El país vuelve a sumergirse en una crisis política y social, esta vez por la realización de un censo. Este contexto no solo despierta algunos fantasmas de un pasado reciente, caracterizado por la violencia, la incertidumbre, la polarización y la ralentización de la economía, sino que pone de manifiesto cómo la clase política se sirve de la población para luchar por el poder.

Manifestantes marchan pidiendo Censo para el 2023 en una jornada de enfrentamientos entre seguidores y contrarios de Luis Arce en La Paz, Bolivia. (Luis Gandarillas/Anadolu Agency via Getty Images)

El gobierno de Luis Arce tenía previsto censar este año, pero lo pospuso para 2024 justificándose en la pandemia y en la correcta aplicación del cronograma, pese a contar con la financiación externa correspondiente. Por su parte, múltiples paros y bloqueos frenan Santa Cruz, motor económico del país y eje de la oposición, que junto a otros departamentos, regiones y comités cívicos exigían, en primera instancia, la realización del censo en 2023 y la aplicación de los resultados antes de las elecciones de 2025. 

En las mesas técnicas de negociación, instaladas por el Gobierno, se evidenció un escenario de correlación de fuerzas y un aumento de la beligerancia por la escasa predisposición a ceder. Para reducir la conflictividad el Ejecutivo decretó la realización del censo en marzo 2023 y la asignación de recursos en septiembre del mismo año. La oposición, aceptando estas disposiciones, mantiene sus protestas exigiendo que una ley zanje el asunto.

“Bolivia, al igual que otros países de Latinoamérica, está en una escalada de radicalización y polarización”, explica Mario Galindo, doctor en ciencias políticas y economía. Sin embargo, observa que “en la correlación de fuerzas, el Gobierno tiene una posición favorable, pero de continuar esta escalada puede perderla” y, como consecuencia, “se ingrese en lo que ...