La nueva actualización de las Guerras de 2017 incluye a Nigeria, país que enfrenta situaciones de conflicto en distintas partes de su territorio, desde la inestabilidad política al nuevo rearme de Boko Haram, pasando por tensiones entre distintas comunidades.
Nigeria afronta un periodo de incertidumbre y peligro. La mala salud del presidente Muhammadu Buhari —ha pasado más de 110 días en el Reino Unido, debido a una enfermedad no revelada— está provocando intensas maniobras para saber quién será candidato a la presidencia en 2019, sobre todo entre los leales a su partido y otros que pretenden que el Norte siga gobernando. La insurgencia del grupo islamista radical Boko Haram, que comenzó hace ocho años, todavía persiste. Otro problema más antiguo, la agitación separatista de Biafra, en el sureste, está provocando un peligroso efecto dominó en el norte y el delta del Níger, y en el cinturón central se intensifican los enfrentamientos mortales entre los pastores y los agricultores, que se extienden hacia el sur. El reciente comentario del responsable de Defensa, el general Abayomi Olonishakin, de que el Ejército está librando un mínimo de 14 batallas en todo el país, pone de relieve la inseguridad generalizada. El presidente de la Cámara de Representantes, Yakubu Dogara, ha dicho que Nigeria “se encuentra en un estado de emergencia permanente”. Para la Unión Europea, que ya está muy implicada en el delta del Níger y el noreste, eso significa que debe vigilar de cerca los acontecimientos políticos, sociales y de seguridad en otras regiones del país, y trabajar con otros actores internacionales para impulsar las reformas necesarias para resolver estos retos.
La crisis de salud de Buhari
La salud del Presidente nigeriano ha sufrido un gran deterioro, sobre todo desde febrero de 2017; el secretismo oficial sobre su estado ha alimentado las especulaciones más variadas. La mayoría de los observadores duda de que pueda terminar su primer mandato, cuyo fin está previsto en 2019. Tal como ordena la Constitución, el vicepresidente, Yemi Osinbajo, está ejerciendo en funciones, pero hay varias decisiones y diversos nombramientos importantes que están paralizados, a la espera de que se ocupe el Presidente.
Más preocupante es que algunos norteños y musulmanes leales a Buhari no ven con buenos ojos a Osinbajo, que es del suroeste y cristiano. Temen que en 2019 Osinbajo se presente a las elecciones y las gane, como hizo el ex presidente Goodluck Jonathan tras la muerte de Umaru Yar’adua en 2010. Esa sería una violación del acuerdo informal de que los dos mandatos de la presidencia roten entre el norte, de mayoría musulmana, y el sur, en gran parte cristiano, un acuerdo vigente desde que se recuperó la democracia de partidos en 1999 para mantener el delicado equilibrio étnico y religioso de Nigeria. Ahora bien, el propio acuerdo está en tela de juicio, y los que dicen que es anticonstitucional y no vinculante y causa divisiones animarán a Osinbajo a presentarse. El sureste, donde las quejas por la marginación política alimentan cada vez más el separatismo de Biafra, también luchará seguramente por la presidencia. El Foro de Ancianos del Norte, muy influyente, ha declarado que debe ser alguien de esa región quien complete el segundo mandato de Buhari, de modo que para 2019 se espera una seria lucha de poder entre el norte y el sur.
Además de todo esto, el jefe del Ejército, el general Tukur Buratai, advirtió en mayo de que las tropas no debían prestar atención a los políticos que se les aproximasen por “motivos políticos ocultos”, y sus palabras han levantado el temor a una intervención militar.
Para renovar la confianza y reducir las suspicacias entre el norte y el sur, además de garantizar un gobierno federal estable, la UE y los Estados miembros más relacionados con Nigeria deberían promover la transparencia y rendir cuentas a la población sobre la salud del Presidente con el fin de disipar los rumores de una conspiración del Norte para mantenerlo en el poder aunque esté incapacitado; enviar firmes mensajes a los líderes militares y políticos regionales, en público o en privado, en contra de cualquier actuación anticonstitucional, en particular una intervención militar y, por último, presionar a todas las partes para que respeten la Constitución, sobre todo, para asegurar una transición fluida si Buhari no puede continuar en el cargo.
