Sin una Constitución y sin consenso entre los líderes políticos, la libertad de expresión y prensa tunecinas están en cuestión.

 

 















tunez

FETHI BELAID/AFP/Gettyimages

 

 

La primera huelga general de periodistas del país se produjo el pasado 17 de octubre de 2012 y consiguió, en un pulso sin precedentes, demostrar la fuerza del sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos que pedía la aplicación total de los decretos que garantizan la libertad de prensa y expresión, así como la paralización del nombramiento a dedo del nuevo director del conglomerado de medios nacionalizado Dar Assabah, afín al ideario del partido mayoritario.

Este episodio, no es el final de la contienda y la premisa de que la victoria en las elecciones implica la legitimidad para hacer y deshacer a su gusto en el espacio mediático está muy extendida en las filas de la troika gubernamental (Ennahda, Ettakatol y Congrès pour la République).

A pesar de que en el discurso político todos se dicen a favor de la libertad de prensa, Túnez se enfrenta a la tensión entre los que pretenden regular y limitar las libertades de información y expresión y sus defensores, que las consideran esenciales para la construcción de una sociedad plenamente democrática.

Una vez cumplido el segundo aniversario de la salida del dictador Zine el Abidine Ben Alí, la difícil transformación del sistema autoritario se refleja en la pretensión del poder actual al control de la información, poniendo palos en las ruedas de la fiscalización de sus acciones por parte de los medios de comunicación.

El paisaje mediático (tanto en árabe como en francés) previo a las revueltas no destacaba precisamente por su independencia y objetividad, sino más bien por una loa unánime al jefe del Estado y la familia de su esposa –el clan Trabelsi–, con presencia constante en la portada de todos los periódicos y telediarios. Eran los propietarios de muchos de los periódicos y cadenas de radio y televisión más importantes del país. Con el control directo de los medios públicos, la propiedad de muchos privados y el clientelismo del resto de las plataformas informativas, el discurso institucional era omnipresente e indiscutido.






























Los periodistas pueden ser objeto de duras penas e importantes multas por difamación

Esta situación ha dado un vuelco completo ya que en la actualidad los periódicos y televisiones públicas, nacionalizadas y privadas están desarrollando su labor en un ambiente de libertad de información de facto, sustentado por los decretos de libertad de expresión y de prensa 115 y 116 apoyados en la llamada petite constitution –decretos ley enunciados por el gobierno provisional tras la salida del dictador para permitir un proceso de transición con garantías democráticas–. ...