Los países del sur global están sumidos en un peligroso círculos vicioso en el que las habituales catástrofes naturales incrementan su niveles de deuda con prestamistas de Estados ricos que, a su vez, limitan su capacidad para realizar necesarias inversiones en mitigación y adaptación frente a la emergencia climática.
La última tragedia que asoló las paradisíacas islas de Fiji llegó a 345 kilómetros por hora. A mediados de diciembre de 2020, el ciclón tropical Yasa azotó esta nación insular del Pacífico durante dos días y dejó a su paso cuatro muertos, miles de casas y negocios destruidos y una factura, en materia de reconstrucción, de miles de millones de dólares. Para su desgracia, la calamidad climática solo fue la última de tantas: en los últimos años, el país ha sufrido una cadena de tormentas que se han sumado a otros desastres medioambientales como la subida del nivel del mar. Y la pandemia solo ha contribuido a empeorar más las cosas.
Esta sucesión de calamidades, ampliamente atribuidas a los efectos del cambio climático, no han dejado a Fiji otra alternativa que endeudarse para hacer frente, por un lado, a sus necesidades de reconstrucción y, por el otro, a sus necesidades de adaptación ante una amenaza existencial. Sin embargo, los altos niveles de deuda que ha acabado acumulado el país, y la obligación de afrontar de forma prioritaria su pago, le han forzado a recortar recientemente un 32% los fondos públicos destinados precisamente a proyectos del clima.
Como las islas Fiji, decenas de países del sur global están sumidos en un alarmante espiral en el que sus cada vez más frecuentes catástrofes naturales les están llevando a acumular unos crecientes niveles de deuda con prestamistas de Estados ricos que, a su vez, limitan su capacidad para realizar las inversiones necesarias para protegerse ante la emergencia. Una situación que, para un número cada vez mayor de estos países y de organizaciones activas en asuntos medioambientales, pone de manifiesto que no se podrá alcanzar la justicia climática si no va acompañada de una justicia económica y de deuda.
Responsabilidades
Para los Estados y organizaciones mencionados, se trata de una cuestión de responsabilidades. Los países de renta baja o en desarrollo están sufriendo las peores consecuencias de los efectos del cambio climático pese a que su contribución histórica y actual a este fenómeno es muy reducida en comparación con la de las naciones ricas. Pero es precisamente a estos últimas, así como a sus bancos e instituciones financieras, a quienes los primeros están teniendo que pagar miles de millones de dólares en concepto de devolución de deuda.
En este sentido, 29 pequeños países insulares en desarrollo, que son responsables de tan solo el 0,2% de las emisiones mundiales de carbono, acumulan el 80% de los desastres más dañinos atribuidos al cambio climático, según la Campaña Jubileo de la Deuda, una coalición de organizaciones nacionales y locales de Reino Unido que pide la cancelación de las deudas injustas e insostenibles de los Estados del sur global.
A corto plazo, muchos de estos países solo pueden afrontar los trabajos de reconstrucción necesarios tras una catástrofe climática mediante préstamos. Por ejemplo, la deuda de los 11 Estados en desarrollo que sufrieron entre 1992 y 2016 los peores desastres naturales saltó, de media, del 68% de sus respectivos PIB al 75% tres años después de producirse las catástrofes, según un estudio del Fondo Monetario Internacional. Además, los indicadores de sostenibilidad de deuda de estas naciones empeoran después de producirse un desastre, por lo que el coste de endeudarse también acaba siendo más alto.
A largo plazo, la financiación que necesitan estos mismos países para proyectos de adaptación y mitigación ante la emergencia climática también llega a través de la deuda por la falta de otros medios. Entre 2013 y 2018, dos terceras partes de esta financiación climática entregada a Estados vulnerables llegó a través de instrumentos que crean deuda, según la Campaña Jubileo de la Deuda. En el caso de América Latina y del Caribe, este porcentaje alcanzó el 90% de la financiación climática total entre los años 2016 y 2018.
Evidencia de deforestación en el área de Limbang de Sarawak en Malasia. (Yvan Cohen/LightRocket via Getty Images)
Y, de hecho, no es solo que los países del sur global acaben de esta forma asumiendo el coste de un problema que no han provocado, sino que la deuda misma también contribuye a la emergencia climática. Cuando empiezan a estar ahogados por la deuda, un número significativo de ello recurre a la explotación de recursos naturales, como combustibles fósiles, para generar ingresos adicionales que les permitan hacer frente a su pago. Así, países como Costa de Marfil y Malasia han recurrido a sus bosques para exportar materia prima que les permitiera generar fondos para financiar el servicio de su deuda, lo que a la larga puede provocar fenómenos como la deforestación y contribuir al cambio climático.
La sacrosanta prioridad del reembolso de la deuda, a su turno, provoca que muchos Estados en desarrollo cuenten también con un margen fiscal muy limitado para el gasto público en general y para el gasto en proyectos de adaptación y mitigación ante la emergencia climática en particular, cerrando así el círculo vicioso.
Las cifras hablan por sí solas. Los 34 países más pobres del mundo destinan anualmente al pago de la deuda 29.400 millones de dólares, mientras que solo dedican 5.400 millones a medidas para hacer frente al impacto de la emergencia climática, lo que equivale a cinco veces menos, según un estudio de octubre de la Campaña Jubileo de la Deuda. El grupo también estimó entonces que, de cara a 2025, estos mismos Estados destinarán siete veces más al pago de la deuda que a proyectos para mitigar los efectos del cambio climático.
