¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta el país para alcanzar la estabilidad?
Bolivia se encuentra en el foco de atención internacional desde el fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 que daba la victoria al Movimiento al Socialismo (MAS). La presión social pacífica que duró 21 días y la publicación de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) llevaron finalmente a la renuncia del presidente Evo Morales. Bolivia intenta ahora recuperar la normalidad y encaminarse a nuevas elecciones en una coyuntura económica y política compleja. ¿Cómo ha llegado el país a este punto y qué perspectivas existen a corto plazo?
Convulsión social y pacificación
La sociedad boliviana acumulaba años de descontento por un presidente que no sólo se apropió de todos los poderes del Estado, sino que limitó la libertad de prensa y violó la Constitución Política del Estado (CPE) al no reconocer, reiteradamente, su artículo 168 que limitaba a dos el número de gestiones consecutivas que podía gobernar. Morales utilizó fallos del Tribunal Constitucional (TC) y desoyó el resultado del referéndum vinculante de 2016 que lo inhabilitaba para una cuarta postulación. El fraude electoral grotesco y los primeros muertos y heridos a manos de grupos violentos afines al MAS terminaron con la credibilidad del primer mandatario, Morales renunció cuando la Policía Boliviana (PNB) y las Fuerzas Armadas (FFAA) se replegaron en apoyo a la población.
El conflicto sin embargo se agudizó en La Paz y Cochabamba (dos bastiones de Morales) cuando la policía fue rebasada por los grupos armados y violentos del MAS que exigían la restitución del expresidente y al grito de “ahora si guerra civil” cercaron por más de 10 días a estas dos ciudades, en cuyas inmediaciones (Senkata y Sacaba) se enfrentaron con las FFAA con un saldo de 19 muertos y varios heridos.
El trabajo de negociación de la presidenta transitoria, Jeanine Añez, y su gabinete con la mediación de la Iglesia católica, instituciones nacionales e internacionales fue trascendental para frenar las movilizaciones y actos vandálicos acaecidos en este período, la pacificación llegó el 25 de noviembre con la aprobación unánime en la Asamblea Legislativa (mayoritariamente representada por el MAS) de la ley que permitía convocar nuevas elecciones.
El proceso electoral está en marcha, los nuevos vocales electorales han fijado el 3 de mayo de 2020 para celebrar las elecciones bajo la premisa de transparencia y justicia en la elección de un gobierno representativo. En este sentido, la participación de delegaciones internacionales será fundamental para garantizar que las condiciones de independencia se cumplan, y actuar como observadores electorales y asesores en la limpieza del padrón electoral y la revisión de sistemas para contabilizar los resultados (TREP).
Por ahora existen once posibles candidaturas (incluido el MAS), si bien se abre paso a una renovación política, es fundamental que estos actores tengan una actitud inclusiva pues la población necesita la afirmación de que, en caso de un cambio de modelo político y económico, esto no significará un retroceso en los derechos y beneficios de la población. Restaurar la unidad nacional es un reto muy importante, y aunque un frente único que haga oposición al MAS no parece ser factible, es primordial devolver la confianza a los ciudadanos para anular el instrumentalizado discurso de racismo. A falta de definir un candidato, el MAS continúa con su discurso polarizante y siempre a la sombra de Evo Morales ahora como jefe de campaña, aunque el grupo cuenta con un voto sólido del 15-18%, es improbable en cualquier caso que la presidencia pueda definirse en primera vuelta.
Mientras se desarrollen las respectivas propuestas de gobierno, es recomendable que los candidatos se alejen del populismo y prioricen la educación y el debate de ideas para que la sociedad boliviana vuelva a tener relevancia, deje de buscar caudillos y exija mucho más a sus gobernantes. La inclusión del debate obligatorio durante las elecciones permitirá al electorado tomar una decisión más informada sobre los programas y las capacidades de los candidatos. Como se vio al inicio de este conflicto, es de esperar que la ciudadanía (más activa) y la prensa libre vuelvan a actuar como fiscalizadores durante todo el proceso electoral.
