El reciente seísmo que ha sacudido el país pone encima de la mesa la cuestión de las profundas desigualdades que sufren las zonas rurales del país. ¿A qué se deben estas brechas entre el llamado Marruecos "útil" y el denominado "inútil"? ¿Cuáles son las políticas estatales al respecto? ¿Cómo Rabat hace frente a los habituales, aunque a menudo efímeros, estallidos sociales que demandan mejoras y perspectivas de futuro para estas áreas olvidadas?
Marruecos sufrió durante la noche del 8 al 9 de septiembre el mayor terremoto que ha registrado el país desde 1900. Un seísmo de magnitud 6,8 grados en la escala Richter, cuyo epicentro se situó a ocho kilómetros de profundidad en la localidad de Ighil, 63 kilómetros al suroeste de Marrakech, y que, en el momento de redactar estas líneas, dejaba un saldo de casi 3.000 muertos y más de 5.500 heridos. Algunas localidades fueron completamente destruidas y miles de viviendas se hundieron, movilizando a efectivos de seguridad, protección civil y Ejército para intentar rescatar a los supervivientes y transportar ayuda a las poblaciones siniestradas. La noticia del terremoto generó una ola de reacciones y solidaridad en autoridades europeas e internacionales, que inmediatamente ofrecieron su ayuda a Rabat, que solo consintió en aceptar la mano tendida de España, Reino Unido, Catar y Emiratos Árabes Unidos. No sin polémica, Marruecos declinó la colaboración francesa en lo que se vislumbra un mensaje de Mohamed VI al presidente galo, Emmanuel Macron, ahondando la crisis diplomática con París, a quien se reprocha tibieza en el diferendo del Sáhara Occidental y cercanía con Argelia, país con quien Rabat rompió relaciones diplomáticas en 2021.
De nuevo un temblor de tierra sacude directamente un territorio pobre y montañoso, que el colonizador francés había tildado de “inútil”, dejando en evidencia el abandono al que se había visto sometido por el poder central. Exactamente lo mismo que ocurrió la noche del 23 al 24 de febrero de 2004 en el Rif, al norte, cuando un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter sacudió la provincia de Alhucemas, otra región rural, amazigh (bereber) y desamparada, causando la muerte de al menos 628 personas y miles de damnificados. Porque las brechas territoriales son un vector destacado de las disparidades en Marruecos, el país más desigualitario del norte de África, por encima de Argelia y Túnez, según un informe de 2019 elaborado por Intermon Oxfam. Ni el crecimiento más o menos sostenido de las últimas dos décadas, con medias anuales entre el 3% y 4% del PIB, ni los proclamados progresos en cuanto a la reducción de la pobreza parecen suficientes. En 2018, las tres personas más ricas detentaban 44.000 millones de dírhams (4.500 millones de dólares), de tal manera que el incremento de su fortuna durante un año equivalía al consumo de los 375.000 marroquíes más pobres durante ese mismo periodo.
Acusadas brechas territoriales
En un país de más de 36 millones de habitantes, donde el salario mínimo interprofesional se sitúa, en septiembre de 2023, en 3.111 dírhams (285 euros) mensuales, las desigualdades se ven agravadas por las disparidades territoriales. El pobre desarrollo de infraestructuras y la carencia de servicios esenciales es lo habitual en amplias franjas del territorio. Así, solo un 64% de habitantes de zonas rurales están conectados a la red de agua potable, siendo apenas un 40% en la región Tánger-Tetuán-Alhucemas. Redundando en su situación de aislamiento, en zonas montañosas carecen de las infraestructuras básicas, con precarios o inexistentes accesos por carretera, sin servicios sanitarios y consideradas zonas blancas para las compañías de telecomunicaciones al no haber cobertura de telefonía por su baja rentabilidad. El 20 de diciembre de 2006, ocho niños murieron de frío en Anfgou, una localidad enclavada en el Medio Atlas, cobrándose las bajas temperaturas 30 decesos más unos días después. Ante la desidia de las autoridades, los habitantes de Anfgou protagonizaron protestas que, habiendo trascendido a la opinión pública nacional, se tradujeron en el anuncio de proyectos para la zona por valor de 2,1 millones de euros.
