¿Qué pasos deberían dar la comunidad internacional y el gobierno haitiano?
El 2 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) autorizó el envío de una misión de seguridad a Haití. Encabezada por tropas kenianas, su objetivo es ayudar a la policía local haitiana y restablecer el orden en un país sumergido en la violencia entre bandas. Haití sufre desde hace años una compleja situación política y de seguridad. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021 agravó el caos y, desde entonces, la paralización política y la disputa entre bandas están causando estragos en el país. Se calcula que el 90% de Puerto Príncipe, la capital, está bajo el control brutal de las bandas. Los grupos criminales ejercen la violencia indiscriminada contra la población civil para conseguir beneficios económicos o poder; cometen secuestros, tiroteos masivos y violencia sexual generalizada.
Después de años de parálisis y negociaciones, el gobierno haitiano y la comunidad internacional han acordado que es necesaria la intervención de una fuerza internacional de seguridad, sin embargo, no está claro cómo van a garantizar Kenia y sus aliados el éxito de esa intervención. A medida que la comunidad internacional avanza, es fundamental que la iniciativa tenga en cuenta las dinámicas de género de la crisis de seguridad y tome medidas deliberadas y metódicas.
Aunque el crimen organizado, la impunidad general y la violencia omnipresente afectan a todos los habitantes de Haití, las mujeres y las niñas sufren sus efectos de forma desproporcionada. Un informe presentado en 2022 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) reveló que las bandas haitianas violan intencionadamente e infligen otras formas de violencia sexual a mujeres, niñas y niños y, en menor medida, hombres, para ampliar, consolidar y ejercer su control en los territorios.
La gravedad del problema quedó de manifiesto en un estudio llevado a cabo en Cité Soleil, un municipio de Puerto Príncipe. Según el informe, el 80% de las mujeres y niñas entrevistadas habían sido víctimas de una o más formas de violencia de género (VG) y el 43% de ellas habían sufrido una o más formas de violencia sexual, muy por encima de la media mundial. Estos abusos continúan en todo Haití y en general quedan impunes, sobre todo por la facilidad de acceder a armas de gran calibre y a que el Estado haitiano no tiene suficiente capacidad para responder. Las fuerzas del orden no solo tienen unas limitaciones operativas, logísticas y de recursos considerables a la hora de abordar e investigar la violencia de género, sino que muchas veces están ausentes de algunos territorios por completo. Las víctimas de la VG no suelen conseguir acceso a las ya escasas vías para denunciar esos comportamientos o buscar justicia.
La violencia de género y la violencia sexual se han convertido en parte intrínseca de la confrontación entre bandas haitianas. El cuerpo de las mujeres y las niñas se ha convertido en una extensión del campo de batalla; la violencia sexual se utiliza como castigo por la supuesta lealtad a un rival o para reafirmar el control sobre el territorio. Los lugares de tránsito, como las paradas de autobús y los puertos, son zonas de mayor vulnerabilidad, en los que las bandas ejercen la violencia sexual, llevan a cabo secuestros y alteran la vida cotidiana para mantener el poder.
Mientras la comunidad internacional y Kenia continúan diseñando la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS por sus siglas en inglés), es cada vez más imprescindible elaborar un plan que tenga en cuenta las dinámicas de género de la crisis. Aunque la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su texto, defiende la necesidad de prevenir y solucionar la violencia de género, Kenia y sus aliados deben aplicar medidas palpables de respuesta, gestión y mitigación. La necesidad de estas medidas es aún más necesaria dados los compromisos adquiridos por la ONU y Kenia de tener en cuenta la perspectiva de género en las misiones de seguridad. En el año 2000, la ONU aprobó la Resolución 1325, que subrayaba los efectos de los conflictos armados en las mujeres y las niñas y fomentaba su participación en los procesos de paz y seguridad. Kenia, junto con los demás Estados miembros, elaboró su propio Plan de Acción Nacional (KNAP I y II), que esbozaba varios compromisos concretos de abordar las cuestiones de género que figuran en el programa de Mujeres, Paz y Seguridad.
