La Unión Europea y América Latina tienen una larga trayectoria de relaciones de toda índole basadas en una amplia red de acuerdos. Los crecientes desafíos geopolíticos, entre los que destaca por su relevancia la crisis climática y su correlato, la transición energética, han puesto de manifiesto la necesidad de intensificar el diálogo y mejorar la cooperación entre ambas regiones.
Los pasados 17 y 18 de julio se celebró en Bruselas la Cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-CELAC), tras un amplio recorrido de dos años en el que se han multiplicado los contactos y reuniones para lograr el intensificar la relación UE-CELAC. La región de América Latina y el Caribe está siendo especialmente afectada por la crisis climática, con 13 de los 50 países más vulnerables a escala mundial. De ahí que las políticas tanto de mitigación como de adaptación sean tan importantes. Por eso no es extraño que en la declaración que cerró la Cumbre la preocupación por la crisis climática y el desarrollo de la transición verde justa ocupasen un lugar central. Desde el principio, en el punto tres, se puede leer: "[…] También cooperaremos para mitigar los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental, de acuerdo con el principio de la equidad y de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales".
Semanas antes de la celebración de la Cumbre, la Comisión Europea hizo pública su propuesta de agenda basada en una asociación estratégica renovada y en acciones concretas en ámbitos clave, entre los que destacan el refuerzo del compromiso político y el sistema de justicia, paz, seguridad y democracia; la promoción del crecimiento sostenible y la resiliencia económica a través de acuerdos comerciales y de inversión renovados y la transición hacia una sociedad más sostenible e interconectada a través de estrategias de inversión como Global Gateway, destinada a articular grandes inversiones en infraestructuras para hacer frente a retos como el cambio climático.
En su propuesta, la Comisión hace especial énfasis en el refuerzo de la colaboración para la transición verde, con las siguientes acciones: impulsar conjuntamente, como parte de Global Gateway, la ejecución de proyectos de inversión verde y reforzar la cooperación en las iniciativas regionales Equipo Europa: intensificar la lucha contra la pérdida de bosques y biodiversidad y contra la degradación forestal a través de iniciativas Equipo Europa; concluir Memorandos de Entendimiento sobre energía y explorar asociaciones según lo previsto en el Reglamento de Materias Primas Críticas; promover el desarrollo de marcos financieros sostenibles interoperables y el desarrollo de mercados de bonos verdes para atraer a los inversores; promover intercambios y acciones en favor de la transición energética verde, incluido el hidrógeno renovable y, por último, reforzar las acciones en relación con la transición digital.
La declaración final de la Cumbre, que firmaron todos los participantes, reconoce y subraya las repercusiones del cambio climático en todos los países, “especialmente aquellos en desarrollo y en los más vulnerables”, como los pequeños Estados insulares en desarrollo, en el Caribe, en las regiones ultraperiféricas de la UE, en los países y territorios de ultramar asociados a la UE o en aquellos en desarrollo sin litoral. De esta manera, los Estados firmantes se hacen eco de la especial vulnerabilidad que tienen frente al cambio climático los países en vías de desarrollo, y recogen la necesidad de compatibilizar desarrollo con equidad y lucha contra la desigualdad, dando así sentido a la idea de transición justa.
En la misma línea, la declaración reafirma el compromiso con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, así como con los convenios de diversidad biológica, y apuesta por reforzar la cooperación en materia de transición verde con distintas herramientas “nos comprometemos a liderar el cambio transformador hacia una economía sostenible, así como a reformar y eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Acogemos favorablemente las decisiones adoptadas en la COP26 y la COP27, en particular la reafirmación colectiva de proseguir nuestros esfuerzos por mantener el objetivo de 1,5 °C al alcance de la mano. Acordamos fomentar que se acelere la implantación de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética en la COP28”.
Especial relevancia tiene la apuesta por avanzar en el replanteamiento de la idea de desarrollo, hasta el punto de que se plantea analizar la necesidad de utilizar otros criterios más allá del PIB, “por ejemplo la vulnerabilidad climática, a fin de determinar los requisitos para que los países puedan acceder a financiación en condiciones favorables, y trataremos de proporcionar un estímulo financiero para que ningún Estado tenga que elegir entre luchar contra la pobreza y proteger el planeta”.
