Alrededor de 17 millones de discos, cerca
del 20% de las ventas totales de compactos, se compraron en el top manta
en España en 2003.
Las redes que controlan el suculento negocio de la piratería explotan
la situación límite de los inmigrantes ilegales -a quienes, en
ocasiones, ellas mismas han introducido en el país- y reinvierten sus
beneficios en el tráfico de drogas e incluso el terrorismo.
La falsificación es, según Interpol, uno de los negocios más
lucrativos. Las copias ilegales de música, cine, ropa o relojes mueven
en el mundo 600.000 millones de dólares (unos 490.000 millones de euros)
y suponen un 7% del comercio global. Sólo en el terreno de la música,
el volumen de ventas de copias fraudulentas de CD supera ya los 4.600 millones
de euros en todo el mundo.
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Los daños que están causando las redes que controlan este comercio
son devastadores. En 2003 se vendieron en España 64 millones de discos
legales y 17 millones de compactos en el top manta. Sólo en el último
año y medio, la copia de productos musicales ha destruido más
de 1.200 empleos directos y provocado una caída en las ventas respecto
a 2001 que ronda ya el 30%. Un total de 85 pequeñas y medianas empresas
relacionadas con la producción y distribución de música
han tenido que echar el cierre. Según el último informe del Centro
de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura (CIMEC),
de julio de 2003, un 72,3% de las tiendas de discos de nuestro país
han reducido su facturación entre un 10% y un 40% a lo largo del último
año.
Alrededor del 20% de los discos que se vendieron el año pasado fueron
copias ilegales. Y en 2002 se llegaron a alcanzar índices de piratería
en el ámbito de la música que rondaban el 30%. Todos estos datos
sitúan a España entre los países con mayor índice
de piratería de la Unión Europea, ¡y también en
la lista de los 10 Estados con más piratería musical del mundo!
España no puede presumir de estar muy lejos de países en los
que este problema tiene muy difícil solución, como China, México,
Perú o Rusia, donde la piratería representa más del 65%
del mercado.
Si bien este gran negocio callejero supone grandes pérdidas para los
autores y las empresas de ocio y entretenimiento, hay una consecuencia mucho
más preocupante: el vínculo entre la piratería de productos
culturales y la delincuencia organizada, que utiliza la fabricación
y distribución de CD y DVD piratas para financiar otras actividades
delictivas, principalmente tráfico de drogas, de inmigrantes e incluso
terrorismo, según un reciente informe del Grupo de Acción para
los Delitos contra la Propiedad Intelectual de Interpol. La implicación
de grupos terroristas (Hezbolá, grupos chechenos, Al Qaeda, entre otros)
en el negocio de la falsificación no consiste siempre en la participación
directa en la producción, distribución o venta de los productos
falsificados, sino que en muchas ocasiones son sus simpatizantes o activistas
quienes están involucrados en el negocio y les envían donaciones a través de terceros. Es difícil seguir la pista a estos fondos,
pero Interpol ya alertó en verano de 2003, en la comparecencia de su
secretario general ante el Comité de Relaciones Internacionales del
Congreso de EE UU, de que los delitos contra la propiedad intelectual se están
convirtiendo en el método de financiación preferido de algunos
grupos terroristas.
Fuente: SGAE/CIMEC.
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Fuente: SGAE/CIMEC.
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UN NEGOCIO REDONDO
La Agencia Tributaria española, por su parte, ha puesto de relieve el
atractivo económico que tiene esta actividad fraudulenta para las mafias:
fabricar y distribuir un kilo de copias ilegales de música y cine es
cinco veces más rentable que vender un kilo de hachís. El beneficio
neto de cada pequeña red dedicada en España a la producción
y comercio ilegal de discos piratas es de al menos 80.600 euros, según
un estudio de Mega Investment encargado por la Sociedad General de Autores
(SGAE).
