Aunque las pérdidas territoriales sufridas por Daesh han puesto freno a la capacidad del grupo para crear un califato entre Irak y Siria, su ideología islamista radical aún resuena en la región de MENA y otras partes del mundo. Los grupos afiliados a Daesh se han extendido hasta el África subsahariana y el sureste asiático. Se pueden identificar tres zonas calientes y emergentes tanto de actividad de inspiración islamista como de terrorismo relacionado con quejas concretas tomando como referencia los repuntes del terrorismo registrados en los últimos años.
En su esfuerzo por encuadrar las quejas locales y regionales en el contexto más amplio de las narrativas extremistas globales, grupos terroristas como Daesh y Al Qaeda han expandido sus operaciones a regiones fuera de MENA. Aunque el autoproclamado Estado Islámico en concreto ha sufrido pérdidas territoriales, su cifra de miembros apenas ha cambiado desde la formación del grupo en 2014, con estimaciones que oscilan entre los 20.000 y los 30.000 combatientes afiliados. Todavía tiene la capacidad de llevar a cabo ataques mediante células durmientes y conserva una fuerte presencia en Internet. Además, el resurgimiento de organizaciones afiliadas a Al Qaeda y la marginación de las poblaciones nómadas del Sahel han aumentado la actividad terrorista en toda África.
El Sahel
A medida que la actividad terrorista se ha alejado de Oriente Medio en dirección sur hacia África, el impacto del terrorismo ha comenzado a aumentar en las regiones africanas del Magreb y el Sahel. El primero incluye países del norte del continente como Argelia, Libia, Marruecos y Túnez, mientras que el segundo comprende la región situada directamente debajo del desierto del Sáhara. Las fronteras comunes entre estas dos regiones, particularmente entre Argelia, Burkina Faso, Malí y Níger son un foco emergente del terrorismo.
Junto con la migración del Estado Islámico a África, Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y sus organizaciones afiliadas han contribuido a la concentración del extremismo islamista radical en el Sahel. Originada en Argelia, AQMI fue la responsable del mayor número de muertes relacionadas con el terrorismo en la región entre 2007 y 2009. Ha resurgido como amenaza en los últimos años, y 2016 se ha convertido en su año más letal registrado desde 2009. Después de que muchos de los países del Magreb se vieran fuertemente afectados por la Primavera Árabe, sobre todo Libia y Argelia, los grupos yihadistas aprovecharon ese momento de agitación política para desestabilizar aún más la región. El resurgimiento de Al Qaeda plantea una grave amenaza para la seguridad en África.
A fecha de marzo de 2018, se estimaba que hay más de 9.000 terroristas activos en el Sahel, especialmente en Libia y Argelia. Al ser el punto de enlace entre los grupos extremistas islamistas y las comunidades dispersas del desierto, el Sahel ha sido durante mucho tiempo hogar de grupos terroristas yihadistas desperdigados que recientemente han mejorado su capacidad para coordinar ataques y crear problemas a los gobiernos centrales.
El desplazamiento de grupos terroristas afiliados a los islamistas desde el Magreb hacia el Sahel africano se puede advertir también en la disminución de la actividad de los afiliados de Daesh en países del Magreb como Libia y Argelia, a la vez que se registra una mayor actividad en Estados más al sur como Malí y Níger, aunque el aumento en estos Estados ha sido pequeño hasta ahora. Las organizaciones terroristas han explotado las extensas regiones desérticas del Sahel, a menudo desprovistas de recursos. Los grupos yihadistas están protegiendo estratégicamente a las comunidades desatendidas de pastores y nómadas fulani y tuareg en estas regiones rurales. Tras el levantamiento de los tuaregs en Malí en 2012, la marginación de esta población le ha brindado a AQIM la oportunidad de presentar su lucha como parte de un movimiento ideológico más amplio. Los grupos terroristas están tratando de usar sus actividades en esta región para intensificar el reclutamiento y la radicalización.
Muchos Estados del Sahel experimentaron importantes aumentos del terrorismo en 2017. Malí tuvo el año más mortal registrado, con 141 muertes y 77 incidentes. La mayor parte de estas muertes fueron causadas por Jamaat Nusrat al Islam wal Muslimin (JNIM), el grupo islamista militante que se formó después de la fusión en marzo de 2017 de los combatientes de AQIM, el Frente de Liberación Fulani Macina, Ansar al Dine y Al Mubrabitoun. Este grupo mató a un total de 57 personas en Malí en 2017 y a otras 27 en Burkina Faso. Los datos sobre los ataques contra civiles en 2018 revelan que el conflicto en Malí se ha intensificado, con 568 víctimas mortales registradas de enero a noviembre de 2018.
