Un grupo de mujeres ucranianas se manifiesta en Bruselas contra lo que denominan “el Carrefour de Europa”, referente a la trata de personas, el aumento de violaciones y el robo de niños que se está produciendo en Ucrania. (Foto de Thierry Monasse/Getty Images)

El conflicto en Ucrania y el gran volumen de refugiados, configurado sobre todo por mujeres y menores, vuelve a ponernos frente a una práctica delictiva muy cercana y extendida: la trata de personas con fines de explotación sexual. ¿Cómo se está luchando contra este tipo de violencia? ¿Funcionan los instrumentos desplegados?

Solo vemos la punta del iceberg. Esta es la conclusión de las personas expertas, tanto de analistas como de organizaciones, y su grito de alerta sobre una práctica delictiva más cercana y extendida de lo que imaginamos: la trata de personas con fines de explotación sexual. Un atentado contra los derechos humanos inseparable de la violencia de género porque, según indican las cifras, la mayoría de sus víctimas son mujeres y niñas.

Otra lectura de datos, en la Unión Europea, que quizá sorprenda: la mayoría de las víctimas y de los delincuentes que trafican con ellas son ciudadanos europeos. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2020, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), un 50% de las víctimas de trata en el mundo son sometidas a explotación sexual. En Europa, asciende al 59%, seguida de la explotación laboral (21%), delincuencia forzada (10%), mendicidad forzada, matrimonios forzados y servidumbre doméstica. En España, en 2019, el 96% de las víctimas identificadas con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.

Disponer de las cifras es imprescindible para impregnarse de la consciencia del delito y para determinar las acciones de las administraciones y de la sociedad civil, como las ONG, con el objetivo de prevenir, detectar, proteger y ayudar a estas mujeres. Pero los números se quedan cortos. Laura Parés Martín, técnica de investigación de proyectos europeos sobre tráfico de seres humanos de la Fundació Surt, confirma a este medio la existencia del “sesgo entre los datos documentados, que aparecen en las estadísticas, y los casos detectados por las ONG”. Incluso en el informe 2016-2020 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior español, que detalla las personas en situación de riesgo de trata sexual, 3.867, especifica que estas se han identificado en el transcurso de inspecciones en lugares de prostitución. Es decir, quedan fuera de ese potencial (sirve a nivel mundial) las mujeres y las niñas que no tienen ningún contacto con los cuerpos de seguridad. Un sinfín de personas a las que el miedo, la dependencia física y psicológica de sus agresores, la carencia de información, el sentimiento de culpa por haber sido engañadas, o la falta de autoidentificación por no ser conscientes del delito que solo afloran ante las ONG.

Las causas de este decalaje de cifras, muchas, residen en la “vulnerabilidad” de las víctimas. Las ...