¿Hay alguna posibilidad de que se produzca revueltas como en Ucrania?
La probabilidad de desobediencia civil en Rusia y Bielorrusia está relacionada con las semejanzas y las diferencias entre sus sociedades, la presencia, o no, de motivos comparables a los que empujaron a los ucranianos a manifestarse en laplaza Maidán de Kiev, la convicción, o no, de que existen verdaderas alternativas posibles a los presidentes Vladímir Putin y Alexander Lukashenko, y sus perspectivas económicas. Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta para analizar si podría haber una revolución en Moscú ni Minsk en un futuro inmediato.
‘Ploshcha’ y la revolución a través de las redes sociales
El régimen político bielorruso es una autocracia estable, caracterizada por la presencia y el control del Estado en casi todos los ámbitos de la vida. Como consecuencia, cualquier posible fuente de inestabilidad política en el país se elimina en cuanto aparece. Además, la implantación de la ideología del Estado único ayuda a limitar la probabilidad de que surja cualquier posible oposición: en la práctica, es obligatorio pertenecer a organizaciones del régimen como los Pioneros y la Unión Juvenil Republicana de Bielorrusia, que sirven de plataformas para hacer carrera en la administración mediante la creación de estrechas redes políticas y un enfoque homogéneo del Gobierno. La jerarquía de poder es tan fuerte que incluso los intentos de crear un partido en el poder (Rusia Blanca) han fracasado, porque el presidente Lukashenko ha querido impedir la aparición de un centro de poder al margen de la administración presidencial.
Además, la falta de confianza en el Estado y la lejanía de la clase dirigente hacen que el interés por la política sea escaso. Según las encuestas, en Bielorrusia, solo 1 de 6 de los entrevistados se interesa por las actividades de las formaciones políticas. Solo el 9% de la sociedad confía en los partidos, y el 39% desconfía de ellos. El motivo es la ausencia de un sistema de partidos en el país: no tienen representación en el Parlamento, y los grupos de oposición son pequeños, están divididos y carecen de influencia real. Y, debido a la mala situación de la economía, lo que obsesiona a los bielorrusos es encontrar trabajo, conservarlo y ganar dinero, más que fomentar la revolución. El problema se agudiza porque no pueden depender de que el Estado vaya a proporcionarles ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de que desaprueban el sistema político actual, los bielorrusos, en su mayoría, no tienen interés por un cambio de régimen. Una encuesta realizada este año revela que casi el 40% de los ciudadanos declara que votaría por el presidente actual, en gran parte porque no hay alternativas reales ni sólidas y porque la gente considera que Lukashenko es la única garantía de estabilidad, que para los bielorrusos es una prioridad.
Al mismo tiempo, el respaldo a la integración en la Unión Europea está disminuyendo, mientras el que recibe la integración con Rusia va en aumento. En 2011, el 50% de los bielorrusos apoyaba la idea de incorporarse a la UE; en 2014, ese porcentaje ha caído al 30%. En el mismo periodo, el apoyo a la integración con la Federación Rusa ha pasado del 24% en 2013 al 29% en 2014, lo cual coincide con la política del régimen actual.
Los bielorrusos, en su mayoría, no son partidarios de la revolución ni las protestas. A la pregunta “¿Le gustaría ver en Bielorrusia protestas similares a las que ha habido en Ucrania?”, solo dice sí el 3,6%. Y el 61,2% no cree que haya posibilidad de sucesos de ese tipo en el país.
No obstante, en el último decenio, los bielorrusos han salido a la calle en dos ocasiones. En los dos casos -en 2006 y 2010-, las manifestaciones se produjeron tras unas elecciones presidenciales. Hubo formas de protesta muy diversas en Minsk y otras grandes ciudades. En particular, se organizaron marchas silenciosas a través de rede sociales como Vkontakte y Odnoklassniki. Sin embargo, las protestas no fueron muy populares, puesto que las manifestaciones más numerosas no consiguieron convocar a más de 1.000 personas, y en muchas otras no se reunieron más allá de 20 participantes. Todas ellas acabaron disueltas, y ninguna acción duró más de una semana.
Las características de la sociedad bielorrusa y la experiencia revolucionaria del país hasta hoy indican que no está preparado para emprender nada parecido a la revolución de Ucrania. La próxima ocasión que puede generar malestar será la elección presidencial de 2015, pero, después de los acontecimientos de Ucrania, las autoridades bielorrusas harán seguramente todo lo posible para impedir que ese malestar se materialice, con medidas como el refuerzo del ya estricto control de los medios de comunicación, una mayor restricción de las campañas electorales, la detención de activistas de la oposición y la aprobación de una subida artificial de los salarios para incrementar el apoyo al régimen.
