Por primera vez en mucho tiempo el cambio político en el país se presenta como una posibilidad real.
Todo parece indicar que las elecciones presidenciales de Sri Lanka, previstas para el 8 de enero de 2015, van a contradecir las predicciones de muchos observadores y van ser verdaderamente competitivas. Como consecuencia, los comicios plantean riesgos y al mismo tiempo ofrecen la posibilidad de lograr una estabilidad duradera y la reconciliación tras la guerra.
La repentina aparición de un sólido candidato de oposición ha sorprendido a muchos, incluido el presidente Mahinda Rajapaksa. Con un programa de reformas constitucionales para limitar el poder ejecutivo y restablecer los órganos supervisores independientes, la coalición opositora, encabezada por el antiguo colega de Rajapaksa Maithripala Sirisena, parece capaz de plantear el primer desafío serio al presidente en casi una década. En medio de un clima restrictivo para la sociedad civil, los tamiles y las minorías religiosas, el peligro de que se desate la violencia en torno a los comicios merece que la comunidad internacional preste estrecha atención y haga esfuerzos para prevenir la inestabilidad política, incluida la posibilidad de que Rajapaksa utilice medios extraconstitucionales para conservar el poder.
Después de unos resultados decepcionantes para su coalición en varias elecciones provinciales recientes, el anuncio de Rajapaksa sobre el adelanto electoral para obtener un tercer mandato, que llevó a cabo el 20 de noviembre, estuvo pensado, en parte, para atacar mientras la oposición estaba aún dividida. Para sorpresa de muchos, surgió una coalición de partidos de la oposición con un candidato común, Maithripala Sirisena, secretario general del partido del presidente, el Partido de la Libertad de Sri Lanka (SLFP en sus siglas en inglés). Varios miembros destacados del partido se unieron a Sirisena, y posteriormente ha habido nuevas deserciones, que han supuesto un golpe importante para el Presidente.
Aunque sigue siendo el favorito, por primera vez desde el final de la guerra en 2009 ya no está garantizado que Rajapaksa -y, con él, sus poderosos hermanos y otros familiares- vaya permanecer indefinidamente en el poder. Si abandonan el Gobierno más altos cargos del SFLP o de la coalición, la presión se intensificará. Por primera vez en años, la oposición y las voces críticas de la acosada sociedad civil de Sri Lanka tienen la sensación de que el cambio político es una auténtica posibilidad.
Al mismo tiempo, la repentina aparición de una oposición conjunta y viable aumenta los riesgos de que haya casos graves de violencia y prácticas fraudulentas en torno a los comicios. No cabe casi ninguna duda de que los Rajapaksa van a utilizar todos los recursos del Estado -dinero, vehículos, radio, televisión y periódicos de propiedad estatal, funcionarios y policía- para asegurar la reelección de Mahinda, y todo el mundo cuenta con que harán todo lo necesario para tratar de conservar el poder. Cuanto más igualada esté la elección, más violenta será.
Muchos temen que se manipule al grupo budista radical Bodu Bala Sena (Fuerza de Poder Budista, BBS) para que cometa algún incidente violento que distraiga la atención de otros fraudes, o reduzca la participación de los musulmanes, o provoque una reacción musulmana que el Gobierno aprovecharía con el fin de consolidar su base cingalesa. Algunos sospechan también que podrían utilizar al BBS para desestabilizar al nuevo Ejecutivo en caso de que ganase Sirisena.
Como las provincias del norte y el este permanecen bajo estricto control militar, las fuerzas de seguridad podrían, como en las elecciones provinciales del año pasado, limitar las actividades de campaña de los partidos de la oposición e intimidar a los votantes tamiles y musulmanes para que tengan menos participación. Las restricciones a los viajes de los extranjeros al norte, que volvieron a imponerse en septiembre de 2014, harán más difícil que los medios de comunicación, diplomáticos, organizaciones internacionales y ONG puedan observar el proceso e informar de posibles infracciones.
Si Sirisena venciese, el Presidente y sus hermanos podrían encontrar otros medios para conservar el poder, incluida la apelación al obediente Tribunal Supremo para que anule el resultado o la utilización del Ejército como último recurso. En este contexto preelectoral tan volátil, las instituciones internacionales y los gobiernos extranjeros interesados en la estabilidad a largo plazo de Sri Lanka -entre otros, China, India, Japón, Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD)- deben intentar reducir el peligro de violencia política grave, antes, durante y después de las elecciones, y ayudar a crear unas condiciones electorales lo más equitativas posible con el fin de incrementar las posibilidades de que haya un debate genuino y una rivalidad limpia. Para ello deberían facilitar una presencia importante de observadores electorales -de la Commonwealth y la UE- lo antes posible, insistir en que los observadores tengan plena libertad de movimientos y financiar grupos de observadores electorales locales. Por otra lado, también tendrían que hacer advertencias preelectorales a todos los líderes políticos para prevenir el fraude y las prácticas violentas, incluido el apoyo a los ataques de militantes budistas contra musulmanes y cristianos.
En plena deriva autoritaria e impunidad institucionalizada, el hecho de que en Sri Lanka vaya a haber una genuina competencia política permite tener una esperanza inimaginable de futuro. No obstante, esa misma ocasión puede desembocar en un conflicto serio, dado lo que está en juego para todas las partes implicadas. Es necesario aprovechar la oportunidad para asegurar que el próximo gobierno cuenta con la amplia credibilidad nacional y el respaldo internacional que le permitan iniciar el proceso de recomponer la sociedad de Sri Lanka, tan golpeada por su traumática historia reciente. Gane quien gane en enero, las cuestiones fundamentales relacionadas con la identidad nacional -el traspaso de poderes, la rendición de cuentas y la reconciliación, la igualdad para los tamiles y los musulmanes en un Estado de mayoría cingalesa- seguirán siendo controvertidas. Tendrán que abordarse con habilidad para que el resultado sea una inestabilidad todavía mayor.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
