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Un hombre pasa cerca de una bandera del Movimiento de Liberación de Azawad pintada en una pared, ciudad de Kidal, norte de Malí. Kenzo Tribouillad/AFP/Getty Images.

¿Un paso hacia el fin del conflicto en el país africano?

Malí se recupera lentamente de la violenta ocupación islamista de su mitad septentrional y del golpe de Estado militar de 2012. Con el “Acuerdo para la paz y la reconciliación en Malí” entre el Gobierno y los rebeldes tuaregs, el país entra en una nueva fase para recuperar la paz y la estabilidad en el norte. El camino no es fácil y prueba de ello son los más de 50 años de conflicto secesionista e intercomunitario que conoce esta región. Este acuerdo cobra aún más relevancia por los problemas de terrorismo, violencia y déficit de desarrollo que emanan de esta zona del Sahel, que son una amenaza de enormes consecuencias no solo para el propio Malí, sino también para los Estados vecinos y Europa.

El acuerdo se ha gestado durante más de ocho meses en la capital argelina gracias a la labor de mediación de Argelia y de la comunidad internacional, especialmente interesada en contener la actividad terrorista en los últimos años. Sin embargo, no es el primer intento de llegar a la paz. Anteriormente, una nutrida lista de acuerdos sucedieron a las constantes sublevaciones tuaregs en la zona de Kidal, en el extremo noroeste del país. Estos nunca han llegado a cumplirse de una manera efectiva, contribuyendo así al incremento de la frustración e irritación de una parte de la comunidad tuareg que acumula una larga historia de rebeliones contra la autoridad central de Bamako desde 1962.

La mitad norte de Malí sufre una situación precaria desde hace décadas. El espacio es habitado por un gran número de minoría étnicas que han vivido muy expuestas a las perturbaciones climáticas y sus consecuencias. Además, es atravesado por las rutas del tráfico de mercancías ilícitas y de personas, y se ha convertido en lugar de refugio de grupos terroristas yihadistas desde 2003. A esto hay que sumarle el gran número de personas que han sido expulsadas de sus casas o han huido de enfrentamientos derivados mucha veces de violencia interétnica. Desde el estallido de la rebelión tuareg de 2012 cerca de 200.000 refugiados y desplazados internos malienses esperan la paz. Es demasiado optimista pensar que la estabilidad va a llegar como consecuencia del acuerdo, pero al menos puede contribuir a sentar las bases de una renovada y absolutamente necesaria forma de abordar los profundos problemas del norte y sus poblaciones –conflictos de los que frecuentemente se valen los grupos de narcotraficantes y las organizaciones terroristas–y las causas de las rebeliones tuaregs.

El objetivo de la mediación argelina y de la comunidad internacional ha sido propiciar el diálogo entre las partes y presionarlas para alcanzar un acuerdo de mínimos que, en primer lugar, devuelva la seguridad a la zona y que permita allanar el camino para abordar las espinosas cuestiones políticas que conforman una parte importante de la histórica discordia entre Bamako y las facciones tuaregs. El acuerdo, de una treintena de páginas, no aborda estos asuntos en profundidad y no hay un verdadero cambio en comparación con los anteriores acuerdos infructuosos, pero puede ser un buen punto de partida para avanzar en la resolución del conflicto.

Entre otras cuestiones, el acuerdo abre puerta a la denominación de la zona como Azawad (apelativo reivindicado por los tuaregs para ciertas regiones del norte de Malí) e incide en el refuerzo de la presencia de las comunidades del norte en los aparatos estatales. Como cambios novedosos, el acuerdo prevé una restructuración integral de la administración del Estado maliense, éste ya se divide en regiones, pero con la aplicación del acuerdo se permitiría a dichas áreas dotarse de una asamblea regional votada por sufragio universal directo y tener un mayor nivel de competencias y de control de los presupuestos. En principio estas cláusulas buscan satisfacer en parte las demandas de mayor autonomía de las comunidades tuaregs a través de una ampliación de la regionalización del país. Por su parte, el Ejecutivo maliense ha conseguido preservar sus líneas rojas respecto a la integridad territorial y la laicidad del país. Las demandas tuaregs de independencia o de federalismo que tanto preocupaban a Bamako parecen haberse caído de las posiciones tuaregs, lo que es un logro para el Gobierno si lo comparamos con la incierta situación de abril de 2012, cuando los grupos armados declararon unilateralmente la independencia del Azawad y aplicaron la sharia en algunas localidades.

