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Un grupo de refugiados rohingyas en el campo de refugiados de Kutupalong, Bangladés. (DIBYANGSHU SARKAR/AFP/Getty Images)

Bangladés y Birmania han firmado un acuerdo para la repatriación involuntaria de más de 2.000 refugiados rohingyas. Pero es un acuerdo precipitado que pone en peligro la estabilidad a ambos lados de la frontera. Los dos países deben paralizar el plan y, en su lugar, tratar de crear las condiciones que permitan un retorno seguro y digno.

 

Bangladés se dispone a comenzar el regreso de varios miles de refugiados rohingyas a Myanmar. Dicha repatriación seguramente no será voluntaria, y no debería llevarse a cabo. No solo viola las obligaciones legales internacionales de Bangladés y pone en peligro la seguridad de los refugiados, sino que amenaza con desencadenar más violencia e inestabilidad a los dos lados de la frontera. Ambos países deben paralizar el plan de inmediato. La ONU, representada por el enviado especial del secretario general y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, deben seguir mostrando firmemente su oposición, en público y en privado, e iniciar un proceso para que los refugiados sean consultados sobre su futuro. Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y otros Estados también tendrían que presionar a Bangladés y Myanmar para que interrumpan los regresos y creen las condiciones necesarias para una repatriación voluntaria; la participación de estos países en la cumbre de ASEAN, de noviembre en Singapur, es buena oportunidad para hacerlo.

Nuevas presiones para la repatriación

La brutal operación militar de Myanmar en el estado de Rakhine —en respuesta a los ataques lanzados contra puestos de seguridad por el grupo terrorista Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA en sus siglas en inglés) en agosto de 2017— provocó la huida de casi 750.000 rohingyas a Bangladesh. Desde entonces, los refugiados viven en grandes campamentos situados cerca de la frontera. La misión de investigación llevada a cabo por la ONU ha llegado a la conclusión de que los actos del Ejército constituyen crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra e incluso un posible genocidio.

En noviembre de 2017, Myanmar y Bangladés acordaron un procedimiento para la repatriación que debía comenzar el 23 de enero. Pero no hay refugiados rohingyas que hayan regresado a través de los canales oficiales; de hecho, han seguido yéndose de Birmania: en 2018, hasta ahora, alrededor de 16.000 han abandonado el estado de Rakhine para ir a Bangladesh. Los refugiados no quieren volver si no se les garantiza su seguridad y la protección de sus derechos, así como que se van a exigir responsabilidades y a ofrecer indemnizaciones por la destrucción de sus pueblos, sus hogares y sus propiedades.

Pese a ello, el 30 de octubre, Bangladés y Myanmar firmaron un acuerdo de repatriación en una reunión del grupo de trabajo conjunto en Daca. El acuerdo establece que, a partir del 15 de noviembre, 485 familias rohingyas (2.260 personas en total) deben volver a Birmania, que se compromete a tramitar a 150 personas al día. No se ha consultado a los refugiados ni está claro como se les ha seleccionado; están aterrorizados ante la perspectiva de volver. Las autoridades bangladesíes dicen que no van a obligar a nadie a regresar, pero la verdad es que, en las circunstancias actuales, es imposible que alguien vuelva de forma voluntaria. Las entrevistas que ha mantenido Crisis Group indican que algunos de los refugiados que figuran en la lista han decidido esconderse por miedo a la repatriación y al menos uno ha intentado suicidarse.

Aunque los dos países han mantenido muchas conversaciones anteriores y en el último año ya han anunciado otras veces los planes de repatriación sin que sucediera nada, en esta ocasión, Bangladés parece decidido a llevar a cabo un proceso de regresos limitado. Sus cálculos políticos han cambiado por dos motivos.

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Representantes oficiales de Birmania y Bangladés durante la reunión donde deciden el futuro de los refugiados rohingyas en Daca. (SAM JAHAN/AFP/Getty Images)

En primer lugar, está sufriendo considerables presiones políticas de China para que inicie la repatriación. Pekín posee importantes intereses económicos y geoestratégicos en Birmania, incluido un Corredor Económico China-Myanmar valorado en cientos de miles de millones de dólares y cuyos detalles están aún finalizándose. Además, es un inversor fundamental en Bangladesh, lo cual le otorga mucha influencia. El gigante asiático siempre ha apoyado a Burma en el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU y ha impedido que el Consejo de Seguridad tomara medidas más enérgicas. Además, ha defendido permitir que Myanmar y Bangladés se ocuparan de la cuestión de manera bilateral en vez de hacerlo en foros multilaterales, pero ese argumento pierde sentido si el proceso bilateral no da frutos.

Pekín ha facilitado una serie de reuniones entre Myanmar y Bangladés y ha dejado claro que quiere ver avances. Durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, organizó una reunión al margen entre Myanmar, Bangladesh, el secretario general, António Guterres, y su enviado especial a la zona; en ella, el ministro de Exteriores bangladesí se comprometió a iniciar las repatriaciones “pronto”. Poco antes del encuentro, el ministro chino de Seguridad Pública, Zhao Keshi, se reunió asimismo con dirigentes bangladesíes.