Los países vecinos también han visto cómo se extendía hacia ellos la actividad terrorista, con 13 muertes en Níger provocadas por el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) y cinco en Argelia causadas por el Estado Islámico-Provincia de Argelia. El ISGS también fue responsable del ataque con emboscada a una base militar de Estados Unidos en Níger en octubre de 2017 que dejó cuatro muertos del Ejército estadounidense.
La presencia de Al Qaeda en las regiones del Magreb y el Sahel se puede ver claramente en la coordinación y la comunicación política entre organizaciones afiliadas a Al Qaeda como Ansar al Dine, AQMI y al Murabitoun. Apenas unos días después de la formación de JNIM, el grupo organizó un ataque en la frontera entre Malí y Burkina Faso matando a civiles y soldados de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). La estrategia de Al Qaeda para infiltrarse en el Sahel africano a través de este país se conoce desde hace más de media década tras la publicación del plan de la organización para la región en 2013, que dio sus frutos tras la fusión del JNIM y la declaración pública de 2018 en la que se nombraba a Malí como emirato de Tombuctú de Al Qaeda. No solo este Estado tiene una importancia estratégica para la expansión de Al Qaeda, sino que tanto Níger como Argelia también han experimentado un aumento de la violencia tras la fusión de 2017. Las fuerzas afiliadas a Daesh y Al Qaeda se han alineado deliberadamente con las reivindicaciones regionales para minar a los gobiernos locales y mantener una base de apoyo.
El sureste de Asia
En los últimos tres años, muchos países del sureste asiático han experimentado una segunda ola de terrorismo islamista. La primera se produjo entre 2002 y 2008, cuando el Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), de Filipinas, y Jemaah Islamiya (JI), de Indonesia, fueron responsables de 301 y 274 muertes, respectivamente. La segunda oleada proviene de grupos afiliados a Daesh y movimientos separatistas en Bangladesh, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas y Tailandia, con 292 muertes registradas en 348 incidentes solo en 2017. Filipinas y Myanmar experimentaron los años más mortíferos de los que se tiene constancia en 2017, y el sureste asiático en general presenció un aumento del 36% en las muertes por terrorismo de 2016 a 2017. Solo un poco menos del 97% de las muertes de toda la región de Asia y el Pacífico ocurrieron en el sureste asiático.
Las muertes provocadas tanto por grupos islamistas como por separatistas aumentaron en los últimos dos años. Es probable que aquellas ocasionadas por grupos islamistas sean mucho más altas que las contabilizadas, ya que un alto porcentaje de fallecimientos en el sureste asiático se atribuyeron a un motivo “desconocido”, pero tuvieron lugar en áreas con altos niveles de terrorismo islamista.
El incremento de muertes causadas por organizaciones islamistas en los últimos cinco años refleja la propagación de grupos afiliados a Daesh por la región. En 2016, distintos grupos en Filipinas, Malasia e Indonesia juraron formalmente lealtad al Estado Islámico. Los objetivos expansionistas de este grupo en el sureste asiático cobraron visibilidad cuando las organizaciones militantes afiliadas a Daesh Abu Sayyaf, el grupo Maute y el Frente de Liberación Bangsamoro tomaron el control de la ciudad de Maraui, en Filipinas. Este episodio tuvo como consecuencia un asedio de cinco meses que finalmente fracasó, poniendo de manifiesto la capacidad de Daesh para conquistar territorios y las dificultades del gobierno de Filipinas para responder a esta nueva amenaza.
El asedio de Maraui fue un momento decisivo para el terrorismo islamista en Filipinas. Muchos de los combatientes que participaron se han reagrupado y han seguido entrenando. La propaganda online del Estado Islámico ha instado a los combatientes extranjeros a viajar a Filipinas y otros puestos de avanzada de la región. Este país está particularmente amenazado por simpatizantes de Daesh y grupos islamistas radicales. Muchos de los líderes responsables del asedio de Maraui provenían de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, y algunos de ellos siguen en activo.
Indonesia, Myanmar y Tailandia también han experimentado un incremento del extremismo islamista radical o de otras formas de ataques violentos. En Indonesia, el grupo vinculado al Estado Islámico Jamaah Ansharud Daulah (JAD) fue el causante de 16 muertes, superando su récord de 11 muertes en 2016. En mayo de 2018, JAD también fue responsable de una serie de ataques terroristas en Indonesia que dejaron docenas de muertos y está en camino de registrar su año más mortal.