Especial mención se hace también en la declaración final de la Cumbre al agua, poniendo en valor el reconocimiento del derecho al acceso al agua potable salubre y al saneamiento A este respecto, se subraya la necesidad de una gestión integrada de los recursos hídricos en todos los sectores y en todos los niveles, gestionándolos de forma sostenible y reduciendo la contaminación del agua, en particular mediante una mayor cooperación internacional.
A lo largo de todo el documento subyace un reconocimiento de la importancia de la cooperación internacional para fomentar el desarrollo sostenible, prestando especial atención a abordar las deficiencias estructurales en cuestiones de infraestructura, productividad, sociales, medioambientales e institucionales, así como en la preparación para hacer frente a desastres y la gestión de riesgos. Finalmente, en la parte financiera, se reconoce la contribución potencial de la agenda de inversiones de la Global Gateway UE-ALC, que abordará las deficiencias de inversión en las prioridades comunes de la UE y América Latina y el Caribe, con el objetivo de movilizar tanto la financiación pública como el capital privado a favor del desarrollo sostenible.
En la hoja de ruta aprobada por la Cumbre para los próximos años, 2024-2025, aparece un nuevo hito sobre materias primas y una reunión de alto nivel sobre cuestiones ambientales y cambio climático, si bien no se concreta nada más.
Partiendo de este estado de la cuestión, y recogiendo algunas de las aportaciones realizadas desde la sociedad civil en este proceso, se pueden plantear las siguientes acciones que ayuden a mejorar el cumplimiento de los objetivos comunes.
Empecemos por consideraciones de carácter general que conviene recordar. Tal y como ocurre en otros aspectos de las relaciones internacionales, es imprescindible tener en cuenta la diversidad que albergan los distintos países de América Latina y Caribe, lo que obliga a articular enfoques que reflejen esta pluralidad. Por otro lado, como recogen las conclusiones de la Cumbre celebrada por la Fundación UE-LAC, para lograr una transición exitosa es imprescindible establecer políticas de largo plazo, la creación de fondos para la transición y la implementación de sistemas de subsidios directos y progresivos que promuevan el acceso equitativo a fuentes de energía limpia. Todo esto, partiendo de información y datos fiables, rigurosos y transparentes, en este caso aplicados a conocer los impactos del cambio climático y de los mecanismos puestos en marcha para la transición verde.
En materia de transición ecológica, además, es necesario abrir la mirada más allá de concepciones excesivamente estrechas de lo ambiental. Su carácter transversal obliga a incorporar una visión que alcance al conjunto de sectores económicos. De ahí la necesidad de insertar en las estrategias de relación entre ambas regiones en materia climática tanto las relaciones comerciales de todos los sectores económicos, como las políticas de cooperación, y en ambos casos en coherencia con las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.
La misma coherencia implica apostar por inversiones productivas en lugar de inversiones extractivas. Es imprescindible articular mecanismos que garanticen los más altos estándares de ESG de las empresas incluyendo todos los requisitos de la debida diligencia, así como las dinámicas que permitan obtener una licencia social para operar. Todo esto debe articularse de forma transparente e inclusiva con el conjunto del territorio teniendo en cuenta desafíos importantes en América Latina y Caribe, como la economía informal. Especial relevancia tiene, en este sentido, garantizar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas, algo que para las europeas se verá recogido en la Directiva de sostenibilidad ambiental y social en cuanto ésta sea aprobada.
Por su importancia para la transición en todo el mundo, y por el potencial de conflicto y agresión ambiental que encierra, es preciso prestar atención al sector de la minería. La región de América Latina y el Caribe alberga el 61% del litio mundial, el 39% del cobre y aproximadamente un tercio del níquel y la plata. El sector de la minería, como es conocido, es responsable de algunos de los problemas más graves de sostenibilidad, por lo que virar el modelo de la minería tanto en materia ambiental como social es fundamental para la viabilidad de la transición en el planeta. La implementación de estos proyectos debe cumplir rigurosamente con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo en países como Chile, y reinventarse en clave de sostenibilidad económica, social y ambiental. En especial, garantizar el respeto de los derechos indígenas, incluyendo el consentimiento libre, previo e informado, es clave.
No obstante, los conflictos socioambientales en América Latina y Caribe no se reducen sólo al caso de la minería, sino que se extienden a la agroindustria, el uso del agua y más recientemente, a la instalación de parques de energías renovables. Urge resolverlos de acuerdo a los más estrictos estándares ambientales en materia de sostenibilidad y derechos humanos.
En el ámbito comercial, la inquietud que genera el Mecanismo de Ajuste en Fronteras por Emisión de Carbono (CBAM por sus siglas en inglés) requiere un diálogo transparente entre la UE y los países de América Latina y el Caribe desde posiciones de colaboración y acompañamiento que no desvirtúen el sentido del mecanismo, sino que ayuden a los países de América Latina y el Caribe a ser competitivos en el nuevo escenario que se ha abierto.
Algo parecido ocurre con las regulaciones y certificaciones ambientales. Los países de América Latina y el Caribe necesitan desarrollar prácticas de sostenibilidad en la producción de bienes exportados sin que suponga una merma de sus intereses ni incremento de la desigualdad. La certificación de productos con estándares ambientales reconocidos internacionalmente ya no es una opción, sino la única vía de futuro que puede permitir seguir exportando a buena parte del mundo, en especial a Europa. Además, podría abrir nuevas oportunidades de mercado y ayudar a mitigar los impactos del CBAM, sobre todo para los pequeños productores. Para ello es necesario promover el diálogo y el consenso birregional en torno a certificaciones y regulaciones ambientales para diseñar marcos adecuados e intensificar la cooperación técnica.
En materia de energía, el Pacto Verde Europeo ofrece nuevas oportunidades de alianzas entre ALC y la UE. América Latina y el Caribe tiene un enorme desafío en la pobreza energética, con 16,1 millones de personas sin acceso a electricidad. Invertir en generación distribuida y en mecanismos de democratización energética es clave para el desarrollo de la región. Por otro lado, se necesita inversión, cooperación técnica e intercambio de conocimiento para ayudar a la transformación económica de los países con altos ingresos procedentes del petróleo. Desde la cumbre de la Fundación UE-LAC se va más allá, con una mirada integral: “ALC tiene la matriz eléctrica más limpia del planeta, cuenta con el capital humano, tiene industria capaz de manufacturar productos complejos (muchos productores europeos de vehículos tienen plantas de manufactura en ALC), posee recursos minerales que pueden ser extraídos eficientemente, entre otros. Esto se traduce en una baja huella de carbono. Por otro lado, la UE tiene la demanda, el capital humano y financiero, y el objetivo de emisiones de carbono cero netas al 2050. En este contexto, existe coincidencia de intereses y una oportunidad única para fortalecer las relaciones sociales, económicas y ambientales entre la UE y ALC”.
Finalmente, para abordar el mayor desafío de la transición ecológica, la gobernanza, la alianza entre la UE y ALC resulta esencial. Las democracias tienen algunos obstáculos para gestionar problemas como la crisis climática, que se hacen especialmente graves en casos de Estados débiles o si existen problemas de corrupción. Solventarlos es clave para hacer frente a la crisis climática, que debe ayudar a fortalecer y no a debilitar las democracias. Tanto en asuntos especialmente complejos que requieren el acuerdo de distintos países —la Amazonía es uno de ellos—, como en la articulación de mecanismos de deliberación y participación que vienen practicándose con mayor éxito y anticipación en sociedades latinoamericanas, el intercambio de conocimiento, buenas prácticas, y la evaluación continua tanto de los avances como de los hándicaps en la transición ecológica ayudarán, sin duda alguna, a su aceleración.
En este contexto, el papel de España resulta clave en tres aspectos. En primer lugar, manteniendo una posición de ambición y coherencia con estos planteamientos en el ámbito de las instituciones comunitarias. La presidencia del Consejo es un buen momento, pero no el único para presionar en este sentido. Por otro lado, como interlocutor con América Latina. Los lazos culturales y las múltiples relaciones comerciales, geopolíticas y de toda índole le convierten en un actor clave en la conversación y diálogo con los Estados y la sociedad civil latinoamericana. Finalmente, estableciendo puentes entre ambas regiones de forma que se consolide un espacio de complicidad y confianza en la consecución de los objetivos comunes. Estratégica, es, por tanto, la posición del Gobierno y las Administraciones públicas españolas, pero no menos la de las empresas, organizaciones de la sociedad civil, creadores de conocimiento y actores de la cultura y la comunicación.
