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¿Qué intereses hay en juego en el Mediterráneo Oriental y qué papel juega la UE? Hablamos de ello en el cuarto y último webinario

El deterioro de la democracia en Turquía, el crecimiento y el poder descontrolado de Frontex, la situación de los derechos laborales en los países que fabrican nuestras prendas y la explotación de recursos en el Mediterráneo y su impacto político y climático. Los temas del último webinario organizado por Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos, podrían parecer desconectados, pero están unidos por una misma pregunta: ¿qué papel debe jugar la UE para que se respeten los derechos humanos, políticos, económicos y medioambientales en los países de su vecindad o en sus propias fronteras? Los y las ponentes del cuarto encuentro de este ciclo aportaron preguntas y respuestas desde experiencias muy distintas.

Hişyar Özsoy, coportavoz internacional del HDP (Partido Democrático de los Pueblos), explicó en su intervención cómo desde 2015 la represión contra su partido, contra la comunidad kurda y, en general, “contra toda la oposición democrática” ha crecido en Turquía a medida que Erdogan concentraba cada vez más poder. El objetivo: “Acabar con el HDP antes de las elecciones de 2023 y destruir cualquier posibilidad de un futuro democrático en el país”. En 2016, el golpe de Estado fallido fue aprovechado por el presidente para redoblar sus ataques a la oposición y establecer un sistema presidencial sin separación de poderes. “Erdogan y sus aliados racistas y ultranacionalistas crearon un sistema político en el cual el presidente monopoliza el poder legislativo y ejecutivo y controla el judicial. En los últimos años, el Gobierno ha utilizado al poder judicial como herramienta política para oprimir a la oposición”, explicó.

“Hay una persecución generalizada contra la sociedad civil, los sindicatos, el mundo académico, los periodistas… cualquier persona crítica es etiquetada como traidor, enemigo del Estado o terrorista. El derecho a la autodeterminación para los kurdos está criminalizado y las peticiones de autonomía están consideradas un acto terrorista”, señaló Özsoy. En los últimos años, más de 17.000 miembros y cargos electos del HDP han sido encarcelados utilizando estos argumentos. Además, miles de personas han abandonado el país buscando asilo político.

Pese a todo, el HDP mejoró sus resultados en las elecciones municipales de 2019 en el sudeste del país (el Kurdistán turco) y apoyó a otros candidatos de la oposición en las provincias occidentales, en Ankara y en Estambul, logrando derrotar al partido del presidente, el AKP. “Demostramos que el HDP tiene un papel central en la política turca y que podemos decidir sobre el futuro de este país. Erdogan no solo se está vengando de nosotros, sino que sabe que si se repite el mismo escenario electoral [en 2023] puede ser el final de su régimen autoritario”.

Lluís Miguel Hurtado, corresponsal de El Mundo y Cadena SER en Oriente Próximo, se remontó a 2010 para explicar la situación actual del país. Aquel año se celebró “un referéndum constitucional que buscó adaptar las leyes del país a los estándares europeos, pero que se convirtió en el preámbulo de un periodo en el que el AKP derivó hacia el autoritarismo al tiempo que se devaluaba la lira turca”. El golpe de Estado de 2016 normalizó la persecución masiva de personas y, junto a los ataques a la democracia ya mencionados, el periodista recordó que Turquía acaba de retirarse del Convenio de Estambul contra la violencia contra las mujeres.

Hurtado explicó que Erdogan se encuentra en una situación política complicada: el país atraviesa un mal periodo económico, la moneda no para de devaluarse y eso complica la vida cotidiana de la población y la importación de materias primas; además, tiene que contentar a su socio de Gobierno (el Partido Movimiento Nacional) y al voto islamista. “El discurso del intervencionismo y las teorías de que los extranjeros están en contra de Turquía funcionan cada vez menos para mantener su popularidad a unos niveles suficientes para superar un paso por las urnas”, apuntó.

Para pensar en la relación de Turquía con la Unión Europea, el periodista propuso fijarse en la opinión de la ciudadanía más allá de la acción de su Gobierno. Según un estudio de la Universidad Kadir Has de Estambul, el 40% de las personas encuestadas se identificaban principalmente como europeos, y cerca del 60% apoyaría una hipotética incorporación de su país a la UE. Entre los beneficios de la integración mencionan, en este orden, la mejora de la economía, los derechos humanos y la democracia. “Hay que tener en cuenta el sentir de los turcos, de toda la población, para abordar las políticas desde Europa”, concluyó.