La radicalización y el reclutamiento vinculados al EIIL también son una preocupación entre la población rohinyá del estado de Rakhine, en Myanmar, y los grupos insurgentes musulmanes malayos en las provincias del sur de Tailandia. Sin embargo, estos ejemplos difieren de Indonesia y Filipinas en que su actividad terrorista está más alimentada por agravios étnico-separatistas que por cuestiones ideológicas. El Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ASRA) en Myanmar, compuesto por combatientes militantes rohinyá, causó 142 muertes relacionadas con el terrorismo en 2017, posicionando al grupo como uno de los más letales de la región solo dos años después de su formación, aunque los datos preliminares de 2018 sugieren que no ha estado tan activo en los últimos nueve meses.
De modo similar, la insurgencia malayo-musulmana en las provincias del sur de Tailandia, aunque distinta de los movimientos yihadistas vinculados al EIIL, busca la autonomía del gobierno budista del país. En respuesta, los grupos insurgentes han empleado el terrorismo como parte de sus demandas de autonomía, y los separatistas han sido responsables de 189 muertes relacionadas con el terrorismo desde 2011, de las cuales ocho ocurrieron en 2017. En Tailandia, algunos comandantes patani-malayos consideran su afiliación al EIIL como perjudicial para sus objetivos de autonomía política a largo plazo.
El ‘cinturón medio’ de Nigeria
Durante casi una década, la población de pastores de ganado fulani repartida por toda Nigeria y los agricultores sedentarios de los estados del sur del país han mantenido violentos conflictos relacionados con las prácticas de pastoreo y el uso de las tierras fértiles en el cinturón medio de Nigeria. Aunque la tensión entre estos grupos se remonta a siglos atrás, los estallidos más recientes de violencia se han visto exacerbados por el aumento de la población, la desertificación y la distribución de armas por todo el país. La escasez de tierras, la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático han contribuido a secar los terrenos fértiles del norte que los fulani han usado tradicionalmente para el pastoreo, provocando que muchos se desplazaran hacia los estados del sur habitados por agricultores.
En esencia, la violencia entre pastores y agricultores que se produce en Nigeria gira en torno a las dificultades económicas provocadas por el agravamiento de la sequía y la degradación de las tierras en las regiones del norte. Los medios de subsistencia de la población fulani de Nigeria se ven amenazados por la desertificación de sus tierras, que los empuja hacia el sur. Por otro lado, el rendimiento de los cultivos de los agricultores de la zona central y del sur de Nigeria está en riesgo, ya que las prácticas de pastoreo y la mayor presencia de ganado destruyen las cosechas. En definitiva, el deterioro de la tierra tanto en los estados del norte como en los del sur tiene el potencial a largo plazo de trastocar la economía agrícola y ganadera del país y devastar aún más la región.
Solo en 2018, se calcula que las muertes provocadas por pastores nómadas fulani han sido seis veces más que la cifra atribuida a Boko Haram. En 2017, 327 de las muertes por terrorismo registradas en Nigeria y Malí habrían sido cometidas por extremistas fulani, junto a 2.501 muertes adicionales en los tres años anteriores, la gran mayoría de civiles. Si bien las muertes causadas por los extremistas fulani disminuyeron después del máximo alcanzado en 2014 con 1.169 víctimas, se espera que la violencia del grupo en 2018 supere ese número. Desde enero hasta septiembre de 2018, se han atribuido cerca de 1.700 muertes violentas a la Milicia Étnica Fulani. Se estima que el 89% eran civiles.
Los pastores fulani son principalmente musulmanes, mientras que los agricultores del sur son predominantemente cristianos, lo que añade una dimensión religiosa al conflicto originado por el uso de los recursos. Los agricultores cristianos del sur perciben la llegada de pastores musulmanes como una islamización del país en un momento en el que la presencia de Boko Haram en Nigeria aún es fuerte.
De los grupos de pastores fulani que tomaron las armas contra los agricultores, la Milicia Étnica Fulani ha sido el más mortal. Sin embargo, ambas partes son responsables de violencia a gran escala en redadas y quemas masivas en las aldeas. El 78% de las muertes cometidas por los extremistas fulani desde 2010 se han producido en asaltos armados.
Los escenarios más mortales de estos enfrentamientos han sido los estados de Benue, Plateau, Kaduna y Taraba, situados en la parte oriental del cinturón nedio de Nigeria. De las 2.998 muertes relacionadas con el terrorismo cometidas por los extremistas fulani, el 74% tuvo lugar en estos cuatro estados.
A través de una agresiva campaña de políticas antipastoreo y de despliegues militares, el Gobierno nigeriano ha intentado reducir la violencia entre pastores y agricultores, pero todavía tiene que encontrar una solución que satisfaga tanto a los fulani como a los granjeros. El Ejecutivo del país ha tenido dificultades para gobernar con efectividad en áreas rurales poco pobladas en las que los militantes fulani han sido más activos.
