Malasia derogó hace apenas tres años la ley que permitía detenciones indefinidas sin juicio, cumpliendo así una de las promesas del primer ministro, Najib Razak. Recientemente el propio Razak ha vuelto a introducir esta medida jurídica con la aprobación de una draconiana legislación amparada en la lucha contra la amenaza yihadista. ¿Es ésta la verdadera motivación del Gobierno malayo? Expertos y líderes opositores ven en esta norma un paso más en la campaña del Estado para acallar a la disidencia.
Tras más de 12 horas de debate, el Parlamento malayo dio luz el verde el pasado abril, con 79 votos a favor y 60 en contra, a la nueva Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en inglés) con la que vuelven a permitirse las detenciones indefinidas sin juicio, abolidas en 2012 con la derogación de la antigua legislación de seguridad interna (ISA), heredada de la época colonial. El propio primer ministro, Najib Razak, fue entonces el impulsor de su revocación: había que terminar con una norma utilizada durante años para encarcelar sin garantías jurídicas a los críticos.
“Hay que tener en cuenta que las circunstancias cambian. De vez en cuando, es necesario revaluar las cosas”, aseguró Najib recientemente. Desde 2013, el escenario político en Malasia ha cambiado. Hoy, la oposición política encabezada por Anwar Ibrahim, actualmente encarcelado por un delito de sodomía, resulta tan amenazadora para el Frente Nacional, la coalición que dirige el país desde 1957, como el desafío yihadista.
El califato malayo, ¿casualidad?
La aprobación de la POTA se produjo horas después de que la policía malaya detuviese a 17 terroristas, dos de ellos recientemente regresados de Siria, acusados de planear una oleada de atentados en Kuala Lumpur y Putrajaya. Su intención, aseguró el inspector general de la Policía, Jalid Abu Bakar, era ejecutar ataques, secuestros y robos de armas para implantar en el país un sultanato similar al establecido por el Estado Islámico, Daesh en su acrónimo en árabe, en Siria e Irak. Desde febrero de 2012, las fuerzas de seguridad malayas han detenido a 92 personas por su vinculación con el EI. Oficialmente, al menos otras 40 han viajado a Oriente Medio para unirse al califato de Al Baghdadi, aunque algunos expertos creen que la cifra podría ser muy superior.
Durante su tramitación parlamentaria, el Ejecutivo de Najib Razak ha defendido la aprobación de la POTA como una arma imprescindible para hacer frente a la amenaza yihadista. “El riesgo de que los tentáculos diabólicos del EI se extiendan a nuestra parte del mundo es muy real”, alertó este mismo mes el ministro de Exteriores malayo, Afinar Aman. Otros países, como Indonesia, han acentuado también sus medidas de vigilancia para frenar el avance terroristas tras los últimos atentados fallidos.
La oposición malaya recela de la agenda del Gobierno. El anuncio, en la víspera de la votación, de la desarticulación de una célula terrorista ha acrecentado sus sospechas. Los líderes del Partido de Justicia Popular (PJP), encabezado desde prisión por Anwar Ibrahim, temen que el Ejecutivo utilice la nueva legislación para extender la campaña de persecución contra los disidentes políticos. En lo que va de año, 36 personas han sido arrestadas y acusadas de sedición. La hija del propio Anwar, Nurul Izzah, fue detenida tras su discurso en el Parlamento exigiendo la liberación de su padre. Recientemente, cinco trabajadores de la web Malaysian Insider y un dibujante fueron también arrestados.
Detenciones indefinidas, restricciones de movimientos y cierre de webs
Las reformas legales aprobadas por el Ejecutivo de Najib Razak van camino de volver a convertir a Malasia en un Estado policial. La POTA permite a las autoridades detener sin juicio a sospechosos de manera indefinida -por periodos de dos años con renovaciones múltiples-, restringir sus movimientos durante cinco años, así como incautar pasaportes a nacionales y extranjeros.
Las organizaciones de derechos humanos han cargado contra una norma que atenta contra los derechos humanos. “La nueva ley no incluye las garantías suficientes para asegurar un juicio justo y el respeto de los derechos humanos, por lo que es susceptible de ser utilizada para cometer abusos”, alerta Amnistía Internacional. Human Rights Watch (HRW) califica el texto de “represivo”. Ambas organizaciones recuerdan las similitudes de la POTA con la derogada Internal Security Act (ISA), utilizada durante décadas para “detener injustamente a los críticos y disidentes y crear un clima de miedo en el país”.
La estrategia legal de Najib va más allá de la POTA. Recientemente ha sacado adelante nuevas enmiendas a la controvertida ley de sedición, otra norma heredada de le etapa colonial británica, imponiendo un periodo mínimo de condena de tres años y autorizando a las autoridades a bloquear los medios online considere responsables de este delito. El Gobierno consigue así extender su control a uno de los últimos reductos disidentes: Internet.
El propio Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha lamentado la decisión: “es muy decepcionante que el Gobierno de Malasia proponga ahora convertir una mala ley en una peor”.
¿Lucha contra el terrorismo o contra la oposición política?
Esa es la pregunta que se hace a día de hoy la sociedad malaya. “Es muy pronto para decir si la ley (POTA) será o no una herramienta en la lucha legal -contra el terrorismo- o un medio para reprimir la disidencia política. Dicho esto, lo que es seguro es el hecho de que Malasia todavía está lidiando con el terror”, asegura el experto de la S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Joseph Franco.
Más allá de la amenaza yihadista, Malasia sigue inmersa en una encarnizada batalla política. El crecimiento político de Anwar desde los 90 le han convertido en el enemigo principal del Frente Nacional. Desde que dejara la alianza en 1998 por desavenencias con el entonces líder malayo Mahatir Mohamad, Anwar ha sido encarcelado en varias ocasiones. La primera en el año 2000 cuando fue acusado de acostarse con el conductor de su esposa y condenado a seis años de cárcel. Finalmente, en 2004 el Tribunal Supremo de Malasia revocó la sentencia y ordenó su inmediata puesta en libertad. Tras su éxito electoral en 2008, Anwar fue acusado por segunda vez de sodomía. El juicio se extendió hasta 2012, cuando el Tribunal Supremo lo suspendió por “falta de evidencias”.
En los comicios de 2013, su alianza política, PJP, obtuvo los mejores resultados de la oposición hasta la fecha, con 89 escaños, por los 133 del Frente Nacional. Pese a todo, Anwar no aceptó los resultados y denunció un fraude electoral.
Su encarcelamiento el pasado mes de febrero por un nuevo delito de sodomía lo mantendrá en prisión por cinco años, impidiéndole además ostentar un cargo público durante otros tantos años, lo que, en principio, le elimina de la carrera electoral. Una decisión que a buen seguro ha aliviado a Najib Razak.