El 60% del PIB se concentra en apenas tres de las 12 regiones en las que se divide administrativamente el Reino, mientras que el 75% de los más necesitados se aglutinan en seis regiones. Mohamed VI ha situado el desarrollo humano y la “cuestión social” en el centro de la retórica oficial, lo cual le ha valido el título de “rey de los pobres”. En la década de los 2000 se consintieron importantes inversiones para la electrificación y conexión por carretera, así como equipos sanitarios y profesionales médicos en el mundo rural. Este dispositivo de lucha contra la pobreza comprende mecanismos de una supuesta acción descentralizada, poniendo en marcha tres agencias públicas para el desarrollo regional: Norte, Oriental y “para las provincias del Sur”, en alusión al Sáhara Occidental. La multiplicación de inauguraciones, lanzamiento de ambiciosos programas, firma de convenciones y partenariados, alcanzando los presupuestos multianuales dirigidos a sufragar tales iniciativas abultados montos, son objeto de una mediatización a ultranza, como elemento central de la política de comunicación del soberano. Harto desarrollista, la profusa visibilización de hitos alimenta la representación social de un Estado que multiplica el gasto en proyectos, pero sin certezas fehacientes sobre su realidad y eficacia.
Marruecos ‘útil’ versus Marruecos ‘inútil’
El régimen del Protectorado francés de Marruecos, entre 1912 y 1956, no implicó una ruptura con el pasado. El residente general, el mariscal Hubert Lyautey, no quería destruir las feudalidades campesinas, ni acabar con el artesanado urbano del interior, no pretendía que se instale una economía de blancos europeos, ni que las masas marroquíes se ofrecieran al mercado de trabajo y explotación en las incipientes urbes, tal y como había ocurrido en Argelia. En este sentido, Francia conservó una economía tradicional, protegida por decisiones políticas dirigidas, entre otros, hacia artesanos y grandes terratenientes con propiedades infraexplotadas. El residente general fue un monárquico conservador al servicio de Francia que se apoyó en los resortes del capitalismo, erigiéndose así un sistema dual en lo económico, instalándose una economía moderna paralela. En términos prácticos, tales designios implicaron una optimización del territorio a nivel geográfico, dividiéndolo en dos entidades: la “útil”, que incluye las llanuras, tierras cultivables, los recursos mineros y toda la franja costera occidental, con un clima templado, que permite el desarrollo de agricultura, industria y servicios; y la “inútil”, de orografía harto accidentada, desprovista de riquezas y de perspectivas.
De este modo, se reforzó la fachada atlántica, Rabat sustituyó a Fez como capital administrativa en 1915, se invirtió en infraestructuras a través de la construcción de ferrocarriles, carreteras y corredores que unen el interior del país con la costa. De esta manera vio la luz una incipiente y activa industria, dirigiéndose el grueso de inversiones hacia el Marruecos “útil”. Los campesinos se mantenían en sus tierras, las ciudades no se veían asoladas por el éxodo rural y la nueva economía no ponía fin a las estructuras sociales tradicionales, si bien irrumpió un cierto proletariado en Casablanca, surgió una incipiente clase media “indígena”, a caballo entre la ciudad europea y la medina, y un tejido empresarial dirigido mayormente por “blancos”. Con la independencia, las elites marroquíes se hacen con los puestos que dejan libres los grandes colonos y, bajo los auspicios de Palacio, se prosigue la acción de los grandes grupos y empresas, manteniendo mutatis mutandis el esquema francés, conformando un país de contrastes, de grandes diferencias sociales, que encarna la incongruencia entre unas elites políglotas y las aún existentes elevadas tasas de analfabetismo. Desde los inicios del Protectorado hasta hoy, se privilegia al Marruecos “útil” en detrimento del “inútil”, hostil e improductivo.
