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Una pareja de jubilados en en el norte de Francia, julio de 2015. Denis Charlet/AFP/Getty Images.

¿Cómo garantizan el retiro de sus ciudadanos países desarrollados tan distintos como España, Alemania, Francia, Italia, Japón, Chile y Estados Unidos?

Es difícil encontrar un Estado en el mundo que no se queje de su sistema público de pensiones, pero son muy pocos los que quieren renunciar a él o acometer una reforma que lo adelgace definitivamente. Merece la pena dejar al margen por ahora ésos y otros debates intergeneracionales e ideológicos que enturbian con frecuencia estas cuestiones y centrarse en lo que de verdad aportar claridad. Para ello, lo primero que debemos explicar son los dos criterios principales que se utilizan para clasificarlos: cómo se determinan sus beneficios y cómo se financian.

Los beneficios se pueden determinar de acuerdo al salario y los años de vida laboral (prestación definida) o de acuerdo al valor acumulado de las cotizaciones abonadas y de la esperanza de vida en el momento de la jubilación (contribución definida). La finalidad es netamente distinta en los dos mecanismos, pues con el primero se quiere ofrecer una especie de salario rebajado al pensionista y con el segundo se intenta proporcionar algo parecido a un seguro.

En cuanto a la financiación de los beneficios, también aquí hay dos sistemas: el de reparto, que hace que los jóvenes paguen con sus cotizaciones el retiro de los mayores, y el de capitalización, que exige que cada uno ahorre el dinero que luego se gastará en los días de merecido descanso. Aquí existe una confusión muy frecuente en Europa, pues se identifican los sistemas de reparto con los que gestiona el Estado y los de capitalización con los planes privados. En realidad, sí existen sistemas públicos de capitalización como, por ejemplo, el chileno.

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