¿Qué violaciones de los derechos humanos comenten las compañías extranjeras en esta región y quién las controla?
En noviembre del 2019, la multinacional cementera Lafarge, una de las mayores empresas de Francia, tuvo el dudoso honor de convertirse en la primera compañía del país en ser investigada penalmente por sus actividades en el extranjero. Entonces, un tribunal de apelación de París confirmó cargos criminales preliminares presentados por la Fiscalía contra la empresa que incluían financiar al Estado Islámico y a otros grupos armados en Siria, violar los embargos internacionales y poner en peligro a sus trabajadores en el país.
Automáticamente, el caso Lafarge se convirtió en lo que la organización francesa Sherpa, que monitorea las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas, consideró un “emblema de la lucha contra la impunidad de las multinacionales, especialmente en zonas de conflicto”. “Se convertirá en un precedente histórico”, apuntó. Al mismo tiempo, el episodio puso de manifiesto el importante papel de las empresas a la hora de respetar –o violar– los derechos humanos en contextos de conflicto y en Oriente Medio, donde la atención en esta materia se dirige mayoritariamente hacia los gobiernos y organizaciones internacionales, por lo general a expensas del sector privado, pese a ser una parte integral.
En este contexto, el respeto a los derechos humanos hace referencia a los reconocidos internacionalmente, y que incluyen, como mínimo, los recogidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos y, en concreto, los derechos laborales de la Declaración de Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Aunque todavía es limitada, en la última década la forma de actuar de las empresas, sobre todo las multinacionales, y su impacto en los derechos humanos está recibiendo creciente consideración. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un grupo de trabajo específico para la cuestión, cuyo mandato de tres años fue renovado en 2014. También entonces, el Consejo aprobó de forma unánime los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el primer marco reconocido a nivel mundial que fija deberes y responsabilidades a los gobiernos y a las empresas a la hora de lidiar con los efectos adversos de la globalización y de la actividad empresarial sobre las personas.
“Las empresas pueden afectar a los derechos humanos de sus empleados y trabajadores contratados, sus clientes, los trabajadores de sus cadenas de suministro, las comunidades que rodean sus operaciones y los usuarios finales de sus productos o servicios. Pueden tener un impacto –directo o indirecto– en prácticamente todo el espectro de los derechos humanos internacionalmente reconocidos”, lee la introducción de los Principios Rectores.
Así es que, más allá del marco básico establecido por la Carta Internacional de Derechos Humanos y por los principios relativos de la OIT, el Consejo de la ONU también incluye estándares adicionales a tener en cuenta fijados en convenciones internacionales como la de la eliminación de todas las formas de discriminación racial y contra la mujer, de los derechos del niño, trabajadores migrantes y sus familias, personas con discapacidad, pueblos indígenas y minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas.
En Oriente Medio y el Norte de África en concreto, clave para los intereses empresariales europeos, que en conjunto son el socio comercial más importante para la región, este entorno es uno de los principales ámbitos en los que se producen abusos de derechos humanos. Sobre todo, porque tienen lugar en un contexto en el que su respeto no solo no es una prioridad, sino en el que este tipo de violaciones están muy extendidas.
Punto de partida
La investigadora Noor Hamadeh, especializada en negocios y derechos humanos en Siria y el resto de la región, señala en un artículo del Instituto Tahrir para la Política de Oriente Medio (TIMEP) que uno de los motivos por los que los abusos de derechos humanos en su entorno empresarial son frecuentes es que muchas de sus economías están construidas sobre sistemas corruptos y un capitalismo de amiguetes. Esta estructura, nota Hamadeh, implica que empresarios y funcionarios cuentan con un acceso privilegiado a los recursos y oportunidades, que sus líderes se benefician de este sistema, y que, por lo general, las violaciones de derechos humanos se perpetúan con impunidad. En este contexto, además, la enorme mayoría de países de la región no cuentan con regulaciones que protejan a sus ciudadanos de abusos de derechos humanos por parte de las empresas ni que obliguen a estas a cumplirlos, como los planes de acción nacional recomendados por Naciones Unidas. Solo Jordania y Marruecos han mostrado su intención de elaborar planes en estas líneas.
