En medio de la inestabilidad que amenaza la región, Uganda se presenta como un oasis en África del Este. La economía vuelve a crecer robusta, al 5,9% en 2018, y el país se ha ganado el respeto internacional por su política de puertas abiertas para acoger refugiados. Pero tras este escenario idílico se esconde una corrupción galopante, falta de libertades y una violenta represión a cualquiera que alce la voz contra el presidente Yoweri Museveni. ¿Un dictador? En cualquier caso uno “maravilloso”, respondió el propio Museveni: “He sido elegido cinco veces siempre con una amplia mayoría”.
Sólo Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial y Paul Biya en Camerún llevan más tiempo en el poder en el continente. Más de 31 años desde que 1987 el Ejército de Resistencia Nacional que Museveni lideraba tomara el mando de un país devastado tras los desastres dictatoriales de Idi Amin y Milton Obote. Las políticas liberalizadoras impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, incluido un plan de privatizaciones de empresas públicas y la repatriación de inversores asiáticos que habían sido expulsados por Idi Amin, se tradujeron un crecimiento macroeconómico sobresaliente: durante más de una década Uganda creció anualmente por encima del 7%. Aunque en 2016, coincidiendo con la incertidumbre electoral, la economía se ralentizó hasta el 2,3%, la previsión es que este año vuelva a rozar el 6% impulsada por el plan de infraestructuras públicas y la mejora de la producciónn agrícola.
Museveni se siente fuerte. Tanto que está dispuesto a reformar la Constitución que le impediría en 2021, cuando tendría más de los 75 años permitidos por la Carta Magna, optar a la reelección. En las calles de Kampala, la capital vibrante y noctámbula del país, empieza a filtrarse el hartazgo. La mayoría de la población, la segunda más joven del mundo con casi el 49% menor de 14 años, sólo ha conocido un presidente. ¿Es hora de cambiar? “Quizá. Pero tampoco estamos tan mal. Aquí hay paz”, responde Janet, una de esas jóvenes que sólo ha conocido el mundo con Museveni.
El pasado septiembre, mientras el Parlamento debatía la reforma constitucional que permitiría extender el mandato de Museveni, centenares de estudiantes tomaron las calles. Las protestas fueron violentamente reprimidas: el líder opositor Kizza Besigye fue arrestado en su casa, decenas de activistas vapuleados y medios de comunicación y ONG clausuradas. Hasta la Unión Europea mostró su preocupación por la escalada de tensión en el país. El histórico mandatario tomó nota y empezó a dibujar una alternativa: preparar la sucesión para su hijo, el general Muhoozi, quien el pasado año fue nombrado asesor presidencial para Operaciones Especiales, cargo desde el que supervisa los asuntos clave para la seguridad del país.
Un movimiento, con su mujer ya con un cargo como ministra, que acerca a Museveni al legado de otros dictadores africanos. Nepotismo, corrupción y represión, un cóctel que resquebrajaba el oasis ugandés.
El negocio de la ayuda humanitaria
El pasado año, durante la crisis provocada por la guerra en Sudán del Sur, la prensa internacional se llenó de alabanzas a la política de acogida del Gobierno ugandés. Alrededor de un millón de personas llegaron durante los pasados 12 meses. En 2018, con la violencia en el noroeste de República Democrática del Congo alimentando una nueva oleada de huidas hacia Uganda, el discurso ya no es tan halagüeño. Uganda sigue siendo el país que más refugiados acoge de África, 1,3 millones, pero la comunidad internacional duda de las verdaderas intenciones del Ejecutivo de Museveni después de que el máximo responsable del programa de atención a los refugiados, Apollo Kazungu, y otros tres altos cargos de la organización fueran suspendidos al detectarse irregularidades en el registro de recién llegados. Según las investigaciones, la trama inflaba las cifras de refugiados con identidades falsas para obtener más fondos de la cooperación internacional. La Unión Europa ha puesto en marcha ya una investigación y ACNUR un programa de identificación biométrica para comprobar la veracidad de la cifra de nuevos refugiados.