La obstinada insurgencia de Boko Haram
La declaración del presidente Buhari en diciembre de 2016 de que el Ejército había conquistado el último bastión de Boko Haram despertó esperanzas de que se acercara el final de la guerra. Sin embargo, siete meses después, la insurgencia permanece muy viva. Los combatientes siguen atacando objetivos civiles y militares con ferocidad renovada. El número de víctimas en junio —más de 80— fue superior al de los primeros meses del año. En abril hubo indicios de que Boko Haram estaba levantando nuevos campamentos en los estados de Borno y Taraba y estableciendo nuevas células en Kaduna, Kogi y Níger. También hay señales de que el Ejército, que tiene unidades desplegadas en 28 de los 36 estados, está sobrepasado y es incapaz de abastecer como es debido a las tropas. Algunos soldados, exhaustos, se quejan de que no hay rotaciones. La estación de lluvias podría dificultar aún más las operaciones, por lo que Boko Haram podría reagruparse y rearmarse.
Las consecuencias humanitarias de la guerra son cada vez peores: alrededor de 4,5 millones de personas no tienen suficiente comida. El 8 de junio, el Gobierno puso en marcha un nuevo plan de intervención alimentaria para desplazados internos (DI) en Maiduguri, pero sigue siendo imposible llegar a muchos de los más necesitados. A pesar de la reunión de Oslo en febrero, en la que los donantes se comprometieron a enviar ayuda, los representantes de la ONU han informado de que, de los 1.050 millones de dólares del plan estadounidense de respuesta humanitaria para Nigeria, a 7 de julio de 2017, solo estaba dotado el 37,8%. La inseguridad también dificulta las labores de ayuda, porque Boko Haram cometió 97 atentados suicidas y con coches bomba entre marzo y junio de 2017, según las autoridades militares nigerianas. El hecho de que el gobierno del estado de Borno aparcara su plan de cerrar todos los campos de DI antes del 29 de mayo puso de manifiesto que todavía hay muchas zonas de la región que son inseguras. Si no se intensifican, amplían y sostienen las tareas de ayuda, el estado de Borno, especialmente, se hundiría aún más en una crisis humanitaria.
Recientemente, la UE anunció un paquete de ayuda por valor de 143 millones de euros para recuperación y reconstrucción, con lo que su ayuda total, solo en el estado de Borno, ascendería a 24,5 millones de euros en 2017. Para llevar esa ayuda es necesario que haya un acceso seguro, y muchas organizaciones humanitarias protestan por el hecho de que no hay suficiente protección para los convoyes, que están a merced de las emboscadas y los secuestros. Para mejorar la confianza y garantizar la seguridad, la UE tendría que presionar al Gobierno para que refuerce la acción del Ejército y los servicios de seguridad con el fin de garantizar el acceso seguro a las organizaciones humanitarias y, además, dar prioridad a la ayuda humanitaria con una presencia operativa, ayuda alimentaria inmediata y transferencias de dinero siempre que sea posible.
La agitación en Biafra
La creciente agitación separatista en el sureste dominado por los igbos, fomentada por la percepción de que están marginados política y económicamente, está teniendo consecuencias peligrosas. Una sentada convocada por los agitadores el 30 de mayo —el 50 aniversario de la proclamación de la independencia de Biafra— hizo que 16 grupos juveniles septentrionales exigieran, una semana más tarde, que los igbos abandonen el norte antes del 1 de octubre. Esto, a su vez, provocó el llamamiento de una coalición de ocho milicias juveniles del Delta del Níger a que toda la gente del norte se vaya de la región del Delta para esa misma fecha. Aunque los gobernadores de los estados del norte desautorizaron las declaraciones y el presidente en funciones, Osinbajo, abrió consultas con los líderes del norte y del sureste para rebajar las tensiones, los grupos juveniles no han retirado sus demandas. Si se empeñan en su cumplimiento, o si las masas se toman la justicia por su mano, podría estallar la violencia y habría desplazamientos masivos de población.
