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He aquí un repaso a los mecanismos de respuesta frente a las acciones represivas que se llevan a cabo en la esfera virtual.

¿Qué pasaría si, en un día de jornada electoral, todo un país se quedara sin acceso a Internet? No es una sorpresa. Esto –y más– ha ocurrido, y con bastante frecuencia.

En solo cinco meses, desde enero a mayo de 2021, se han registrado más de 50 apagones intencionados de Internet en 21 Estados. 24 de estos 50 afectaron a todo un país al completo, o al menos a la mayoría de regiones de él.

En la región de Yamú y Cachemira, territorio limítrofe de tensiones militares entre India y Pakistán, las autoridades produjeron la caída de Internet al menos en 16 ocasiones solo durante 2021. Pese a que los servicios de 4G volvieron a su normalidad en febrero, desde entonces el Gobierno continúa limitando el acceso a la conectividad móvil. Los argumentos son que representa una medida preventiva ante posibles operaciones militares, o para garantizar el orden público. No cabe olvidar que en esta región se produjo el apagón de Internet más largo de toda la historia, desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020. Otros casos son el de Birmania, en donde desde el golpe militar que tuvo lugar en febrero de 2021, la Junta está dando de forma selectiva acceso a la fibra óptica y al cable fijo de Internet a ciertas instituciones, empresas e individuos, y continúa bloqueando el acceso a servicios móvil en ciertas regiones del país.

 

Represión digital a geometría variable

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Ahora bien, no hay una única forma de hacerlo. Tantos otros escenarios adquieren el significado de represión digital: además de los apagones intencionados de Internet (en días de protesta o jornadas electorales), están el ...