Se cumplen 100 días de Gobierno desde que el pasado agosto, Iván Duque se erigiese como nuevo presidente de Colombia. Sin embargo, ¿cuál es el balance que se puede hacer de estos primeros meses de mandato y qué cabe esperar de cara al futuro?

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El Presidente colombiano, Iván Duque, durante una conferencia en Bogota. Gabriel Aponte/Getty Images for Concordia Americas Summit

En primer lugar, podría decirse que son tres los atributos que mejor definen estos primeros compases del nuevo mandatario colombiano: incumplimiento, inacción y desconcierto. Incumplimiento porque son varias las promesas electorales desdibujadas en este primer inicio de gobierno. Inacción, en la medida en que el efecto luna de miel que acompaña a todo proceso de cambio de mandato no se ha visto respaldado por ningún proyecto estrella. Desconcierto, porque la ambivalencia y la falta de hoja de ruta lastran cualquier proyección futura que permita dilucidar cuál puede ser la senda del nuevo presidente de Colombia.

Uno de los elementos que más cuestionamientos plantea sobre las promesas rotas de Iván Duque fue su marcado acento en la campaña presidencial respecto a que en Colombia no se podían subir los impuestos. La precariedad salarial y la informalidad limitan los multiplicadores de gasto, y ello conduce a que cualquier subida que no sea estrictamente progresiva resulte más perniciosa de lo que ya de por sí puede suponer en un escenario de mayor cohesión social.  Sin embargo, y bajo la eufemística denominación de “Ley de financiamiento”, lo que Duque ha propuesto es una reforma tributaria de estricto cariz regresivo que lo que hace es gravar, entre otras cuestiones, la canasta familiar en todos sus bienes con un tipo del 18%. Una involución en toda regla, ya que nos encontramos ante una de las sociedades más desiguales del mundo y, por extensión, de mayor concentración del ingreso per cápita del país.

Tampoco mostrarían sus primeras decisiones esa mano firme contra la corrupción que se abanderaba meses atrás. De un lado, se ha mostrado excesivamente protector con dos figuras controvertidas y salpicadas por escándalos de corrupción como son Alberto Carrasquilla y Alejandro Ordóñez. El primero, en calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público, involucrado aparentemente en el escándalo de los papeles de Panamá y que aprovechó su posición en el poder público para enriquecerse con el endeudamiento de más de 100 municipios en la emisión de bonos de acceso al agua. El segundo, como embajador ante la Organización de Estados Americanos, y con casos abiertos por tráfico de influencias y cohecho ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

A lo anterior habría que añadir la prerrogativa instada por el mismo Iván Duque para que el Congreso de la República controle el 20% del presupuesto nacional, lo que abre una peligrosa ventana de oportunidad para las redes clientelares que dominan el paisaje político colombiano, y la desatención al mandato popular en la lucha contra la corrupción. Un mandato frente al cual, el mismo Duque asumió una posición de apoyo y respaldo y que, ...