Auge de la contestación rural
Con la llegada del nuevo milenio, Marruecos ha asistido a una multiplicación de movimientos de contestación en zonas rurales, que pasaron desapercibidos, sin apenas trascendencia en la opinión pública ni impacto internacional. Movimientos de trasfondo socioeconómico, desprovistos en su mayoría de un proyecto político, salvo los localizados en el Sáhara Occidental y en el Rif. En su origen, el sentimiento de abandono de amplias franjas de población que viven en los márgenes del Estado, en zonas montañosas, áridas, enclavadas, en los confines del Marruecos “inútil”. Reivindicaciones concretas y pragmáticas, que exigen acceso a los servicios públicos, empleo, subvenciones y ayudas sobre los productos básicos o la mejora de las infraestructuras y los transportes. Unos movimientos que se manifiestan a través de descargas de malestar y cólera, las más de las veces efímeras, pero que en otros casos crean una suerte de dinámica contestataria persistente, que dura varios años. Esto ha ocurrido en Sidi Ifni, en el área Sous-Massa-Draa, y en Bouarfa, en la región del Oriental, donde la marginalización por parte del poder central ha sido el leitmotiv de las movilizaciones que se extienden entre 2005 y 2009.
Ben Smin, en el Medio Atlas, se sublevó contra la privatización de la fuente de agua local, de la que se abastecía todo el pueblo. Tamasint, próximo a Imzouren, en la provincia de Alhucemas, se levantó contra las consideradas “vergonzosas ayudas” de Rabat para la reconstrucción de sus hogares tras el terremoto de 2004, siendo fuertemente reprimidos por las fuerzas del orden. En Tata, al sur, los estudiantes impulsaron las protestas para reclamar un mínimo de servicios sanitarios. En M’fasis, no lejos de Khouribga, en el centro del país, los habitantes denunciaron la expropiación forzosa de sus tierras agrícolas por parte de la todopoderosa Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), sobreviniendo la represión de efectivos de la Gendarmería y el arresto de varios vecinos que fueron acusados de “ultraje a las fuerzas públicas”. En Sefrou, una sentada pacífica contra la carestía de la vida devino en enfrentamientos con las fuerzas del orden, que se saldaron con 300 heridos y varios detenidos. La muerte en dramáticas circunstancias de Mohcine Fikri tras un abuso policial es el detonante, en octubre de 2016, del Hirak popular del Rif, cuyas reivindicaciones se articulan alrededor de la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la región, que denuncian el abandono del que son objeto por los poderes públicos. En Zagora, en el sureste, las poblaciones han protagonizado las “manifestaciones de la sed”. Yerada, localidad minera deprimida del este, ha sido escenario de imponentes movilizaciones tras la muerte de varios jóvenes que extraían carbón de forma ilícita en pozos abandonados, lanzándose los vecinos a las calles para denunciar la desidia del poder.
Más allá del poco tino del Gobierno a la hora de gestionar el descontento ciudadano en las periferias del Estado y la ausencia de respuestas eficaces, la represión ha sido la tónica para sofocar la contestación, sucediéndose las campañas de intimidación y arrestos. Estas revueltas rurales, que normalmente pasan inadvertidas, no suelen plantear grandes desafíos al poder, desprovistas de veleidades revolucionarias y cambios profundos, sin albergando reivindicaciones políticas de calado. Por otra parte, los contestatarios arremeten contra el Gobierno y sus ministros, partidos políticos, autoridades en general y fuerzas del orden. Unas revueltas contra el sistema, pero en las que el Rey no es contestado, presentándose como intocable, portando incluso manifestantes retratos del soberano. Localidades perdidas del Marruecos “inútil”, sin tradición reivindicativa, pero donde diversos factores pueden detonar la contestación: la agravación de la miseria, las injusticias, el desigual reparto de los escasos peculios, la incautación de recursos comunales por parte del Estado o entidades privadas, la inacción de las autoridades, la hogra (sentimiento de injusticia y desprecio) o fenómenos naturales, como pueden ser sequías, inundaciones e incluso terremotos. La desesperación y la cólera de los damnificados, el sentimiento de abandono y una ineficaz gestión de las ayudas se antojan caldo de cultivo idóneo para un enésimo estallido social.