Una red tipo de piratería musical y audiovisual está compuesta
por ocho operarios, que trabajan entre 12 y 14 horas diarias y cobran mensualmente
alrededor de 480 euros. Cada una de estas redes puede producir y poner cada
mes en la calle entre 125.000 y 150.000 discos. Teniendo en cuenta que el precio
al que los falsificadores venden cada compacto a los encargados de comercializarlos
es de un euro y descontando todos los gastos que supone la producción
pirata (local, amortización de la maquinaria, CD vírgenes, carcasas
y asignaciones del personal), la ganancia por cada unidad ilegal ronda los
62 céntimos de euro.
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Fabricar y distribuir un kilo de copias ilegales de música y cine en España es cinco veces más rentable que vender un kilo de hachís |
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En España, estos negocios clandestinos están dirigidos por ciudadanos
de distintas nacionalidades que operan también de forma diferente. Las
mafias de Pakistán, Bangladesh o India se encargan sólo de la
producción y dejan la comercialización a ciudadanos subsaharianos.
Las redes dirigidas por chinos o marroquíes obtienen mayor rentabilidad,
al distribuir ellos mismos el producto.
Por regla general, cada organización cuenta con tres pisos o locales,
que se utilizan, respectivamente, para el copiado ilegal; el ensamblado del
CD, fotocopia y carcasa, y el almacenamiento y distribución de las grabaciones.
En cada uno de ellos trabajan al menos dos personas, aunque el centro
de grabación suele contar con tres operarios. Las tres personas que se dedican al tostado (término empleado coloquialmente para referirse a la reproducción
de los discos piratas) trabajan entre 12 y 16 horas diarias. Cada uno se ocupa
de una torre de grabación con siete tostadoras, que arrojan sus copias
cada tres o cinco minutos.
A medida que evoluciona la tecnología, la capacidad y rapidez de copiado
de los aparatos es mayor. En el caso de la distribución, los inmigrantes
ligados a grupos chinos o marroquíes trabajan con unos objetivos mensuales
de venta, que normalmente sirven para pagar el dinero que deben a las redes
por haberles introducido en España. En otras ocasiones realizan trabajos
legales o ilegales para la organización (venta ambulante, atención
de locutorios o trapicheo con drogas, pequeños robos, extorsión
e intimidación).
Los principales beneficiarios de la piratería no son los intermediarios,
es decir, los vendedores (coloquialmente, manteros o mochileros), sino estas
grandes redes organizadas, en gran medida controladas y dirigidas por mafias
procedentes de otros países, que producen y distribuyen las copias.
Estas bandas cada vez mejor organizadas y con más y mejores recursos
(almacenes, vehículos de transporte, ordenadores, duplicadoras) explotan
a los inmigrantes que llegan a España de forma irregular y se aprovechan
para su propio lucro de su precaria situación. La capacidad de producción
de muchas de ellas supera incluso en ocasiones la de la industria legal, como
han demostrado algunas de las operaciones policiales llevadas a cabo en España.
En enero de 2003, en la llamada Operación Town –en la que la Policía
Nacional detuvo a 40 personas y se incautó de 346 aparatos de duplicación
de compactos– se desarticuló una red china que podía poner
en el mercado alrededor de 60 millones de copias de cine y música al
año.
El problema sólo puede atajarse desmantelando los grandes centros de
producción controlados por las mafias, cuya instalación en España
ha contribuido decisivamente al gran crecimiento de los índices de piratería
en España, por encima de otros países del entorno, porque han
hecho posible la existencia de un abundante mercado ilegal en el que la demanda,
de forma sencilla, puede abastecerse.
Además, el desarrollo tecnológico ha permitido un acceso más
económico y sencillo a los dispositivos de copiado de obras intelectuales.
La calidad de estas copias caseras, pese a no realizarse con los mínimos
controles ni con las mejores condiciones técnicas, es, muchas veces,
similar a las industriales, al menos por lo que respecta a los productos musicales
(no tanto, en cambio, en la calidad de los DVD). Otra de las razones del auge
de la piratería ha sido la inicial permisividad de las autoridades con
este fenómeno.