Por su parte, Luisa Izuzquiza, coordinadora de campañas de la organización FragDenStaat, aportó un análisis demoledor sobre Frontex, “la agencia más opaca y poderosa de la UE”. Desde que se creó en 2005 se ha convertido en “un gigante del control de fronteras con unos recursos desmesurados, muy difícil de controlar y, por tanto, de hacer que rinda cuentas”. Desde 2019 puede comprar su propio equipamiento (vehículos, drones, aviones, helicópteros, radares…) y a partir de 2027 contará con su propio ejército de guardacostas y guardas de fronteras armados (10.000 efectivos). La agencia coordina también deportaciones en toda Europa, “participa o ha sido cómplice de violaciones de derechos humanos documentadas en varios países” y colabora con el llamado “complejo industrial fronterizo”: es decir, con industrias de defensa y ‘seguridad’ con las que desarrolla e implementa tecnologías “agresivas” empleadas en la vigilancia de fronteras.

El derecho a la información es uno de los frentes de FragDenStaat, pero como señaló Izuzquiza, la transparencia en sí no es una solución, sino un instrumento para la ciudadanía: “Cuanto más sepamos de Frontex, mejor podremos articular la resistencia y liderar luchas para construir alternativas”. La activista subrayó que “los aspectos nocivos de Frontex no son ‘fallos’ del sistema, como si la idea inicial fuese virtuosa y por alguna razón hubiese empezado a fallar, sino que el sistema está funcionando a la perfección porque fue diseñado así”. La campaña #AbolishFrontex, en la que participan un centenar de organizaciones, denuncia que esta agencia no es algo “que se pueda o se deba reformar”, sino que hay debe desaparecer. “Hay que disolver las estructuras que causan violencia y muerte a las personas migrantes, y construir alternativas que puedan garantizar derechos y justicia”.

Alejandra Ortega, responsable de CCOO para Países Árabes, África y Asia, aportó algunas claves del último informe de la Confederación Sindical Internacional (ITUC) sobre las condiciones de trabajo en el mundo. Dos de los diez peores países para los derechos laborales están en la vecindad europea: Turquía y Egipto. El resto son Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Colombia, Honduras, Myanmar, Filipinas y Zimbabwe. Entre las violaciones de derechos recogidas se encuentran la persecución de las huelgas y de la negociación colectiva, las represalias contra quienes crean sindicatos o se afilian a ellos (asesinatos incluidos) y el imposible acceso a la justicia para muchos trabajadores y trabajadoras. Todo ello agravado por los ataques a la libertad de expresión. Oriente Medio y el Norte de África es, año tras año, una de las peores zonas del índice.

“Aunque los países sean miembros de la OIT, hayan desarrollado legislaciones laborales y hayan ratificado los convenios internacionales relativos a la libertad de asociación y negociación colectiva, a la eliminación del trabajo forzoso, del trabajo infantil y de la discriminación en el empleo… no se están cumpliendo”, señaló la responsable de CCOO. Los retos para la región están claros: el cumplimiento efectivo de la legislación laboral y de las normas internacionales, la defensa de los derechos sindicales, la no discriminación de trabajadores migrantes “que viven situaciones de esclavitud o trabajo forzoso”, el diálogo social, la negociación colectiva, la incorporación de mujeres y jóvenes a los espacios políticos y a las estructuras sindicales… Y el sometimiento real de las inversiones extranjeras al respeto de las “cláusulas sociales” y los derechos humanos y laborales.

Ortega se mostró crítica con el proceso euromediterráneo: “No se han cumplido los objetivos del proceso de Barcelona”, la UE ha tenido “una relación cercana con regímenes dictatoriales” y su acción exterior ha dejado en un segundo plano “las cuestiones relativas a los derechos económicos y laborales” en los países de su vecindad. Por último, recordó que el trabajo decente es uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Naomi Kreitman, miembro del colectivo Gastivists, habló de la campaña para frenar la construcción del gasoducto EastMed, una obra faraónica (en longitud y profundidad) que serviría para transportar gas desde el mar de Levante hasta Italia. En primer lugar, se trata de una zona delicada en términos geopolíticos, puesto que el gasoducto partiría de Israel, atravesaría aguas chipriotas y áreas disputadas por Turquía y Grecia: “Están aumentando los conflictos entre ambos países y con el ‘incentivo’ de conseguir gas pueden escalar las tensiones”, señaló. Además, apoyando este proyecto la UE estaría reforzando económicamente y “legitimando el sistema de apartheid del Gobierno de Israel”. Estados Unidos ya ha dado su apoyo político al proyecto y ExxonMobil es una de las empresas implicadas en la exploración de las reservas submarinas.

En segundo lugar, se trata de un caso de greenwashing. “Aunque existe un consenso generalizado de que hay que dejar de usar el petróleo y el carbón, el gas se percibe de forma distinta”, señaló Kreitman. Pese a las consecuencias de su extracción (entre otros métodos, a través del fracking) y de su transporte, “los lobbies han logrado que se perciba como una energía limpia y segura”. La UE también está apoyando nuevos proyectos con dinero público, presentándolos como “una solución climática y para la seguridad energética”. Para la activista, el gas no solo no es una alternativa sostenible, sino que proyectos como el del EastMed están nutriendo conflictos políticos, territoriales y violaciones de derechos humanos.

 

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