Derrocar al gobierno de Maduro a golpe de protesta callejera es una opción peligrosa para venezolanos y latinoamericanos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, da un discurso en la reunión con los ministros de exteriores de Unasur en el palacio presidencial de Miraflores, Caracas, 25 de marzo de 2014. AFP/Getty Images


Venezuela, con la mediación de países suramericanos, aceptó darse una nueva oportunidad –quizá  la última a juzgar por la reacción internacional– para evitar lo que podría desencadenar una crisis económica e institucional dolorosa y larga, con serias consecuencias globales.

No son solo los 40 muertos, las incesantes protestas violentas y la pérdida de legitimidad oficial para contenerlas, a lo que hay que añadir imperdonables violaciones de derechos humanos por parte de ambos lados.

La polarización política y social es tal que en este punto la mejor salida posible, por la que apuesta Sur América, el Gobierno y parte de la oposición, implica postergar la inestabilidad endémica hasta 2015.

Tras un encuentro mediado por Unasur, que agrupa a los países de Sur América, el gobierno de Nicolás Maduro y parte de la oposición acordaron empezar negociaciones para buscar una salida negociada a la crisis.

Sur América busca con urgencia espacio y tiempo para desactivar las protestas y cortarle las alas a la espiral de violencia, siempre y cuando sea respetando el Estado de Derecho.

Es la única y sin duda mejor opción. Eso implica que la oposición tendrá que esperar el plazo para intentar sacar a Maduro a través de un referéndum revocatorio o hasta las próximas elecciones de 2019.

Buscar la caída de Maduro a través de protestas callejeras es un riesgo sencillamente inasumible. Nadie sabe a qué conduciría exactamente, pero se sabe que involucraría una crisis sistemática que terminaría de destrozar la economía del país, desestabilizando al continente.

Además, Maduro puede ser depuesto, pero no el chavismo. El movimiento ha ganado todas las elecciones en los últimos 15 años y controla todas las instituciones. También se ha estado preparando para una contrarevolución desde la última intentona fallida contra Hugo Chávez en 2002.

Maduro además no tiene un régimen opresivo, aunque sea autoritario, y debe su poder al apoyo de al menos la mitad de los venezolanos. La oposición sería igualmente incapaz de gobernar si la mitad chavista se moviliza.

También dentro de cada lado hay fuerzas opuestas y cada vez más son los radicales de cada bando los que asumen más protagonismo. El riesgo es que las masas, chavistas y antichavistas, se activen.

Y mucho dependerá de Estados Unidos y Cuba, que maniobran desde hace meses para posicionarse ante una eventual salida de Maduro, un indicador de lo crítica que es la situación.

 

Las amenazas


La oposición más reaccionaria rechaza hablar con Maduro y seguirá apoyando las protestas callejeras para forzar un cambio de gobierno. También dentro del chavismo hay sectores más radicales presionando para que se restablezca el orden a ...