El conflicto en Ucrania y el gran volumen de refugiados, configurado sobre todo por mujeres y menores, vuelve a ponernos frente a una práctica delictiva muy cercana y extendida: la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Cómo se está luchando contra este tipo de violencia? ¿Funcionan los instrumentos desplegados?
Solo vemos la punta del iceberg. Esta es la conclusión de las personas expertas, tanto de analistas como de organizaciones, y su grito de alerta sobre una práctica delictiva más cercana y extendida de lo que imaginamos: la trata de personas con fines de explotación sexual. Un atentado contra los derechos humanos inseparable de la violencia de género porque, según indican las cifras, la mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.
Otra lectura de datos, en la Unión Europea, que quizá sorprenda: la mayoría de las víctimas y de los delincuentes que trafican con ellas son ciudadanos europeos. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2020, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un 50% de las víctimas de trata en el mundo son sometidas a explotación sexual. En Europa, asciende al 59%, seguida de la explotación laboral (21%), delincuencia forzada (10%), mendicidad forzada, matrimonios forzados y servidumbre doméstica. En España, en 2019, el 96% de las víctimas identificadas con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.
Disponer de las cifras es imprescindible para impregnarse de la consciencia del delito y para determinar las acciones de las administraciones y de la sociedad civil, como las ONG, con el objetivo de prevenir, detectar, proteger y ayudar a estas mujeres. Pero los números se quedan cortos. Laura Parés Martín, técnica de investigación de proyectos europeos sobre tráfico de seres humanos de la Fundació Surt, confirma a este medio la existencia del “sesgo entre los datos documentados, que aparecen en las estadísticas, y los casos detectados por las ONG”. Incluso en el informe 2016-2020 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior español, que detalla las personas en situación de riesgo de trata sexual, 3.867, especifica que estas se han identificado en el transcurso de inspecciones en lugares de prostitución. Es decir, quedan fuera de ese potencial (sirve a nivel mundial) las mujeres y las niñas que no tienen ningún contacto con los cuerpos de seguridad. Un sinfín de personas a las que el miedo, la dependencia física y psicológica de sus agresores, la carencia de información, el sentimiento de culpa por haber sido engañadas, o la falta de autoidentificación por no ser conscientes del delito que solo afloran ante las ONG.
Las causas de este decalaje de cifras, muchas, residen en la “vulnerabilidad” de las víctimas. Las condiciones de su origen dibujan su trazabilidad. Para Europol, esta “moderna forma de esclavitud”, destruye la vida de las personas, privándolas de su dignidad, libertad y derechos fundamentales. El Grupo de Expertos sobre la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) del Consejo de Europa ya admitía en su informe de 2019 del considerable aumento de las víctimas registradas, disparando así el reto de la identificación de los casos de un fenómeno invisible e invisibilizado. Como muestra el botón actual de Ucrania que representa para muchas personas el descubrimiento de la existencia de la trata de personas con fines sexuales.
Legislación, en general, no falta. Desde resoluciones de la ONU a protocolos de organizaciones transnacionales y directivas de la misma UE. En España, en cambio, la cuestión normativa tiene una fisura por dónde se cuelan los individuos y los grupos organizados dedicados al tráfico sexual de personas. Organizaciones locales como Surt o de ámbito internacional como Cruz Roja y Amnistía reclaman una ley integral contra la trata. Rosa Flores, referente de la unidad de trata de Cruz Roja España, lo explica a esglobal: “Tenemos mucha legislación y muy dispersa. Necesitamos una ley integral para las personas con fines de explotación que tenga perspectiva de género, que aborde la trata en toda su actividad, que establezca protección en todas las comunidades. Ahora tenemos protocolo marco y autonómicos”.
