El hecho de que algunos gobiernos en el mundo decidan autodenominarse feministas, más allá de legítimas concesiones al marketing político, desafía convenciones en torno a cómo son evaluados. ¿Qué dilemas surgen a partir del caso de Chile?
Como ejemplo bien pueden ser útiles los balances realizados a propósito de cumplirse recientemente un año del mandato del izquierdista Gabriel Boric. Quien se convirtiera en el presidente más joven de la historia de Chile decidió que sería recordado, no solo por hacer de su país “la tumba del neoliberalismo”, sino también por su condición de feminista. De esta forma, contribuye a reforzar la idea de “laboratorio” que históricamente lo acompaña, puesto que son todavía muy escasos los gobiernos que, en el mundo, se declaran de esa forma. Quien actualmente ostenta la primera magistratura del país austral definió lo que entendía como tal en su primera cuenta pública, en junio de 2022: “Que todas las acciones del Estado estén enfocadas en la paridad de género e igualdad en la arena institucional y política, así como a ser capaces de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas que tengan relación con la vida de las mujeres y diversidades”.
Al revisar los análisis realizados, confrontamos una bifurcación. Por un lado, están aquellos que colocan el acento en dimensiones relativas a la estructura, al proceso y a los resultados del periodo observado. Son realizados usualmente por hombres y no incorporan la variable género. Por otro lado, se encuentran las reflexiones hechas por mujeres, las que, en muchos casos, cuentan con trayectoria en análisis con perspectiva de género. En ellos, se enfatiza la producción legislativa, aunque también se coloca el foco en la personalidad y el estilo.
Ambas orientaciones, aunque útiles, resultan insuficientes para capturar la complejidad que implica administrar y gestionar desde lo público con sello feminista ya que, se supone, se busca con ello trascender el manejo de los asuntos de género desde la óptica tradicional, estrictamente sectorial, o bien limitarse a evaluar las políticas resultantes con perspectiva de género.
Mirar más de cerca el caso chileno, así como algunos dilemas que suscita, resulta útil no solo por ser el primero en declararse feminista en América Latina sino también, tanto por su trayectoria previa como por su conexión de propósitos con aquellos gobiernos que han decidido ser vanguardia en este tema. El caso sueco, el primero en 2014 en su expresión de compromiso con una diplomacia feminista, experimenta hoy un claro retroceso. También se han definido como tales los de Canadá y de España.
Chile llega a la condición de gobierno feminista como producto de una trayectoria atípica con relación al resto de América Latina, donde se impulsaron en varios contextos las cuotas de género para luego dar paso, de forma relativamente lineal, pero no exenta de luchas por parte de las feministas, a la aplicación de nuevas legislaciones paritarias que apuntan a la igualdad sustantiva de derechos de participación política. En 2021, siete países de la región ya habían aprobado algún tipo de paridad de género en el registro de candidaturas a cargos legislativos de representación popular (Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, Argentina, Nicaragua, Perú). Mientras dos aplican solo en las elecciones internas (Honduras, Panamá).
En un país como Chile, donde la subrepresentación política femenina venía siendo un problema histórico, se abrazó en 2006 la paridad de género en la conformación de su gabinete durante el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, aunque no logró mantenerla con los sucesivos cambios de ministros. Luego, para sorpresa general, no la reeditó durante su segundo mandato (2014-2018) a pesar de asumirlo tras haber sido la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. Sí pudo concretar, en 2015, la aprobación de una reforma electoral que contempló cuotas de género. Posteriormente, la paridad reflotó en el marco de un proceso de elaboración constitucional visto como salida al estallido social de octubre de 2019. Traducida como mecanismo para conformar una asamblea constituyente electa por la ciudadanía, elaboró durante 2022 un texto que, entre otros aspectos, no solo consagraba la democracia paritaria sino que contenía elementos claramente feministas tales como la creación de un sistema nacional de cuidados, la educación sexual integral y la garantía de derechos sexuales y reproductivos (incluido el aborto), siendo sometido a un plebiscito de salida el 4 de septiembre. Aunque el gobierno trabajó activamente por el “apruebo”, triunfó al final el rechazo. Cómo pudo producirse tal resultado en un país donde el feminismo venía en sistemático ascenso, es tarea para investigaciones futuras. Mientras tanto, el principio paritario ha persistido en el diseño institucional de la tercera etapa constituyente, recién inaugurada.
