Aunque se han producido avances legales para las personas con diversidades sexuales y de género en el país latinoamericano, aún están lejos de ser verdaderamente aceptadas en la sociedad o de tener un acceso digno e igualitario al trabajo o la salud.
“Ser trans es transgredir aquello que está en la heteronormatividad, es atreverse a ser como queremos ser. Con el género o identidad de género contrario y con la orientación sexual que decidamos. Debemos recordar que la diversidad es un abanico y un espectro grandísimo que puede darse de cualquier forma”, explicó Nicole Ortiz, mujer transgénero durante el día del orgullo en Bogotá, Colombia.
En los últimos años se han logrado algunos avances legales en los derechos de las personas con diversidades sexuales y de género en Colombia, incluyendo: la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (2016), la posibilidad de adopción para personas o parejas LGBT (2015), el derecho de personas transgénero a cambiar su nombre y sexo en sus documentos de identidad (2015), al igual que la protección legislativa contra la discriminación laboral y los crímenes de odio.
Estos avances han llevado a etiquetar a Colombia como uno de los países más progresistas en derechos relacionados a la inclusión e igualdad de género. Sin embargo, lo estipulado en el papel está lejos de reflejar la realidad en la vida cotidiana de la comunidad. La evidencia de esto es el aumento en asesinatos de personas con diversidades sexuales y de género, las cuales aumentaron de 322 en 2019 a 738 en 2020, de acuerdo con el informe de Colombia Diversa. De igual modo, solo el 40% de la población respalda la igualdad de derechos y el 28% no le gustaría tener a una persona homosexual como vecina.
Cabe resaltar que Colombia es el país con mayor número de líderes sociales asesinados en América Latina y esta no es la excepción para líderes y lideresas sociales de la diversidad. Entre 2017 y 2020 se presentaron 139 actos de violencia en contra de los defensores de derechos humanos de esta comunidad, de los cuales más del 10% corresponden a asesinatos.
La contra-marcha: la división del movimiento
El alto índice de agresiones que prevalece demuestra la discriminación que aún existe en Colombia, lo que está generando una transformación —e incluso una división—dentro del movimiento de personas con identidades diversas. El día del Orgullo en Colombia, por ejemplo, estuvo dividido en dos bloques: uno que celebraba los avances en derechos humanos y otro —que bajo la bandera de contra-marcha— criticaba la violencia institucional, los altos índices de asesinatos basados en prejuicios y la mercantilización del movimiento.
Paralelo a la Contra-marcha y por sexto año consecutivo, la comunidad trans organizó su propio evento "Yo marcho trans", que se lleva a cabo en una fecha posterior. Dentro de este evento se rechaza la transfobia dentro de la comunidad LGBT, la violencia sistemática por parte del Estado y la falta de acceso a espacios públicos.
Los tiempo donde la sexualidad y el género se dividían en homosexual o heterosexual y hombre o mujer son distantes. Hoy las identidades son diversas y las clasificaciones empleadas muchas veces son limitantes y no representan a todos los individuos.
El término gay por ejemplo es cuestionado en Colombia al ser visto como una identidad extranjera que no representa a las comunidades. “Nosotras hemos hecho ese trabajo de reconocernos como maricas para desligarnos del concepto hegemónico del gay blanco, clase media, porque esa no es la realidad de la mayoría de maricas. A raíz de que también son pobres y racializadas se exponen a otro tipos de violencia”, argumentó Suaza. De este modo una palabra que anteriormente representaba un insulto en la sociedad, es recuperada y transformada para crear una identidad más cercana a las realidades del país.
La falta de visibilidad de personas trans y no binarias es evidente en la prensa nacional. Mientras titulares festivos celebraron el día del Orgullo gay, la marcha trans y su indignación a causa del incremento de asesinatos y violencia pasó inadvertida en los principales medios de comunicación.
La paradoja colombiana
Caminar en las calles de Colombia como una persona abiertamente gay o lesbiana es cada vez más común, aunque esto no las libre de ser víctimas de violencia por prejuicio, ya que como se mencionó previamente esta cifra va en aumento.
En el 2019, Claudia López se convirtió en la primer mujer y lesbiana en ocupar el cargo de alcaldesa de Bogotá. Su posicionamiento fue celebrado con la esperanza de que traería mejores condiciones de vida para las personas con identidades diversas. Sin embargo, su gestión ha sido criticada por no garantizar los derechos de esta comunidad. “Disidencias sexuales y de género se están politizando y esto ha llevado a cuestionar a nuestra alcaldesa, que es lesbiana por ejemplo, pero igual ha hecho alianzas con el estado y ha perpetuando asesinatos”, explica Suaza. Entre el 2019 y el 2020 se registraron 64 casos de violencia policial en contra de personas trans en Bogotá, siendo la cifra más alta del país y que muestra un aumento significativo durante el mandato de la alcaldesa.
“En el momento que sales así vestida de tu casa, estás en un campo de guerra. El acoso policial al salir del bar y que te persigan por cuatro cuadras. Hace poco murió una cercana mía, Luciana, la asesinaron. Nos están matando”, relató Lola Mento, mujer transgénero durante la contra-marcha en Bogotá.
