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Un albañil en una obra de edificios en Dar es Salam, Tanzania. (Daniel Hayduk/AFP via Getty Images)

Las principales ciudades africanas necesitan más viviendas para acoger al, cada vez mayor, número de personas que las habitan; sin embargo su construcción no se está haciendo de manera equitativa y no todos tienen las mismas oportunidades.

Se llamaba Susan. Su único medio de subsistencia era una parcela pequeña en los alrededores de Nairobi, la capital de Kenia. Estaba rodeada de apartamentos caros, un estadio de fútbol y una carretera donde se producían unos atascos terribles todas las tardes. Desde luego, no era una tierra fértil ni un paraíso natural. En el momento en el que conocí a Susan, aquel lugar era un descampado con hierbas amarillas y nubes de polvo.

Los campesinos habían transformado esa planicie baldía en un milagro. Armados con azadones y unas manos callosas y duras —el resultado de muchos años de esfuerzos y sudor—, cultivaban algunas verduras y después las vendían en los mercados locales. Pero los campesinos no eran los propietarios de esos terrenos, a pesar de haberlos cultivado durante décadas. Hasta hace unos años, no eran más que un pedazo de terreno público sin mucho valor económico. Al estado no le importaba lo que los ciudadanos hiciesen en él. Sin embargo, por culpa de la presión demográfica y los especuladores inmobiliarios, el precio del suelo se multiplicó en poco tiempo y, de repente, los agricultores se encontraron entorpeciendo un negocio millonario. En 2017, recibieron un aviso de la policía: un empresario quería construir edificios sobre sus huertos. Si seguían cultivando, serían arrestados. El milagro que esos campesinos habían conseguido tenía fecha de caducidad.

Las ciudades de África necesitan más casas. Y para los inversores con suficiente dinero, construirlas es uno de los negocios más rentables del continente.

De acuerdo con El-Hadj M. Bah, Issa Faye y Zekebweliwai F. Geh —los autores del libro Housing Market Dynamics in Africa—, Nigeria tiene el récord, con un déficit de 17 millones de unidades de viviendas para cubrir la demanda actual. En Tanzania, Kenia y Uganda, los tres países más poblados del este de África, los déficits son de tres millones, dos millones y 1,6 millones de viviendas. Este hecho, que se repite en casi todas las naciones africanas, es una oportunidad para los especuladores inmobiliarios, pero según Michelle Gavine, investigadora del Consejo de Relaciones Exteriores —una organización estadounidense sin ánimo de lucro—, también supone un problema que podría “amenazar la salud pública y la seguridad de las ciudades, provocando frustraciones sociales y disturbios políticos”.

 

La explosión demográfica en las ciudades de África

Nairobi nació en 1896. En ese momento era poco más que un emplazamiento militar británico para la protección del ferrocarril que unía el centro de África con el océano Índico. Estaba habitado por un puñado de soldados. En poco más de 100 años, ha pasado de ser un poblado con tiendas de campaña, algunas viviendas y un riachuelo donde los pastores masai llevaban su ganado a beber, a transformarse en el centro económico de todo el este de África. Nairobi concentra alrededor del 22% del Producto Interior Bruto de Kenia. Se han construido decenas de centros comerciales, restaurantes de todo tipo, bares, carreteras anchas y barrios residenciales. De acuerdo con el último censo nacional, publicado en 2019, tiene 4,4 millones de habitantes, mientras que en 1960, tres años antes de la independencia de Kenia, contaba solamente con alrededor de 251.000 habitantes.

La transformación de Dar es Salam, la ciudad más poblada de Tanzania, ha sido aún más radical. Su andadura comenzó en 1862 como una ciudadela para las concubinas del sultán Said Majid, que reinó las islas de Zanzíbar de 1856 a 1870. En la actualidad tiene seis millones de habitantes; en menos de una década puede ser el hogar de cerca de 10 millones. Kampala, la capital de Uganda, con 1,5 millones de personas en 2014, y Dar es-Salam, son las dos ciudades de más rápido crecimiento de todo el mundo.