El modelo sueco, en cambio, encara la trata en la línea mantenida por Suecia desde que en 1999 se convirtió en el primer país en prohibir y penalizar la compra de actividades sexuales con la Ley contra la Compra Sexual. Este modelo establece un vínculo claro entre la existencia de la prostitución y la trata con fines sexuales en la demanda de servicios sexuales como motor de ambos fenómenos. La ley de prohibición convierte, así, en menos atractivo a este país para los traficantes y los proxenetas. Aunque el país nórdico se dota de muchos más instrumentos para esta lucha, pero siempre con esta filosofía que impregna su educación y su acción política.
Ya en 1949, la Asamblea General de la ONU adoptó, en la resolución 317, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Desde entonces, se acumulan legajos, definiciones y situaciones objetivas que no logran disminuir el delito global. No hay más que preguntarse cuáles son las circunstancias de mayor vulnerabilidad para encontrar ese origen marcado por la desigualdad de género: pobreza, catástrofes y conflictos.
En un tuit, António Guterres, secretario general de la ONU: “Para los traficantes y los depredadores, la guerra no es una tragedia. Es una oportunidad”. Y las mujeres y los niños son su objetivo. O dicho de otra manera por Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol, “utilizan cualquier crisis como una oportunidad para aumentar sus beneficios ilegales”. El hecho de que parte de esta explotación quede oculta, convierte también en estimadas las ganancias de las redes que pueden llegar a los 14.000 millones en la UE. Todo cogido con pinzas, dados los métodos aproximativos utilizados. Las redes se infiltran cada vez más y utilizan negocios legales para sus operaciones de todo tipo de tráfico de personas. Es una policriminalidad debido a lo rentable del delito y su transnacionalidad.
La guerra contra Ucrania es la última. Flores apunta a este medio “un escenario nuevo”. “Millones de personas con acceso sin límite en las fronteras. Un reto para identificar y contener a las mafias”, explica. A título de ejemplo señala que “una persona de trata para matrimonio forzoso tendría que hacer un camino más largo y complicado”. Caminos que proceden de África o Asia. Cruz Roja, por ejemplo, despliega su experiencia en varios de los países fronterizos con Ucrania. A fecha del pasado 13 de abril, más de 4,7 millones de ucranianos han huido de la agresión rusa. Unicef ya alertó del flujo de menores solos sin identificar en los primeros momentos de la guerra, ya que se permitió cruzar sin certificado de nacimiento.
La presencia de particulares con coches o de hombres semicamuflados con prendas de diversos ejércitos convierte en compleja la situación en las fronteras de acogida. En estos lugares también se han detectado mujeres intentando captar a ucranianas para la explotación sexual. Es en la trata con fines sexuales donde se identifican mujeres traficantes, muchas de ellas anteriormente víctimas. Los sospechosos operando en estas fronteras con Ucrania actúan solos o en bandas. Y, según relatan las ONG, se acercan a sus víctimas ofreciendo transporte, trabajo o alojamiento, en un momento de desconcierto y de máxima indefensión. Pero en la primera oleada de la huida de las bombas, las ucranianas no daban el perfil de vulnerabilidad habitual en las crisis migratorias, aunque la trata está ahí. En declaraciones a esglobal, la representante de Cruz Roja España, también señala que en la actual situación con Ucrania hay que estar vigilante con la trata con fines de explotación laboral: “el trabajo doméstico y el cuidado de ancianos y niños. No solo hay que tener en cuenta los burdeles o la pornografía”.
Es muy pronto para disponer de datos o hacer un análisis del despliegue de este delito a causa del conflicto. De hecho, la guerra aún no ha acabado y alguna ONG ya vaticina la llegada de ucranianas más vulnerables a medida que se prolongue. Lo que sí se puede afirmar es que el delito sigue el rumbo de la última década. “Antes de 2008 se captaba en origen. Ahora la captación tiene lugar en el tránsito y en el destino, en la calle o en redes sociales”, remarca a este medio Rosa Flores.