Los terroristas del Delta del Níger no han lanzado grandes ataques contra las instalaciones petrolíferas desde que el gobierno federal entabló el diálogo con los líderes étnicos y políticos de la región el pasado mes de noviembre, con las promesas de revivir los proyectos de infraestructuras, limpiar el entorno contaminado de Ogoni y permitir que las comunidades locales construyeran refinerías modulares. No obstante, la situación sigue siendo frágil. Las posibles agresiones contra igbos u otros sureños en el norte podrían hacer que algunos terroristas del Delta atentaran contra las compañías petroleras para obligar al gobierno federal y a los de los estados del norte a acabar con la violencia contra los igbos o para encubrir actividades delictivas.
La UE —en particular su delegación en Abuya— y los Estados miembros deben animar al Gobierno a que continúe las consultas con los líderes regionales y otras partes interesadas. En particular, tendrían que animar al Ejecutivo a reforzar las medidas para proteger a los ciudadanos, en colaboración con el Ejército y la policía, pero también los líderes y las asociaciones locales; dialogar con los líderes de los grupos juveniles del sureste, el norte y el Delta del Níger y organizar foros con el fin de que abandonen la retórica inflamatoria, retiren las órdenes de desalojo y denuncien públicamente la violencia y, en tercer lugar, instar a la Asamblea Nacional (el parlamento federal), en la actualidad dividida por el Informe de la Conferencia Nacional de 2014 y sus recomendaciones, a iniciar las deliberaciones sobre las reformas sugeridas que podrían ayudar a prevenir los conflictos y contener la agitación separatista.
El polvorín de los pastores y los agricultores
El violento conflicto entre los pastores fulani —en su mayoría musulmanes— y los agricultores de diversas etnias en zonas predominantemente cristianas ha adquirido dimensiones tribales, religiosas y regionales. Los choques en la franja central matan a unas 2.500 personas al año, y están extendiéndose hacia el sur. Los enfrentamientos son ya tan letales que muchos nigerianos temen que se conviertan en algo tan peligroso como la insurgencia de Boko Haram. El conflicto, además de sufrir una escalada interna, puede extenderse por toda la región: los pastores podrían tratar de captar a milicianos de su grupo en otros países de África central y occidental, como han advertido varios dirigentes fulani. Y eso debilitaría una región frágil y que ya tiene dificultades para derrotar a Boko Haram.
A falta de una reacción firme del gobierno federal, los estados han puesto en marcha sus propias estrategias, incluida la prohibición de que los animales pasten libremente, a la que los pastores y ganaderos se oponen con vehemencia. Como los estados no controlan la policía ni otros servicios de seguridad, quizá tengan que movilizar a grupos paramilitares locales para garantizar la aplicación de estas prohibiciones, y eso podría desencadenar situaciones violentas, sobre todo, en los estados de Benue y Taraba. A corto plazo, la UE podría instar a los gobiernos de los estados a que sean prudentes a la hora de diseñar —o aplicar— estas nuevas leyes, e instar a las asociaciones de pastores y ganaderos que deseen protestar a emplear los cauces legales. También la Unión debería presionar al gobierno federal y sus servicios de seguridad para que refuercen las medidas destinadas a detectar y prevenir posibles disturbios tanto entre los grupos paramilitares locales como entre los pastores y ganaderos, sobre todo en los estados de Benue y Taraba. A más largo plazo, los Estados miembros de la UE tienen que apoyar, con dinero, formación y asistencia técnica, el Plan Nacional de Desarrollo de la Ganadería, propuesto por el Ministerio Federal de Agricultura, para fomentar que la cría de ganado solo se haga en ranchos, como solución permanente a las fricciones entre pastores y agricultores.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