Según Naciones Unidas, 21 de las 30 urbes de más rápido crecimiento del mundo están en África. En 1950 el 73% de la población africana era rural; en 2015 la población urbana suponía el 40%. Esto podría haber sido una buena noticia. Más de dos tercios del Producto Interior Bruto del planeta se produce en las ciudades. Como ha señalado el Banco Mundial, la urbanización ha contribuido a mejorar los ingresos de las empresas; la proximidad entre bienes, personas e ideas; y el acceso a los servicios públicos de calidad e infraestructuras. En las ciudades todo está más cerca, todo parece más accesible. Pero para las personas de los barrios marginales estas ventajas suelen ser un espejismo. El 60% de los habitantes de las ciudades de África residen en barrios marginales, con condiciones precarias, sin el acceso a los servicios más básicos, ni siquiera el de una vivienda adecuada.

Mientras millones de personas se hacinan en los barrios marginales, una minoría poderosa concentra casi todo el dinero de las ciudades de África. Lo dice el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): las urbes africanas han desbancado a las latinoamericanas como las más desiguales del planeta. Y los constructores levantan casas para los sectores de las población que pueden pagar mucho dinero por ellas. La demanda de casas en barrios residenciales o apartamentos cómodos es alta gracias a la explosión demográfica y, en casos como el de Nairobi, donde está la cuarta oficina de Naciones Unidas más grande, también por la influencia de los inmigrantes de los países occidentales, normalmente con salarios superiores a los de los trabajadores locales.

En Kololo, uno de los barrios acomodados de Kampala, donde están las oficinas de las ONG más importantes, el precio de algunas casas supera el millón de dólares.

“En África, la mayoría de los inversores se centran en el extremo superior del mercado. […] Es algo que se repite en todo el mundo. Las inversiones para el público general a menudo son rechazadas en favor de inversiones en propiedades residenciales de lujo, donde los márgenes de beneficios son más altos”, dice el Oxford Business Group. O en palabras de ONU-Hábitat: “Como el Estado se ha reducido en tantos países en desarrollo, la oferta de viviendas está en manos del sector privado, que en realidad trabaja para el sector más solvente de la población. […] El sector privado, tanto el formal como el informal, no ofrece una solución real para satisfacer las necesidades de viviendas del 20-30% de la población con ingresos más bajos”.

Los ciudadanos que no pueden comprar o alquilar las casas de estos constructores viven una situación desesperada. En los mercados formales no encuentran casas asequibles para ellos, y los Estados no proporcionan alternativas viables. Además, cuando un empresario intenta quitarles de enmedio, las agencias de seguridad se ponen del lado de los poderosos: “El Gobierno de Kenia intenta enmascarar los desalojos forzados. Según sus portavoces, son parte de los esfuerzos para modernizar el país o hacer cumplir las leyes. Pero casi siempre el objetivo es poner esos terrenos a disposición de las élites políticas o económicas”, escribió Kefa M. Otiso, del Departamento de Geografía de la Universidad de Bowling Green State.

 

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Un grupo de personas entre los escombros de los edificios tras una demolición del gobierno en Nairobi, Kenia. (TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

Ciudadanos pobres en medio de un negocio millonario

En las zonas rurales, donde casi toda la población subsiste gracias a la agricultura a pequeña escala y vive de espaldas tanto al Estado como a las grandes inversiones privadas, las familias suelen construir sus casas con materiales baratos y en terrenos consuetudinarios o adquiridos a muy bajo precio. En las ciudades, la situación es diferente. Las personas sin poder adquisitivo para alquilar o comprar las casas disponibles en los mercados formales buscan soluciones en el sector informal. Hasta el 80% de los habitantes de Kibera, en Nairobi, el barrio marginal más poblado de África, alquilan las casas donde residen. A menudo están construidas por una tercera persona con materiales precarios y sin permisos. Tampoco suelen tener agua potable, electricidad o sistemas de saneamiento. Esas casas son más baratas que las de los mercados formales, pero sus ocupantes pueden ser expulsados en cualquier momento por los propietarios cuando no pagan el alquiler o cuando otra persona ofrece más dinero, o por los buldóceres de las autoridades y los empresarios.

Como señala Amnistía Internacional, el suelo de casi todos los barrios marginales de Kenia es público. Los residentes de esas barriadas son inquilinos que pagan alquileres a inversores que construyeron viviendas precarias en terrenos insalubres o lejanos, en los que nadie se interesaba, aunque no eran los dueños de los mismos. Normalmente, los inversores son funcionarios públicos con vínculos estrechos con las altas esferas políticas: en el caso de Kibera, en el 2002 el 57% de los caseros eran funcionarios gubernamentales, según un informe de ONU-Hábitat. Es un desembolso productivo, pues los dueños pueden subir el precio del alquiler a su antojo debido a la enorme demanda que tienen sus estructuras —el 56% de la población de Nairobi reside en barrios marginales—, y nunca les faltan clientes.