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Algunas mafias tienen más capacidad que la industria legal: en 2003 se desarticuló una red china que podía poner en la calle unos 60 millones de copias al año |
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El comercio de productos pirateados afecta gravemente a todos los sectores
de la industria cultural del ocio y el entretenimiento, sobre todo a la música
y, últimamente, también al cine. Vulnera de forma grave y directa
los derechos económicos de los agentes que intervienen: creadores, intérpretes,
estudios de grabación, compañías propietarias de las grabaciones,
fabricantes, distribuidores, establecimientos de venta al público, entre
otros. Además, este fenómeno lesiona también los intereses
de la Hacienda Pública, ya que supone . una disminución de su
recaudación
impositiva a causa del fraude fiscal en los distintos impuestos (IVA, sociedades,
IRPF…).
Según un informe elaborado en 2003 por profesores del Instituto de
Empresa a petición de la SGAE, el fuerte descenso económico experimentado
por el sector en los últimos años es atribuible fundamentalmente
a la piratería. Mientras que en el año 2001 se vendieron más
de 80 millones de discos compactos, singles y elepés, en 2003 las adquisiciones
descendieron a 64 millones. Los delitos contra la propiedad intelectual redujeron
la variedad de nuevos discos de producción española entre un
2,5% y un 11% en 2001.Y si las inversiones no producen los beneficios esperados,
dejarán de realizarse. Sin embargo, la asistencia a conciertos y la
difusión de revistas musicales han aumentado, y no ha disminuido el
porcentaje de compradores de discos, legales o piratas.
RUINA INTELECTUAL
En cuanto a los autores, artistas y demás miembros de la comunidad creativa,
la piratería les produce un serio menoscabo de sus derechos económicos
y morales. Es importante destacar que estos derechos son la fuente principal
de ingresos de los creadores de obras culturales, e, incluso, en muchas ocasiones,
su única vía para el sustento. La piratería origina también
a medio plazo un empobrecimiento cultural del país, en la medida en
que la falta de protección de las creaciones intelectuales desincentiva
la producción cultural y dificulta la aparición de nuevos valores
y artistas.
Ante el extraordinario crecimiento que ha adquirido esta forma de delincuencia
en nuestro país en los últimos años, apoyado en sofisticadas
tecnologías en permanente avance y mutación, y teniendo en cuenta
la tolerancia con la que la sociedad española parece aceptarlo, en 2003
se creó, en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de
los Diputados, una Subcomisión de Estudio de la Piratería en
bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, que ha apuntado
la necesidad de poner en marcha tres tipos de medidas: la toma de conciencia
de las propias administraciones públicas sobre la gravedad del problema
y la necesidad de combatirlo desde todos los ámbitos; impulsar convenios
con las administraciones para que los colegios y universidades organicen campañas
de información y abordar campañas publicitarias que destaquen
el daño de la piratería en el empleo, a veces más próximo
a cada uno de los ciudadanos de lo que se imagina.
La piratería se combate necesariamente aplicando las leyes, puesto
que se trata de un fenómeno delictivo. Los poderes públicos deben
fomentar en las escuelas un uso de las obras culturales que respete la propiedad
intelectual. Como afirma la subcomisión parlamentaria en sus conclusiones,
la piratería en materia de propiedad intelectual, y muy particularmente
en el ámbito audiovisual y musical, constituye un ataque directo al
patrimonio cultural común, pues cierra la puerta a nuevos creadores
y artistas y daña directamente a los actuales.
Pero la piratería no sólo tiene efectos negativos sobre personas
o colectivos concretos: hay que recordar que genera un florecimiento de actividades
sumergidas y delictivas, y favorece así el establecimiento en nuestro
país de peligrosas redes mafiosas detrás. Por ello, la conclusión
no puede ser otra: los poderes públicos deben poner medios efectivos
para su erradicación.
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Alrededor de 17 millones de discos, cerca
del 20% de las ventas totales de compactos, se compraron en el top manta
en España en 2003.
