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Algunas comunidades nómadas agraviadas están armándose en Malí. En la foto, un pastor con su rebaño cerca de Mopti, en el centro del país. Joel Saget/AFP/Getty Images

La violencia aumenta en el centro del país, donde el Estado pierde el control y la autoridad frente a bandidos, grupos yihadistas y milicias de autodefensa.

Mientras el norte de Malí capta la atención general, la violencia armada está sufriendo una escalada alarmante en el centro del país, abandonado desde hace mucho tiempo por el Estado. La gestión de los recursos naturales ha dado pie a múltiples conflictos que ni el Gobierno ni las clases dirigentes son capaces de controlar. Desde hace varios meses, está fraguándose una revuelta yihadista que aprovecha la falta de legitimidad del Estado para ampliar su influencia. En las áreas rurales están expulsando a los representantes estatales. Pero la violencia se debe también a los arreglos de cuentas, los bandidos y un número cada vez mayor de milicias de autodefensa. El acuerdo de paz firmado en Bamako en junio de 2015 se refiere sobre todo a las regiones del norte, y no tiene en cuenta el centro del país. El gobierno de Malí y sus socios principales deben reanudar los esfuerzos para restablecer la autoridad y la legitimidad del Estado entre todas las comunidades de la zona. Si no se emprenden las acciones necesarias, el centro de Malí -una región más densamente poblada que el norte y crucial para la economía del país- corre el peligro de convertirse en una fuente de inestabilidad prolongada.

Durante mucho tiempo, el centro no ha tenido nada que ver con las rebeliones armadas del norte pero ha padecido sus consecuencias: desde que comenzó este siglo, el bandidaje se ha intensificado y las armas son más fáciles de obtener. Los grupos marginados, en particular ciertas comunidades de pastores nómadas, creen que tomar las armas modernas es una forma de desafiar a las jerarquías existentes e impugnar los privilegios de las élites urbanas y las aristocracias locales tradicionales. El Estado, azotado por la corrupción y desprestigiado por las acciones brutales de las fuerzas de seguridad, tiene dificultades para mediar entre todas las partes. En estas circunstancias, las comunidades étnicas están cerrando filas, en particular los fulani, que se consideran víctimas.

La crisis de 2012 fue un punto de inflexión para las regiones centrales, que fueron ocupadas, en parte, por grupos armados. La autoridad del Estado se debilitó cuando los funcionarios huyeron y abandonaron amplias franjas de territorio. La inseguridad hizo que algunos habitantes acudieran a las milicias -incluso a grupos radicales- en busca de protección o justicia. La operación militar francesa Serval expulsó a esos grupos en 2013, pero, cuando volvieron las fuerzas de seguridad del Estado, cometieron muchos abusos, en especial contra las comunidades nómadas como los fulani y tamasheq. Además, los habitantes locales se indignaron al ver que los funcionarios corruptos recuperaban sus puestos. El regreso del Estado ni restableció la seguridad ni mejoró las relaciones entre sus representantes y los habitantes de ...