Vista aérea de un campo en Francia. (Sebastien Bozon/AFP/Getty Images)

Nuevas compañías y capitales financieros ajenos al sector agro están controlando cada vez más territorios en el Viejo Continente. Acaparamiento, falta de transparencia, especulación, PAC y expulsión de jóvenes agricultores son algunos de los fenómenos asociados. La escasez de datos dificulta el análisis, aunque diferentes organismos están intentando alzar la voz.

El aumento del precio de los alimentos desde la crisis mundial de 2007-2008 ha traído consigo dos conceptos, o dos realidades –la (in)seguridad alimentaria y la (in)seguridad energética-, que están cambiando la gestión de las tierras, además del control y la competencia por la mismas. Así lo explica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) en un informe de 2011: “La creciente competencia por la tierra y el agua se ha puesto especialmente de manifiesto cuando entidades de inversión públicas y privadas han comenzado a adquirir extensiones agrícolas en los países en desarrollo”.

Aunque en un principio esta situación se dio fundamentalmente en los Estados con legislaciones más o menos laxas, en Europa se está produciendo una sostenida y opaca transformación en la propiedad de los terrenos en los últimos años. De pequeños a grandes agricultores; de compañías estatales a inversores extranjeros; de agricultura y ganadería a otros usos alejados de lo agro. Un cambio de manos que implica, además, una reducción de las mismas. El análisis es complejo, porque no existe una razón única (y menos en Europa, donde la Política Agraria Común también juega un papel clave), aunque las consecuencias sí son compartidas: se pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria (por la reducción de tierras de cultivos, subida de precios y especulación) y se desmembra el tejido rural.

“Hay una variedad de ...