Las redes que controlan el suculento negocio de la piratería explotan
la situación límite de los inmigrantes ilegales -a quienes, en
ocasiones, ellas mismas han introducido en el país- y reinvierten sus
beneficios en el tráfico de drogas e incluso el terrorismo. Pedro
Farré
La falsificación es, según Interpol, uno de los negocios más
lucrativos. Las copias ilegales de música, cine, ropa o relojes mueven
en el mundo 600.000 millones de dólares (unos 490.000 millones de euros)
y suponen un 7% del comercio global. Sólo en el terreno de la música,
el volumen de ventas de copias fraudulentas de CD supera ya los 4.600 millones
de euros en todo el mundo.
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Los daños que están causando las redes que controlan este comercio
son devastadores. En 2003 se vendieron en España 64 millones de discos
legales y 17 millones de compactos en el top manta. Sólo en el último
año y medio, la copia de productos musicales ha destruido más
de 1.200 empleos directos y provocado una caída en las ventas respecto
a 2001 que ronda ya el 30%. Un total de 85 pequeñas y medianas empresas
relacionadas con la producción y distribución de música
han tenido que echar el cierre. Según el último informe del Centro
de Investigación del Mercado del Entretenimiento y la Cultura (CIMEC),
de julio de 2003, un 72,3% de las tiendas de discos de nuestro país
han reducido su facturación entre un 10% y un 40% a lo largo del último
año.
Alrededor del 20% de los discos que se vendieron el año pasado fueron
copias ilegales. Y en 2002 se llegaron a alcanzar índices de piratería
en el ámbito de la música que rondaban el 30%. Todos estos datos
sitúan a España entre los países con mayor índice
de piratería de la Unión Europea, ¡y también en
la lista de los 10 Estados con más piratería musical del mundo!
España no puede presumir de estar muy lejos de países en los
que este problema tiene muy difícil solución, como China, México,
Perú o Rusia, donde la piratería representa más del 65%
del mercado.
Si bien este gran negocio callejero supone grandes pérdidas para los
autores y las empresas de ocio y entretenimiento, hay una consecuencia mucho
más preocupante: el vínculo entre la piratería de productos
culturales y la delincuencia organizada, que utiliza la fabricación
y distribución de CD y DVD piratas para financiar otras actividades
delictivas, principalmente tráfico de drogas, de inmigrantes e incluso
terrorismo, según un reciente informe del Grupo de Acción para
los Delitos contra la Propiedad Intelectual de Interpol. La implicación
de grupos terroristas (Hezbolá, grupos chechenos, Al Qaeda, entre otros)
en el negocio de la falsificación no consiste siempre en la participación
directa en la producción, distribución o venta de los productos
falsificados, sino que en muchas ocasiones son sus simpatizantes o activistas
quienes están involucrados en el negocio y les envían donaciones a través de terceros. Es difícil seguir la pista a estos fondos,
pero Interpol ya alertó en verano de 2003, en la comparecencia de su
secretario general ante el Comité de Relaciones Internacionales del
Congreso de EE UU, de que los delitos contra la propiedad intelectual se están
convirtiendo en el método de financiación preferido de algunos
grupos terroristas.
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Fuente: SGAE/CIMEC.
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Fuente: SGAE/CIMEC.
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UN NEGOCIO REDONDO
La Agencia Tributaria española, por su parte, ha puesto de relieve el
atractivo económico que tiene esta actividad fraudulenta para las mafias:
fabricar y distribuir un kilo de copias ilegales de música y cine es
cinco veces más rentable que vender un kilo de hachís. El beneficio
neto de cada pequeña red dedicada en España a la producción
y comercio ilegal de discos piratas es de al menos 80.600 euros, según
un estudio de Mega Investment encargado por la Sociedad General de Autores
(SGAE).