“En conclusión, los países que más luchan con la deuda tienden a ser más vulnerables al impacto de la crisis medioambiental global; por otro lado, el cambio climático exacerba las vulnerabilidades de la deuda. Esto es extremadamente problemático, ya que crea un círculo vicioso”, alerta un informe de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad).
Alternativas
Ante esta situación, cada vez son más los países y organizaciones que llaman a reconocer la problemática relación entre las emergencias climática y de deuda, así como a tomar medidas para abordarla. Aunque la receta varía en función de quien la plantee, la mayoría apunta, entre otras, a la responsabilidad que tienen los países ricos y sus acreedores privados de conceder un alivio de deuda a los Estados más afectados y más vulnerables para que puedan destinar los fondos liberados a políticas de reconstrucción, adaptación y mitigación.
El punto de partida, por lo tanto, implica cambiar las gafas con las que se mira el problema y reconocer que son las economías contaminantes del norte global quienes tienen una deuda climática histórica con los países del sur. Tal reconocimiento tendría que ir así acompañado de medidas de reparación financieras y de restauración ecológica.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Oxfam y la Xarxa d’Economia Solidària consideran que una de las medidas de reparación más importantes debe ser la cancelación incondicional de las deudas que se consideren insostenibles e ilegítimas. Sobre todo, si se han generado para financiar proyectos que contribuyen a la emergencia climática, como la explotación de bosques o de combustibles fósiles, tal y como recoge una declaración conjunta firmada por decenas de organizaciones de todo el mundo incluidas las anteriores.
La cancelación incondicional de la deuda ilegítima e insostenible se considera una medida más eficiente que otros mecanismos menos ambiciosos. Entre estos últimos destacan los canjes de deuda, en los que un acreedor perdona una deuda a cambio de que el deudor se comprometa a destinar aquellos fondos liberados a una inversión concreta, en este caso de reparación, adaptación o mitigación. Sin embargo, se trata de procesos de negociación largos, a menudo para una porción de la deuda pequeña en comparación a la total, y que, debido a su condicionalidad y a que no genera fondos adicionales, tiene poco impacto. Además, los mecanismos tradicionales para el alivio de la deuda, como la iniciativa del FMI y el Banco Mundial para los países pobres muy endeudados (HIPC) cuentan con unos requisitos de elegibilidad muy concretos que la mayoría de Estados no cumplen.
“Pese a presentarse como soluciones innovadoras, los canjes de deuda y las iniciativas basadas en el mercado no abordarán adecuadamente las crisis de la deuda o del clima. Y, en el caso de las soluciones basadas en el mercado, podrían [incluso] agravar los niveles de deuda, socavando la acción sobre las crisis climáticas a largo plazo”, alertó en un estudio de 2021 la Campaña Jubileo de la Deuda del Reino Unido.
“[Es poco probable que] los canjes de deuda por clima y soluciones basadas en mecanismos de mercado, como bonos verdes y bonos de desempeño de la naturaleza, generen resultados justos, y podrían de hecho añadirse al peso de la deuda en los países más vulnerables al clima”, alerta en esta misma dirección Eurodad.
En paralelo a la cancelación incondicional de la deuda insostenible e ilegítima, los grupos signatarios de la anterior declaración llaman a crear nuevos mecanismos de financiación climática que no generen deuda, y que sean lo suficientemente ambiciosos como para afrontar las necesidades de reparación, adaptación y mitigación de los más vulnerables.
Los Estados del norte global se comprometieron a proporcionar 100.000 millones de dólares anuales en financiación climática a los países vulnerables entre 2020 y 2025, pero la cantidad no solo se considera insuficiente, sino que no se ha cumplido. Oxfam estima que, al ritmo actual, las naciones ricas alcanzarán entre 93.000 y 95.000 millones de dólares anuales en 2025, un lustro más tarde del término inicial, lo que significa una pérdida de ingresos de entre 68.000 y 75.000 millones de dólares de financiación en este período. Oxfam advierte asimismo que los países desarrollados también tienden a sobredimensionar su financiación climática, de modo que la asistencia verde neta acaba siendo muy inferior.
Otra reclamada medida en esta dirección pasa por establecer un mecanismo automático, paralelo al anterior, dirigido a suspender, cancelar o reestructurar la deuda después de que se hayan producido eventos climáticos extremos y que, además, incluya un acceso inmediato a recursos financieros que no generen deuda a fin de poder cubrir las pérdidas.
Por último, y para que todas las anteriores medidas no sean en vano, también se plantea que los países del norte global realicen un proceso de revisión para abordar las causas fundamentales de las emergencias de deuda y climática y que, en última instancia, permitan acabar con prácticas como el extractivismo y el uso de combustibles fósiles, así como cambiar los modelos de producción, distribución y consumo.
“La necesidad de hacer la transición mundial hacia una economía más sostenible y equitativa nunca ha sido más apremiante”, nota el informe de Eurodad del pasado septiembre. “[Y esta] no será posible sin un financiamiento climático sostenible, responsable, sustancial, justo y no generador de deuda, así como sin financiamiento para la transición que no exacerbe las vulnerabilidades de la deuda en el sur”.
“Podemos redistribuir el poder de forma que se agraven las desigualdades históricas o podemos responder a esos retos de forma que se mejoren las injusticias históricas que hemos heredado. La posibilidad de mejorar o eliminar esas injusticias históricas es la reparación climática. Pero el statu quo ha sido exacerbar, o al menos perpetuar, las injusticias históricas”, señalaba Olúfẹ́mi Táíwò, profesor de Filosofía en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., y autor del libro Reconsiderar las reparaciones, en una entrevista reciente con el medio The New Humanitarian.
