Amazonia_portada
Protesta contra el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por sus políticas medioambientales en Bruselas, agosto 2019. KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Cómo las políticas regresivas del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, están desmantelando la protección ambiental de la Amazonia y caminan hacia la remilitarización de la región.

Los fuegos en la Amazonia no solo no han cesado con los discursos y con las reacciones del Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sino que han aumentado. Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE, en sus siglas en portugués), los fuegos en la región se han triplicado respecto al año anterior. El día 28 de agosto, en el que se publicó un decreto presidencial prohibiendo prender fuegos en la Amazonia por 60 días, el mismo INPE observó un incremento del 106% de los fuegos en la región. La Amazonia vuelve así al escenario geopolítico, tras una sucesión de ataques al medio ambiente que ponen la política de Bolsonaro en el punto de mira.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que Francia no va a aprobar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur porque Bolsonaro le ha mentido sobre su compromiso con la protección ambiental. Esa declaración –ampliamente divulgada por la prensa internacional y que ha generado la mayor crisis internacional del Gobierno de Bolsonaro– ha sido una reacción de París a los alarmantes fuegos en la Amazonia brasileña.

Como anfitrión de la Cumbre del G7, en Biarritz, Macron ha gestionado una agenda de reproches y posibles sanciones más amplias al Ejecutivo de Bolsonaro, lo que no ha sido aceptado por los demás mandatarios del Grupo –sobre todo por Donald Trump–. Pero aún así, el Presidente galo logró vocalizar el repudio internacional por la desastrosa política medioambiental de Bolsonaro en Brasil. El asunto desnuda la fracasada política exterior del ultraderechista Trump del trópico, que proyecta una visión totalmente ideológica y nada pragmática de la realidad internacional.

 

Adiós a la protección ambiental

Desde su elección, Bolsonaro ha defendido políticas muy regresivas respecto al medio ambiente. La promesa de sacar a Brasil del Acuerdo de París no pudo mantenerse debido a la fuerte reacción interna –dentro del mismo Gobierno e internacionalmente–.  En el ámbito doméstico, el desmantelamiento progresivo de la estructura de la protección ambiental se ha dado en distintas esferas gubernamentales, en especial, en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente –el IBAMA– que tiene un papel central en fiscalizar la deforestación y el contrabando de madera y biodiversidad.

Amazonia_fuego
Incendio en la Amazonia. Brasil, agosto 2019. JOAO LAET/AFP/Getty Images

Pero el punto álgido de la polémica –poco antes de la crisis con Macron– vino con el despido del presidente del INPE, órgano federal que monitorea los incendios y la deforestación en el país. Bolsonaro y su ministro de Medio Ambiente criticaron los métodos de monitoreo, que ya apuntaban una alta incidencia de la devastación de los bosques, acusando al Instituto de ineficiencia. El INPE es un órgano público de excelencia en Brasil, con reputación internacional. Su presidente, Ricardo Galvão, profesor del Instituto de Física de la Universidad de São Paulo-USP, fue despedido por defender los métodos que la misma NASA reconoce como eficaces. Una de las voces internacionales más respetadas en el tema del cambio climático, el científico brasileño Carlos Nobre, miembro del IPCC, defiende al INPE y alerta del riesgo que supone sustituir su demostrada experiencia y metodología por otras desconocidas procedentes del sector privado. El desmantelamiento del Estado protector del medio ambiente viene unido a una mezcla de ideología antiestatal y a la obsesión con la reducción del Estado en las actividades públicas.

Los conflictos incendiarios e ideológicos entre el Gobierno de Bolsonaro y países que históricamente han apoyado la preservación del medio ambiente en Brasil, y de la Amazonia en particular, se han producido también a causa de las acusaciones del ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, al Fondo Amazonia, al que Alemania y Noruega han contribuido de manera sustantiva. El Fondo Amazonia es el sucesor del PPG7, que fue creado en la Conferencia de Medio Ambiente de Río de Janeiro, en 1992. Se trata del principal aporte financiero internacional para apoyar la protección de la Amazonia.

Tras la suspensión de las donaciones al Fondo por parte de Alemania y Noruega, debido a las infundadas y agresivas acusaciones de malversación económica, los gobernadores de los estados federados de Amazonia buscan directamente países extranjeros para garantizar el mantenimiento de la ayuda externa, que impacta la vida de millares de personas en la región. Esa posición colectiva refuerza la paradiplomacia del cambio climático y ha sido incentivada por voces influyentes como Roberto Mangabeira Unger, profesor de Derecho en la Universidad de Harvard.

Los fuegos en la Amazonia han mostrado que el INPE estaba en lo cierto y que Bolsonaro se equivocaba. Pero el Presidente brasileño, perdiendo la oportunidad de corregir su error, acusó a las ONG ambientalistas de ser las responsables de los incendios. La imputación, totalmente irresponsable y sin pruebas, fue rápidamente rechazada por las principales ONG brasileñas y extranjeras que actúan en proyectos socioambientales, y ha generado indignación en la opinión pública, con repercusiones en el Congreso nacional, que ya había creado un Frente Parlamentario por la Defensa de la Amazonia para oponerse a las políticas regresivas del gobierno federal.