Una red tipo de piratería musical y audiovisual está compuesta
por ocho operarios, que trabajan entre 12 y 14 horas diarias y cobran mensualmente
alrededor de 480 euros. Cada una de estas redes puede producir y poner cada
mes en la calle entre 125.000 y 150.000 discos. Teniendo en cuenta que el precio
al que los falsificadores venden cada compacto a los encargados de comercializarlos
es de un euro y descontando todos los gastos que supone la producción
pirata (local, amortización de la maquinaria, CD vírgenes, carcasas
y asignaciones del personal), la ganancia por cada unidad ilegal ronda los
62 céntimos de euro.
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Fabricar y distribuir un kilo de copias ilegales de música y cine en España es cinco veces más rentable que vender un kilo de hachís |
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En España, estos negocios clandestinos están dirigidos por ciudadanos
de distintas nacionalidades que operan también de forma diferente. Las
mafias de Pakistán, Bangladesh o India se encargan sólo de la
producción y dejan la comercialización a ciudadanos subsaharianos.
Las redes dirigidas por chinos o marroquíes obtienen mayor rentabilidad,
al distribuir ellos mismos el producto.
Por regla general, cada organización cuenta con tres pisos o locales,
que se utilizan, respectivamente, para el copiado ilegal; el ensamblado del
CD, fotocopia y carcasa, y el almacenamiento y distribución de las grabaciones.
En cada uno de ellos trabajan al menos dos personas, aunque el centro
de grabación suele contar con tres operarios. Las tres personas que se dedican al tostado (término empleado coloquialmente para referirse a la reproducción
de los discos piratas) trabajan entre 12 y 16 horas diarias. Cada uno se ocupa
de una torre de grabación con siete tostadoras, que arrojan sus copias
cada tres o cinco minutos.
A medida que evoluciona la tecnología, la capacidad y rapidez de copiado
de los aparatos es mayor. En el caso de la distribución, los inmigrantes
ligados a grupos chinos o marroquíes trabajan con unos objetivos mensuales
de venta, que normalmente sirven para pagar el dinero que deben a las redes
por haberles introducido en España. En otras ocasiones realizan trabajos
legales o ilegales para la organización (venta ambulante, atención
de locutorios o trapicheo con drogas, pequeños robos, extorsión
e intimidación).
Los principales beneficiarios de la piratería no son los intermediarios,
es decir, los vendedores (coloquialmente, manteros o mochileros), sino estas
grandes redes organizadas, en gran medida controladas y dirigidas por mafias
procedentes de otros países, que producen y distribuyen las copias.
Estas bandas cada vez mejor organizadas y con más y mejores recursos
(almacenes, vehículos de transporte, ordenadores, duplicadoras) explotan
a los inmigrantes que llegan a España de forma irregular y se aprovechan
para su propio lucro de su precaria situación. La capacidad de producción
de muchas de ellas supera incluso en ocasiones la de la industria legal, como
han demostrado algunas de las operaciones policiales llevadas a cabo en España.
En enero de 2003, en la llamada Operación Town –en la que la Policía
Nacional detuvo a 40 personas y se incautó de 346 aparatos de duplicación
de compactos– se desarticuló una red china que podía poner
en el mercado alrededor de 60 millones de copias de cine y música al
año.
El problema sólo puede atajarse desmantelando los grandes centros de
producción controlados por las mafias, cuya instalación en España
ha contribuido decisivamente al gran crecimiento de los índices de piratería
en España, por encima de otros países del entorno, porque han
hecho posible la existencia de un abundante mercado ilegal en el que la demanda,
de forma sencilla, puede abastecerse.
Además, el desarrollo tecnológico ha permitido un acceso más
económico y sencillo a los dispositivos de copiado de obras intelectuales.
La calidad de estas copias caseras, pese a no realizarse con los mínimos
controles ni con las mejores condiciones técnicas, es, muchas veces,
similar a las industriales, al menos por lo que respecta a los productos musicales
(no tanto, en cambio, en la calidad de los DVD). Otra de las razones del auge
de la piratería ha sido la inicial permisividad de las autoridades con
este fenómeno.
