¿Una solución definitiva?

 

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Somalíes sospechosos de delito de piratería comparecen en un tribunal de la ciudad de Mombasa, Kenia, en abril de 2009.

 

Los seis piratas condenados recientemente por la Audiencia Nacional española por intentar asaltar el buque Patiño en la costa somalí en enero de 2012 difícilmente podrían haber imaginado que su ataque al buque de aprovisionamiento de combate, al que confundieron con un barco de pesca, iba a terminar con su reclusión en una prisión española durante varios años.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. El hecho de que por primera vez se haya producido una condena por piratería en la Audiencia Nacional tiene su origen en las medidas que se adoptaron tras el secuestro del pesquero Alakrana, en octubre de 2009. El secuestro de 47 días, con un guión de película al incluirse la captura de dos piratas, presiones de los corsarios para la liberación de sus compañeros, pago de rescate y hasta, una vez liberado, intento de nuevo secuestro por otro clan de piratas, fue el detonante para la adopción de una serie de medidas, entre ellas, la reforma del Código Penal español para incluir el delito de piratería. Esto ha permitido la condena por un delito grave que poco tiene que ver con las aventuras del actor Johnny Depps en la película Piratas del Caribe. Compartirán prisión con dos piratas somalíes capturados durante el secuestro del Alakrana, condenados en 2011 a 439 años, por cargos distintos al de piratería al no existir este delito en el momento del abordaje.

El fenómeno de la piratería marítima, activo en los últimos años en las costas del Cuerno de África y el Golfo de Adén, y actualmente en auge en el Golfo de Guinea, ha exigido importantes medidas en el ámbito diplomático, político y militar debido a su carácter multidisciplinar. Gracias a estos esfuerzos internacionales, según un reciente informe del Secretario General de la ONU, los ataques piratas frente a las costas de Somalia han descendido a su nivel más bajo desde 2006. Durante los primeros nueve meses de 2013 se han producido 17 ataques, frente a los 99 del mismo periodo del año anterior. Una diferencia considerable. No obstante, Naciones Unidas advierte que estos logros son frágiles y que hay que continuar trabajando para atajar las causas profundas que favorecen este lucrativo crimen organizado, entre ellas, la inestabilidad, la falta de gobernabilidad y el subdesarrollo.

La creación por la comunidad internacional de un marco legal que permita detener, enjuiciar  y cumplir condena a los responsables de actos de piratería y robo a mano armada en el mar viene siendo un importante reto. En los últimos años, el Consejo de Seguridad de la ONU ha insistido en la importancia y urgencia de crear una red de tribunales competentes y especializados contra la piratería en Somalia, o en otros Estados de la región, aumentando la capacidad de éstos en la lucha contra esta lacra. No es una cuestión fácil, pues persisten importantes obstáculos para su puesta en funcionamiento.

Frente a estas dificultades se han ido adoptando soluciones provisionales que han permitido juzgar en los últimos años a un número elevado de piratas. La iniciativa más relevante desarrollada en el seno de la Unión Europea ha sido la firma de acuerdos con Estados de la región, Kenia y Seychelles, para enjuiciar a estos delincuentes. Los problemas prácticos que se produjeron durante la aplicación de estos convenios, entre ellos la puesta en libertad de detenidos por falta de pruebas o por la incomparecencia de testigos, unido a la falta de capacidad de Nairobi para su ejecución, dieron lugar a la saturación del sistema judicial y penitenciario keniano en un corto periodo de tiempo. El resultado fue poco exitoso y Kenia abandonó el barco en marcha.

En la actualidad, la UE tiene un programa con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en Mauricio, por el que por primera vez en enero de 2013 se aceptaron personas para ser juzgadas por piratería. UNODC, a través del Programa contra la Piratería, está desarrollando acciones de fortalecimiento de las capacidades de los países de la región para el enjuiciamiento y cumplimiento de las condenas, apoyando la celebración de los juicios y la transferencia de condenados. Una importante labor complementada con los programas de asistencia y capacitación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En paralelo, algunos barcos han detenido a piratas y los han trasladado a su país para juzgarlos. En 2012 cabe destacar que se produjeron condenas por piratería en Alemania, las primeras en aproximadamente 400 años, y en 2013 en varios países europeos, Japón y Estados Unidos. Recientemente, en EE UU han sido condenados tres piratas a cadena perpetua por la muerte de cuatro estadounidenses que recorrían el mundo en un velero. Todas estas sentencias demuestran que no hay ni habrá impunidad para estos criminales y que los países implicados han sabido adaptarse a este nuevo desafío para la seguridad internacional. Algunos como España han tenido que reformar incluso la legislación, siendo un buen ejemplo de adaptación a una situación que la comunidad internacional tarda en resolver.

Naciones Unidas ha analizando distintas vías en la búsqueda de una solución definitiva al problema del enjuiciamiento y cumplimiento de penas de los piratas, desde la creación de un tribunal somalí con sede en el territorio de un tercer Estado de la región hasta establecer un tribunal internacional. El elenco de ventajas y desventajas planteadas en cada una de las alternativas sugiere un escenario difícil de resolver. Mientras tanto lo más realista y por lo que parece decantarse es por juzgar a los piratas en tribunales de la región o, incluso, en Somalia lo que requiere una importante asistencia y cooperación internacional. Insistiendo siempre en el respeto a los derechos humanos en todo el proceso y manteniendo especial interés en el tratamiento de los piratas menores de edad.

La creación de tribunales contra la piratería en Somalia sería un paso adelante, como también lo sería que existieran garantías y condiciones para que los condenados pudieran cumplir su condena en el país de origen, lo que facilitaría la reinserción social. Ya se está haciendo mediante la suscripción de acuerdos sobre transferencia de personas condenadas (la UNODC ha llevado a cabo un número importante de traslados desde los países de la región a Somalia). No parece que sea el caso de los piratas condenados en España, puesto que por el momento no existe acuerdo de extradición ni de transferencia de condenados, y debido a la magnitud de los problemas a los que se enfrenta el país africano parece que cumplirán sus condenas lejos del Océano Índico. ¿Cumplir la condena en España, o en otro lugar lejos de su país de origen, es lo más conveniente o no hay otra opción? ¿Qué pasará cuando cumplan la condena? ¿Les llevarán de vuelta a Somalia?

La búsqueda de una solución definitiva al enjuiciamiento y cumplimiento de penas de los piratas continúa siendo una prioridad de la comunidad internacional y un empeño que no se debe abandonar. En los últimos meses, como fenómeno cambiante que es, los ataques piratas han decrecido en Somalia mientras que en el Golfo de Guinea han aumentado considerablemente. Menos mal que la estrategia europea contra la piratería en África Occidental está basada, por el momento, en fortalecer la cooperación regional, por lo que no se espera que empiecen a llegar piratas de África Occidental y Central a la Audiencia Nacional española. En todo caso, si las cosas se complican, al menos España ya tendrá la legislación actualizada.

 

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