Como en todo, la pandemia marca un antes y un después. La inseguridad económica, especialmente en los países y los sectores más afectados por la Covid-19, echa a las garras de las redes a una mayor cantidad de mujeres, ya de por sí con recursos limitados. Su mayor dificultad para acceder a sus derechos como ciudadanas, servicios básicos como la atención sanitaria, la seguridad alimentaria, los servicios de agua y saneamiento o el mero acceso a la información. Hay que añadir también el cambio climático, origen del deterioro de las condiciones de vida de millones de personas. Porque la trata es un monstruo con muchos tentáculos de abuso, de violencia y de desigualdad. Por eso, no resulta extraño encontrar en un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) las conexiones entre la trata y el terrorismo. La publicación muestra cómo los grupos terroristas acumulan capital humano, adaptabilidad técnica y fortalecimiento ideológico utilizando actos y medios típicos de la trata, la sexual incluida.
El tráfico sexual da un vuelco con la era digital. “Con la Covid-19, las mujeres dejan de estar en la calle”, resume a este medio Laura Parés Martín, de Fundació Surt. Los traficantes se adaptan a nuevas rutas y a nuevas tecnologías. El uso de páginas webs, anuncios en redes (especialmente usado para la explotación sexual), aplicaciones para buscar trabajo o la creciente importancia de la socialización online y las interacciones personales son los lugares donde pescan los delincuentes.
El impacto de la tecnología en el tráfico de seres humanos es particularmente preocupante en dos de los procesos: el reclutamiento y la explotación, indican diversos informes. Este cambio estructural requiere, pues, la adaptación de las autoridades policiales y el sistema de justicia. Los desafíos son mayúsculos, según el análisis de Paolo Campana para el Consejo de Europa en el 2022: “el cifrado de los datos, seguido por el gran volumen de datos, la rapidez de los cambios tecnológicos, la falta de equipos técnicos y de herramientas jurídicas inadecuadas y la falta de asistencia de las privadas”. En este último caso, léase “protección de privacidad”. La tecnología puede usarse para coordinar las actividades delictivas, ya que permite la separación entre el lugar donde tiene lugar la explotación sexual y donde se coordina. Las webcams, las videoconferencias, los chats permiten el control de las víctimas, así como el desarrollo de la propia actividad de explotación.
“Hay dificultad para conseguir datos digitales, y es fácil sacar réditos con la explotación a distancia”, añade la experta de Fundació Surt. Las ONG aseguran que las banderas rojas de los casos de trata facilitados por la tecnología no se utilizan ampliamente y muchas reclaman la revisión de los indicadores para tener en cuenta las especificidades digitales. Parés Martin nos recuerda la falta de profesionales expertos en los ámbitos con los que las víctimas pueden entrar en contacto y, por lo tanto, poderse detectar su situación de trata. “Pueden acudir al centro de salud o entrar en el sistema de ayudas, marcos legales de los que las mafias se aprovechan para reproducirse”, precisa.
Las ONG, grandes o pequeñas, están al pie del cañón. En crisis como la actual, despliegan sus operativos en las fronteras con Ucrania y en los países de acogida como España. En una fórmula ya con experiencia, sitúan equipos en los lugares de llegada como aeropuertos y estaciones de trenes, teniendo también un ojo avizor en los centros de acogida. Según declara a esglobal Rosa Flores, Cruz Roja España no ha podido verificar ninguna persona procedente de Ucrania en situación de trata (a fecha de abril), pero lo cierto es que entidades especializadas ya se han encontrado con algún caso. España es un país de tránsito y destino de trata sexual. Cruz Roja, por ejemplo, tiene equipos activados en el aeropuerto de Barajas 24 horas los 365 días del año. A pesar de que parece mucho, la trata no deja de crecer. No solo hay que adaptarse a la nueva realidad digital. También sería necesario un enfoque global con perspectiva de género para abordar esta forma de violencia de género por encima de los criterios de inmigración o de delincuencia organizada.