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Algunas mafias tienen más capacidad que la industria legal: en 2003 se desarticuló una red china que podía poner en la calle unos 60 millones de copias al año |
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El comercio de productos pirateados afecta gravemente a todos los sectores
de la industria cultural del ocio y el entretenimiento, sobre todo a la música
y, últimamente, también al cine. Vulnera de forma grave y directa
los derechos económicos de los agentes que intervienen: creadores, intérpretes,
estudios de grabación, compañías propietarias de las grabaciones,
fabricantes, distribuidores, establecimientos de venta al público, entre
otros. Además, este fenómeno lesiona también los intereses
de la Hacienda Pública, ya que supone . una disminución de su
recaudación
impositiva a causa del fraude fiscal en los distintos impuestos (IVA, sociedades,
IRPF…).
Según un informe elaborado en 2003 por profesores del Instituto de
Empresa a petición de la SGAE, el fuerte descenso económico experimentado
por el sector en los últimos años es atribuible fundamentalmente
a la piratería. Mientras que en el año 2001 se vendieron más
de 80 millones de discos compactos, singles y elepés, en 2003 las adquisiciones
descendieron a 64 millones. Los delitos contra la propiedad intelectual redujeron
la variedad de nuevos discos de producción española entre un
2,5% y un 11% en 2001.Y si las inversiones no producen los beneficios esperados,
dejarán de realizarse. Sin embargo, la asistencia a conciertos y la
difusión de revistas musicales han aumentado, y no ha disminuido el
porcentaje de compradores de discos, legales o piratas.
RUINA INTELECTUAL
En cuanto a los autores, artistas y demás miembros de la comunidad creativa,
la piratería les produce un serio menoscabo de sus derechos económicos
y morales. Es importante destacar que estos derechos son la fuente principal
de ingresos de los creadores de obras culturales, e, incluso, en muchas ocasiones,
su única vía para el sustento. La piratería origina también
a medio plazo un empobrecimiento cultural del país, en la medida en
que la falta de protección de las creaciones intelectuales desincentiva
la producción cultural y dificulta la aparición de nuevos valores
y artistas.
Ante el extraordinario crecimiento que ha adquirido esta forma de delincuencia
en nuestro país en los últimos años, apoyado en sofisticadas
tecnologías en permanente avance y mutación, y teniendo en cuenta
la tolerancia con la que la sociedad española parece aceptarlo, en 2003
se creó, en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de
los Diputados, una Subcomisión de Estudio de la Piratería en
bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, que ha apuntado
la necesidad de poner en marcha tres tipos de medidas: la toma de conciencia
de las propias administraciones públicas sobre la gravedad del problema
y la necesidad de combatirlo desde todos los ámbitos; impulsar convenios
con las administraciones para que los colegios y universidades organicen campañas
de información y abordar campañas publicitarias que destaquen
el daño de la piratería en el empleo, a veces más próximo
a cada uno de los ciudadanos de lo que se imagina.
La piratería se combate necesariamente aplicando las leyes, puesto
que se trata de un fenómeno delictivo. Los poderes públicos deben
fomentar en las escuelas un uso de las obras culturales que respete la propiedad
intelectual. Como afirma la subcomisión parlamentaria en sus conclusiones,
la piratería en materia de propiedad intelectual, y muy particularmente
en el ámbito audiovisual y musical, constituye un ataque directo al
patrimonio cultural común, pues cierra la puerta a nuevos creadores
y artistas y daña directamente a los actuales.
Pero la piratería no sólo tiene efectos negativos sobre personas
o colectivos concretos: hay que recordar que genera un florecimiento de actividades
sumergidas y delictivas, y favorece así el establecimiento en nuestro
país de peligrosas redes mafiosas detrás. Por ello, la conclusión
no puede ser otra: los poderes públicos deben poner medios efectivos
para su erradicación.
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Pedro Farré es director del
Gabinete de Relaciones y Gobierno Corporativo de la Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE).
