Papeletas del sorteo electoral para las elecciones presidenciales de 2022 de Colombia. (Foto por: Sebastian Barros/Long Visual Press/Universal Images Group vía Imágenes falsas)


El nuevo líder colombiano heredará un país más violento que hace cuatro años, con mayor nivel de descontento social y peor imagen internacional.

Las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia pondrán fin a cuatro años de involución democrática e inacción del mandatario saliente Iván Duque (2018-2022). Hay que remontarse a la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) para encontrar un presidente igual de errático y sin agenda alguna de gobierno. Esta cuestión, en inicio, conduce a un hecho especialmente significativo, y es que Duque deja un país en peor situación que la que heredó hace cuatro años. Algo que resulta difícilmente asumible cuando, precisamente, su predecesor, Juan Manuel Santos, a lo largo de ocho años de presidencia, había conseguido mejorar todos los indicadores sociales y económicos del país. Esto, además de cerrar un proceso de paz con las FARC-EP con el que se ponía fin al conflicto armado más longevo y violento del continente, a la vez que se abría otro, no exento de dificultades, y finalmente fallido, con la guerrilla del ELN. Cuestión aparte, durante los ocho años de presidencia de Santos se había conseguido mejorar sustancialmente la imagen internacional del país e, incluso, conseguir la adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.


Durante los cuatro años de Iván Duque la imagen exterior del país ha perdido enteros. A pesar de que éste ha tratado de proyectar su imagen en Europa y ante los principales organismos internacionales, como la de un presidente comprometido con la paz y la prosperidad social, existe una clara disonancia entre su plano discursivo y la realidad de los hechos. Indudablemente, su condición de uribista, que es con la que llega a la presidencia, obligaba de partida a tener que renunciar a muchos de los hitos obtenidos durante el período 2010-2018. Primero, y por razones obvias, su gobierno cuestionaba la esencia del Acuerdo de Paz. Es decir, entendía este como resultado de una política personalista de Santos y no como una política de Estado. Es por ello por lo que su máxima gubernamental fue la conocida como “paz con legalidad”. Es decir, cuestionaba la integralidad jurídica del Acuerdo y proponía, a cambio, una suerte de implementación a la carta sobre aquellos aspectos que su ejecutivo consideraba como válidos —por ejemplo, la reincorporación a la vida civil de combatientes. Sensu contrario, el gobierno de Duque ejercía un saboteo institucional, de baja intensidad, para con aquellos puntos del Acuerdo que más chirriaban al conservadurismo en general y al uribismo en particular. A saber, la justicia transicional, la comisión de la verdad, la participación política de los excombatientes o la visibilidad de los reclamos de los territorios más golpeados por la violencia. A tal efecto, basta con observar cómo, según el Instituto Kroc de la ...