Un ejemplo ilustrativo de ello es el del sector del cemento en el Líbano. Controlado por un cartel de tres empresas, entre ellas la franco-suiza LaFargeHolcim, sus vínculos con la élite política del país les ha permitido mantener unos precios unas tres veces por encima de las tarifas internacionales. Sus abusos recibieron especial atención con las necesidades de reconstrucción de Beirut tras la grave explosión de 2020, y condujeron a un estudio de diseño e investigación libanés, Public Works, a pedir a Suiza que rinda cuentas con la compañía, a la que acusan asimismo de delitos medioambientales.
Más en concreto, Hamadeh también subraya que la transparencia empresarial en muchos países de Oriente Medio y el Norte de África, que debería permitir controlar la corrupción interna y posibles abusos de derechos humanos, es mínima. Además, las economías de la región suelen ser débiles, una característica que, sumada a todo lo anterior, desincentiva que las compañías cumplan con las reglas internacionales en materia de derechos humanos porque, de hacerlo, se colocarían en una posición de desventaja frente a sus competidores.
En este sentido, el Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos criticó en un informe sobre la respuesta del sector de la construcción a los derechos de los trabajadores migrantes en Qatar y Emiratos Árabes Unidos que muchas empresas, entre ellas algunas con sede en países europeos, no accedieron a responder a sus preguntas. Algunas de las que se negaron a cooperar están involucradas en la construcción de instalaciones del Mundial de fútbol de Qatar de 2022, como Cimolai, de Italia, y J&P Avax SA, de Grecia. Ninguna de las cinco españolas a las que se dirigieron (Acciona, Constructora San José, FCC, Ferrovial y OHL) respondió. Su caso no es menor, puesto que el sector de la construcción en Oriente Medio es considerado el mayor y el que más crece en el mundo, y empleaba entorno al 7% de la mano de obra mundial, al menos antes de la pandemia. La mayoría de inversiones directas extranjeras de Europa a la región antes de la Covid-19 se concentraban en el sector inmobiliario, energético, financiero y productos de consumo.
Determinar cuán extendidas están estas vulneraciones de derechos humanos en el entorno empresarial de la región está fuera de alcance, pero los estudios realizados sugieren que mucho. En su informe de finales de 2018 para la Asamblea General de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre Empresa y Derechos Humanos señaló que, más allá de un pequeño conjunto de empresas que empezó a adoptar inicialmente sus directrices, y que principalmente está formado por grandes corporaciones con sede en mercados occidentales, la mayoría de compañías del mundo siguen sin ser conscientes de su responsabilidad, o directamente no quieren, aplicar la diligencia debida que se les exige en la materia. Y también alertó de que uno de los principales desafíos para estas es adaptarse a los contextos locales.
A principios de mayo, el mismo Grupo de Trabajo alertó de que el pabellón alemán en la Exposición Universal de Dubái, que tiene previsto arrancar en octubre, contrató servicios de seguridad y limpieza a una empresa, Transguard Co., con un largo historial de abusos a sus trabajadores. La directora de su programa para los países del Golfo, Isobel Archer, notó que la empresa alemana se había negado a exponer qué medidas había adoptado para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. El órgano también se hizo eco en abril del desmantelamiento en España de una red que usaba empresas del sector agrícola para explotar a trabajadores migrantes, en este caso marroquíes.
Esta tendencia queda plenamente reflejada en un estudio de ImpAct International de 2019. Basado en una encuesta a 42 bancos de Oriente Medio y el Norte de África, el estudio reveló que solo tres alcanzan el nivel mínimo para un progreso satisfactorio, mientras que 27 recibieron puntuaciones “totalmente inadecuadas”, la mitad de los cuales con un cero de nota. Su caso es particularmente grave porque el 80% no adoptó medidas significativas para asegurarse de que sus inversiones no contribuyen a violar derechos humanos, y ninguno de ellos cuenta con un proceso para cuando descubren que ese ha sido el caso.
Las empresas europeas no tienen mucho más que celebrar. En un informe de 2019 sobre 1.000 compañías europeas, la Alianza para la Transparencia Empresarial concluyó que, si bien una minoría proporciona información completa y fiable sobre sostenibilidad, en general no es suficientes para comprender sus impactos, riesgos y planes. En derechos humanos, la mayor atención se centra a combatir el trabajo infantil y forzado, pero menos del 4% abordan su impacto sobre las comunidades locales y ninguna empresa financiera ofrece una lista de las comunidades potencialmente afectadas por sus préstamos. Además, más del 75% no es transparente con su cadena de suministro, y menos del 1% difunde una lista de proveedores, incluso en sectores de alto riesgo. En Oriente Medio, las empresas con más intereses son de Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.