Conflicto político e internacional
El gobierno transitorio ha firmado un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realicen una visita in situ a Bolivia que esclarezca estos últimos sucesos de violencia, y que esta vez incluya a todos los afectados. Además sería pertinente ampliar su investigación a las 89 muertes en 31 conflictos sociales sucedidos en 14 años de mandato de Morales en los que no permitió la entrada a la CIDH.
La situación compleja en Bolivia está lejos de finalizar, movimientos radicales anunciaron que la paz terminará el 22 de enero (cuando podría finalizar la gestión legislativa del MAS), el 85% de municipios de Cochabamba llevan tres meses sin permitir la entrada a la policía y militares, y Morales acaba de declarar que “de volver a Bolivia organizará milicias armadas del pueblo como en Venezuela”. El Ejecutivo evidencia la dificultad de gobernar con una asamblea mayoritariamente MASista que aprobó recientemente la Ley de garantías que favorece la impunidad de delitos de sedición y corrupción y es retroactiva. A pesar de estos ataques a la democracia la presidente en funciones se ha comprometido a garantizar el funcionamiento del Estado, sin hacer cambios de trasfondo, presentando la situación de las instituciones y frenando casos de corrupción, fraude y sedición. En caso de enjuiciamiento, deberán priorizar el respeto a la CPE (procesos y derechos de los acusados), con o sin la cuestionada Ley de garantías.
El siguiente gobierno deberá devolver la independencia a las instituciones y poderes del Estado promoviendo la meritocracia. La Fiscalía General del Estado que sirvió a Evo Morales en el pasado parece que empieza a actuar; aunque no con la eficiencia que se esperaría, por ejemplo en la causa por fraude contra los exvocales del TSE permitió la huida de un testigo clave. En los tres procesos a Morales por delitos de sedición y financiación al terrorismo; usurpación de funciones públicas; y por la suplantación de pruebas en el asesinato a tres extranjeros en el año 2009, los avances son lentos y cuestionados.
A la coyuntura política se suma cierta fricción con algunos gobiernos latinoamericanos y europeos (Venezuela, Cuba, Nicaragua, Argentina y España) que protegen, defienden y han permitido a Morales seguir actuando en política como asilado o refugiado. La renovada diplomacia boliviana debe continuar defendiendo la soberanía del país, demostrando con pruebas a la comunidad internacional quién fue el responsable de violar la Constitución, para frenar la injerencia y así afianzar las relaciones internacionales. Por otro lado, Bolivia empieza a recuperar la confianza de los países más afectados por el narcotráfico ya que en solo dos meses de gobierno interino se han descubierto más laboratorios para la producción de cocaína (seis) que el año anterior. Se han interceptado cargas en Argentina (a un excónsul de Morales), Paraguay, Brasil y Chile, e iniciado pesquisas de por qué el 85% de indultados (4.700 personas) desde 2014 fueron por este tipo de delitos. Se plantea una lucha real contra el narcotráfico que debería continuar a futuro y profundizar en toda la estructura del narcotráfico.
Situación económica
Morales disminuyó la pobreza del 60% en 2005 a la mitad en 2012 mediante políticas redistributivas dependientes de la bonanza económica, por ello esos niveles se mantienen alrededor del 35%, pero la pobreza extrema ha sufrido un repunte (Comisión Económica para América Latina – CEPAL). Por otro lado, el crecimiento económico aparentemente constante, según varios estudios económicos se debió a la condonación de la deuda externa, los contratos fijos de exportación de gas, la subida de los precios del petróleo y el boom en las exportaciones de materias primas. En una entrevista citada por Infobae a expertos como el economista Diego Escobari y a la Fundación Milenio, estos apuntan que el ingreso por venta de hidrocarburos pasó de 782 millones de dólares en 2005 a 3.799 millones de dólares en 2012. El Banco Mundial publicó que los ingresos por venta del gas bajaron del 4,85% al 1,52% del PIB en 2017 una tendencia que ha provocado un déficit comercial, que se ha ido financiado con deuda pública y con el uso de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que han disminuido a menos de la mitad con respecto a las RIN de 2014, esto podría desencadenar en la devaluación del tipo de cambio, de acuerdo con Fundación Milenio.