Tratamiento hormonal y disforia
Además de la violencia física a la cual se exponen las personas trans, también es frecuente la discriminación laboral y la falta de acceso a un sistema de salud que respete y reconozca su identidad y sus necesidades.
Aunque es posible recibir asistencia en el tránsito de una persona a través de la vía institucional, este proceso tiende a ser extremadamente largo y limitado, ya que la salud no es gratuita en el país, y existe una gran desconfianza para acudir a este sistema. Según un estudio de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT), que se publicará este año, el 48,9% de personas trans con afiliación al sistema de salud no acceden a él por los ejercicios reiterados de violencia institucional.
Para recibir tratamiento hormonal o la cirugía de reasignación genital, la persona debe someterse a evaluaciones psiquiátricas y ser diagnosticada con disforia. Lo que presupone una patologización de su identidad donde se le certifica un malestar profundo por su sexo biológico asociado a la depresión, irritabilidad y ansiedad.
En el 2018 la Organización Mundial para la Salud (OMS) eliminó la transexualidad de la lista de trastornos mentales, sin embargo en Colombia aún debe ser diagnosticada con esta patología para acceder al tratamiento de tránsito corporal.
Soledad Felipe Fernández es una persona trans no-binaria, comenzó su tránsito automedicándose con hormonas, pero un tiempo después decidió ver a un doctor para continuar su tratamiento de forma supervisada y así evitar los riesgos asociados a la automedicación. Soledad se ha encontrado con múltiples obstáculos —incluyendo la pandemia— y dos años después aún no logra recibir su tratamiento. “En este momento estoy atrapada en la burocracia del sistema de salud colombiano. Hay un desconocimiento total del protocolo. Son las personas trans las que deben educarse y decirle a los profesionales que deben hacer”, explica Fernández.
La patologización puede poner en riesgo la salud mental de los individuos. “Esto afecta a las personas desde lo psicológico. Muchas personas trans nos ubicamos desde la euforia. Hacer las cosas para sentirnos bien, no para dejar de sentirnos mal”, continúa Soledad. Categorizar su identidad como una enfermedad puede resultar en problemas psicológicos o depresivos, en personas ya vulnerables a causa del rechazo social y familiar que experimentan desde la infancia.
Según el informe Estrés, salud y bienestar de las personas LGBT en Colombia, el 55% aseguró que había tenido pensamientos suicidas a lo largo de su vida, mientras que GAAT reportó que el 82,5% de las personas trans ha pensado en suicidarse alguna vez y ha planeado cómo hacerlo.
El caso de Soledad no es aislado. Este año la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), junto al Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), realizaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de una mujer transgénero que desde 2012 solicitó la cirugía de afirmación sexual. Durante el proceso le exigieron un certificado de disforia de género, para lo cual tuvo que someterse a cuatro evaluaciones psiquiátricas donde enfrentó prejuicios del personal médico y preguntas sexistas.
Ley de identidad de género
En Colombia cambiar el nombre o el género asignados a una persona en el documento de identidad es un proceso relativamente sencillo a diferencia de otros países donde aún se exige un certificado de disforia o simplemente no es posible. A pesar de esto, son varias las personas que quedan fuera del sistema, sea por prejuicio, por el alto coste del procedimiento —el cual no está estandarizado y oscila entre 55 y 133 euros—, o porque su identidad simplemente no encaja en la categorización binaria de las instituciones, como lo demostró el informe Trans-identifiquemonos de GAAT.
“Una de las barreras de acceso que está muy presente es en las experiencias de vida trans masculinas o no-binarias. Muchas personas cuando cambian su nombre en su documento de identidad, deciden no cambiar el elemento sexo porque en el ámbito de la salud, para pedir una cita ginecológica debes tener el sexo femenino en tu documento”, explica Cris Guerrero, directore de área psicosocial de la Fundación GAAT. De este modo la persona enfrenta una doble violación a sus derechos. Por una parte el acceso a la salud y por la otra al libre desarrollo de la personalidad.
Las personas no binarias enfrentan una situación similar al encontrarse en un limbo donde no son reconocidas ni social ni legalmente. “Nosotres no tenemos tranquilidad de existir. Para mí el género ha sido una presión restrictiva. De decir que tienes que ser mujer y las mujeres son así, pero las personas no binarias y trans existimos, rompiendo la norma tanto con nuestra presencia física como desde la acción directa”, explica Diana Castro, activista del grupo Guarrilleras.
A pesar de los avances legales que se han logrado en Colombia, las diversidades de género están lejos de ser realmente aceptadas en la sociedad o de tener un acceso digno e igualitario en aspectos como el trabajo o la salud. Naciones Unidas, al igual que la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans, han hecho un llamado a reconocer la ley de identidad de género para garantizar el acceso integral a la salud, a la educación y al trabajo registrado.
Las casillas que se han creado para las personas son restrictivas y no representan las diversidades visibles en la sociedad. “Las maricas estamos cansadas de toda esta discriminación, de toda esta violencia, de no tener cupo laboral, de si tenemos cupo laboral sufrir acoso. Hay muchas formas de organización que están sucediendo en estos momentos. Nos estamos organizando, estamos resistiendo, porque para nosotres existir es resistir”, explica Castro.
El artículo ha sido escrito por la periodista Natalia Torres Garzón y la fotografía la ha realizado el fotógrafo Antonio Cascio.
