• African Affairs,
    vol. 103, nº 410,
    Enero 2004, Londres


 

Tras el genocidio que acabó con las vidas de 800.000 ruandeses en 100
días en la primavera de 1994, la búsqueda de justicia y de asunción
de responsabilidades ha tomado caminos sinuosos. Ha pasado de flamantes tribunales
internacionales, con sus jueces extranjeros togados, a atestados tribunales
nacionales, para terminar en juicios locales, celebrados en las aldeas, sin
jueces o abogados formados. En un reciente artículo en la revista trimestral
African Affairs, publicada por la Royal African Society, las investigadoras
Allison Corey y Sandra F. Joireman afirman que esa búsqueda ha fracasado.

En un primer momento, Naciones Unidas puso en marcha una investigación
internacional e interpuso acciones judiciales contra los líderes hutus
que habían planeado y perpetrado el genocidio contra la minoría
tutsi y los hutus moderados. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia,
creado en 1993, ofrecía un buen modelo para la justicia internacional
en Ruanda; una noción básica de justicia parecía dictar
que un genocidio mucho más sangriento no podía tener una respuesta
menor. El Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional
para Ruanda (TPIR) en noviembre de 1994 y, en parte por motivos de seguridad,
situó su sede en Arusha, Tanzania. Una década después,
al hacer un breve balance de la actuación del TPIR, Corey y Joreiman
afirman que "los fallos del tribunal para Ruanda exceden con mucho los
beneficios aportados".











Tribunal popular: acusados de crímenes de guerra esperan su traslado a un tribunal gacaca en 2003.
Tribunal popular: acusados de
crímenes de guerra esperan su traslado a un tribunal gacaca en 2003.

Las autoras aciertan al señalar que el tribunal sufrió en sus
primeros años una mala administración y tuvo un mandato demasiado
limitado. Pero subestiman los obstáculos que ha afrontado y minimizan
sus logros. El genocidio es un delito complejo, con miles de víctimas
y, en el caso de Ruanda, miles de autores. Demostrar la culpabilidad de determinados
altos cargos en un tribunal que cumpla con los requisitos internacionales para
los procedimientos legales resulta muy difícil. Comparado con el coste
de juzgar un número similar de delitos graves en EE UU, los alrededor
de 500 millones de euros que ha costado el TPIR en una década no son
sorprendentes. Los juicios y sentencias históricas del tribunal contra
altos cargos han hecho que valgan la pena.

Pero el TPIR no es el único mecanismo para la asunción de responsabilidades.
El Gobierno ruandés, hostil al tribunal en parte porque éste no
admite la pena de muerte, ha recurrido a los tribunales nacionales para encausar
a las decenas de miles de ruandeses implicados en la masacre. EE UU y otros
países donantes han apoyado la iniciativa. Como embajador plenipotenciario
del presidente Bill Clinton para asuntos relacionados con crímenes de
guerra, durante años defendí en vano la creación en Ruanda
de programas de asistencia judicial y la introducción de una nueva ley
sobre genocidio que administrara justicia penal con garantías ...