En el Índice de libertad económica de 2019, publicado por Heritage Foundation, Bolivia está en el puesto 173 de 182 países y solo por encima de Cuba y Venezuela en Latinoamérica. También es el país con mayor déficit público en Sudamérica después de Venezuela, con un 8,3% del PIB en 2018 y un estimado 10% en 2019, siguiendo con datos de Fundación Milenio. Para revertir estas cifras se deberán revisar las políticas de distribución del ingreso y disminuir el gasto público ineficiente (Morales gastó 5,5 veces más que cualquier otro gobierno) de lo contrario las reservas se desplomarían, de los actuales 8.117 millones de dólares a 1.360 millones de dólares para 2022 o podría enfrentar una crisis por la falta de divisas. Por su parte Roberto Laserna, experto en economía, sugiere además eliminar el déficit fiscal, bajar impuestos para estimular la actividad económica local (y las exportaciones) y permitir que los más ahorradores dolaricen sus transacciones, permitiendo que el dólar encuentre un precio realista.
Las empresas públicas presentan en conjunto un déficit fiscal por 7 años consecutivos. En 2018, los gastos de 29 de las 32 empresas estatales superaron a los ingresos en 2,2% del PIB mostrando una falta de planificación, estudio de mercado e ineficiencia alarmantes. Con el MAS, el tamaño del aparato estatal se multiplicó, sólo en 2019 la partida de empresas públicas en el Presupuesto General del Estado creció 39,6%. Se empiezan a desmontar mitos como el de la nacionalización de los hidrocarburos que mantiene al Estado como socio minoritario y se han descubierto varios delitos de corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad, nepotismo y malversación de fondos en 11 empresas e instituciones públicas. Se están realizando auditorías internas y externas para aclarar gastos y pérdidas inusuales, como desembolsos del Banco Central de Bolivia (BCB) de 520 millones de bolivianos (67,4 millones de euros) a 3 empresas públicas sin garantías y fuera de los procesos legales. Se debe investigar de manera imparcial los casos de corrupción y definir acciones en cuanto a las empresas estatales deficitarias revisar necesidades de mercado y evitar la competencia desleal para fortalecer el aparato productivo del país, señala la abogada Angélica Siles.
Ante la caída de ingresos de hidrocarburos, el gobierno de Morales intentó reemplazarlo por el agronegocio, el biodiésel y el bioetanol, e intentó ampliar la frontera agrícola aprobando siete leyes y tres decretos que además amplían la extensión de los cultivos de coca; los asentamientos ilegales y la quema indiscriminada y descontrolada. Esto llevó al mayor desastre ambiental de la década con una pérdida económica de 1.140 millones de dólares y el incendio de 5,3 millones de hectáreas de la Amazonía y la Chiquitanía boliviana en 2019. Estas normas aún no se han revertido con el gobierno transitorio generando desconfianza en la población que espera verlo incluido en los planes electorales.
Hasta la llegada del nuevo gobierno, y habiendo vencido en diciembre el principal contrato de venta de gas (con Brasil), además de las negociaciones correspondientes se deberán buscar nuevos mercados para su exportación (con Perú como país de tránsito), estudiar concesiones a empresas extranjeras para la explotación de las reservas de litio o su industrialización, también es necesario implementar un cambio de modelo económico que plantee otra fuente de ingresos y divisas, diversificar la matriz productiva hacia sectores de mayor valor agregado, según explica el economista Jorge Dávalos en una entrevista concedida a Infobae, teniendo en cuenta que es imperante analizar el impacto ambiental y los costos de oportunidad a partir de estas medidas a futuro. Este será uno de los mayores desafíos para el siguiente Ejecutivo. En definitiva, Bolivia deberá trabajar muy duro para recuperar estabilidad económica e institucional, que atraiga a la inversión extranjera y mueva los mercados para generar riqueza y crecimiento económico sostenibles en el tiempo.
