Más de dos años después de que declarara su independencia, Kosovo lidia con una justicia frágil y con un Estado de Derecho desigual que ponen en peligro su futuro.
Cuando las autoridades serbias abandonaron Kosovo en 1999, se llevaron consigo tribunales, expedientes judiciales y registros, dejando tras de sí un sistema judicial corrompido por discriminaciones históricas, vínculos con el que fuera presidente de la antigua Yugoslavia, Slobodan Milosevic y un enorme cúmulo de casos civiles y penales.
Numerosos progresos se han alcanzado en materia, entre 1999 y 2008, bajo la supervisión de la Misión de Administración Provisional de Naciones Unidas en Kosovo(UNMIK, en sus siglas en inglés). Hashim Thaçi, su primer ministro desde que se declarara Estado independiente en 2008, ha sabido dirigir de manera pacífica el proceso de transición hacia la independencia, preservando el legado administrativo de la ONU. Además, Kosovo ha alcanzado un punto en el que la comunidad serbia se encuentra a salvo y en el que los casos de violencia por razones étnicas son raros.
A pesar de estos avances, la justicia y el Estado de Derecho siguen siendo frágiles: la policía, los fiscales y los tribunales mantienen un rendimiento inestable y propenso a las interferencias políticas y a los abusos de poder. El crimen organizado y la corrupción se encuentran a la orden del día y existe la sensación generalizada de que el país está siendo dirigido por una élite política, que trabaja al margen de la ley y que controla cada aspecto de la sociedad. La Misión Civil de la Unión Europea en Kosovo para Garantizar la Ley(EULEX, en sus siglas en inglés) ya se encuentra investigando casos de corrupción en las más altas esferas. Sus esfuerzos hasta la fecha han puesto de relieve importantes lagunas en la regulación, lo que mantiene alejada la inversión extranjera y sumerge al país en la pobreza.
En lo que al sistema judicial se refiere, pocos son los delitos cometidos que terminan con sus autores en prisión. Las disputas sobre la propiedad están muy extendidas y, en el momento en que no pueden ser resueltas ante los tribunales, acaban degenerando en violencia. Por otro lado, los jueces, desmoralizados y exhaustos, cargan con el peso de casos atrasados y se ven perseguidos por una reputación de corrupción y favoritismos. Los demandantes, por su parte, aguantan exasperantes retahílas de apelaciones, sentencias preventivas y retrasos. Tampoco las instituciones encargadas de velar por el equilibrio judicial están operando debidamente: el Consejo Judicial de Kosovo se encuentra paralizado dado el elevado número de puestos clave a la espera de ser cubiertos, y el ministro de Justicia carece de liderazgo y de apoyo político.
Por su parte, la policía goza de un fuerte apoyo popular y un amplio margen de maniobra. No obstante, se encuentra mal administrada, carece de las habilidades vitales necesarias para su liderazgo y está limitada a la hora de luchar contra el crimen organizado, los fraudes financieros, o el contrabando de drogas y el tráfico humano.
La debilidad del sistema es especialmente perceptible en el norte de Kosovo, donde Serbia mantiene un control efectivo. En esta zona no existe una justicia criminal real, dado que los tribunales serbios no pueden cooperar con la policía de Kosovo. Por otra parte, la Unión Europea tampoco ha establecido una ayuda policial en la zona, lo que abre espacio a bandas de crimen organizado.
La Administración de Thaçi está perdiendo ciertos beneficios que le podría proporcionar la estabilidad democrática, y los inversores extranjeros no van a arriesgar un capital significativo sin la seguridad de que sus derechos vayan a estar protegidos. Tampoco los empresarios kosovares prosperarán en una economía dominada por un círculo cerrado de magnates locales.
En este sentido, el Gobierno debería tomar las medidas pertinentes para investigar los casos de corrupción en las más altas esferas y prevenir su reincidencia. Además, necesita adoptar urgentemente un marco legal para su sistema jurídico y el nombramiento de miembros permanentes del Consejo judicial. Siguiendo esta línea, el papel que juega Serbia se revela importante, ya que debería devolver todos los documentos oficiales y expedientes judiciales adoptados en 1999, apoyar el nombramiento de jueces serbios en Kosovo y cooperar con la misión EULEX.
La situación judicial también afecta al status internacional del país. Mientras su reputación de Estado desordenado persista, los países que no reconocen su independencia (entre los que se encuentran España, Grecia y Chipre, además de la ONU) se mostrarán reacios a cambiar su postura. En este contexto, y siguiendo su campaña contra la corrupción y el crimen organizado, Serbia contaría con un arma retórica con la que esperaría establecerse como líder regional en la construcción del Estado de Derecho.
La comunidad internacional debería aportar su apoyo a EULEX en la investigación y persecución para los casos de corrupción, así como acentuar su actuación en el norte de Kosovo. Además debería mantener una fuerte presión sobre el Gobierno para garantizar una estabilidad democrática y asegurar que los consejos y la asistencia estén coordinados y sean firmes.
Aunque sólo sea una percepción, Kosovo no debe esperar más tiempo para afianzar sus cimientos jurídicos y legales si quiere garantizarse un futuro éxito económico y político. La ausencia de medidas, le hace correr el riesgo de permanecer pobre y aislado.
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