Otro de los pilares sobre los que se asienta el acuerdo concierne el desarrollo del norte. El resto del país carece igualmente de infraestructuras y de servicios básicos, pero las regiones septentrionales han sido tradicionalmente excluidas de una inversión estatal adecuada, lo que ha aumentado la sensación de parte de sus poblaciones de que han sido tratadas injustamente por Bamako. La mayor parte de la población maliense se concentra en las zonas del centro y sur del país que coinciden con lo que algunos sectores en Bamako han considerado históricamente como la parte aprovechable de Malí. El acuerdo prevé la puesta en marcha de un programa de desarrollo de las regiones del norte que actuará sobre un amplio abanico de campos de acción. Las autoridades malienses y los actores implicados deberán realizar esfuerzos suplementarios y mostrar una decidida voluntad política para su aplicación. Este acuerdo no es el primero que promete un plan de desarrollo del norte y todos los anteriores han terminado infrafinanciados y diluidos por la mala gobernanza y el alto nivel de corrupción que adolece la administración maliense.

El acuerdo se firmó en Bamako el pasado 15 de mayo con la ausencia de los representantes tuaregs. El boicot de éstos siembra dudas sobre la posibilidad de implementar realmente el acuerdo sobre el terreno. Los cinco principales grupos rebeldes que participaron en el levantamiento de 2012, agrupados en la Coordinadora de Movimientos del Azawad (CMA), rechazaron firmar el texto. Después de consultar sus bases y de recibir la presión de la mediación internacional, optaron por únicamente rubricar el acuerdo un día antes de la fecha prevista para la firma. En opinión de los rebeldes, existen todavía dudas sobre la satisfacción de sus demandas. Según la Coordinadora, hay ciertos aspectos que no se tratan adecuadamente en el texto, como el reconocimiento del Azawad como entidad política o la composición étnica de las fuerzas de seguridad que patrullarán las regiones del norte de Malí. Y fruto de un largo conflicto y una nutrida lista de promesas incumplidas, existe una larvada desconfianza sobre el verdadero compromiso del Ejecutivo maliense de dotarse de voluntad política y de los recursos suficientes para hacer efectivas las cláusulas del acuerdo. Por tanto, la rúbrica del texto es considerada por la Coordinadora como un gesto de buena fe para continuar las negociaciones y no mostrarse como contraria al proceso de paz ante los mediadores y la comunidad internacional.

Sobre el terreno también existen numerosos obstáculos para hacer efectivo el acuerdo y que la paz regrese al norte de Malí. La violencia se ha recrudecido de forma preocupante coincidiendo con la firma. El clima de seguridad en el norte se ha deteriorado gravemente y la situación continua siendo extremadamente voluble en las principales ciudades del norte, Kidal, Gao y Tombuctú y sus alrededores. Por un lado, el hostigamiento de los grupos yihadistas a las tropas internacionales desplegadas en la zona se ha intensificado. Por su parte,  las alas duras de los grupos armados del campo progubernamental -materializado a través de la instrumentalización de milicias armadas árabes y tuaregs próximas a Bamako- y del campo rebelde han encontrado la oportunidad para desestabilizar las negociaciones de paz. A pesar del alto el fuego vigente desde mayo de 2014, y ante la mirada de las tropas de la ONU, milicias de ambos bandos se han enfrentado violentamente por el control de localidades estratégicas con fatales consecuencias para la población civil. Asimismo, una preocupante violencia intercomunitaria parece haber recobrado presencia con la reactivación de las milicias de autodefensa de minorías sedentarias que hacen frente a los tuaregs y árabes de la CMA.

La frustración, la falta de desarrollo y la inseguridad son algunos de los elementos que empujan a los residentes del norte de Malí a la radicalización y a su paso a los grupos armados, y en ocasiones, a las filas de grupos yihadistas presentes en el Sahel. Es probable que este acuerdo no resuelva por sí mismo el complejo y profundo conflicto que atraviesa el norte del país, pero si el diálogo permanece abierto entre las partes, el gobierno de Bamako muestra la voluntad política necesaria para implementarlo de forma efectiva y la comunidad internacional continúa involucrada, será un paso positivo para la necesaria búsqueda de la paz a largo plazo y el desarrollo de las regiones del norte de Malí.