online protegidos, la persecución extralegal de activistas de redes sociales, el bloqueo de plataformas y páginas web, o ciberataques que van dirigidos a grupos de la sociedad civil y activismo social.
Lo cierto es que la represión digital no es algo particular de una región. En las jornadas electorales de 2021 en Uganda, el presidente Yoweri Musevení decidió bloquear Facebook después de que la plataforma eliminara una red de cuentas vinculadas al Gobierno que difundían información falsa. Caso similar ocurrió en Rusia, donde el Ejecutivo intentó limitar el tráfico de Twitter ante la negativa de la empresa de eliminar ciertas cuentas que el Kremlin pidió borrar.
La represión digital tampoco se limita a países no democráticos. Sucede también en “democracias imperfectas”, tal y como las cataloga The Economist Intelligence Unit. Entre otros ejemplos está el caso de México, donde un grupo importante de periodistas recibieron ciberataques, concretamente malwares (que buscaban infectar sus sistemas) y ataques DDoS (para denegar sus servicios de forma distribuida en las redes conectadas de periodistas), dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2018. Un patrón ...
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