Manifestantes marchan pidiendo Censo para el 2023 en una jornada de enfrentamientos entre seguidores y contrarios de Luis Arce en La Paz, Bolivia. (Luis Gandarillas/Anadolu Agency/Getty Images)

El país vuelve a sumergirse en una crisis política y social, esta vez por la realización de un censo. Este contexto no solo despierta algunos fantasmas de un pasado reciente, caracterizado por la violencia, la incertidumbre, la polarización y la ralentización de la economía, sino que pone de manifiesto cómo la clase política se sirve de la población para luchar por el poder.

El gobierno de Luis Arce tenía previsto censar este año, pero lo pospuso para 2024 justificándose en la pandemia y en la correcta aplicación del cronograma, pese a contar con la financiación externa correspondiente. Por su parte, múltiples paros y bloqueos frenan Santa Cruz, motor económico del país y eje de la oposición, que junto a otros departamentos, regiones y comités cívicos exigían, en primera instancia, la realización del censo en 2023 y la aplicación de los resultados antes de las elecciones de 2025. 

En las mesas técnicas de negociación, instaladas por el Gobierno, se evidenció un escenario de correlación de fuerzas y un aumento de la beligerancia por la escasa predisposición a ceder. Para reducir la conflictividad el Ejecutivo decretó la realización del censo en marzo 2023 y la asignación de recursos en septiembre del mismo año. La oposición, aceptando estas disposiciones, mantiene sus protestas exigiendo que una ley zanje el asunto.

“Bolivia, al igual que otros países de Latinoamérica, está en una escalada de radicalización y polarización”, explica Mario Galindo, doctor en ciencias políticas y economía. Sin embargo, observa que “en la correlación de fuerzas, el Gobierno tiene una posición favorable, pero de continuar esta escalada puede perderla” y, como consecuencia, “se ingrese en lo que [Antonio] Gramsci llama un empate catastrófico: ninguna de las fuerzas puede derrotar a la otra, mientras que la sociedad entra en catástrofe”.

El MAS, un no-partido hegemónico que ha gobernado y vertebrado al país con relativo éxito durante 16 años, se encuentra desgastado por las contradicciones internas y la dificultad de sostener los intercambios transaccionales entre el estado y las organizaciones sociales. Con todo, ha tratado de aglutinar sus fuerzas para enfrentarse a la oposición. Esta última no gozaba de una imagen positiva, estaba fragmentada y no generaba propuestas, pero con este debate sobre el censo ha adquirido una importancia solo vista en 2016 y 2019.

“La política boliviana, desde 2005 hasta 2021, era dual. No obstante, hay una nueva configuración de fuerzas, con tres actores muy potentes: el gobierno de Luis Arce, el ex presidente Evo Morales y [la oposición de] Santa Cruz”, señala el consultor político Manuel Suárez. “Esa relación binaria y polarizada entre dos grandes fuerzas, donde siempre ganaba el bloque Nacional Popular, llega a su fin y se abre ahora una relación a tres bandas. Un triángulo que requiere nuevas maneras de enfocar las cosas en la política y quizá en la vida pública en general”, explica Suarez. ...