¿Qué cuentas pendientes tiene la Unión Europea y sus Estados miembros con los conflictos que sufren los pueblos de Palestina y el Sáhara Occidental? Hablamos de ello en el tercer webinario del ciclo ‘Una nueva agenda para el Mediterráneo’.
“Los nuevos textos de la UE para su vecindad obvian sus responsabilidades para impulsar el diálogo y la construcción de paz y resolver conflictos que llevan décadas enquistados”, explicó Idoia Villanueva en su intervención inicial. El enfoque economicista de las políticas euromediterráneas, como ya se ha señalado en charlas anteriores, lleva a la UE a incumplir el derecho internacional y sus propios tratados cuando se relaciona con estos territorios, al situar las relaciones comerciales por delante del respeto a los derechos de las poblaciones ocupadas y sometidas. “La política exterior actual es injusta, ineficiente y peligrosa para el futuro. Tenemos que ser capaces de resolver estos conflictos con el derecho internacional en la mano, con paz, justicia y desarrollo humano”, resumió la eurodiputada. En el caso del Sáhara Occidental, además, España tiene una deuda histórica con su población.
“En el Parlamento Europeo, muy a menudo se sigue actuando como si no pasara nada, y si seguimos así no vamos a solventar este problema ni a corto ni a largo plazo”, señaló Envir Icin, eurodiputada de S&D y ponente permanente del Parlamento Europeo para las relaciones con Palestina. “El objetivo de la UE tiene que ser hacer mucho más de lo que está haciendo”. Actualmente, los mecanismos de presión de la Unión no se están empleando contra los “poderes opresores”, pese a los ataques continuos de Israel y Marruecos a la población palestina y saharaui. “Las violaciones de derechos siguen sin tener consecuencias”. Uno de esos mecanismos son las cláusulas democráticas y de derechos humanos de los Acuerdos de Asociación; en el acuerdo entre la Unión Europea e Israel se especifica en el Artículo 2. ¿Qué ocurre si no se respetan? “Esto está muy relacionado con la credibilidad de la UE. Si queremos que se nos tome en serio y cumplir el derecho internacional, hay que hacer que se respeten esos valores”.
Michael Lynk, relator especial de Naciones Unidas, reflexionó sobre el hecho de que la Unión Europea sí tenga capacidad de influencia, “pero prefiera no hacer uso de ella” y renuncie a liderar una respuesta internacional a ambas ocupaciones. “Sorprende que se tire la toalla” alegando que los conflictos son antiguos y complejos. “Parece que Europa ha decidido atarse sus propias manos para no reaccionar a lo que está pasando. Debería haber liderado acciones más ambiciosas buscando una solución pacífica, pero se queda esperando a que las cosas se solucionen solas o a que llegue el brazo salvador de Estados Unidos para que haga algo”, criticó Lynk. La comunidad internacional debe buscar “un fin justo y permanente a la ocupación, en el marco del derecho internacional y los derechos humanos”. Para ello, debe reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y admitir que “Israel es un ocupador de mala fe y hay que tomar medidas para que rinda cuentas a nivel internacional”. Sus acciones deben tener “consecuencias políticas, administrativas y económicas”, señaló.
“La prensa y la comunidad internacional tienen que llamar a las cosas por su nombre”, reclamó Inès Abdel, directora de incidencia política del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública. “Se ha presentado esta cuestión como si fuese una guerra entre Hamas e Israel, pero esa imagen está muy lejos de la realidad que se vive sobre el terreno”. Los palestinos se han visto forzados a abandonar sus casas durante varias generaciones, “hay que hablar de ocupación”, no de un conflicto entre dos partes en igualdad de condiciones, y recordar que lo que pide el pueblo palestino es libertad y justicia.
“Durante mucho tiempo no se ha querido escuchar a los palestinos. Existe una dinámica de poder que los presenta como víctimas o como cifras, pero no se les da voz, aunque son ellos quienes mejor pueden contar la situación que están viviendo. No solo ocurre con ellos, pasa también con la población negra en Estados Unidos, con los saharahuis, los kurdos…”, explicó. Esto provoca, además, que se les niegue su agencia política, su capacidad de cambiar las cosas. En la línea de llamar a las cosas por su nombre, Abdel apuntó que lo primero que hace falta para buscar soluciones creíbles a la ocupación es “reconocer que no se puede dar la mano a un país que comete crímenes contra la humanidad”.
Manuel Devers, abogado en casos de alto perfil sobre Palestina y el Sáhara Occidental ante la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia de la UE, fue directo en su intervención: “La ocupación se mantiene porque se obtienen beneficios económicos y se explotan los recursos naturales de esos pueblos”. Los recursos expoliados podrían servir para que los pueblos ocupados pudiesen desarrollar su sector público y una estructura de Estado. En vez de eso, la UE consiente que Israel y Marruecos mantengan su ocupación llegando a acuerdos comerciales que implican a las zonas ocupadas, pero sin que haya una implicación real y una autorización por parte de los pueblos sometidos.
Por último, Sultana Jaya, presidenta de la Liga Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos, participó a través de un vídeo en el que describe la violencia diaria que sufre por parte del régimen marroquí en la ciudad ocupada de Bojador. La activista lleva más de 200 días bajo arresto domiciliario, “maltrato, humillación y agresiones del ocupante”, y recuerda que ella es solo un ejemplo de los abusos que soporta el pueblo saharahui desde 1975. En mayo, Jaya y su hermana fueron agredidas sexualmente, pero la lista de brutalidades es mucho más larga: intentos de asesinato, tortura, ataques con productos químicos, amenazas a los amigos y familiares que intentan visitarlas. En su vídeo, pide al Parlamento Europeo que actúe para “salvar las vidas del pueblo saharaui y no sea partícipe del crimen del ocupante marroquí”. No solo por ella y su familia, sino por los presos saharauis encerrados en cárceles marroquíes y por las personas exiliadas de su tierra desde hace medio siglo.