El camino a seguir
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresa y Derechos Humanos establece que las compañías tienen que gestionar de forma proactiva los impactos adversos, incluidos los potenciales, que puedan tener sus actividades. Y detalla que su diligencia debe conllevar cuatro componentes básicos, incluido el de identificar y evaluar de forma continua sus repercusiones negativas sobre los derechos humanos –también a las que puedan contribuir– e integrar las conclusiones en todos sus procesos pertinentes y adoptar medidas adecuadas al respecto. En tercer lugar, el órgano fija hacer un seguimiento de la eficacia de estos nuevos procesos y medidas para determinar si están funcionando, y, por último, comunicar debidamente cómo se abordan las repercusiones iniciales, en particular a las partes interesadas y afectadas, para que sean conocedoras de ello, y siempre en proporción al riesgo. Además, el grupo establece que las empresas deben llevar a cabo este procedimiento no solo en su sede, sino también en las filiales y la cadena de valor, y que tienen que hacerlo teniendo en cuenta el contexto geográfico.
A finales de marzo, el Sindicato Regional de Trabajadores de Tatouine, en Túnez, anunció una huelga del personal del gigante petrolero italiano ENI para exigir una mejora de los derechos laborales, entre ellos el derecho a vacaciones pagadas, así como la organización de contratación interna y de ascensos de grado. En este caso, ENI reaccionó y comunicó que respeta todos los acuerdos sindicales vigentes pero que las reivindicaciones sindicales son objeto de negociaciones continuas, un paso bien recibido por el Grupo de Trabajo de la ONU. Todavía no está claro cómo se materializará, ni si llegará a hacerlo.
Más específicamente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuenta con una guía que recoge los principios rectores sobre negocios y derechos humanos, y que, en el caso de las empresas, integra un total de 14 puntos, considerados un punto de partida crucial para lograr objetivos de desarrollo sostenible respetando los derechos humanos. Además de los cuatro componentes básicos anteriores, se establece que las empresas cuenten con una declaración de principios aprobada al más alto nivel y que sea pública y comunicada, así como mantener consultas significativas con grupos potencialmente afectados por sus actividades y otros actores relevantes. También se destaca la importancia de trabajar con la observación y el seguimiento de actores externos a la empresa a lo largo del proceso.
A partir de estos principios rectores, y en función de los ámbitos en los que exista riesgo de estar vulnerando derechos humanos, existen herramientas, como las elaboradas por el Instituto Danés de Derechos Humanos o la OIT, en los que se aborda la cuestión desde múltiples ángulos, requiriendo cada uno de ellos actuaciones específicas. Entre estos, por ejemplo, figuran, el trabajo de menores y el trabajo forzado, los derechos de las mujeres, la libertad de asociación y los trabajadores migrantes.
Una atención aparte, pero que no es inusual en la región, es la que atañe a los países en contextos de conflicto y posconflicto y las empresas que operan en ellos, para las que el Grupo de Trabajo de la ONU reserva una serie de prácticas específicas. En su caso, el órgano recomienda que, una vez la compañía en cuestión ha detectado una señal de alerta sobre la posibilidad de conflicto, su primer paso debería ser identificar las causas y sus factores, para luego localizar a los principales actores, sus motivos y sus capacidades, así como otros involucrados y su rol. En tercer lugar, las empresas deberían revisar sus propias actividades y el impacto que tienen en el conflicto o su resolución, con el fin de determinar, en última instancia, si su presencia es demasiado peligrosa. Asimismo, señalan que los países de origen de las multinacionales deben también regular sus actividades e implementar las regulaciones necesarias en sus cortes, como con Lafarge.
Reflejo de la mayor atención que esta cuestión está recibiendo es que, el pasado febrero, el Consejo de la Unión Europea aprobó sus prioridades en materia de derechos humanos, y entre ellas –en concreto, la décima y última– figuró su compromiso a apoyar la labor del grupo de trabajo de la ONU y participar en los debates de Naciones Unidas acerca de un mecanismo jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. En marzo, un grupo de europarlamentarios pidió una nueva ley para poder rendir cuentas con las empresas cuyas acciones se demuestre que afectan negativamente a personas o al planeta.