Mas el daño ya está hecho. Nuevas revelaciones, en las que se implica a los oficiales ugandeses con redes de prostitución al otro lado de la frontera y en sobornos para incorporar a los exiliados en los programas de ayuda humanitaria, no han hecho más que alimentar el escándalo. El Gobierno ugandés, a través del ministro Musa Ecweru, ha tratado de desmarcarse, asegurando que se trató sólo de un error de registro, pero son pocos los que se creen estas explicaciones. Hace tiempo que la ayuda humanitaria se ha convertido en un gran negocio en Uganda: en 2017 el país recibió 220,1 millones de dólares, entre ellos más de 26 de la Unión Europea.
No es esta la primera gran acusación de corrupción en el país que ocupa el puesto 151 de 180 en el ranking anual de Transparencia Internacional: desde la compra millonaria de cuatro helicópteros en 1998, la malversación de 1,2 millones de dólares en el servicio de correos en 2010 o las plazas fantasmas en el ministerio de Salud, pasando por la apropiación indebida de varios millones de euros por parte de los responsables del servicio de carreteras del país.
“Aquí todo funciona pagando. Si quieres que el negocio avance tienes que pagar a quien corresponde”, asegura una empresaria de la hostelería que prefiere no revelar su nombre. Las cifras de un estudio de 2015 avalan sus palabras: el 38% de los empleados públicos pagó un soborno durante ese año.
Persecución a las voces disidentes
Durante la pasada campaña electoral, Museveni se comprometió a proporcionar compresas a todas las estudiantes del país, pero en febrero de este año reconoció que no tenía fondos para hacerlo. La investigadora de la universidad de Makerere Stella Nyanzi lo criticó por ello en sus redes sociales. Días después fue arrestada acusada de “acoso cibernético” al mandatario.
El país, considerado como “parcialmente libre” por instituciones como Freedom House, ha asistido a un retroceso en sus libertades en los últimos años. Ha perdido cinco puestos en el índico de libertad de expresión de Reporteros Sin Fronteras, hasta el 117, y las concentraciones de más de cinco personas están prohibidas sin autorización policial. “El gobierno de Uganda ha intentado silenciar las voces críticas desde hace muchos años. Desde la clausura de cuatro radios durante la ola de manifestaciones en Buganda en 2009, el hostigamiento al diario Daily Monitor en 2013 o los ataques físicos a periodistas, los medios de comunicación se han enfrentado a innumerables obstáculos para informar de lo que está ocurriendo en el país. Por su parte, los activistas de la sociedad civil se enfrentan también a numerosas obstrucciones que incluyen cierres forzosos, amenazas, acosos y arrestos”, resume la responsable de Human Rights Watch en África del Este, Maria Burnett.
Durante el proceso electoral de 2016, el acceso a Internet fue bloqueado en numerosas ocasiones y los medios de comunicación presionados para no cubrir los actos de la oposición. Museveni salió reelegido con el 61% de los votos, pero los observadores internacionales alertaron de la “atmósfera intimidante” en la que se celebraron y de la falta de “transparencia e independencia” de la Comisión Electoral. El candidato opositor, Kizza Besigye, derrotado con el 35% de los votos, denunció la represión a la que había sido sus partidarios “incluidas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, muertes sospechosas y disparos a bocajarro contra manifestantes pacíficos”.
El historial de ataques a los derechos humanos tiene en la comunidad LGTBI a otra de sus víctimas predilectas. Aunque la controvertida ley antihomosexualidad que incorporaba la pena de cárcel de por vida a los acusados de mantener relaciones con personas del mismo sexo fue finalmente declarada anticonstitucional, “la persecución al colectivo LGTBI y sus líderes ha continuado”, subraya Burnett. Entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, Sexual Minorities documentó 264 violaciones de derechos humanos entre la comunidad, entre ellas 19 agresiones físicas y 13 casos de torturas.