Es muchísimo lo que depende de que se cumplan o no estas promesas durante la intervención prevista. La historia nos cuenta que los intentos de restablecer la autonomía y la paz en Haití han fracasado una y otra vez. Los informes sobre miembros de los cascos azules que perpetuaban la VG minaron la confianza en que las intervenciones internacionales pudieran facilitar la estabilidad y mucho menos mejorar verdaderamente la situación de Haití a largo plazo. La misión propuesta es una oportunidad para que Kenia cumpla los compromisos adquiridos con arreglo a la Resolución 1325 y los KNAP I y II. En términos más generales, es una oportunidad para que la comunidad internacional y el gobierno haitiano cumplan con sus obligaciones y responsabilidades con el pueblo de Haití. Estas son algunas de las cosas que pueden hacer para conseguirlo.
En primer lugar, la operación debe situarse en el marco de sensibilidad de género establecido por la agenda Mujeres, Paz y Seguridad e involucrar a las mujeres en todas las áreas: política, desarrollo de estrategias y puesta en práctica. Antes del despliegue, Kenia debe incorporar el género al análisis estratégico y del conflicto, como elemento transversal, y construir una evaluación de las amenazas, los riesgos y la vulnerabilidad en materia de seguridad relacionadas al género. Dado que las operaciones concebidas para recuperar el control de los barrios dominados por las bandas pueden provocar un aumento de la violencia de género, la misión multinacional debe integrar tangencialmente en sus operaciones la protección de la población local. Con ese fin, la Estrategia Nacional de Desarme, Desmantelamiento, Reinserción y Reducción de la Violencia Comunitaria (SNDDR-CVR en sus siglas en inglés), recién aprobada, incluye un plan integral para prevenir la VG, ayudar a las víctimas y establecer mecanismos de protección dentro de la comunidad local.
Las tropas kenianas y otras fuerzas participantes deben recibir formación en materia de violencia de género, sobre las posibles situaciones y las soluciones que dan prioridad a las víctimas. Aunque se dice que hay cierta formación inicial, no se sabe que exista una específica en materia de género ni su aplicación. Dada la desconfianza general —y justificada— de los haitianos respecto a la ayuda internacional, las fuerzas de seguridad deben saber que existe una política de tolerancia cero hacia la violencia sexual y rendir cuentas en caso necesario. Sobre todo, porque es conocida la reputación de la propia policía keniana de hacer uso excesivo de la fuerza.
Dado que la coalición encabezada por Kenia ha incluido en su ámbito de actuación el desarrollo de capacidades, tendrá que colaborar con la Policía Nacional Haitiana (PNH, por sus siglas en francés) para mejorar la capacidad de respuesta ante la violencia de género mediante unidades policiales especializadas. El Plan de Acción de Kenia hace hincapié en el fortalecimiento de la capacidad policial para proteger a las mujeres y las niñas. Durante las operaciones, las fuerzas de intervención deben basarse en este marco, con el propósito de acabar desarrollando un modelo de PNH independiente y autosuficiente.
Estos objetivos pueden parecer casi inalcanzables en vista de la violenta situación actual. Pero colaborar con las entidades locales es crucial para garantizar la longevidad de la paz en Haití. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, para ser eficaz, debe aprovechar los conocimientos locales sobre las condiciones de seguridad. Con el tiempo, esa colaboración puede y debe convertirse en una infraestructura dirigida por la comunidad. La participación de la comunidad local en la lucha contra la violencia de género refuerza las campañas existentes, como ya se ha visto en proyectos similares dirigidos por el Banco Mundial. En el futuro, la Policía Nacional de Haití debería crear unos servicios dedicados a los supervivientes que faciliten a las víctimas denunciar los abusos, tanto para que el pueblo haitiano obtenga justicia como para reducir la posibilidad de que la violencia de género sea una herramienta útil para las bandas en el futuro.
En Haití, la violencia de género está indisolublemente unida a la crisis de seguridad. Abordarla debe ser tan fundamental como enfrentarse a las bandas. Todo lo que haga la misión multinacional debe incorporar un enfoque de género. Sin medidas concretas y factibles para ayudar a las mujeres, las niñas y las víctimas de la violencia de género, corremos el riesgo de que las declaraciones actuales no sean más que mera retórica y se acabe condenando a Haití a una nueva intervención fallida.
El artículo original en inglés ha sido publicado en Global Americans
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
