Derrocar al gobierno de Maduro a golpe de protesta callejera es una opción peligrosa para venezolanos y latinoamericanos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, da un discurso en la reunión con los ministros de exteriores de Unasur en el palacio presidencial de Miraflores, Caracas, 25 de marzo de 2014. AFP/Getty Images


Venezuela, con la mediación de países suramericanos, aceptó darse una nueva oportunidad –quizá  la última a juzgar por la reacción internacional– para evitar lo que podría desencadenar una crisis económica e institucional dolorosa y larga, con serias consecuencias globales.

No son solo los 40 muertos, las incesantes protestas violentas y la pérdida de legitimidad oficial para contenerlas, a lo que hay que añadir imperdonables violaciones de derechos humanos por parte de ambos lados.

La polarización política y social es tal que en este punto la mejor salida posible, por la que apuesta Sur América, el Gobierno y parte de la oposición, implica postergar la inestabilidad endémica hasta 2015.

Tras un encuentro mediado por Unasur, que agrupa a los países de Sur América, el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición acordaron empezar negociaciones para buscar una salida negociada a la crisis.

Sur América busca con urgencia espacio y tiempo para desactivar las protestas y cortarle las alas a la espiral de violencia, siempre y cuando sea respetando el Estado de Derecho.

Es la única y sin duda mejor opción. Eso implica que la oposición tendrá que esperar el plazo para intentar sacar a Maduro a través de un referéndum revocatorio o hasta las próximas elecciones de 2019.

Buscar la caída de Maduro a través de protestas callejeras es un riesgo sencillamente inasumible. Nadie sabe a qué conduciría exactamente, pero se sabe que involucraría una crisis sistemática que terminaría ...