Junto con los factores de mediano plazo señalados, hay otros de corto plazo que explican el compromiso feminista a nivel gubernamental. La generación de la que Boric es su más preclaro exponente accede al poder marcada por el llamado “mayo feminista”, una movilización masiva de denuncia del acoso y del abuso sexual en el ámbito de la educación, especialmente universitaria, que tuvo lugar en 2018, recién asumido Sebastián Piñera su segundo mandato con la centro derecha. Tampoco hay que olvidar que Boric no habría ganado la segunda vuelta presidencial sin el apoyo de las mujeres jóvenes, donde las menores de 29 años votaron en un 64% por él y un 54% las de 30 a 55 años. La opción en pugna la lideraba el conservador y antifeminista José Antonio Kast.
Es en este marco que, nada más asumir, nombra un gabinete paritario, con 54% de ministras. Una de ellas fue la primera de la historia en asumir el cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Además, instaló a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, en el “Comité Político”, corazón de las decisiones presidenciales. Con ello, contribuyó a innovar en relación a los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer (MAM), con la aspiración de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. También se ha visto como condición la creación de una red de encargadas de género en todos los ministerios. Finalmente, incluyó en el llamado Segundo Piso, donde funciona el equipo de asesoría presidencial directa, a una académica con claras credenciales feministas.
Pero el año que el mandatario chileno lleva a cargo del país ha asistido a otras situaciones que invitan a preguntarse si la puesta en marcha del feminismo como ejercicio efectivo de gobierno puede llegar a estar sometida a una adaptación a nivel organizacional de la teoría del doble vínculo. Tal explicación podría servir como hipótesis para dar sentido el hecho de que la identificación inicial con el feminismo por parte de la población haya bajado.
Un ejemplo lo proporciona la decisión de su pareja, Irina Karamanos, de asumir el cargo de Primera Dama luego de que, siendo candidato, Boric ofreciese abolir dicha figura. Sin embargo, bajo la promesa de resignificar el rol y adaptarlo a los tiempos, se derivó justo en lo contrario. Durante el proceso se supo, un tanto accidentalmente, la existencia de un decreto gubernamental que establecía que el gabinete llevaría el nombre de la propia Karamanos, lo que dio pábulo inmediato a sospechas de personalismo. En todo caso, el paso dado, según la académica feminista Alejandra Castillo, encerraba una contradicción intrínseca: “Una decisión fallida, desde mi perspectiva: con una mano se afirma el feminismo y con la otra se mantienen las figuras patriarcales del Estado”.
Un segundo fenómeno se relaciona con una ministra de la Mujer que, junto con ver realzado su peso político al ser incorporada en el núcleo estratégico de las decisiones presidenciales, ha protagonizado situaciones tales como objetar el nombramiento del candidato a Fiscal Nacional “por haber defendido causas de abuso sexual incluyendo una por violación”. Se ha explicado que su condición de ministra peor evaluada del gabinete podría deberse a que es percibida como una virtual “censora” de género, alejándose con ello de las ideas preconcebidas acerca de una ministra de una cartera en la que, tradicionalmente, han gozado de popularidad.
El caso chileno demuestra que, a pesar de los avances, surgen situaciones con impactos que desafían interpretaciones simplistas. Los estudios de género y la investigación académica a ellos asociada, luego de una larga etapa anclada en el examen de las leyes de cuotas, tienen por delante importantes retos en lo que a análisis más comprehensivos se refiere. Nos referimos a modelos explicativos con pretensiones de integralidad los que, entre otros aspectos, tengan a la vista los distintos itinerarios gubernamentales hacia la igualdad; la forma en la que el feminismo se encarna en el Estado en una región donde el presidencialismo como régimen predomina así como el efecto de fenómenos culturales, de carácter simbólico, que contribuyen a perpetuar estereotipos. También debemos contemplar la existencia de límites porque ¿hasta dónde puede un gobierno reclamarse legítimamente como feminista? No hay que olvidar que vivimos, a nivel global, un momento donde el declive de la democracia asiste al surgimiento de autocracias que han aprendido a buscar su consolidación, entre otros recursos, instrumentalizando los derechos de las mujeres.