Pero el modelo de negocio más rentable está cambiado en los últimos años. En toda África, el precio del suelo de las barriadas, insignificante hasta hace unas décadas, crece como la espuma por el aumento de la población y el déficit de viviendas. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, las casas de las urbes africanas son un 55% más caras que en las ciudades de otras regiones con niveles de ingresos parecidos. Según un especulador alemán del sector inmobiliario de Nairobi que prefiere que su nombre no aparezca en este reportaje, construir casas para la clases medias o altas, aunque no son numerosas, reporta más beneficios con los precios actuales que alquilar viviendas de poca calidad a muchas familias.

Aunque deben pagan un alquiler todos los meses, los habitantes de los barrios marginales son ocupantes ilegales. Por eso no tienen derechos cuando los mercados formales deciden recuperar los terrenos donde estaban viviendo.

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Casas del slum de Kibera, Nairobi, Kenia. (TONY KARUMBA/AFP via Getty Images)

El 23 de julio de 2018, alrededor de 30.000 personas perdieron sus hogares en uno de los barrios marginales de Nairobi: Kibera. Los buldóceres destrozaron las primeras casas al amanecer “sin previo aviso y sin acuerdos para el reasentamiento de los afectados”, según Leilani Farha, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada. El Gobierno tenía la intención de construir una carretera en ese lugar.

Amnistía Internacional ha denunciado que esta clase de desalojos son bastante frecuentes en las ciudades de todo el país. 

“Los habitantes de los barrios marginales viven con el temor constante de ser desalojados. […] El Estado debe ofrecerles una alternativa […], y tiene la obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para proporcionar viviendas asequibles a las familias con bajos ingresos”, escribió Justus Nyang’aya, el director de Amnistía Internacional en Kenia.

 

¿Posibles soluciones?

Es un obstáculo que se reproduce en casi todas las naciones africanas: no existen administraciones estatales con la capacidad para hacer frente al problema del déficit de viviendas. Siguiendo las recetas neoliberales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los Estados del continente retiraron sus manos de la economía, sobre todo a partir de los 80. En 1990, estas instituciones financieras internacionales ya habían puesto en marcha 120 programas en 30 países diferentes. Los Estados quedaron reducidos, incapaces de ofrecer incluso los servicios sociales más básicos, sanidad o educación. Su único papel era garantizar un escenario donde los empresarios ganasen los máximos beneficios posibles. Se abrieron la puerta a los inversores privados, que enseguida se apropiaron de todos los sectores de las economías africanas, incluyendo el inmobiliario.

En 2003, Naciones Unidas reconocieron que el principal motivo del aumento de la pobreza y la desigualdad en la década de los 80 y 90 fue la retirada del Estado.

ONU-Hábitat piensa que esta situación debe cambiar. “Es necesario pensar en las necesidades del pueblo, incluido dónde vivirá, y ponerlas en el centro del desarrollo de las ciudades”, escribió Joan Clos, su director. En 2016, esta agencia propuso algunas soluciones: planes de urbanización más eficaces que no ignoren los barrios informales; subsidios gubernamentales; programas para los sectores de más vulnerables de la población; micropréstamos para construir o comprar viviendas que puedan acoger a varias familias en vez de centrarse únicamente en la construcción de casas unifamiliares; una distribución más equitativa de los títulos de los terrenos urbanísticos; programas gubernamentales que aseguren una amplia gama de viviendas en alquiler para la mayoría de la población, regulando las relaciones entre propietarios e inquilinos; programas de capacitación para los constructores del sector informal y mejorar su acceso a los materiales de construcción; promover las financiaciones comunitarias para construir viviendas; etcétera.

Pocos meses después de las advertencias de los policías, Susan perdió su huerto: su único medio de subsistencia en ese momento. Las máquinas de un empresario arrasaron los cultivos de cerca de 2.500 campesinos. No pudieron pararlas. En una reunión para encontrar soluciones a esta situación, Gladis, una de las campesinas afectadas, dijo:

 

—Lo que pasa es que los políticos solamente trabajan para los ricos.

Gladis tenía 38 años, cinco hijos, y mucho miedo de las autoridades.

—No queremos que el Gobierno nos entregue comida ni dinero. No queremos ayudas. Lo único que queremos es que nos dejen cultivar en paz.