Las posibilidades de un segundo caso Bolotnaya
La sociedad rusa tiene una larga tradición de protestas y desobediencia civil: en 1825, los decembristas se rebelaron contra el zar Nicolás I; en 1917, los bolcheviques derrocaron a Nicolás II. En 1991, los rusos fueron a la Plaza Manezhnaya de Moscú a pedir democracia, mostrar su apoyo a Boris Yeltsin y exigir la dimisión de Mijaíl Gorbachov. En 1993, irrumpieron en el Parlamento durante la crisis constitucional. Y también se han manifestado durante el mandato de Putin. En 2010, los habitantes de Kaliningrado se echaron a las calles para quejarse por la cancelación de las elecciones a gobernador. En esa misma época se creó el movimiento Estrategia-31 para protestar contra las nuevas leyes que limitaban la libertad de reunión (garantizado en el artículo 31 de la Constitución rusa) y se organizaron varias manifestaciones, sobre todo en Moscú. Estas acciones concretas fueron el anuncio de otras actividades a mayor escala, que comenzaron en diciembre de 2011 cuando decenas de miles de personas llenaron la Plaza Bolotnaya para protestar contra unas elecciones legislativas llenas de fallos. Las protestas continuaron de manera esporádica durante el invierno y hasta la primavera de 2012, coincidiendo con la toma de posesión de Vladímir Putin como presidente para iniciar su tercer mandato en marzo. Se detuvo a cientos de manifestantes en varias ciudades y el Estado reforzó las medidas de represión.
Amplios sectores de la clase media rusa, que han obtenido grandes beneficios económicos durante el gobierno de Putin, se sienten hoy incómodos con el fraude electoral, la corrupción y la represión de la libertad de expresión que imperan en el país. La dimensión y la energía de las protestas empujaron a las autoridades a imponer duras sanciones contra los manifestantes, incluidas multas y detenciones. Una encuesta del instituto ruso independiente de sondeos Levada muestra que, en enero de 2014, la popularidad de Putin tenía el nivel más bajo hasta entonces, con un índice medio de aprobación del 24%, y que la anexión de Crimea, en marzo, fue el único factor que permitió que esa cifra subiera al 83% en mayo.
En Rusia, por otra parte, el apoyo a otras instituciones políticas no es comparable a los niveles que obtiene la presidencia. El motivo es sobre todo el régimen autoritario del país, que concentra el poder en el presidente y hace que sea él quien tome todas las decisiones importantes y que casi todas las demás instancias estén subordinadas a él. Otra razón es el alto grado de corrupción (Rusia ocupa el puesto 127 entre 177 países en relación con la percepción de que existe corrupción), que hace que la población se sienta distanciada de los aparatos del Estado.
A pesar de esta imagen tan poco halagüeña del régimen actual, los rusos son muy conservadores en sus aspiraciones políticas para el país. Según las encuestas, el 39% desearía una vuelta al sistema soviético anterior a 1991, algo que podría decirse que es lo que está haciendo Putin, por lo menos, sin duda, en su retórica oficial. Otro 19% de la población apoya el sistema actual, y solo el 21% cree que una democracia de estilo occidental es el mejor régimen político para Rusia (datos de enero de 2014).
La última oleada de manifestaciones se produjo en marzo de 2014, cuando alrededor de 100.000 personas salieron a la calle en Moscú y San Petersburgo para protestar contra la anexión rusa de Crimea y para pedir medios de comunicación imparciales y honrados. No obstante, una vez más, se trató de protestas concretas y limitadas a las grandes ciudades del país, porque la mayoría de los rusos respaldan la política exterior del Kremlin (no hay más que ver el aumento del índice de aprobación de Putin después de que se anexionara Crimea) y el 43% cree que lo ocurrido en Ucrania ha estado instigado por Europa.
Las características de las protestas que ha habido en Rusia durante la era de Putin indican que en la élite liberal del país hay sed de rebelión. Pero también es evidente que las tendencias conservadoras de la mayoría de la población y las probabilidades de que los manifestantes sufran duras medidas de represión impiden, por ahora, que cualquier protesta consiga producir cambios significativos, y mucho menos derrocar el Gobierno.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