En segundo lugar, a las autoridades de Bangladés les preocupa que, a su juicio, existe un consenso cada vez mayor en que no parece probable que la mayoría de los refugiados vaya a regresar a corto plazo, así como la impresión de que los donantes occidentales están empezando a centrarse más en su integración en el territorio de acogida. En privado, muchos responsables reconocen que es posible que muchos rohingyas no vuelvan nunca a casa. Pero no están dispuestos a decirlo públicamente ni a permitir que los donantes den por sentado que Bangladés va a seguir acogiendo a los refugiados, sobre todo dados los escasos fondos con los que cuentan las operaciones humanitarias y la carga que suponen para el país. Además, creen que las potencias internacionales no han presionado lo suficiente a Birmania para que garantice la seguridad, los derechos y las responsabilidades imprescindibles para un regreso a gran escala. Las autoridades de Bangladés parecen pensar que un proceso limitado de repatriaciones puede ser una señal de alarma para los donantes que les empuje a prestar más atención a la situación y comprender que es insostenible.

Todos estos factores han contribuido a que Bangladés se incline por ese retorno a pequeña escala. Además, hay que tener en cuenta la dinámica política previa a las elecciones generales en bangladesíes, previstas para el 23 de diciembre. Myanmar también cree que una repatriación limitada beneficia sus intereses. Los dirigentes de Naypyitaw confían en que el regreso de unos cuantos demuestre a un mundo escéptico que están dispuestos a recibir de nuevo a los rohingyas, desvíe la atención de los motivos por los que tuvieron que huir inicialmente y, de esa forma —o eso esperan—, debilite los argumentos para hablar de limpieza étnica y genocidio.

Los peligros de los retornos forzosos

Por más que Bangladés y Myanmar consideren que el regreso de unos cuantos refugiados puede beneficiarlos a ambos, sería perjudicial para los propios rohingyas, que volverían a una situación que sigue provocando la huida de su gente. Bangladés no es firmante de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni su Protocolo de 1967 y, aunque ha acogido a los rohingyas, no los reconoce oficialmente como refugiados. Aun así, el derecho internacional consuetudinario obliga al Gobierno a garantizar que cualquier regreso a Birmania sea voluntario y seguro.

Ambos países no consultaron de antemano con la ONU ni su Agencia de Refugiados sobre la repatriación. La ONU ha subrayado que le parece prematura y que las condiciones actuales en el estado de Rakhine no permiten el regreso. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Birmania emitió un comunicado el 6 de noviembre en el que exigía a Bangladés que aplazara los “planes precipitados” de repatriación.

Además de la preocupación por los derechos humanos, una repatriación forzosa entraña graves riesgos para la seguridad y la estabilidad a ambos lados de la frontera. La comunidad de refugiados en Bangladés se opone enérgicamente al traslado y va a hacer todo lo posible para resistirse. Como consecuencia, aumentarán las tensiones en los campamentos y puede acabar habiendo enfrentamientos entre los refugiados y las fuerzas de seguridad bangladesíes, que complicarían enormemente las operaciones humanitarias. Si el intento de repatriación fracasa, los esfuerzos para impulsar la paz y el desarrollo podrían sufrir un retroceso que perdure años.

Los terroristas de ARSA siguen teniendo una presencia destacada en los campos de refugiados y podrían emprender ataques contra las fuerzas de seguridad birmanas situadas justo al otro lado de la frontera, como hicieron en enero de 2018, para impedir la repatriación. En los campamentos hay, además, otros grupos que han estado organizándose, aunque no está clara su capacidad de cometer actos violentos. Cualquier atentado o incidente de seguridad en Rakhine agravaría las tensiones y podría empeorar la situación de los cientos de miles de rohingyas que todavía viven allí. Asimismo, Myanmar ha dicho que algunas de las personas propuestas por Bangladés para su repatriación son miembros de ARSA. No se sabe si es cierto, pero eso plantea la inquietante posibilidad de que las autoridades arresten a algunos de los repatriados.

Una repatriación precipitada tiene muchas probabilidades de agravar las tensiones en el estado de Rakhine. La población de etnia rakhine que se opone al retorno ya ha llevado a cabo protestas para impedirlo. Además, los nacionalistas de la región exigen que se haga un escrutinio detallado de los repatriados y se les asiente en unas áreas concretas y seguras, y no en sus pueblos de origen. En particular, los nacionalistas se oponen firmemente a que ninguno regrese al sur del distrito de Maungdaw, que quieren conservar como “zona libre de musulmanes”. Crisis Group ha visto una lista parcial de los repatriados y ha comprobado que varios proceden de pueblos de esa zona, por lo que, en virtud del acuerdo de repatriación, debería permitírseles volver allí. Un proceso de repatriación secreto y sin las consultas y los preparativos necesarios en Rakhine podría muy bien agudizar las hostilidades y provocar actos de violencia contra los que regresan o contra el resto de la población rohingya.

Si los refugiados temen que vayan a obligarlos a volver a Myanmar, es posible que la desesperación les empuje a abandonar los campamentos y emprender la peligrosa travesía de la Bahía de Bengala hasta Tailandia, Malasia, Indonesia u otros países. Las repercusiones podrían alcanzar a toda la región, como sucedió con la crisis de la emigración marítima de 2015.

 

El artículo original ha sido publicado en International Crisis Group

 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia