El pasado 13 de abril se celebraron en Guinea Bissau elecciones legislativas y la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda prevista para el 18 de mayo. Los comicios, ausentes de incidentes y en los que la participación ha sido masiva, han de poner fin al Gobierno de transición que se formó tras el último golpe de Estado del 12 de abril de 2012 y que impidió a los ciudadanos elegir a un nuevo presidente.

 

Seyllou/AFP/Getty Images

Un oficial electoral muestra una papeleta en el recuento de votos tras las elecciones de este año.

 

 

Desde que tuviesen lugar en el país las primeras elecciones libres en 1994, veinte años después de que Portugal reconociese su independencia, ningún presidente electo ha completado su mandato y fraudes electorales han generado levantamientos militares.

En uno de los países más pobres del mundo, donde la mitad de sus algo más de 1.600.000 habitantes viven con menos de un euro al día y más de dos tercios lo hace bajo el umbral de la pobreza, el cuerpo castrense es el triste protagonista de la vida política. A sus más que cuestionables formas de solucionar los problemas -en 2009 los militares asesinaron al entonces primer ministro- hay que añadir sus más que corruptas maneras de gestionar el asunto del narcotráfico. Si sumamos lo fácil que resulta comprar al Gobierno -y en especial al ejército- a que una de las rutas más cortas entre América y África sean las cinco horas de vuelo o las cuatro noches de navegación entre Venezuela y el pequeño país del oeste africano, obtenemos que desde hace casi una década el país se ha convertido en una nueva meca del narcotráfico latinoamericano.

El primero de una cadena de hallazgos que reveló las nuevas rutas de los cárteles colombianos sucedió en octubre de 2005, cuando pescadores de las islas Bijagós se encontraron con fardos de cocaína de un barco hundido. El país sirve como almacén de una mercancía que se embarca rumbo a España y a Portugal o es transportada por tierra hacia Europa a través de Senegal, Mauritania y finalmente Marruecos.

Lejos de ver lo delictivo del asunto, algunas autoridades políticas y militares, y a la cabeza de ellos el actual Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas -el golpista Antonio Injai-, solo ven los efectos positivos en sus caudales. Además no tratan de ocultarlo, de manera que en 2008 tropas militares acordonaron a plena luz del día el aeropuerto más importante del país para descargar unos 600 kilogramos de cocaína.

Para que no quede resquicio de duda de su disponibilidad a colaborar con la causa, en más de una ocasión los militares no han tardado en liberar a aquellos traficantes que son detenidos por la policía. El dinero del narcotráfico ha extendido la inestabilidad política a otros países vecinos, como Gambia, Ghana o Malí. En este último país, la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico, lucrada con millones de dólares del narcotráfico en el norte de África, aprovechó el golpe de estado en 2012 para controlar la mitad norte del país.

Mientras tanto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que trabaja para fortalecer el poder judicial y el estado de derecho en Guinea Bissau, calcula que más de la cuarta parte de la cocaína que se consume en Europa llega desde allí. Este tráfico ilegal alcanza un valor de unos 1800 millones de dólares. Asimismo, según un informe del Centro Africano de Estudios Estratégicos, entre los meses de abril y julio de 2012 (posteriores al golpe) entraron en el país veinticinco toneladas de droga. Una cantidad que supuso más de la mitad de lo que se estimaba que iba a entrar en África Occidental ese año, en el que la economía de Guinea Bissau se contrajo en un 2,5%.

La comunidad internacional no es ajena a este esperpéntico escenario. Su reacción se ha hecho notar con más fuerza en el último año y medio, tiempo en el que ha conseguido que el tráfico se reduzca considerablemente. Ejemplos de esta puesta en acción han sido las llevada a cabo por la Agencia Estadounidense contra las Drogas (DEA, en sus siglas en inglés). Primero, arrestando en una ajedrecística operación en aguas internacionales al jefe militar de la Marina, Bubo Na Tchuto, para después acusar formalmente por conspiración narcoterrorista a Antonio Injai. Al golpista se le señaló como cabecilla en un plan que preveía la mediación de las fuerzas armadas nacionales en la compra de armamento para la guerrilla colombiana de las FARC.

Sin embargo, el Gobierno de transición, reconocido por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, CEDEAO, pero no por la Unión Europea, la Unión Africana y Naciones Unidas, no ha sido capaz de enderezar mínimamente el rumbo del país, sino más bien todo lo contrario. La organización del proceso electoral se ha realizado gracias a la presión internacional y a su ayuda económica, pues la voluntad del presidente interino, Manuel Sherifo Nhamajó, en este aspecto ha sido nula. Más de 4.000 soldados de las fuerzas armadas nacionales y de los países de la CEDEAO han velado por la seguridad de unas elecciones que han tenido lugar entre huelgas en la sanidad y en la educación y con el ébola a las puertas.

Los resultados definitivos dejan a José Mario Vaz "JOMAV" y Nuno Nabiam como contendientes para la presidencia. El primero es el candidato del partido que ha vuelto a conseguir la mayoría absoluta en las legislativas, el histórico Partido Africano por la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde (PAIGC). El segundo, perteneciente a la etnia de los balanta, mayoritaria en el país y abrumadora en el ejército, es candidato independiente y cuenta con el apoyo del también balanta y golpista Antonio Injai. "JOMAV", acusado por la Fiscalía general de apropiarse indebidamente de 12 millones de dólares, se perfila con el 40,89% de los votos como favorito para ocupar la presidencia del país ante el 24,79% de un Nabiam con un bagaje político bastante inferior.
La elección de Nabiam significaría dejar el poder en las manos del ejército de un Injai que ha declarado que prefiere quitarse la vida antes que ser detenido. Guinea Bissau, por lo tanto, tendría todos los visos de seguir siendo un narco estado o estado fallido.

En el muy probable caso en que "JOMAV" sea elegido presidente parece que el otrora director ejecutivo del Banco Mundial, Paulo Gomes -candidato que ha quedado en tercer lugar con el 10,40 % de los votos- podría convertirse en ministro de Exteriores. La incorporación en el Gobierno del cosmopolita Gomes escenificaría el deseo del nuevo Gobierno de colaborar con la comunidad internacional, cuya confianza podrá restaurar a través de su diplomacia y contactos.

La esperanza de cambio pasa, pues, por una reforma del estamento militar. En esta dirección existe un plan para reducir a 1500 los 5000 efectivos actuales, que supuestamente "JOMAV" aplicaría. A la comunidad internacional le interesa que el país se estabilice, más aún tras los recientes descubrimientos de yacimientos petrolíferos y de bauxita, pero la nube negra de un nuevo golpe de estado acecha a un pueblo dócil, inocente y demasiado acostumbrado a la extrema pobreza y otras grandes injusticias.

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