 

La defensa de la soberanía, coartada para remilitarizar la Amazonia

A la defensiva por la repercusión negativa de los fuegos en la Amazonia y las tensiones con el presidente Macron, el gobierno de Bolsonaro gestionó un gabinete de crisis y adoptó la política que ha caracterizado su mandato desde el principio: conferir a los militares el papel central de organizadores frente el caos de la situación. Con ello, internamente, Bolsonaro también saca ventaja del episodio para satisfacer a las Fuerzas Armadas, que habían dejado de ser los actores clave que solían ser en los 100 primeros días del Ejecutivo. En efecto, varios militares importantes en el Gobierno fueron despedidos por Bolsonaro, que, al parecer, quiso dar muestras de autoridad sobre los diversos generales del Gobierno y acabar con la idea de un posible control militar de su mandato –sobre todo por la hiperactuación de su vicepresidente, el general Mourão–. Las potenciales pérdidas de renta con la reforma de las pensiones han agravado la tensión con  los militares y sus familias, que no pueden manifestarse públicamente ni disponen de representación sindical, al mismo tiempo que forman también parte del electorado de Bolsonaro.

amazonia_ejercito
Desfile de soldados en agosto de 2019 cuando Jair Bolsonaro había dicho que podría enviar a las Fuerzas Armadas para luchar contra los fuegos en la Amazonia.

De ahí que la defensa de la Amazonia, tradicional argumento de los militares para mantener la actuación, el entrenamiento y el presupuesto dentro del Estado brasileño, vuelve a ser una coartada para recuperar su espacio dentro del Gobierno. En efecto, Bolsonaro aprobó un decreto que aplica la llamada Garantía de la Ley y del Orden (GLO), un mecanismo amparado en la Constitución por el cual se permite el uso de las Fuerzas Armadas para actuar en el orden interno. Se trata del mismo instrumento que ha sido utilizado para la ocupación militar de Río de Janeiro en aras de combatir el crimen organizado. El recurso a la GLO se ha justificado para proteger la Amazonia de los fuegos y de la ocupación ilegal del territorio y, para ello, el ministerio de Defensa logró recibir 38 millones de reales (algo más de 8 millones de euros) para la operación.

Si bien es cierto que el Ejército ha cumplido un papel importante en garantizar la defensa de las fronteras del país en la región de la Amazonia, hay que recordar que la política desarrollista e insostenible de los militares en esta área durante el período de la dictadura fue desastrosa para el medio ambiente –aunque en Brasil la memoria histórica no solo es débil sino que además el Gobierno de Bolsonaro ha intentado borrarla con su narrativa negacionista de los hechos y de la ciencia. El período de mayor devastación ambiental de la Amazonia fue justamente durante los gobiernos militares. El discurso ha cambiado muy poco en este sentido y se ha agravado por la creencia castrense de que los indígenas deben ser asimilados a la sociedad. La política de Bolsonaro hacia estas comunidades es notoriamente regresiva e impacta directamente en la preservación de Amazonia, pues las áreas indígenas, que representan 13% del territorio nacional, son verdaderos santuarios de preservación de la Amazonia.

Ahora bien, la defensa apasionada de la soberanía de la Amazonia por parte  del Presidente brasileño y el ministerio de Defensa entraña una gran contradicción generada por la política exterior del mismo Bolsonaro en el tema de Venezuela. El canciller y el Presidente han apoyado un cambio de régimen en Caracas, en flagrante violación de la soberanía de aquel país, en nombre de supuestos principios democráticos. Esa clase de contradicción en la política internacional se verifica en base a precedentes. El Itamaraty siempre los ha evitado, con una aplicación pragmática del principio de no intervención.

La interpretación ideológica de la soberanía del país ha llevado a Bolsonaro a rechazar una donación del G7 y a buscar ayuda técnica selectiva, en Israel y Chile, cuyos mandatarios está alineados con el líder brasileño. Se trata de una total tergiversación del principio de la cooperación internacional.

 

La América para los americanos… y la Amazonia para la Casa Blanca

Mientras Bolsonaro rechaza la injerencia de Macron en la Amazonia y habla que esta es 100% brasileña –aunque sea un recurso compartido con otros países, según el Tratado de Cooperación Amazónica-TCA–, el canciller Ernesto Araujo y el hijo del Presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro –canciller de facto– se han reunido con Donald Trump en la Casa Blanca para discutir su apoyo a la protección de la Amazonia.

Aquí cabe recordar al Barón de Río Branco –el gran personaje de la diplomacia brasileña. Él afirmó en sus memorias que el conflicto con Bolivia, que ha resultado en la incorporación del territorio de Acre para Brasil, fue el caso más importante de su vida. Esto impidió el acceso de Estados Unidos a la navegación del Río Amazonas, algo que se veía como una gran amenaza a la soberanía del país a principios del siglo XX.

Los que siguen el desmantelamiento de las políticas ambientales en EE UU llevadas a cabo por Trump, saben que no hay motivos para creer que su verdadero interés en la Amazonia es protegerla.