Las redes sociales se han convertido en el principal vehículo de protesta ante los abusos del Gobierno. Por eso, el Ejecutivo de Museveni prepara una ley que cargará con impuestos el uso de las mismas. “No voy a proponer un impuesto para el uso educativo o de investigación de Internet, esto debe seguir siendo gratuito. Sin embargo, las opiniones, prejuicios, insultos y los anuncios de Google y de quien más sabe deben pagar impuestos”, declaró el mandatario. “Bloquear las redes sociales”, bien sea con impuestos o con el cierre de las mismas durante las épocas conflictivas, “es sólo la última herramienta del Gobierno para atacar la libertad de expresión”, alerta la responsable de Human Right Watch.
Las tensiones en la frontera congoleña
El crecimiento macroeconómico de las últimas décadas no se ha traducido en una reducción igualitaria de la pobreza. Alrededor del 20% de la población del país vive por debajo del umbral de la pobreza y el paro, por más que las estadísticas oficiales lo reduzcan al mínimo, supera el 60% entre los jóvenes. La distribución de la riqueza tampoco ha sido equitativa, lo que ha alimentado las tensiones identitarias en el oeste del país. La comunidad bakonzo, liderada por el rey Wesley Mumbere, ha vuelto a reclamar la soberanía sobre el territorio Rwenzururu, una disputa histórica que había sido aplacada por el régimen dictatorial de Idi Amin.
En noviembre de 2016, la tensión provocó violentos enfrentamientos en la ciudad de Kasese. Tropas gubernamentales cargaron contra la guardia real del Palacio de Obusinga causando más de un centenar de muertos, entre ellos 15 niños, según la investigación de Human Right Watch. En los días posteriores, más de 180 personas, incluido el propio rey, fueron arrestadas acusadas de apoyar la insurrección del movimiento Kilhumira Mutima que reclama la secesión y proclamación de la República Yiira. Aunque Mumbere se ha desmarcado de este movimiento, el Ejecutivo de Museveni mantiene la presencia armada en la zona ante la supuesta actividad de guerrilleros bakonza procedentes de la República Democrática del Congo.
Pese a las presiones de la comunidad internacional para llevar a cabo una investigación independiente de la matanza de 2016, el Gobierno ugandés se niega a facilitar información sobre los desaparecidos e impide cualquier avance que comprometa a los oficiales implicados. “El uso de la fuerza durante los incidentes den Kasese debe investigarse de manera exhaustiva y transparente. Los sospechosos de homicidios extrajudiciales y otros delitos, como tortura, deben comparecer ante la justicia en juicios justos”, alertó el investigador de Amnistía Internacional Abdullahi Halakhe tras conocerse la violencia de los enfrentamientos.
La región, desde el lago Albert al lago Kivu, es desde hace décadas el patio trasero del conflicto en Congo. Milicias como el Frente Democrático Aliado (ADF) campan a un lado y otro de la frontera lucrándose con la exportación de oro, diamantes y otras piedras preciosas. Las explotaciones en las montañas Rwenzori y en el parque nacional de Virunga generan un negocio millonario. Sólo el tráfico de oro dejó el pasado año un negocio de más de 200 millones de dólares y el propio Museveni se encargó de inaugurar el pasado año la primera refinería de oro de la región.
Pero detrás de este suculento negocio se esconde un modelo corrupto que obvia la precariedad laboral de los trabajadores de las minas, los perjuicios medioambientales y la violencia asociada al control del territorio. El panel de expertos de la ONU ha criticado en numerosas ocasiones el rol de Uganda en el comercio de los recursos minerales de la República Democrática del Congo, pero hasta la fecha no ha conseguido detener su implicación. La Uganda de Museveni, pese a todo, mantiene una buena imagen a nivel internacional. La violencia no llega a manchar las calles de Kampala y su figura se asocia a una imagen de estabilidad. Lo que queda por saber es hasta cuándo.
